20170113

El ritmo de creación de empresas en el País Vasco se redujo el pasado año al crecer tan sólo un 0,4%, un aumento casi tres veces inferior al 1,1% registrado tanto en 2015 como en 2014. En concreto, según el informe sobre la evolución del tejido empresarial elaborado por la patronal vasca Confebask, 2016 acabó con 251 sociedades más (en 2015 fueron 638 y en 2014, 620) inscritas en la Seguridad Social en la comunidad autónoma, para cerrar el año con un total de 58.951 compañías. Un dato que se ha visto empañado además por el hecho de que en el último mes del año, en diciembre pasado, se registraron 96 empresas menos que en el noviembre precedente. Circunstancia que ha impedido cerrar el ejercicio por encima de la barrera de las 59.000 sociedades en Euskadi, aún lejos de las 64.635 registradas en mayo de 2008, el máximo alcanzado antes del inicio de la crisis.

Los líderes sindicales de CC OO y UGT se apresuraron ayer a rechazar firmemente la oferta de las patronales CEOE-Cepyme de subir salarios hasta un máximo del 2%. En CC OO se aferran a la propuesta sindical conjunta que incluye alzas de entre el 1,8% al 3% este año. Y UGT ve prácticamente imposible el acuerdo con la patronal si mantiene la posibilidad de congelar salarios.

La agencia de calificación S&P Global valora positivamente las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy en los últimos cuatro años y advierte del riesgo que supondría derogarlas, como es el caso de la reforma laboral. En una conferencia de prensa de sus responsables en Madrid, la calificadora apuntó que «cualquier reversión puede entorpecer la flexibilidad laboral y la recuperación económica, y podría tener un impacto sobre el medio y largo plazo» en el ráting español, actualmente situado por la agencia en BBB+ con perspectiva estable. Más bien al contrario, la agencia consideró que la descentralización de las negociaciones ha sido positiva y que se valorarían favorablemente medidas que redujeran la brecha entre el empleo temporal y el fijo, en la línea que han hecho otros países europeos, como el contrato único, como puso de ejemplo el responsable de ráting soberanos europeos, Marko Mrsnik.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió ayer de que los Presupuestos que su departamento está elaborando para 2017 serán “exigentes” porque este será «un año difícil» en términos de consolidación fiscal. El responsable de las finanzas públicas indicó que se trata del ejercicio más complicado en la reducción del déficit público, que deberá pasar del 4,6% del PIB con que se cerró previsiblemente 2016 al 3,1% comprometido para el año en curso, lo que equivale a 16.000 millones de euros. De esta forma, en una comparecencia en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados, Montoro relegó hasta 2018 la capacidad de «acción política» para llevar a cabo medidas presupuestarias más expansivas.

Los precios de los carburantes ahondaron esta semana en sus máximos desde agosto de 2015 y acumulan una subida de hasta el 9% desde mediados de noviembre, cuando se inició una espiral de incrementos en el precio del barril de crudo al calor de la decisión de la OPEP de reducir su producción. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasolina se situó esta semana en 1,246 euros, un 0,72% más. Este carburante, en su nivel máximo desde la tercera semana de agosto de 2015, acumula así un encarecimiento del 7,3% desde mediados de noviembre y es un 10% más caro que en las mismas fechas del año pasado. En cuanto al gasóleo, cuesta de media esta semana 1,136 euros, un 0,8% más que hace siete días. Este precio es un 18% superior al de la misma semana de 2016 y acumula una subida del 9% desde mediados de noviembre.

Se equivoca quien crea que la aparente disposición de ELA a firmar un acuerdo interprofesional significa un relajamiento en su apuesta por la confrontación. Y los dirigentes de la central abertzale lo quisieron dejar claro ayer durante su visita a la nueva consejera de Trabajo, María Jesús San José, en la que le anticiparon una relación tormentosa. ELA aprovechó el momento para afearle que separar las consejerías de Trabajo y Empleo ha sido una maniobra «ineficaz» y criticó que el único motivo para haberlo hecho es «dar acceso en el Ejecutivo al PSE-EE»; atacó al Gobierno vasco por su «ortodoxia neoliberal» y su sometimiento a la patronal y enfatizó que todas las decisiones que se toman son «en contra de los intereses de la clase trabajadora». En ese ambiente, el sindicato abertzale también aprovechó para instar a la consejera a poner en marcha «con urgencia» dos planes de choque: uno contra «el fraude de ley en la contratación, que está muy extendido», y otro para exigir el cumplimiento de los planes de seguridad y salud laboral en las empresas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) espera que 2017 no sea un año especialmente bueno para el empleo y el paro en el mundo. A pesar de que sus expertos prevén que el crecimiento económico mundial «repunte moderadamente», desde el 3,1% de 2016 al 3,4%, se mantiene el riesgo de revisión a la baja; y «persiste una elevada incertidumbre sobre la economía mundial». Estas previsiones «generan preocupación» en la OIT sobre la capacidad de la economía de crear una cantidad suficiente de empleos y para mejorar la calidad de los contratos de quienes ya tienen trabajo y de los que accederán este año al mercado laboral, según precisa esta organización en su último informe sobre Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, hecho público ayer.

Hacienda penalizará fiscalmente a las grandes empresas morosas. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso en la que contó a muy grandes rasgos sus planes para esta legislatura. Montoro subrayó que hay que seguir reduciendo la morosidad tanto de las administraciones públicas como del sector privado y afeó a las grandes empresas que muchas, con los mercados de crédito abiertos, se financian a costa de sus proveedores y «abusan de su posición de fuerza». Para atajar esta práctica, anunció «penalizaciones fiscales» que, en respuesta a preguntas de los medios, dijo que están en estudio y que ahora habrá que desarrollar.

as empresas guipuzcoanas son referentes en muchos sectores pero la competencia cada vez mayor exige una apuesta continua por la innovación. Las instituciones, desde hace ya un tiempo, tienen claro que la mejor fórmula para garantizar el desarrollo económico de un territorio es apoyar a esas empresas en sus proyectos en busca de mejorar su competitividad, lo que ineludiblemente generará más puestos de trabajo de calidad. En esa línea pivota el programa de apoyo a la competitividad puesto en marcha por la Diputación de Gipuzkoa y que el pasado año sustentó 81 proyectos innovadores en distintas convocatorias con un montante total de 2,46 millones de euros. Empresas, asociaciones empresariales y agencias de desarrollo recibieron un considerable empujón económico para poder ejecutar sus planes de mejora en sistemas de gestión, diversificación de actividad y productos, enraizamiento al territorio o cooperación que posibilite que sigan siendo competitivos en su sector.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la necesidad que tiene el PP de llevarse bien con el PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy, pero la colaboración que pudieran establecer ambos partidos también tiene su incidencia en Euskadi. El Gobierno de coalición de PNV y PSE está a un escaño de la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, por lo que requiere del apoyo de al menos un partido de la oposición para sacar adelante sus iniciativas. Un contexto que coloca a los populares como uno de actores fundamentales de la legislatura, sobre todo a la hora de abordar cuestiones económicas como los Presupuestos. El Ejecutivo de Urkullu lo sabe y esta semana ha empezado a sondear al PP vasco para encontrar una solución a uno de los asuntos más polémicos en este inicio de año: la actualización de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en las cuentas de 2017.

La magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo Rosa Virolés es una de las expertas jurídicas que participará hoy en la jornada organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gipuzkoa, donde se analizará el informe elaborado por la Fundación Para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE. Un estudio en el que han intervenido una treintena de expertos jurídicos y que defiende la necesidad de establecer un nuevo marco legislativo laboral. En la jornada también intervienen la catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social María Emilia Casas, que es la coordinadora del informe, así como la presidenta de FIDE, Cristina Jiménez Savurido, y el socio de Sagardoy Abogados, Román Gil Alburquerque.

El pasado noviembre, se cerraron en España 33.806 operaciones de compraventa de viviendas. Ello supone una subida del 17,3% sobre el mismo mes de 2015, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El mercado inmobiliario respira tranquilo después de los fuertes ajustes sufridos durante ocho años. La compraventa ya crece en tasa anual en todas las comunidades. Baleares (32,8%), Canarias (26,3%) y Aragón (25,8%) registraron los mayores incrementos, mientras que en La Rioja (0,4%), País Vasco (4,3%) y Galicia (6,8%) compradores y vendedores fueron más prudentes. A falta de que el INE haga públicos los datos del último mes de 2016, el mercado inmobiliario acabará superando las 400.000 compraventas de viviendas que los expertos vaticinan.

Para rizar aún más el rizo del conflicto de las hipotecas, a las entidades financieras que aplicaron cláusulas suelo en parte de sus préstamos se les abre un nuevo frente judicial si ejecutaron en su momento esas viviendas como consecuencia del impago de sus titulares. Porque a la devolución de las cantidades cobradas de más por la limitación de los tipos se puede unir una anulación de ese desahucio, al estar ligado a una hipoteca con condiciones consideradas como abusivas por parte del Tribunal de Luxemburgo. Un juzgado de primera instancia de Barcelona forma parte del grupo de los que ya se encuentran tramitando las demandas de clientes afectados por esta circunstancia.

Termina un periodo económico y geopolítico liderado por Occidente. ¿Vendrá un desmoronamiento con desglobalización y conflictos o un período en el que más potencias opten por cooperar entre ellas?

Elkargi y Bankoa han suscrito un convenio por el que se pondrá a disposición de las micropymes y los autónomos miembros de la sociedad de garantía recíproca líneas de crédito de hasta 100.000 euros en condiciones ventajosas y garantizadas al 50 % por las dos entidades. El destino del crédito será la financiación de inversiones, necesidades de tesorería y consolidación financiera de las pequeñas empresas y los autónomos de Euskadi, Navarra y La Rioja. La financiación podrá emplearse, por ejemplo, en la compra y renovación de maquinaria e instalaciones. En función del tipo de crédito, los plazos de amortización pueden llegar hasta los 10 años y a un euríbor del 1,5 %.