20161212

Los bajos salarios, las bonificaciones sociales y el hecho de que el empleo crezca a ritmos inferiores al PIB nominal son las causas que explican que la mejora del mercado laboral no se traduzca en un incremento de los ingresos del sistema. Así lo refleja la actualización del Plan Presupuestario que el Gobierno remitió el viernes a la Comisión Europea. Según el documento, las cotizaciones sociales que abonan los empleados y empleadores supondrán el próximo año un 12% del PIB, dos décimas menos que el ejercicio en curso. Incluso si se tuviera en cuenta los 300 millones adicionales que ingresará el Gobierno por el aumento de un 3% de los tipos máximos de cotización, los ingresos serían inferiores en términos relativos. En números absolutos, las cotizaciones aumentarán el próximo año en torno a 3.000 millones, un 2,3% más.

Más de 880.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo ningún día del año, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat). Y las bajas laborales derivadas de una incapacidad temporal (IT) por enfermedad común no dejan de crecer y superarán este año los 4,5 millones, un 15% más que en 2015. Estas bajas detraen 5.500 millones de la Seguridad Social, otros 4.800 millones de las empresas y suponen un coste de oportunidad del 6% en términos de PIB de 62.000 millones. El absentismo laboral, es decir, la ausencia al trabajo cuando estaba prevista la asistencia, se ha disparado y supera ya los niveles previos a la crisis. Amat cifra en 72.500 millones de euros su coste total. Una cantidad de la que consideran podrían recuperarse hasta 18.000 millones para dar un respiro a la Seguridad Social.

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) creen que el coste del despido es demasiado elevado en España y les preocupa la incertidumbre y la inseguridad jurídica que ha creado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha equiparado el despido de fijos y temporales. Así lo han trasladado fuentes conocedoras de la visita de los hombres de negro a España, de la que sólo queda conocer su informe final, que será presentado mañana. En su estancia, la misión del Fondo se ha reunido con el Gobierno, con los distintos partidos de la oposición, con la patronal, los sindicatos y otros agentes sociales y ha mostrado su inquietud por la incertidumbre que observa en el mercado laboral.

El mercado laboral vasco está a punto de cerrar un año muy positivo. Las listas del paro se han reducido en 12.316 personas hasta noviembre y la campaña de contratación de la Navidad augura un crecimiento todavía mayor del empleo este mes. Lanbide ha publicado recientemente el detalle de los perfiJes de las personas que están inscritas en sus oficinas y esos datos refuerzan la percepción de que los trabajadores con mayor cualificación son los que encuentran empleo con más facilidad. De partida, las personas que tienen estudios universitarios o de Formación Profesional son las que menos riesgo tienen de caer en el paro. Del total de parados registrados en Euskadi el mes pasado (137.700) solo 40.113 habían cursado un grado de FP o una carrera universitaria.

Las perspectivas de crecimiento económico para el próximo año empiezan a ganar tono, apoyadas sobre el fuerte tirón del consumo y el empleo. Al menos así lo observa el Consenso Económico de PwC correspondiente al cuarto trimestre de 2016 y que la empresa elabora a partir de la opinión de un panel de más de 350 expertos, directivos y empresarios españoles. En concreto, el 44,3% de los encuestados cree que el consumo irá a mejor en el próximo semestre, por sólo un 36,6% de quienes pensaban así en el anterior Consenso, publicado hace seis meses. Al mismo tiempo, el 55,6% de ellos piensa que la creación de empleo se acelerará en los próximos meses, 11,6 puntos más que en junio.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) advierte del riesgo de un mayor proteccionismo después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El jefe del departamento monetario y económico del BPI, Claudio Borio, indicó ayer al presentar el informe de diciembre de esta organización que «las señales más preocupantes están relacionadas con el riesgo de un mayor proteccionismo». Para el responsable del BPI, «estas señales se han multiplicado los últimos años y las perspectivas se han oscurecido considerablemente con los acontecimientos políticos más recientes».

Las multinacionales extranjeras en España van a pedir al nuevo Gobierno que instaure «un interlocutor único y de referencia, que permita centralizar la comunicación y crear un canal constante y habitual de relación». Se trata de «formalizar y estabilizar [con esta figura] las relaciones de las multinacionales y empresas extranjeras con el Gobierno». Así ocurre en otros países de la Unión Europea como Alemania o Francia. Estas peticiones se recogen en las propuestas que la asociación Multinacionales por marca España están preparando para comunicárselas al nuevo Gobierno y a todas las fuerzas parlamentarias. La asociación cuenta ya con 41 empresas. Algunas de las cuales son Accenture, Altadis, Bayer, Bertelsmann, British Telecom, Deloitte, DHL, Facebook, Google o Heineken. También están Leroy Merlin, Lufthansa, MediasetEspaña, Siemens o Thales.

El AVE en el País Vasco no nació con una flor en el vagón de cola. Fue de los primeros proyectos nacionales de alta velocidad en ser aprobado, en 1989, pero el inicio de las obras se retrasó hasta 2004 y hoy sigue sin tener una fecha cierta de entrada en servicio. Acosado por ETA, que lo puso en la diana con atentados y asesinatos, y retrasado después por la complejidad técnica y desacuerdos políticos, ahora es uno de los termómetros del deshielo entre las Administraciones central y vasca: el PNV ha reclamado su claro avance a cambio de negociar el apoyo a los Presupuestos del Estado.

«La reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMIP), unida a la previsión de aumentos retributivos para el sector público y privado invitan a reflexionar sobre la idoneidad de estas medidas y en general sobre la relación que une a los sueldos y salarios con la productividad de un sistema y, finalmente, con el nivel de ocupación de un país».

El autor alerta del gran desafío para España que supone el desempleo juvenil y propone una serie de soluciones que pasan por fomentar la ocupación, la orientación, la formación y la ambición.

La compañía guipuzcoana Avia quiere escalar del séptimo al quinto puesto en el ranking estatal de operadores petrolíferos, para situarse inmediatamente detrás de los gigantes del sector: Repsol, Cepsa, BP y Galp. El Plan Estratégico 2017-2021, aprobado recientemente, marca unos objetivos en extremo exigentes. En cuatro años, la compañía quiere dejar atrás a Saras y Disa, situadas en los puestos quinto y sexto. Y, por si fuera poco, aspira a ocupar el liderarzo en distribución de gasóleo industrial, agrícola o para comunidades (calefacción). La facturación se incrementará desde los 700 millones de euros actuales a 1.500. Las inversiones ascenderán a 23 millones de euros.