20170216

La cesta de la compra se encareció un 3% en enero, el mayor alza desde octubre de 2012. Un avance de la inflación provocado por el espectacular incremento del precio de la luz, que se disparó un 26,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Un repunte que se ha agudizado en las últimas semanas como demuestra que la variación mensual (de enero con diciembre) sea del 8,8%. Le siguió en esa escalada de precios el aumento del 16,3% en los combustibles, según los datos publicados ayer por el INE. Es decir, el incremento de los costes energéticos, sobre todo el petróleo, han provocado este repunte que se mantendrá en esos niveles al menos durante el primer trimestre de 2017. Los datos del IPC muestran la influencia del petróleo en los vaivenes de los precios. De hecho, la tasa de inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) solo se incrementó una décima, hasta el 1,1%.

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, defendió ayer en el Congreso «retrasos adicionales en la edad de jubilación». Linde comparecía ante los diputados para opinar sobre las precarias finanzas de la Seguridad Social y las medidas a adoptar para resolverlo. Afirmó que esos «retrasos adicionales» podrían «estar justificados por el incremento de la esperanza de vida». La edad de jubilación es ahora de 65 años y cinco meses y llegará a los 67 años en 2027. Para resolver la precaria situación financiera de la Seguridad Social, el Banco de España prefiere la opción de aumentar la edad de jubilación al incremento de los ingresos vía cotizaciones.

El lehendakari Iñigo Urkullu destacó ayer que «la industria lleva tres años consecutivos de avance en Euskadi», el pasado año con un crecimiento del 2,3 %, y que las previsiones son la consolidación de ese crecimiento por encima del 2 % para este año. El lehendakari destacó que la industria es un «sector nuclear» para garantizar un «crecimiento sostenible» y la generación de empleo y ha asegurado que la prioridad de su Gobierno es «relanzar» el Programa Marco de Reactivación Económica y Empleo que «contará con una dotación de 8.600 millones de euros de cara al año 2020».

«Vamos a seguir reindustrializando y apoyando a las empresas, sabiendo que la revolución ha venido para quedarse y que la digitalización es el futuro». Con estas palabras, Begoña Cristeto, secretaria general de Industria del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, explicó a los directivos y expertos del motor reunidos en el AIC de Amorebieta que su departamento quiere ayudar a las firmas que lo necesiten a dar el salto digital y sumarse a la cuarta revolución industrial. Con este fin, el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas herramientas para medir su madurez digital, así como el apoyo de consultores en Industria activa 4.0, que les diseñarán una hoja de ruta para mejorar su digitalización. Además, contarán con líneas de financiación para aplicar esa hoja de ruta.

ELA considera que las haciendas vascas están rendidas a los intereses empresariales y, para conseguir más recaudación, acuden a las rentas de trabajo e impuestos indirectos, exprimiendo así a quienes tienen una nómina. El sindicato abertzale presentó ayer un estudio sobre fiscalidad en el que pretende demostrar esta tesis. Según su análisis, el incremento de recaudación del año pasado (del 2,7%) se sustenta en el aumento de lo ingresado por rentas del trabajo, mientras que disminuye el peso de las rentas del capital y el Impuesto de Sociedades «pese a que los beneficios empresariales han crecido».

La Comisión de Hacienda del Congreso instó ayer al Gobierno a que equipare las indemnizaciones por despido de los trabajadores interinos, y por extensión las del resto de empleados temporales, a las que disfrutan los contratados indefinidos. Es decir, que los temporales tengan una indemnización de 20 días. Así consta en la proposición no de ley pactada por Podemos con el PSOE y Ciudadanos, que salió adelante con 21 votos a favor y en la que se reclaman los cambios legales necesarios para, según la proposición, dar cumplimiento efectivo a las sentencias europeas sobre los contratos interinos. Sin embargo, tanto Ciudadanos como el PSOE matizaron su apoyo a la propuesta y apuntaron que ésta puede ser precipitada e instaron a que la materia se aborde con más tiempo dentro de una reforma de calado.

Hacer del País Vasco un territorio ‘inteligente’ es el reto del clúster Gaia, que aglutina a 249 empresas de telecomunicaciones, electrónica, informática y videojuegos. Un gran impulso que esperan dar en cuatros años, según se desprende del Plan Estratégico 2017-2020, presentado ayer en Bilbao. En concreto, movilizarán 21,4 millones de euros para la puesta en marcha de 17 proyectos encaminados a la digitalización de la industria, la Administración pública y la formación del talento que ya demandan las compañías de Euskadi.

Los fabricantes de automóviles y de componentes que participaron ayer en el segundo encuentro ‘Desafíos del sector de la automoción’, en el AIC-Automotive Intelligence Center de Amorebieta (Bizkaia), coincidieron en destacar que España se encuentra a la cabeza mundial del sector tanto por la productividad y la competitividad lograda tras la crisis, como por su calidad y nivel de innovación. La jornada fue abierta por el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien en su intervención afirmó que «el sector vasco de automoción es uno de los más abiertos, competitivos e innovadores del mundo».

El conflicto abierto en el sector de la estiba, que se dedica a la carga y descarga de mercancía en los puertos, vio ayer un pequeño atisbo de luz. El Gobierno anunció que «está dispuesto a retrasar» una semana su polémico decreto ley para modificar la regulación de esta actividad, una medida «impuesta» por los tribunales europeos. Eso sí, Fomento puso antes dos condiciones para no llevar su plan al Consejo de Ministros hasta el próximo día 24: que los sindicatos y la patronal «se sienten a negociar en el marco de la negociación colectiva»; y que «se desconvoquen» las tres jornadas de huelga anunciadas para el 20, el 22 y el 24 de este mes. Los agentes sociales recogieron el guante y mostraron, «de nuevo», su disposición al diálogo. Y como «gesto de buena voluntad», la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), central mayoritaria en el sector, aceptó anular temporalmente los paros

La reticencia de algunas entidades financieras a autorizar la devolución completa de las cantidades cobradas de más a sus clientes por las cláusulas suelo hipotecarias se ha encontrado con el muro del Tribunal Supremo. Su Sala de lo Civil les obliga a abonar de forma retroactiva todas esas cuantías desde el momento en que se activó la limitación de intereses, y no solo desde el mes de mayo de 2013, como ocurría hasta ahora en base al fallo que el alto tribunal dictó entonces.

Los pagos indebidos, abonos de más a perceptores, siguen dando quebraderos de cabeza a Lanbide, gestor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). A lo largo del año pasado, este organismo dependiente del Gobierno vasco desembolsó 31 millones de euros que no debía entre sus más de 63.300 perceptores. Pero es que, desde que en enero de 2012 asumiera estas ayudas mensuales, este agujero no ha parado de crecer hasta superar en la actualidad los 155 millones de euros. Según los datos oficiales ofrecidos ayer por el departamento de Empleo a una pregunta parlamentaria del PP, se ha mejorado en la repesca de estas cantidades. A día de hoy, Lanbide ya ha recobrado más de un tercio de ese dinero perdido por las razones más diversas. En 2016, por citar el ejercicio más reciente, fueron casi 24 millones de euros.

Nadie comprobó lo fundamental de la grave acusación que había comenzado a flotar por los pasillos de la planta noble de Kutxabank –la entidad había pagado 5.784 euros mensuales al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces durante tres años sin que éste prestase servicio alguno–. Ni siquiera el director del servicio de auditoría, que elaboró un informe con tan solo un testimonio, aparentemente huérfano de rigor, del director de Recursos Humanos. La entidad comprobó que Cabieces había cobrado esa cantidad, efectivamente, también que la orden de contratarle procedía del entonces presidente, Mario Fernández, pero nadie se molestó en verificar si había trabajado o no y tampoco solicitaron una ‘segunda opinión’. La declaración de los numerosos testigos que declararon ayer en la vista oral por el ‘caso Kutxabank’ dibujó un panorama un tanto extraño en torno a lo sucedido.

El Gobierno central y el PNV pisan el acelerador para encarrilar su recién inaugurada negociación presupuestaria. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, se reunieron ayer en Madrid para sentar las bases del posible futuro apoyo de los peneuvistas a los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo del PP tiene previsto remitir al Congreso antes de Semana Santa. Descartado el PSOE tras la irrupción de Pedro Sánchez en la carrera de las primarias socialistas, Mariano Rajoy se afana en pulir sus pactos con Ciudadanos y Coalición Canaria, al tiempo que su Ejecutivo se remanga y baja a la arena, ya con todas las consecuencias, para lograr el apoyo jeltzale y redondear así los 175 apoyos que le permitirían salvar el primer escollo de las enmiendas de totalidad.

«Si viéramos un anuncio que dijera, “Se traspasa empresa familiar, con cargas” parecería poco atractivo hacerse con esa firma, y según dónde esté localizada y el momento de hacerlo, aún menos. Y sin embargo, es hoy por hoy, la realidad que padecen las empresas familiares, una realidad distinta en cada país e incluso en cada región. No es un tema baladí, más si tenemos en cuenta que las empresas familiares constituyen el eje central de la economía del mundo y de su respectivo país. Según el Family Firm Institute, las empresas familiares generan más del 70% del PIB global anualmente y son el vehículo más óptimo para generar riqueza a través de las generaciones».