20170426

No habrá reforma fiscal en profundidad sino tan solo algunos retoques, porque las diputaciones no están en disposición de rebajar la presión fiscal pero tampoco quieren aumentarla. Las claves las dio ayer el diputado de Hacienda de Álava, José Luis Cimiano, que compareció en las Juntas Generales de este territorio para presentar un análisis sobre el impacto que han tenido los cambios introducidos en la estructura tributaria vasca en enero de 2014. En un breve encuentro posterior con los medios de comunicación, Cimiano opinó que «más que de reforma fiscal, lo que tenemos que hacer son algunos ajustes», al tiempo que defendió «la necesidad de dar estabilidad a las normas fiscales. Todos los años se hacen cambios, pero las grandes líneas de los impuestos no se pueden estar moviendo constantemente. En especial, las empresas tienen que tener un marco de estabilidad en materia tributaria».

Cerrar un acuerdo este mismo año para poner en marcha una reforma fiscal integral es el objetivo trazado por las diputaciones vascas. La agenda prevista fija para después del verano la presentación de un paquete de medidas tributarias para «mejorar y ajustar» la normativa fiscal, con la intención de que puedan ser aplicadas el 1 de enero de 2018. El responsable de la Hacienda guipuzcoana, Jabier Larrañaga, confirmó ayer que las tres diputaciones ya han comenzado a dar pasos en el camino hacia la búsqueda de un acuerdo que logre una revisión integral que «maximice los recursos» sin restar competitividad. «No podemos dejar nada sin analizar para que nos queden espacios por los que se pierda recaudación», sentenció. La necesidad de una reforma ya fue adelantada por el lehendakari Urkullu, que la considera inevitable para garantizar las políticas públicas más esenciales y para ayudar a reactivar la economía.

La recuperación de la economía toma ritmo en Euskadi, aunque a medida que pasan los meses también quedan al descubierto las debilidades de la comunidad autónoma y los riesgos a medio y largo plazo. Lo bueno es la mejora del empleo y la reducción de la tasa de paro. Lo malo, la caída de la tasa de actividad por el envejecimiento de la población, con el peligro que supone para una sociedad el hecho de tener cada vez a menos gente en condiciones de trabajar y a más gente cobrando prestaciones. Todo viene recogido en la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) relativa al primer trimestre del año que publicó ayer el servicio estadístico del Gobierno vasco (Eustat). En ese periodo la cifra de ocupados en Euskadi ha llegado a 909.400 personas, lo que supone 6.600 más que en el trimestre anterior (una subida del 0,7%). Además, la tasa de paro se queda en el 11,4%, 1,2 puntos por debajo del cuarto trimestre de 2016.

Con la responsabilidad compartida de «convertir el reto en una oportunidad», el lehendakari, Iñigo Urkullu, presidió ayer en Vitoria la primera reunión de la Comisión de Seguimiento sobre el ‘Brexit’. El grupo, de composición mixta y carácter público-privado, se constituyó hace tres semanas para anticiparse a los efectos que tendrá para el País Vasco la salida de Reino Unido de la UE y «minimizar el impacto negativo». Sobre la mesa está el convencimiento de que Euskadi «se va a a ver directamente afectada» por la decisión del 52% de los británicos que votaron en el referéndum del pasado 23 de junio a favor de abandonar el club comunitario.

La delegación del Gobierno vasco que participa en la Hannover Messe, la mayor feria industrial del mundo, dedicó el día de ayer a desarrollar una «jornada específica en la comunidad autónoma; y por otro, en colaboración con el Banco Santander, una presentación dirigida a una treintena de empresas germanas de carácter industrial, que fue presidida por la consejera Arantxa Tapia. La responsable de Desarrollo Económico e Infraestructuras mostró al País Vasco como «un lugar en el que merece la pena invertir» debido, entre otros factores, «a su ubicación geográfica y a su cultura industrial, dotado a su vez de un ecosistema favorable a las políticas de investigación, desarrollo e innovación».

El Banco de España avala las previsiones de crecimiento del PIB del Gobierno, pero desconfía de que este avance sea suficiente para cuadrar el déficit público, por lo que podrían hacer falta más recortes de gasto o subidas de impuestos. «Los indicadores más recientes muestran que el ritmo de expansión [de la economía española] en los primeros meses del año podría haber sido algo superior» al registrado entre octubre y diciembre del año pasado, cuando se registró un crecimiento intertrimestral del 0,7%, indicó ayer el gobernador del organismo, Luis María Linde, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar de las cuentas públicas de 2017. No obstante, también advirtió de que incluso con un PIB superior al proyectado por el Ejecutivo, sería complicado que los ingresos tributarios aumentaran en la medida de lo previsto en los PGE.

UGT no firmará un acuerdo con la patronal «a cualquier precio». Así lo reiteró ayer el secretario general, Pepe Álvarez, durante la Asamblea Confederal Consultiva. Y trazó las dos líneas rojas que no iban a cruzar: rubricar un acuerdo en el que la subida salarial no tenga como mínimo la previsión de inflación para este año y que los médicos de las mutuas tengan la potestad de dar las altas y bajas de los trabajadores en caso de accidente o enfermedad común. El dirigente lanzó a la CEOE el mensaje de que «el tiempo se acaba». El secretario general de UGT emplazó a los empresarios a convocar la mesa de negociación colectiva puesto que su recomendación de subir los salarios entre un 1% y un 2%, con un 0,5% adicional en función de la productividad de la compañía, continúa siendo «insuficiente», como se pone de manifiesto en que la previsión del Gobierno es que la inflación este año suba un 1,2%.

El peso del sector industrial en España, incluida la construcción y la generación de energía, se sitúa en el 23% del PIB, lo que coloca al país entre los estados de la UE con menor peso de las manufacturas en su economía, según datos de Eurostat referidos a 2015 y recogidos por el Instituto de Estudios Económicos. Por el contrario, los países con la mayor aportación del sector industrial son algunos de los nuevos miembros de la UE, entre los que destacan Rumanía, con un 40% de su economía destinada al sector secundario, y la República Checa, con un 38%. En este ránking, Suecia ocupa el tercer lugar, con un sector industrial que aglutina el 34% de su Producto Interior Bruto, la misma cifra que Eslovenia.

El incremento de la fiscalidad indirecta se ha convertido en una tendencia en la UE. En los últimos diez años, ningún Estado miembro se ha atrevido a bajar el IVA y 19 han optado por elevar el principal tributo que grava el consumo. España, que partía de un nivel bajo, figura como el segundo país que más ha subido el IVA. Empata con Reino Unido y solo es superado por Hungría.

Jarro de agua fría a las expectativas creadas el lunes por el lehendakari Urkullu al expresar su «deseo» de que el acuerdo sobre el Cupo, clave para desbloquear la negociación presupuestaria entre el PP y el PNV, pudiera estar cerrado «en las próximas horas». A medida que pasan los días, crece la sensación en ambas orillas negociadoras de que el asunto se resolverá en el último minuto. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, constató ayer que la ausencia de «avances» sobre el método de cálculo de la cantidad que Euskadi deberá pagar al Estado los próximos cinco años y la «falta de voluntad política» del Ejecutivo de Mariano Rajoy para acercar posturas no abonan el optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo.

En 2018 tampoco se celebrará el ‘Día de Euskadi’. El Gobierno vasco aprobó ayer el decreto que establece el calendario festivo de la comunidad para el próximo año sin ejercer su potestad para designar una fecha propia. Tras elegir el 7 de octubre en 2016, jornada en la que se conmemoraba el 80 aniversario de la constitución del primer Ejecutivo autonómico, Lakua ha descartado cualquier otra opción el próximo curso –igual que ha hecho este ejercicio– a la espera de que los partidos políticos alcancen un acuerdo en el debate abierto en el Parlamento. «No queremos interferir», aseguró ayer Josu Erkoreka, portavoz del Gabinete Urkullu.

Un tercio de las mujeres trabaja a tiempo parcial en Europa, por solo un 8% de los hombres; las mujeres ganan un 16% menos y su pensión es, de media, un 40% más baja. Bruselas propondrá hoy una nueva directiva de conciliación de la vida laboral y familiar para tratar de suavizar esas sangrantes diferencias. Habrá un permiso para cada progenitor de al menos cuatro meses hasta que el niño cumpla 12 años; 10 días de permiso de paternidad como mínimo y cinco días anuales para cuidar a los hijos enfermos.

El Ministerio de Fomento está «trabajando» en «fórmulas de colaboración público-privada» para lanzar un plan de obras que palíe la sequía presupuestaria que vive el sector, sobre todo en el ámbito de las carreteras. Lo confirmó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la jornada Infraestructuras Prioritarias, organizada por la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan. «No puedo avanzar más», dijo, pero «en el ministerio nos parece que esta iniciativa puede generar un volumen de inversión importante en los próximos años». El ministro no quiso avanzar mucho más sobre su plan, pero fuentes de Fomento aseguraron que se centrará, sobre todo, en la red viaria, y no precisamente en las autopistas.

Si la Contabilidad Nacional tuviera en cuenta la totalidad de la inversión en activos intangibles, el PIB nacional crecería un 3,5%, hasta 37.412 millones de euros, según el informe La economía intangible en España: Evolución y distribución por territorios y sectores (1995-2014), elaborado por la Fundación Cotec para la innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Ayer, en la presentación del informe, participaron los autores Matilde Mas y Javier Quesada, catedráticos de Análisis Económico y profesores investigadores del Ivie. La inversión en estos activos, característicos de la economía del conocimiento, se relaciona con un aumento de la productividad y la calidad de vida.

El máximo responsable de la Seguridad Social, Tomás Burgos, advirtió ayer de que las nuevas pensiones están añadiendo «una sobrepresión económica al sistema muy importante». En su comparecencia en el Congreso por los presupuestos de 2017, avanzó que la tasa de sustitución de las nuevas altas de jubilación —cuantía de la pensión sobre el salario medio— se sitúa en el 94,3%. Luego, ante los periodistas, achacó esto a una «cierta facilidad con la que se adquieren derechos de jubilación» y advirtió que «la relación entre pensión y salario tiene que ser más realista».

La pobreza severa alcanzó en 2015 a 2,6 millones de personas en España, un 5,8% de la población según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE. Si bien dista mucho del 3,6% registrado en 2008, este dato representa una leve mejora frente al 6,4% anotado en 2014 y el 7,1% de 2013. Además, empujados por la mejora del mercado de trabajo de ese año, los ingresos medios de los hogares españoles crecieron en 2015 por primera vez en la crisis: un 2,4% hasta los 26.730 euros. Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza empeoró en dos décimas al 22,3%, una clara señal de que la desigualdad no se corrige.  La tasa de riesgo de pobreza en Euskadi es del 9%, la más baja de España, y los ingresos medios anuales por ciudadano son de 14.345 euros, los más altos, según los datos del INE.

Donald Trump vuelve a la carga. Asediado por las encuestas y con su valoración en caída libre, el presidente de Estados Unidos ha decidido ir más allá que sus predecesores, e incluso de los planteamientos de su propio partido y, según fuentes oficiales citadas por los principales medios de EE UU, se dispone a anunciar hoy una histórica rebaja de la presión fiscal para las empresas. La medida, que reducirá del 35% al 15% el tipo del impuesto de sociedades, busca reactivar la fe de su electorado en un presidente que, a punto de cumplir los primeros 100 días de mandato, acumula más fracasos que aciertos.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, advirtió ayer que el coste de establecer la jornada laboral de 35 horas semanales entre los funcionarios se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros al año. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, indicó que habría un «problema de sostenibilidad» se si implantara esta jornada en la Administración. Además, recordó que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, sólo Asturias y Andalucía tenían la de 35 horas.

Cinco empresas vascas del sector de la informática se han aliado para impulsar su internacionalización y amarrar contratos con grandes compañías industriales. Quieren dar el salto a la liga de campeones y para ello, tras año y medio de trabajo, han alumbrado la marca Smart Factory Alliance. Smart Factory Alliance se presentó ayer en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Forman parte de la misma las guipuzcoanas Ibermática, Grupo I68 e IDS Industrial, junto a las vizcaínas SoC-e y Semantic Systems. El clúster Gaia (Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco) ha servido de argamasa para hacer realidad esta iniciativa, apoyada por el Gobierno Vasco (Spri).

La llamada Operación Lezo, además del efecto directo de los graves hechos de presunta corrupción que se investigan, ha causado la contaminación de importantes instituciones, como varios ministerios o la fiscalía. Todo ello en un contexto de corrupción, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citado a declarar como testigo en un juicio por uno de los escándalos que afectan al partido más votado. Ese clima perturba la complicada legislatura y, en todo caso, marca y distorsiona la agenda política. Acorrala al Gobierno y dificulta su intención de llegar a acuerdos en el momento en el que negocia los Presupuestos para 2017.