20170505

La recuperación del mercado laboral es un hecho. En el conjunto del país, abril ha sido un mes histórico porque al calor de la Semana Santa han salido del desempleo 129.281 personas –la mayor mejora intermensual jamás vista–, lo que supone una caída del paro registrado del 3,49% con respecto al mes anterior. Por contra, la reducción en el País Vasco ha sido la más raquítica del conjunto de las comunidades autónomas, con una mejora del 0,83% (1.149 personas menos en la cola de Lanbide). Eso sí, si tenemos en cuenta la evolución anual las cosas se equilibran porque la bajada estatal fue del 10,92%  y la vasca del 10,19%. Aunque Euskadi ha estado en el furgón de cola en materia de creación de empleo, está compensando esa situación con una mejora en la calidad de los contratos. Lo quiso resaltar ayer Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales, al destacar que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año se han firmado un 13,3% de contratos indefinidos más que en el mismo periodo de 2016.

La producción de la industria vasca creció en marzo un 3,1% respecto al mismo mes del año pasado, sobre todo gracias al incremento del 7,1% logrado en Bizkaia, ya que en Álava el ascenso fue del 2,5% mientras que en Gipuzkoa bajó un 0,4%. Según informó ayer el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), con estos datos el primer trimestre de 2017 se cierra con un crecimiento del 1,9% comparado con los tres primeros meses de 2016. En esta comparativa interanual se puede observar que en marzo hubo evoluciones de distinto signo entre los grandes sectores industriales. Los bienes intermedios subieron un 5,9%, los de equipo crecieron un 2,7%, la energía bajó un 2,5% y los bienes de consumo descendieron un 0,4%, lastrados por los bienes de consumo no duradero, que decrecieron un 2,8%, ya que los de consumo duradero aumentaron un 6,4%.

Unas 1.250 empresas de seis comunidades se beneficiarán del cambio de tarifas eléctricas acordado por el PNV y el PP dentro de la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Este pacto recoge una reordenación de las tarifas eléctricas que pagan las empresas en función de su tensión que, a efectos prácticos, implicará un ahorro de 50 millones de euros para las industrias vascas, según indica la Plataforma energética kV 25/30. Los responsables de la plataforma realizan este cálculo y expresan en una nota de prensa su “satisfacción” por el acuerdo entre el PNV y el Gobierno, al incluir la reforma de los peajes en las líneas de 30 kilovoltios (kV).

La bancada del Gobierno y, en especial, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sonrieron ayer aliviados cuando el Congreso rechazó por la mínima los vetos a los Presupuestos gracias a los cinco votos del PNV que han conseguido la renovación del Cupo vasco, según acordaron los Gobiernos central y vasco el martes, horas antes de que empezara el debate. Sin embargo, esta negociación, que ha venido a salvar por el momento las Cuentas de 2017 y la estabilidad de la legislatura, podría complicar ambas. Y afectar a varios frentes más, como el la reforma de la financiación autonómica. Las quejas latentes de varias comunidades e, incluso, de socios del Gobierno por los «privilegios» que, a su entender, tienen País Vasco y Navarra estallaron ayer. Las críticas más encendidas las plantearon los barones del PSOE, pero también se sumaron las comunidades populares.

Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que existen diferencias abismales entre las comunidades autónomas. El País Vasco accedió en 2013 a una financiación equivalente a 4.170 euros por habitante, una cifra que duplica los 2.030 euros que registraron las autonomías del régimen común. Navarra figura como la segunda región con mayor financiación con 3.266 euros per cápita. Así, las dos comunidades forales cuentan con muchos más recursos para ofrecer servicios públicos. El funcionamiento del modelo foral explica esta asimetría. País Vasco y Navarra recaudan prácticamente todos los impuestos y, de ese dinero, abonan una parte a la Administración central por las competencias no transferidas y también realizan una pequeña aportación al fondo de compensación interterritorial. Al ser comunidades con una renta relativamente alta, el sistema les beneficia especialmente.

El Gobierno ayudará a los jóvenes que compren una vivienda con una nueva subvención de 10.800 euros, destinada a que puedan pagar los gastos de la entrada, que suelen rondar el 20% del precio del piso y que requieren de un importante esfuerzo de ahorro. Así lo estipula el borrador del Plan Estatal 2018-2021 presentado ayer por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y que hoy se va a enviar a las comunidades autónomas. Para acceder a esta ayuda los compradores de vivienda deberán ser menores de 35 años e ingresar menos de 22.365 euros al año (tres veces el Iprem en catorce pagas). Además, deben permanecer un mínimo de cinco años en la casa y no pueden ser propietarios o usufructurarios de una casa en propiedad (excepto en casos de divorcios o causas ajenas a la voluntad del comprador).

Durante los últimos meses, sobre todo tras la confirmación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las instituciones españolas se han postulado para atraer a aquellas empresas y organismos que se plantean salir de ese país. Mucho se ha hablado de las opciones de Madrid para acoger a las entidades financieras presentes en la City londinense, o de los intentos de Barcelona, por ejemplo, por ser la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. Para conseguir estos propósitos entran en juego factores de todo tipo: políticos, diplomáticos, económicos... Pero ¿es España un país atractivo para el talento de fuera... y para el que genera dentro? Sobre esta pregunta se desarrolló ayer la jornada ¿Puede España competir en talento?, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Adecco.

PNV y PSE registraron ayer en el Parlamento Vasco de forma conjunta una proposición de ley de Formación Profesional en Euskadi para «abordar una transformación estratégica» que adapte esta modalidad de educación a las necesidades de las empresas. El texto toma como base el proyecto que el Gobierno de Vitoria elaboró la pasada legislatura pero que no llegó a aprobarse. Los dos grupos parlamentarios, que plasmaron en los compromisos de gobernabilidad la aprobación de esta ley, señalaron que se pretende dotar a la Formación Profesional «de un marco normativo solvente, amplio y riguroso que le permita adaptarse a las nuevas necesidades de un mercado laboral en constante cambio». Como constancia del carácter estratégico de la propuesta se ha optado por llevar el texto al Parlamento como una proposición de ley en vez de un proyecto del propio Gobierno, que lo hubiera trasladado a la Cámara en el primer cuatrimestre de 2018 «por ser un trámite más rápido».

Mayo de 2015 supuso el punto de partida para la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi. Dos años más tarde Aefame ya registra un crecimiento del 55% en su número de socios, que ha pasado de los 39 del ejercicio anterior a los 53 actuales –29 compañías vizcaínas, 14 guipuzcoanas y 10 alavesas–. Entra todas ellas dan empleo a cerca de 51.000 trabajadores y su facturación de 12.612 millones de euros equivaldría a un 19% del Producto Interior Bruto (PIB) vasco. Aefame celebró ayer en Vitoria su asamblea anual en la que se pusieron sobre la mesa los principales objetivos estratégicos que tiene la asociación para 2017. El aumento en el número de asociados se interpreta como un aliciente para buscar la «consolidación y adhesión» de nuevas empresas de los tres territorios, con el reto de alcanzar «el centenar» a corto o medio plazo. Las empresas familiares vascas aspiran también a consolidarse como «interlocutor con la sociedad, los agentes económicos y las instituciones», apuntó el presidente de Aefame, Javier Ormazabal.

A primera vista, las teorías de Jean Tirole ( pueden parecer complicadas. Es propio de un ganador del Nobel de Economía, galardón que recayó sobre el galo en 2014. Se reconocía así a uno de los economistas más influyentes del momento por sus análisis del «poder de las empresas, la competencia y su regulación». Pero Tirole, pese a ser un hombre de grandes teorías, mantiene los pies sobre la tierra y conoce los problemas de la economía ciudadana: «Desde que lo recibí tengo el deber de comunicar más porque la economía puede ayudar a que el mundo pueda ser un lugar mejor» y «a que la gente descifre cómo vivimos», asegura en esta entrevista.

La pugna entre Susana Díaz y Pedro Sánchez para liderar el PSOE será más reñida de lo que se esperaba. Si la andaluza pretendía que la recogida de avales supusiera un mazazo para su rival más directo no lo ha conseguido. Ella ha recibido el apoyo de 63.600 militantes, pero el ex secretario general ha dado la sorpresa al reunir 57.300 firmas, mientras que Patxi López, que puede resultar clave para que la balanza se incline de uno u otro lado, ha rozado los 12.000. Más del 70% de la militancia se ha pronunciado, algo insólito hasta ahora en un partido que busca a su líder más dividido que nunca.

El Gobierno vasco está dispuesto a colaborar en el rescate del astillero La Naval de Sestao, que desde hace meses atraviesa una delicada situación como consecuencia de las pérdidas acumuladas en los últimos años. Así lo han indicado a EL CORREO fuentes conocedoras del proceso de negociaciones que se sigue estos días para intentar cuadrar una operación compleja, aunque antes será necesario que los accionistas aprueben una ampliación de capital. La fórmula para concretar ese respaldo del Ejecutivo vasco no se ha definido por el momento y pasaría desde la vía menos ‘invasiva’ de la concesión de ayudas, sustentadas sobre proyectos de investigación y desarrollo, hasta la concesión de créditos participativos. La participación en el accionariado, señalan, está prácticamente descartada por la especial vigilancia que mantiene la Comisión Europea sobre el sector de la construcción naval en el continente.

El grupo vasco de distribución Uvesco, propietario de las enseñas BM y Súper amara y uno de los líderes del sector en el norte de España, arranca con fuerza su expansión en la comunidad de Madrid, donde, tras la reciente adquisición de la cadena Gigante, prevé abrir 50 nuevos supermercados en un plazo de diez años. En concreto, entre 2018 y 2028. Este despliegue, que incluirá la capital, comportará, según explicaron ayer los máximos responsables de la compañía, la creación de unos 1.000 puestos de trabajo directos.