20161204

El ‘stock’ de crédito al sector privado (hogares más empresas y autónomos) experimentó en Euskadi un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre de este año respecto al primero y se sitúa en niveles de 2006, según datos facilitados por la patronal vasca Confebask. No obstante, en términos interanuales, el ‘stock’ de crédito al sector privado registró un descenso del 0,9%, al ser 586 millones inferior al del segundo trimestre de 2015. Por su parte, el del sector público creció un 12% en el segundo trimestre de este año respecto al anterior. En comparación con el máximo previo a la crisis –tercer trimestre de 2008– el ‘stock’ de crédito total ha descendido un 18% en el País Vasco, con 15.653 millones menos, al ascender la cifra total en el segundo trimestre de este año a 71.425 millones.

La revolución sobrevenida a lomos de la recesión, los temblores del euro y las dudas sobre el mismo proyecto comunitario ha afectado de lleno al sector financiero. Un manto de pesada regulación y de miedo, casi pánico, a prestar con ligereza ha caído sobre la banca española, lo que ha permitido que, en un momento de excepcional liquidez en el mercado, surjan (también en Euskadi) multitud de actores dispuestos a prestar dinero al tejido productivo a cambio de una rentabilidad imposible de hallar en otros lugares. «La situación está mejor que hace cuatro años, pero dista mucho de estar normalizada», señala el responsable del departamento Económico y Fiscal de Confebask, Pablo Martín, quien recuerda que «el crédito a las pymes en Euskadi llegó a caer más de un 10% en lo peor de la crisis y en los primeros nueves meses de este ejercicio se ha recortado un 4,9% interanual». El responsable de la patronal vasca asegura que la financiación alternativa toma fuerza en Euskadi, igual que en el resto de España, donde «entre enero y junio de este año se han movilizado 23.000 millones de estos instrumentos frente a los 7.000 del mismo periodo de 2015».

En la CAV hay 127 convenios colectivos sectoriales, además de una quincena de acuerdos de eficacia limitada, de los que solo 32 están dentro del plazo para el que firmaron, según datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). Otros 46 han caducado pero siguen vigentes gracias a la ultraactividad y el resto, 49, han perdido su valor por mor de la reforma laboral. Además, en la CAV se aplican 114 convenios estatales de sector. Aunque influyen sobre menos trabajadores, al contrario de lo que ocurre en Euskadi una amplia mayoría de estos acuerdos estatales sí están en vigor. La consecuencia es que la negociación estatal sigue ganando terreno a la vasca. De los 271.000 trabajadores vascos con convenio actualizado, un 35% se rige por el marco estatal. Entre los asalariados con el convenio caducado los que tienen uno estatal son menos del 27% y entre los que lo tienen decaído son solo un 10%. Frenar este avance de la negociación estatal, mucho más dinámica que la de Euskadi, es el principal objetivo de la mesa bipartita abierta el pasado miércoles por Confebask y los cuatro grandes sindicatos vascos

Puede ser que, en el páramo en el que se ha convertido el mundo de las relaciones laborales en Euskadi, cualquier síntoma de normalidad se quiera ver como un paso adelante fundamental. O puede ser que, realmente, la presencia de ELA en una mesa junto a Confebask, LAB, CC OO y UGT represente el inicio de un nuevo tiempo. En cualquier caso, que el principal sindicato vasco haya accedido a negociar un acuerdo para blindar los convenios de la comunidad autónoma ya de por sí es un hecho relevante. Porque llegamos de un clima en el que la central abertzale ha acusado a la patronal de sembrar miseria, de querer ilegalizarla, de acoso, ha dudado de su representatividad... En respuesta, los empresarios llevan años criticando a ELA por utilizar la violencia verbal, las amenazas... Y ahora, de llegar a buen puerto, el que se está negociando sería el pacto más importante firmado en Euskadi desde 1999.

El Gobierno publicó ayer en el BOE el detalle de la subida de impuestos. Y el grueso de esta se concentrará en las empresas que facturan más de 20 millones. La razón estriba en que la medida que de verdad puede recaudar consiste en limitar las compensaciones de pérdidas de las compañías. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, solo las grandes empresas se dedujeron por este concepto cerca de 6.000 millones en 2014. Así que el Ministerio de Hacienda ha decidido limitar esta práctica en las empresas que facturen más de 20 millones. La idea de Hacienda consiste en que el tipo efectivo se acerque más al real. Sobre todo después de que el Gobierno impusiese a las grandes empresas pagar por adelantado en las retenciones un 25% de su resultado sin tener en cuenta todas estas deducciones y exenciones.

Aún es pronto para saber si el acuerdo alcanzado por la OPEP el pasado miércoles va a conseguir su objetivo de impulsar el precio del petróleo de forma sostenida, por mucho que la primera reacción haya sido positiva. El barril de Brent terminó el viernes a 54,5 dólares, un 17,6% por encima del nivel que tenía antes de que se anunciara el pacto. Pero todavía queda muy lejos de los 115 que alcanzaba a mediados de 2014, cuando comenzó a hundirse. Con todo, la decisión del cártel supone un importante paso a favor de un crudo más caro, algo que no viene nada bien a España, cuya recuperación en los últimos años se ha apoyado en gran medida en el abaratamiento de esta materia prima. El ahorro estimado desde 2012 ronda los 20.000 millones de euros.

Tras registrar mínimos históricos el pasado año, e incluso seguir a la baja en los cuatro primeros meses de este 2016, las jornadas perdidas por huelgas en el País Vasco se han disparado. En concreto, en el acumulado de los diez primeros meses del año se han incrementado nada menos que un 193% respecto a las no trabajadas entre enero y octubre de 2015 a consecuencia de paros laborales. Así, según datos del último informe del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL), en los diez primeros meses de este año en la comunidad autónoma se contabilizaron 137 huelgas, con 12.240 participantes y 49.251 jornadas perdidas.

Arantxa Tapia dirigirá uno de los macrodepartamentos del Gobierno vasco que apuntalarán económicamente la legislatura que acaba de comenzar. Tras cuatro años al frente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, Tapia sale claramente reforzada en la nueva estructura del Gobierno vasco al sumar a la gestión del desarrollo industrial vasco las infraestructuras en un momento esencial para el desarrollo de la alta velocidad en Euskadi, con lo que se convierte en la superconsejera del Gobierno de Urkullu y, junto con Josu Erkoreka, al frente de Autogobierno, y Pedro Azpiazu, en Economía y Hacienda, constituye el núcleo duro de un Ejecutivo vasco que tendrá que enfrentarse a grandes retos internos, pero que también deberá hacer valer su capacidad de negociación con el Gobierno de central para afrontar con éxito muchos de los hitos que se ha marcado.

¿Cómo hemos llegado al punto de no comprender lo que está pasando?, se preguntan muchos analistas ante fenómenos como el de Donald Trump o el Brexit en Europa. Quizá no baste con las clásicas variables económicas (renta, riqueza) para calibrar el descontento social, la frustración por la falta de empleo o la creciente intolerancia contra los inmigrantes. Recientemente la Comisión Europea, junto con el Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra), ha aplicado el índice de progreso social ideado por la ONG norteamericana Social Progress Imperative a 272 regiones europeas. Este indicador valora en cada territorio cientos de variables gracias a las bases de datos publicadas por Eurostat y a centenares de encuestas. El resultado es elocuente: las regiones con un mayor PIB per capita no son las que mejor lo hacen en términos de progreso social. España, y por extensión los países del arco mediterráneo, cubre de manera muy eficaz las necesidades básicas de sus ciudadanos, pero no facilita oportunidades igualitarias en la medida en que sí lo hacen otros países con el mismo nivel de riqueza.

Desde 2005 China ha invertido 1,2 billones de euros por todo el mundo. Sin duda, se trata de una cifra astronómica para un país que, a pesar de ser la segunda potencia mundial en términos absolutos, todavía pertenece a la categoría ‘en vías de desarrollo’. Por si fuese poco, las inversiones chinas en el extranjero no se han reducido con la crisis global. Al contrario, en la primera mitad de este año han crecido a su ritmo más rápido y han batido en seis meses la suma de todo 2012. Y es evidente que el gigante asiático no le hace ascos a sector alguno.

Pilota la nave desde su creación en 1996, cuando un grupo de industriales y varios inversores maduraron la idea de construir un gran grupo ligado a la fabricación de componentes de automoción, a base de comprar pequeñas y medianas empresas. CIE Automotive, que empezó con la adquisición de una pequeña firma vasca, es un puzzle con más de 70 piezas y casi 23.000 empleados repartidos por medio mundo. Pese a ello, su presidente, Antón Pradera, ha conseguido imponer su visión minimalista de lo que debe ser un grupo empresarial. El cuartel general es pequeño, porque al presidente le gusta reducir los servicios corporativos a la mínima expresión. Para ello, otorga un amplio grado de libertad a cada una de las empresas que forman el holding y a su responsables. «Si les vas a medir por su cuenta de resultados, no les puedes imponer demasiadas cosas», opina este empresario.. Quieren seguir creciendo y el objetivo a medio plazo está en Asia.

Juntos por el euskera. La gran jornada a favor de la lengua vasca sumó ayer un consenso sin precedentes. La declaración institucional con la que se repasa la evolución experimentada por este idioma y se señalan los retos de futuro ha registrado más de 700 adhesiones, procedentes de un arco muy plural. Entre los firmantes figuran personalidades públicas, cocineros, deportistas, escritores, organizaciones de todos los ámbitos políticos, profesionales del mundo de la cultura, medios de comunicación, empresas, sindicatos y entidades de todo tipo. Más de una veintena de asistentes, entre ellos el director general de Confebask, Eduardo Aréchaga, contestaron –en la lengua de su elección– a la pregunta de este año: ‘¿Zer egin dezaket nik euskaren alde?’ –‘¿Qué puedo hacer yo a favor del euskera?’–.

En el inicio de su segundo mandato al frente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu tiene una prioridad: reactivar la economía con planes de industrialización y bajar el paro por debajo del 10%. Pero sobre la mesa está también el modelo territorial. Su formación, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), aboga por una reforma del modelo de autogobierno con el acuerdo de otros partidos y el consenso social. «El concepto de independencia es del siglo XIX. En un mundo globalizado, es prácticamente imposible», asegura. Se trata, añade, «de desarrollar las potencialidades del país en una soberanía compartida». Urkullu cree que si el Estado muestra voluntad de diálogo podrá destrabarse no solo la negociación en Euskadi, sino también en Cataluña, proceso en el que está dispuesto a colaborar.