20170125

Los empresarios vascos salieron ayer en defensa de su reciente acuerdo laboral con los cuatro principales sindicatos en la comunidad autónoma –ELA, LAB, CCOO y UGT–, que ha sido criticado desde algunos sectores de CEOE, que ven en él ataques a la reforma laboral y amenazas a la unidad de mercado en España. El secretario general de la patronal vizcaína Cebek, Francisco Azpiazu, replicó a sus colegas de CEOE y pidió a los críticos que lean despacio el texto vasco, ya que tiene un «anclaje legal absoluto» y no contraviene la regulación española sobre garantías de la unidad de mercado.

La patronal vizcaína Cebek lanzó ayer un mensaje «dirigido a la Administración vasca, pero también a la totalidad de las empresas privadas de la comunidad autónoma», para que «prioricen» las compras a proveedores locales. Garcinuño bautizó su propuesta como la «creación de un marco vasco de relaciones comerciales», un esquema en el que poderes públicos y empresas de Euskadi prioricen la compra de productos y servicios generados por compañías establecidas en la comunidad autónoma, frente a la oferta que puede llegar de fuera. Aclaró que este llamamiento apela «a la sensibilidad» y matizó que «hay una gran distancia con los modos de expresión» del presidente de los Estados Unidos. En su opinión, la «sensibilidad en las compras», priorizar la adquisición de «la producción local», tiene unas «claras ventajas en términos económicos, porque genera actividad, empleo y en última instancia más recaudación de impuestos».

El presidente de los empresarios vizcaínos, Iñaki Garcinuño, valoró ayer «de forma muy positiva» el acuerdo marco firmado recientemente por los agentes sociales con el objetivo de mejorar la protección de los convenios colectivos que se firmen en Euskadi, frente a la posibilidad de que algunas materias sean reguladas por pactos de ámbito nacional. Incluso, se mostró «sorprendido» por la velocidad con que se había alcanzado el acuerdo en tan sólo tres reuniones, si bien fue muy crítico con la actitud que el sindicato nacionalista ELA ha mantenido tras la firma. «Nos sorprende –manifestó ayer Garcinuño– que apenas un día después del acuerdo ELA retome el mensaje de la confrontación».

La crisis económica ha agudizado las diferencias entre las familias desfavorecidas y las que contaban con más recursos a la hora de afrontar la nueva situación. Durante los seis años que transcurrieron desde la primera recesión, en 2008, hasta 2014, la riqueza de la que disponían los hogares se redujo un 37,2%, hasta situarse en la mediana –la banda estadística más habitual– de los 119.400 euros. El declive del patrimonio pasó de los 190.400 euros de 2008 a los 153.300 de 2011 y todavía descendió un 22% más en los tres años siguientes, según la Encuesta Financiera de las Familias publicada ayer por el Banco de España. Esta pérdida ha sido mucho más significativa entre las familias que se encuentran en la franja económica de renta más baja. Se han dejado un 50% de la riqueza que tenían en 2008, hasta quedarse por debajo de los 60.000 euros.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, restó ayer importancia al pinchazo sufrido por la recaudación de impuestos en Euskadi, que se ha situado 544 millones de euros por debajo de lo que se había presupuestado y que ha abierto un agujero de 374 millones en las cuentas del Ejecutivo de Vitoria. El consejero recordó que se ha aumentado el endeudamiento en 240 millones de forma extraordinaria el pasado mes de diciembre, al tiempo que los 134 millones restantes se absorberán mediante lo que se conoce como ‘inejecuciones’: gastos previstos que no se llegan a realizar por razones técnicas.

El precio medio que está marcando el mercado mayorista de electricidad en España, o pool, se ha situado desde hace semanas entre los más altos de Europa. Esto ha hecho que todas las miradas estén ahora puestas en cómo funciona este sistema, que sirve para fijar las tarifas eléctricas que termina pagando el usuario final. El descontrol de precios que ha sufrido en los últimos días el pool ha puesto en evidencia que está sujeto a una volatilidad mucho mayor que la que afecta a sus homólogos europeos. Los críticos consideran que el pool español, al que le afectan decenas de disposiciones normativas y funciona con reglas obsoletas y poco transparentes, tiene que ser revisado. El precio de la luz en el mercado mayorista, es decir para un 46,5% de los usuarios,  batirá todos sus récords hoy. De media, el megavatio hora (MWh) costará 91,88 euros a las empresas comercializadoras, pero en su tramo más caro, el de las nueve de la noche, superará claramente los 100 euros.

La Justicia colocó ayer un obstáculo en el camino de Theresa May hacia su deseada ruptura limpia y radical con la UE. En una sentencia que resuelve en segunda instancia uno de los casos más importantes de derecho constitucional de los últimos tiempos, el más alto tribunal británico resolvió ayer que corresponde al Parlamento, y no al Gobierno, aprobar la activación de las negociaciones de salida de la UE. El fallo posibilita a los diputados escrutar y entorpecer, con la presentación de enmiendas, los planes de la primera ministra.

Donald Trump pidió ayer a las grandes automovilísticas estadounidenses que construyan más fábricas en territorio estadounidense para crear más puestos de trabajo. El recién nombrado presidente de EE UU se comprometió, a cambio, a reducir las trabas legislativas en materia medioambiental e incentivos fiscales. Trump no quiere solo evitar que se descentralice producción a México, sino que se levanten más plantas en el país, algo que no sucede desde que Chrysler abrió en 2014 una planta de transmisión en Indiana.

Donald Trump ha firmado la retirada americana del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), una alianza comercial de doce países (ahora once) de la cuenca del Pacífico con el que la Administración Obama pretendía contener la expansión china en la región. EEUU representa más del 60% del PIB del grupo, por lo que el TPP sólo podrá sobrevivir si un nuevo socio igual de potente entra en la familia para ocupar el hueco del traidor. Y ese vacío, paradójicamente, sólo puede llenarlo China, que ha pasado de ser el enemigo del tratado a su única esperanza.

Ocho de cada diez empresas consideran superada la crisis y aseguran haber notado incrementos relevantes en su facturación (la han aumentado un 80%) y en su plantilla (la han incrementado un 70%), según la Guía del mercado laboral 2017 de la empresa de selección de recursos humanos Hays, que elabora con una encuesta a 1.700 compañías, 8.800 profesionales y 56 universidades. Además, siete de cada diez empresas prevé hacer contrataciones este año. De hecho, según los datos de esta guía, aún hay un 15% de empresas que sí han mejorado su facturación y aún no han incrementado su plantilla. Pero, dicho esto, el 72% de las compañías admite dificultades para encontrar perfiles adecuados. Los autores de la Guía Hays también han analizado 2.400 puestos laborales en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia, con sus rasgos salariales y tendencias de contratación en quince sectores de la economía española y estos son los que coparán los nuevos empleos que se generen en 2017:

Los fallecidos en accidentes de trabajo en Euskadi se elevaron a 40 el pasado año, siete más (un 21,2%) que en 2015, según datos de Osalan. En total, en el País Vasco hubo 33.341 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al año anterior, incluyendo siniestros en jornada de trabajo, ‘in itinere’ y recaídas.

Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha el Plan nacional de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, a finales de diciembre de 2012, la Inspección de Trabajo ha conseguido aflorar en estos últimos cuatro años un total de 10.500 empleos irregulares en el País Vasco, según declaró ayer en Vitoria la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La ministra se refirió a este dato tras firmar con la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, un convenio de colaboración para crear una comisión de cooperación interadministrativa en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un organismo en el que también estará presente la Generalitat de Cataluña, la otra comunidad autónoma con competencias en la materia.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, calificó ayer de «excelente noticia» la decisión judicial que ha anulado para Euskadi el concurso de agencias privadas de colocación de parados, que el Ministerio de Empleo realizó en 2015 para buscar trabajo a personas desempleadas y que fue recurrido por el servicio público de empleo vasco, Lanbide, por considerar que invadía competencias autonómicas. El importe del concurso nacional ascendía a 41 millones de euros en dos años y las ganadoras fueron Adecco, Manpower, Eulen y una entidad dependiente de la orden de los Salesianos.

La Diputación de Gipuzkoa y la Sociedad de Garantía Recíproca Elkargi han logrado finalmente la adhesión de nueve entidades financieras a su plan de apoyo para pymes presentado el pasado mes de julio. La herramienta, destinada a facilitar la financiación para inversiones a pequeñas y medianas empresas guipuzcoanas, contará con el respaldo de Bankinter, Bankoa, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Laboral Kutxa, Rural Kutxa, Sabadell Guipuzcoano y Santander, después de que se haya firmado el protocolo de actuación. Se trata de una alianza a tres bandas gracias a la que las pymes podrán contar con el Gobierno guipuzcoano como coavalista de sus préstamos en una serie de operaciones concretas

A pesar de lo que pueda parecer, España no está ni mucho menos a refugio de los nubarrones populistas que se ciernen sobre Europea. De hecho, a tenor de Fitch, es el país de la eurozona más expuesto a los desencadenantes financieros que podría provocar el triunfo de los partidos radicales en las elecciones europeas que tienen lugar en 2017 (como Alemania, Francia u Holanda). El PIB español podría perder hasta 20.000 millones entre este año y el siguiente: crecer este ejercicio un 0,6% en vez del 2,1% proyectado hasta ahora, y el 1,5% en 2018, frente al 1,9% estimado, según un informe de la agencia de calificación publicado ayer. Según estos cálculos sería el país de los grandes en la eurozona cuyo PIB más se resentiría.

No es la primera polémica que nace desde el Círculo de Empresarios, un foro de talante más conservador que la CEOE que reúne a destacadas empresas españolas, pero sí es de las más sensibles al afectar al problema de las pensiones. Su presidente, Javier Vega de Seoane, planteó ayer varias opciones tendentes a rebajar la cuantía de estas prestaciones y, por extensión, su coste para las arcas de la Seguridad Social. Y una de ellas fue reducir directamente su cuantía. El dirigente empresarial puso encima de la mesa la posibilidad de volver a alargar la edad de jubilación pese a que el pasado 1 de enero ya entró en vigor la última reforma, que prevé su extensión progresiva desde los 65 años y 5 meses en que ha quedado establecida este mes hasta los 67 años que se prevé alcanzar en el horizonte de 2027. Pero para él parece no ser suficiente porque, en su opinión, el sistema actual ya es «insostenible» pese a los últimos cambios e incluso, casi literalmente, «está reventando».

La sentencia dictada el 14 de septiembre del año pasado por el Tribunal de Justicia de la UE en la que establecía que se debe equiparar la indemnización de los trabajadores temporales con los fijos causó todo un terremoto jurídico y laboral en España. Tras varios fallos que han realizado lecturas encontradas, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que unifique doctrina. Una cuestión que se dilatará todavía varios meses. Pero mientras la mayoría de los jueces, abogados y expertos coinciden en que dicha equiparación se tiene que realizar con un despido objetivo, lo que supone en estos momentos veinte días por año trabajado con un límite de doce mensualidades, existen algunas voces discrepantes que señalan que la equiparación no conllevaría ninguna indemnización. Uno de ellos, el único, según él, es José Ramón Mínguez, socio de la división laboral del bufete Barrilero y Asociados, que ayer intervino en una jornada organizada en San Sebastían por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).