20161213

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció ayer algunos de los cambios previstos por el PP en materia laboral. No habrá una reforma tan amplia como en la pasada legislatura pero sí modificaciones importantes en asuntos que ya se tocaron en 2012 como el coste del despido. Báñez avanzó la creación de la mochila austriaca, un fondo en el que el trabajador va acumulando dinero que puede utilizar si es despedido o para complementar su pensión. El modelo anula a la baja las diferencias entre fijos y temporales, un escenario temido por los sindicatos tras las sentencias que obligan a igualar  indemnizaciones, y allana el camino hacia el contrato único con despido gratis. Entre los objetivos del ministerio de Empleo para los próximos cuatro años destaca el encauzar el problema de recursos de la Seguridad Social. La creación de un fondo austriaco podría ayudar· a desplazar parte del gasto en jubilaciones de las arcas públicas a las empresas, aunque su razón de ser es servir de colchón económico en caso de despido.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propuso ayer en el Congreso un pacto político y social para acabar la jornada laboral a las seis de la tarde. Lo hizo, sin dar muchos detalles, en su comparecencia ante la Comisión de Empleo, al plantear un gran debate «por la conciliación y la racionalización de los horarios». La medida, ya contemplada en el programa del PP para las elecciones del pasado 26 de junio, incluye la posibilidad del cambio de huso horario en España. Al abandonar la Cámara, ante la prensa, Báñez añadió: «Alguno tiene que dar el primer paso y por eso pido el compromiso de las empresas más grandes y de las asociaciones empresariales y sindicales».

El Congreso votará hoy una proposición no de ley del PSOE que pide la derogación de la reforma laboral aprobada en la legislatura de la mayoría absoluta del PP solo con los votos de los populares. El PSOE da por hecho que, salvo sorpresas, el pleno del Congreso la aprobará, aunque negocian enmiendas con varios partidos. Es una situación similar a la de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, es decir, la iniciativa no es ejecutiva y solo tiene un valor simbólico y político. No se traducirá en nada hasta que no se concrete en una proposición o proyecto de ley con un largo procedimiento legislativo. Pero tiene valor político porque sitúa de nuevo a la mayoría del Congreso ante el Gobierno en minoría para derogar normas que fueron aprobadas por el PP sin apoyo de ninguna otra fuerza política.

El Tribunal de Justicia de la UE resolvió hace casi tres meses que los trabajadores temporales e interinos deben ser indemnizados igual que los fijos cuando ven extinguirse sus contratos. Todo un problema para la Administración vasca, que arrastra una elevadísima tasa de temporalidad.. Miles de esos trabajadores que llevan años encadenando contratos se están empezando a mover, y unos cientos han presentado ya las primeras reclamaciones. Aunque algunos sindicatos ya han ido dando cauce a los requerimientos de los trabajadores en estas últimas semanas y seguirán haciéndolo, ELA ha preferido acumular las primeras reclamaciones y presentarlas de golpe hoy. Lo hará ante el Gobierno Vasco, ya que se trata de un paquete de 250 reclamaciones, en su mayoría de trabajadores funcionarios y estatutarios, aunque también hay algunos laborales. Los laborales pueden acudir directamente a la justicia, no así los funcionarios y estatutarios, que primero tienen que agotar la vía administrativa.

El Gobierno confirmó el pasado viernes ante Bruselas lo que ya había apuntado una semana antes el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro: que durante los dos próximos años va a tener que llevar a cabo un fuerte ajuste que superará los 26.000 millones de euros. Así lo plasmó el Ejecutivo en el Plan Presupuestario del próximo año que remitió a la Comisión Europea, y en el que reafirmó su compromiso a reducir el déficit desde el 4,6% en el que prevé acabar este año, hasta el 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017 y el 2,2% en 2018. Esto supone que el año que viene deberá llevar a cabo un ajuste de «16.500 millones de euros», tal y como aseguró ayer el nuevo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal.

El acuerdo de los países productores de petróleo de la OPEP ha conseguido que el precio del barril se haya encarecido en unos diez dólares en cuestión de doce días. O lo que es lo mismo: un alza del 20% hasta el entorno de los 56 dólares. Los miembros de la OPEP suscribieron el pasado 30 de noviembre un pacto para reducir el suministro de crudo y elevar el precio del barril. Sin embargo, el compromiso arrojaba algunas dudas sobre si de verdad serían capaces de recortar 1,2 millones de barriles al día como prometieron. Sin embargo, Rusia y Arabia Saudí han dejado a un lado sus diferencias sobre la guerra de Siria para hacer frente a sus respectivas urgencias económicas. Los dos sufren serios agujeros en sus arcas públicas. Y juntos aglutinan una cuarta parte de la producción mundial. El acuerdo de la OPEP reducirá la producción un 4% a partir de enero, pero ha conseguido que los precios se eleven en torno a un 20%.

El anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyo plazo de enmiendas finaliza mañana, ha sido un golpe en la línea de flotación de los contratistas. La nueva norma no permite pagos directos a subcontratas, exime a las Administraciones de comprobar que se les pague, no fija un límite para certificaciones de obra y permite pactar plazos de pago más allá de 30 días. Los proveedores advierten de que si no hay cambios, habrá un repunte de la morosidad.

LAB calificó ayer de «exitosa» la tercera jornada de huelga en el sector de Artes Gráficas de Gipuzkoa en defensa de un convenio «digno». Cifró el seguimiento en el 75% de los centros de trabajo. La central abertzale destacó que «siendo mayoritarias las empresas pequeñas y muy pequeñas» en el sector, «el amplio seguimiento muestra que los trabajadores están dispuestos a defender el convenio». Señaló que ahora es «Adegi quien tiene que decidir si mantenerse en una actitud cerrada e irresponsable o abrir las puertas a un convenio justo y digno», y advirtió de que si la patronal no cambia de actitud darán «nuevos pasos en la lucha para conseguir un convenio digno».

Donald Trump, presidente electo de EE UU, ha abordado dos veces en los últimos 10 días un asunto intocable para China: la política sobre Taiwán, la isla que mantiene relaciones diplomáticas con 22 países pero que el Gobierno de Pekín considera parte inalienable de su territorio. Después de haber hablado por teléfono con la presidenta de Taiwán —primera conversación de un líder estadounidense con la jefatura de la isla desde 1979—, Trump dijo el pasado domingo que si China no hace concesiones en asuntos comerciales habría que renegociar la política de Una Sola China, el acuerdo por el que Washington reconoce como único Gobierno al de Pekín. El portavoz chino de Exteriores advirtió ayer de que EE UU debe gestionar «de manera sensata» el asunto para «no perjudicar las relaciones bilaterales».

Los 5.000 trabajadores que forman parte de la planta alavesa de Mercedes, la principal industria de Euskadi, cuentan desde ayer con un convenio de eficacia general de aplicación para toda la plantilla y que ha entrado ya en vigor con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, dado que el anterior perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2015. Este documento regulará las condiciones laborales del personal de la factoría automovilística durante un periodo de cinco años, hasta 2020, y contempla en cada uno de esos ejercicios una subida salarial del 1,8%. CC OO, con su decisión de última hora de adherirse al pacto ya alcanzado previamente entre una minoría sindical representada por UGT, Ekintza y PIM (Plataforma Independiente de Mercedes) y la dirección de la compañía, propició que la mayor fábrica vasca repita convenio de eficacia general; «a pesar de que no nos gusta este acuerdo y no hemos participado en él», aseguraron en CC OO.

El Estado tendrá que asumir las nueve autopistas de peaje que actualmente están en quiebra ante la dificultad de llegar a un acuerdo con los bancos acreedores para su rescate que pueda evitar la liquidación y el cierre al tráfico de las vías. «Las autopistas revertirán al Estado y se decidirá cómo gestionarlas», señaló el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. La patronal de las grandes constructoras Seopan cifra el coste de la nacionalización en 5.500 millones pero Fomento defiende que se puede recuperar el dinero si el tráfico se recupera.