20170111

Tras diecisiete años sin firmar un gran acuerdo, Confebask y los sindicatos tienen ahora al alcance de la mano rubricar un pacto que blinde los convenios vascos respecto de los estatales. En el encuentro que mantuvieron ayer para negociar el Acuerdo Interprofesional se produjeron avances significativos y hasta consenso en el aspecto básico, como es el de dotar de prioridad aplicativa a los acuerdos que se firmen en Euskadi. Pero la posibilidad de introducir un compromiso para el desbloqueo de la negociación colectiva impidió ayer el acuerdo y condicionará su firma, o mejor dicho la hará descarrilar, a decir de la patronal vasca, si las dos centrales que han abogado por ello, ELA y LAB, insisten en mantenerlo. Las partes se han citado para el próximo martes. El responsable de negociación colectiva de Confebask, Jon Bilbao, se mostró tajante al respecto. No admitirán elementos que puedan impedir el consenso, «tal y como ha ocurrido en los dos intentos anteriores».

La producción industrial vasca subió un 5,5% en noviembre pasado con respecto al mismo mes del año anterior, con lo que en los once primeros meses de 2016 se dio un crecimiento acumulado del 2% sobre el mismo período de 2015. La evolución del índice interanual de noviembre presentó variaciones de signo positivo en todos los grupos, según los datos ofrecidos por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. La energía se incrementó un 12,5%, los bienes de equipo subieron un 9,5% y los bienes intermedios aumentaron un 2,9%. Los bienes de consumo, en su conjunto, ascendieron un 0,4%, debido a la subida experimentada por los bienes no duraderos, que crecieron un 2,8%, aunque los bienes duraderos bajaron un 6,2%.

La directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Eva Valle, anunció ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 3,3% en 2016, una décima más de lo previsto hasta ahora por el Gobierno y dos décimas más de lo que vaticinaba el Fondo Monetario Internacional. En su última actualización del cuadro económico, realizada a principios de diciembre, el Ejecutivo contemplaba un avance de la economía del 3,2% en 2016, del 2,5% en 2017, y del 2,4% tanto en 2018 como en 2019. El 3,3% es el mejor dato de crecimiento de la economía española desde 2007, el año de apogeo de las burbujas de crédito e inmobiliaria.

El buen tono con que cerró el mercado laboral 2016, sustentado en una sólida actividad económica, ha posibilitado que por tercera vez consecutiva los hogares vieran cómo aumentó su renta disponible. Así, con un crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social del 3,12%, una mejora de los salarios del 1,06% y una inflación media del -0,2%, los recursos de las familias se incrementaron un 4,38%.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lleva semanas advirtiendo de que los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea están todavía por llegar. Ayer volvió a incidir en este mensaje e indicó que el «escenario base» que contempla el Ejecutivo es, definitivamente, un Brexit duro, que equivale a la ruptura total de relaciones económicas con Gran Bretaña. «No será una negociación fácil, habrá que ser inteligente», avisó. De Guindos expuso un panorama poco alentador sobre el futuro de la UE y el conjunto internacional, tanto económico y político. En el primer ámbito indicó que le crecimiento de la economía es «frágil», «desigual» y «mediocre», y que se enfrenta a un «desafío real» que es el proteccionismo, indicó en una referencia al rumbo que parece tomar la política económica de Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump.

Enero parece no ser el mejor mes para los recibos de la electricidad, porque el coste de generar energía vuelve a situarse hoy en máximos desde diciembre de 2013. El precio medio del mercado diario ‘pool’ –donde todas las centrales negocian el coste de la luz– se encuentra en 73 euros por megavatio/hora (Mwh), referencia similar a las que se registraban hace más de tres años. Desde que comenzó 2017, se trata del tercer día consecutivo en el que los precios se sitúan por encima de la barrera de los 70 euros. Por ahora, el coste medio de enero asciende a 67 euros. El tramo horario más caro serán las 20.00 horas, cuando se pagarán más de 86 euros, frente al más barato, a las cinco de la mañana.

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, planteará hoy al ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, que habilite las medidas necesarias para reducir los costes energéticos que padece la industria vasca, superiores a los de otras autonomías por los denominados ‘peajes eléctricos’. Este problema ya fue planteado por el Gobierno autonómico al central durante la pasada legislatura, cuando se le pidió al entonces Ministerio de Industria compensar el sobrecoste energético de la industria vasca con medidas como exenciones fiscales y el establecimiento de precios eléctricos industriales similares a los existentes en países europeos como Francia o Alemania.

España tiene un problema de ingresos públicos. Esta es la tesis que lleva años defendiendo Fedea. Y ayer volvió a incidir en ella con la publicación de un informe en el que se compara la recaudación de 2007 y de 2015. El estudio resalta que la presión fiscal en España es muy baja. En concreto, los ingresos públicos suponen el 38,2% del PIB frente a la media del 45,5% de la UE-15. En los principales impuestos del sistema tributario, IRPF, IVA y sociedades, España logra menos recursos que la media europea. Fedea señala que ello no se debe a que los tipos impositivos sean menores, sino a la multitud de beneficios fiscales que contempla el modelo español. El thinktank se muestra partidario de mantener los tipos nominales y eliminar los regímenes fiscales especiales y las deducciones tributarias. Fedea también destaca que España recauda poco por precios públicos o copagos como el farmacéutico o el sanitario.

A pesar de la recuperación económica y de la esperada mejora de la recaudación fiscal, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se encuentran lejos de suponer grandes alegrías. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se encargó ayer de transmitir que las cuentas no contarán con subidas de las partidas de gasto sino que todo lo contrario deberán realizarse todavía ajustes presupuestarios en todos los departamentos para poder cumplir el «ambicioso» objetivo de déficit, que deberá bajar en torno a 16.000 millones de euros, hasta el 3,1% del PIB. El ajuste llegará también a la obra pública, para la que el Ministerio adelanta un nuevo ejercicio de austeridad.

La consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, confirmó ayer que baraja seriamente desvincular la modificación de las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la reforma de la ley que regula la ayuda. El texto definitivo será remitido al Parlamento vasco en un plazo de cinco meses, aunque Artolazabal ya dejó claras sus preferencias: «el IPC o el salario medio son mejores indicadores para actualizar la RGI porque el SMI no depende de nosotros, lo modifica el Gobierno central», explicó.

El Ministerio de Empleo ha admitido a la defensora del Pueblo que en 2015 dejó de gastar 273 millones correspondientes a Formación. En 2016, gracias a que por primera vez hubo una reanualización de fondos, gastó 33 millones. No obstante, todavía restan 240 millones por invertir ya que, según la reforma de formación aprobada ese año, el dinero no gastado debe desembolsarse en los siguientes ejercicios. La información llega a raíz de un expediente iniciado por la titular del Defensor del Pueblo a requerimiento de la patronal catalana Cecot.

Siete años después de que parte de la banca comenzara a recibir millonarias ayudas públicas para evitar su quiebra, la factura de ese rescate no se encuentra liquidada. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el coste global de este apoyo se encontraba en los 60.718 millones, según el último informe del Tribunal de Cuentas, difundido ayer. Se trata de una cifra similar a las actualizadas tanto por el Banco de España –61.495 millones, de los que se han recuperado 2.686– como por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), donde ofrecen unos cálculos que alcanzan los 60.634 millones. Más allá de estas diferencias, que dependen fundamentalmente de los plazos temporales analizados, el Tribunal de Cuentas ha advertido de que la estimación de este coste «no puede considerarse definitiva» hasta que no se materialice la venta de las participaciones que el Estado mantiene en el sector –más del 60% en Bankia y BMN–, tal y como indica en ese documento.

La industria española de componentes para el sector de la automoción mira con preocupación las amenazas del presidente electo de EE UU, Donald Trump, a las empresas del motor que fabriquen en México. Se declaran «expectantes» y entienden que sus plantas están diversificadas para hacer frente a las decisiones que tomen las automovilísticas en el caso de que Trump establezca aranceles a la producción de coches en México.

La asociación empresarial Garen se mostró ayer muy crítica con el Consejo de Relaciones Laborales por no haber establecido un sistema objetivo de acreditación de las patronales vascas, lo que, a su entender, le ha dejado fuera de dicho organismo sociolaboral. Garen señala que Adegi tiene menos de 1.000 empresas asociadas, SEA menos de 800 y Cebek, menos de 2.500, con lo que no suponen ni el 6% de las 70.000 empresas con trabajadores que existen en el País Vasco. Sin embargo, y a propuesta del CRL, el lehendakari ha decidido otorgar a Confebask los siete representantes que corresponden a la patronal en el organismo sociolaboral. Garen señala que el CRL le solicitó que acreditara su representación, pero sin determinar los criterios, «que es lo más importante», lo que impidió que pudiera ejercitar su derecho a la acreditación.