20161215

El pasado 30 de noviembre se produjo un acontecimiento casi insólito: se sentaron en la misma mesa Confebask y los cuatro principales sindicatos vascos (ELA, LAB, CC OO y UGT). Aquel encuentro tenía como objetivo negociar un pacto que dé prioridad a los convenios colectivos vascos sobre los españoles. Se trata de una formulación tan sencilla que el acuerdo se presentaba fácil. Confebask repartió un borrador al que los sindicatos podían hacer aportaciones. El truco del éxito era que fuese un entendimiento de mínimos. Por eso, que ayer LAB hiciese públicas sus aportaciones dando un par de pasos adelante ha vuelto a sembrar dudas sobre su viabilidad. Lla central liderada por Ainhoa Etxaide quiere incluir una «exigencia» para que en los dos meses siguientes a la firma del acuerdo interprofesional «se convoquen las mesas y se inicien las negociaciones de los convenios sin vigencia o con ultractividad limitada». Además, reclama que en las mesas negociadoras se establezca para cada convenio «un nuevo periodo de ultractividad».

Los empresarios vascos afrontan con optimismo el arranque de 2017, pero sus expectativas se han enfriado un tanto respecto a lo que esperaban encontrarse hace tan solo unos meses después de dar carpetazo a este 2016. Tal y como refleja el índice de confianza que Laboral Kutxa elabora de forma trimestal, las expectativas empresariales de cara al inicio del próximo ejercicio han retrocedido con relación a lo logrado al cierre del año que termina. Joseba Madariaga, director del Departamento de Estudios de la entidad, apuntó hacia un culpable de esa visión menos optimista: la incertidumbre política circundante que influirá en la economía. Madariaga precisó sin embargo que, pese a retroceder dos puntos esa confianza empresarial entre el trimestre actual y el que dará comienzo en enero (de 55,1 a 53,2 puntos), la visión del empresariado vasco se se mantiene en clara «zona de expansión», puesto que el límite positivo está situado en 50.

El Banco de España publicó ayer sus previsiones de crecimiento para el periodo 20162019. Y sus estimaciones de PIB coinciden con las del Ejecutivo para este año y el que viene, esto es, un crecimiento del 3,2% en 2016 y del 2,5% en 2017. Sin embargo, los pronósticos del organismo supervisor discrepan de las del Gobierno en el crecimiento a medio plazo: mientras que el Ministerio de Economía augura un 2,4% de crecimiento para 2018 y 2019, el servicio de estudios del supervisor bancario vaticina un avance del PIB del 2,1% en esos dos años. Lo cual se traduce en unas previsiones peores para el mercado laboral. El Ejecutivo espera en su cuadro macroeconómico una tasa media de desempleo del 13,8% en 2019 y acabar ese año en el 12,8%. Por el contrario, el Banco de España prevé que en 2019 haya una tasa media de paro del 15% y se cierre el año en el 14,5%, una diferencia de más de un punto se mire como se mire.

La Reserva Federal decidió ayer subir un cuarto de punto los tipos de interés en Estados Unidos, que se colocan así en una banda entre 0,50% y el 0,75%. La decisión se ha tomado por unanimidad. El nuevo incremento llega justo un año después de que se iniciara el proceso de normalización de la política monetaria, con una subida de un cuarto de punto. El avance del precio del dinero será, en cualquier caso, gradual. La mayoría de los miembros ve posible al menos tres subidas en 2017. Pero dependerá del impacto de las políticas de Donald Trump en el crecimiento y la inflación.

La CEOE advirtió ayer al Gobierno de que las últimas subidas de impuestos «afectarán a la inversión y al empleo». La Junta Directiva de la patronal respondió así al Real Decreto-Ley que el Congreso de los Diputados debatirá hoy. La norma, del pasado 2 de diciembre, contiene las medidas que ha preparado el Gobierno para cumplir la senda de reducción del déficit público pactada con Bruselas en 2016 y 2017. CEOE acusó al Gobierno de escoger la «alternativa fácil, cortoplacista y de escaso recorrido» de elevar los impuestos a las empresas para reducir el déficit, «en lugar de rebajar el gasto no productivo de la administración». Los empresarios rechazaron además la idea del Gobierno de terminar la jornada laboral a las seis de la tarde, con carácter general. CEOE explicó que esta es una cuestión de los convenios.

Cristóbal Montoro aseguró ayer que no tiene intención de elevar el IVA ni reducir el número de bienes que aplican tipos reducidos, como recomendó el martes el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Hacienda señaló que no es preciso aprobar nuevas subidas fiscales y aseguró que 2016 será el segundo año con mayor recaudación.

Nuevo revés judicial, en este caso contra la Administración vasca, en lo que respecta a los trabajadores temporales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obliga al Ayuntamiento de Vitoria a readmitir como indefinida no fija a una trabajadora temporal que concatenó diferentes contratos desde 1995 hasta 2013, al considerar que ha sido «abusiva y contraria al derecho» en la medida en que se ha utilizado una contratación de duración determinada para cubrir un servicio de carácter indefinido. La sección 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV fundamenta su fallo en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, dictada el pasado 14 de septiembre, el mismo día que emitió otro fallo sobre la equiparación de indemnizaciones entre trabajadores temporales y fijos.

Euskadi registró en octubre pasado la creación de 205 sociedades mercantiles, lo que supuso una caída del 19,3% con respecto al mismo mes de 2015, el segundo descenso más elevado del conjunto de España sólo por detrás de Castilla y León, donde fue de un 25% menos, según los datos ofrecidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el décimo mes del año, se disolvieron en la comunidad autónoma vasca 86 sociedades mercantiles, con lo que la tasa interanual se mantuvo estable, frente al aumento medio registrado en toda España del 0,9%.

El absentismo laboral en el País Vasco sufrió hasta agosto pasado un repunte del 4,37% respecto al mismo periodo de 2015, al registrarse 20.950 bajas médicas por contingencias comunes, según los datos ofrecidos ayer en Bilbao por el presidente del Consejo Regional Norte de Asepeyo, Sabino Iza, y su director territorial, Unai Acha. Este aumento del absentismo en Euskadi es la mitad del experimentado en el conjunto de España, donde en los ocho primeros meses del año se incrementó en un 8,86%, con 325.397 casos. El estudio revela que, a nivel de todo el país, el 82,5% de los trabajadores no ha cogido ninguna baja, mientras un 5,6% lo ha hecho en tres o más ocasiones.

Las negociaciones que Ciudadanos mantiene con el Gobierno sobre los Presupuestos de 2017 han dado como fruto el compromiso de una partida de 450 millones de euros dedicada a un programa piloto para complementar los salarios de los menores de 30 años. La formación de Albert Rivera había logrado incluir en el pacto de investidura de Mariano Rajoy una partida de 1.300 millones para auxiliar a los trabajadores con rentas más bajas. Sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias, el Ministerio de Empleo ha rebajado la cuantía y ha puesto un límite de edad a los beneficiarios. Además, intentará financiarlo con fondos de la UE. Según fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez, en los ejercicios venideros, cuando se compruebe el éxito de la medida, se podrá engordar el presupuesto y ampliar los destinatarios.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos podrán seguir aplazando sus deuda tributarias y pagos de IVA pero en lugar de los 18 meses actuales, sólo podrán hacerlo por un plazo de 12 meses. Así lo aseguraron ayer tanto el presidente de ATA, Lorenzo Amor, como fuentes del ministerio de Hacienda, que han mantenido diversos encuentros para tratar la eliminación total de los aplazamientos que está recogida en el decreto ley que el consejo de ministros aprobó el pasado 2 de diciembre y que, previsiblemente, mañana se tramitará en el Congreso de los Diputados.

Bruselas sirvió ayer de eco a las protestas de las siderúrgicas contra el pacto alcanzado por los 28 socios de la Unión Europea en la reunión del Consejo del pasado martes. Un acuerdo que las empresas del sector consideran «muy político y poco técnico» para solucionar el problema creado por las exportaciones de acero de China, que ponen en peligro dos millones de empleos en el ámbito comunitario. La patronal española Unesid, que representa a 46 siderúrgicas con 60.000 trabajadores directos y otros 20.000 indirectos, se declaró «absolutamente insatisfecha» por el nuevo blindaje contra el acero chino, fraguado en Bruselas tras tres años de negociaciones.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, concretó ayer que la limitación a 1.000 euros desde los 2.500 euros vigentes del pago en efectivo no entrará en vigor el 1 de enero de 2017, ya que el Gobierno no tiene intención de aprobar esta medida antes de que acabe el año, sino que se incluirá en un conjunto de medidas tributarias que se aprobará más adelante. Como demandaba el comercio, la campaña de Navidad, que acaba el día de Reyes, queda fuera de esta novedad, que se anunció el pasado 2 de diciembre.

Ocho meses después de su presentación, la Norma Foral destinada a incentivar la participación de las personas trabajadoras en la empresa ya es un hecho. El pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa dio ayer luz verde al último trámite y la medida fue aprobada con los votos a favor de PNV, PSE y PP y las abstenciones de EH Bildu y Podemos. «Es una paso adelante», declaró el diputado de Hacienda y Finanzas Jabier Larrañaga, resaltando los efectos positivos que se prevén. «Por una parte, apuntalar las empresas al territorio, como herramienta para hacer frente a las deslocalizaciones».

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru han convocado una manifestación para el próximo día 20 en Bilbao con el objetivo de denunciar el «agravamiento» de la siniestralidad laboral y exigir al Gobierno vasco y a la patronal Confebask que asuman «su cuota de responsabilidad». Representantes de dichas centrales, encabezados por las dirigentes Leire Txakartegi (ELA) y Garbiñe Aranburu (LAB), anunciaron ayer un reforzamiento de la movilización sindical con el fin de que esta «lacra social» se incluya como un asunto prioritario en la agenda política.