20170507

El 1 de Mayo resultó un clamor sindical en toda España por unos salarios dignos y que, en definitiva, se vean beneficiados de alguna forma de la recuperación evidente que vive la economía. En el País Vasco esa reclamación también tuvo su protagonismo. Y, es más, incluso el Gobierno Vasco, por boca del responsable de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha lanzado recientemente un mensaje a las organizaciones empresariales: ahora que la remontada del PIB es evidente, con alzas que rondan el 3%, ha llegado la hora de mejorar los sueldos de los trabajadores. El ‘recado’ del consejero obtuvo rápida contestación desde Confebask: no es momento de estropear la recuperación, no vamos a dar instrucciones en ese sentido y, además, hay muchas empresas a las que una subida de las nóminas les hundiría . En ese escenario, DV ha querido consultar por la conveniencia, la necesidad o la oportunidad de elevar los salarios en el País Vasco. Unas nóminas, es cierto, que son de media más altas que en el resto del Estado pero que se corresponden con una masa social que también ha apretado los dientes a lo largo de la crisis, soportando –esto lo reconoce el propio presidente de Confebask, Roberto Larrañaga– cierta pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.

«Positivo». Esa es la única palabra que, sistemáticamente, se ha repetido entre los protagonistas de estas páginas al reclamarles una valoración sobre los recientes acuerdos en materia presupuestaria entre PNV y PP y la resolución del Cupo entre gobiernos. Políticos, catedráticos y expertos en economía valoran la trascendencia de dichos pactos, beneficiosos no solo para Euskadi, sino para el resto del Estado, coinciden. Sin embargo, son varios quienes subrayan el malestar –o, al menos, cierta incomodidad– que está creciendo en el resto de comunidades autónomas. En cualquier caso, confían en que esta ‘operación diálogo’ PNV-PP y ese clima de mayor avenencia entre ambos ejecutivos pueda permitir nuevos acuerdos en el futuro.

Las duras críticas lanzadas por los partidos EH Bildu y Podemos contra el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PP en torno a los Presupuestos Generales del Estado no supondrá un voto contrario a la renovación de la Ley Quinquenal del Cupo en el Congreso de los Diputados. En el debate semanal entre parlamentarios de Radio Euskadi, los portavoces de ambas formaciones censuraron ayer el acuerdo entre nacionalistas y populares, pero desvelaron que no dificultarán la revisión de la ley que fija las aportaciones de Euskadi al Estado por las competencias no transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ni las críticas internas de la izquierda abertzale y Podemos, ni las externas de buena parte de los barones regionales del PSOE e incluso del PP han logrado enturbiar la satisfacción del lehendakari, como del resto de la cúpula del PNV, por el multimillonario pacto presupuestario cerrado esta semana con Rajoy. Iñigo Urkullu solo encuentra argumentos positivos para defenderlo. Desde el chorro de millones que dejará a Euskadi a las perspectivas que abre de que se produzcan acercamientos en el futuro en materia de normalización y autogobierno. «¿Que con el pacto damos estabilidad al Gobierno Rajoy? Es que hoy es absolutamente conveniente», sostiene.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para sacar adelante los Presupuestos del Estado ha sacado a la luz el trato de favor que recibe la industria vasca frente al resto de España en materia energética. Fuera del País Vasco, la industria no vasca se queja desde hace tiempo de ese trato preferente; pero ahora se ha acrecentado tras trascender que se hayan modificado los peajes (la parte del precio de la electricidad que fija la Administración) que debe pagar la industria de manera que si el consumo supera los 36 kilovoltios se haga un pejae diferente, lo que, a su juicio, supone un coste adicional de 50 millones para el sistema. Una cantidad que es adicional a los 100 millones que ya tenía desde 2013, cuando se dividieron en dos baremos en función de la energía consumida.

Mariano Rajoy no tiene aún garantizados los votos suficientes para sacar adelante el proyecto de Presupuestos para 2017. Falta uno, el 176, y los ojos se vuelven hacia el diputado de Nueva Canarias (NC), asociado con el PSOE, Pedro Quevedo, mientras se hacen cálculos sobre el precio que se puede asumir para alcanzar ese apoyo. Hasta 500 millones reclama la formación del archipiélago, una factura que podría llegar a rebajarse hasta poco más de 300, pero ante la que Hacienda tuerce el gesto. Las cuentas «no dan para más», advierte Cristóbal Montoro,

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, considera que la situación económica de la eurozona ha mejorado lo suficiente como para alejar el riesgo de deflación, por lo que en el Banco Central Europeo (BCE) hay «indicios» que apuntan a que se abandonará gradualmente la política de bajos intereses. En una entrevista con el diario alemán ‘Passauer Neuen Presse’, Schäuble mostró su confianza en la positiva evolución de los países con problemas en la zona euro. «Soy optimista respecto a que Francia, con un gobierno Macron, hará avances. En Italia estamos en el camino correcto. Y también Grecia evoluciona mejor».

Muy lejos quedan aquellos tiempos en los que la gran mayoría de mujeres se dedicaba a las tareas del hogar. De hecho, ellas, que fueron las grandes damnificadas por la crisis, son las principales protagonistas de la recuperación del mercado laboral español. No solo es que hayan ganado todo el empleo perdido por la recesión, sino que además marcan récords. Nunca en la historia de España se había dado que hubiera 8,4 millones de afiliadas a la Seguridad Social, según los datos correspondientes a abril publicados este jueves por el Ministerio de Empleo. Esto significa que se han recuperado con creces los niveles precrisis e incluso hay 278.000 empleos femeninos más que en 2007, cuando se tocó máximos, y 2,7 millones más que a principios de siglo XXI, cuando ni siquiera se llegaba a las 6 millones de ocupadas registradas.

Las medidas antidumping contra los productos siderúrgicos chinos o de otros países parecen tener un efecto positivo en las cuentas de resultados de las compañías del sector del acero tanto de Europa como de Estados Unidos. Y en este sentido, la administración norteamericana de Donald Trump parece decidida a proteger a las empresas siderúrgicas estadounidenses contra prácticas desleales como la venta de productos por debajo del precio de coste en el mercado norteamericano y de hecho estudia implantar una nueva ronda de medidas proteccionistas con la novedad de que esta vez se incluyen productos procedentes de países de la Unión Europea (UE).

La sentencia del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por la que obliga a España a pagar 128 millones de euros, más los intereses correspondientes, por los perjuicios que el recorte de las primas a las energías renovables causó a tres plantas termosolares instaladas en 2007 por el fondo británico Eiser Infrastructure tras una inversión de 900 millones, ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de las energías renovables en el pool energético español, en general, y el de la energía solar, en particular. Así, como el quebranto económico, según Anpier, que han sufrido miles de ciudadanos que apostaron por invertir en la solar fotovoltaica con unas primas a la generación que se han visto recortadas en un 40%. Según datos de REE, en 2016 la energía eléctrica de origen solar representó el 5% del mix energético español. La fotovoltaica aportó 7.979 gigavatios-hora y la termosolar, 5.102. En total 13.081 frente a una generación total de 262.859.

El desmadre en el que vivió buena parte del sistema financiero español durante la bonanza precrisis a punto estuvo de provocar el rescate de España. El problema no fue sólo que muchas cajas de ahorros se convirtiesen en el ecosistema de corruptos e incompetentes. Hubo más. Por ejemplo, los desfases generalizados en la concesión de hipotecas o la comercialización fraudulenta de productos como las preferentes y las subordinadas. Para tratar de evitar que los desmanes se repitan, la regulación que concierne a las entidades financieras se ha endurecido. Especial mención merecen las directivas europeas MiFID (sobre todo la II, de 2014). Ahí, entre otras exigencias, se recoge que los empleados de banca deben tener una formación específica para informar y asesorar a los clientes. ¿Cómo hacerlo? Con exámenes específicos. Y las pruebas son duras. Tanto, que buena parte de los trabajadores de banca están muy preocupados.

Las empresas del Ibex 35 ganaron el año pasado 34.000 millones, un 64% más que en el ejercicio anterior, en una confirmación de que la crisis ha quedado atrás para la mayoría de ellas. Sus setenta principales directivos –presidente y consejero delegado– obtuvieron 161 millones sólo en retribuciones –sin incluir los planes de pensiones–, lo que representa un 0,5% de esas ganancias y prácticamente la misma cuantía que la abonada en su patrimonio durante el año anterior. Pero existen unas diferencias tan significativas que la maraña de retribuciones –metálico, acciones u opciones– y de asignaciones –planes de prestación– muestra un contexto de alternativas que escapan en la mayor parte de los casos de la visión del pequeño accionista, los empleados o los clientes de la firma.

Marine Le Pen ha centrado su programa económico en la idea de defender y proteger. Un llamamiento a lo que ella llama un «proteccionismo inteligente», mediante la recuperación de la soberanía monetaria y económica (también la legislativa y territorial), con un punto particularmente espinoso, precisamente por la falta de claridad en las explicaciones que da el partido: la salida del euro. El FN ha abandonado la idea para tranquilizar a su electorado y ahora propone la cohabitación de una moneda nacional, utilizada en las operaciones internas y para el dinero de bolsillo de los ciudadanos o cuentas bancarias, y una moneda común para los intercambios internacionales.

Nekane Balluerka tomó posesión de su cargo como rectora de la Universidad del País Vasco el 10 de enero. Pasados cuatro meses, reflexiona sobre la situación en la que se encontró la UPV/EHU, los retos a los que se enfrenta y las medidas que piensa tomar junto a su equipo a lo largo de esta legislatura.

Para crecer, a veces ni siquiera hacen falta grandes inversiones. Basta con armar un puzzle. El encaje de piezas que conjuguen un engranaje perfecto, capaz de forjar un gigante. Smart Factory Alliance es el fruto de ese juego colaborativo. Sus padres son cinco empresas vascas expertas en la informática que han visto en la unión de sus puntos fuertes un arma para plantar cara a grandes multinacionales como Siemens, General Electric o Sharp. Se trata de las vizcaínas SoC-e y Semantic Systems, que junto a las guipuzcoanas Ibermática Industria, Grupo i68 e IDS Industrial ya se preparan para irrumpir con fuerza en el mercado de la industria 4.0.

Aitor Esteban defiende el pacto presupuestario con Madrid por las contrapartidas arrancadas para Euskadi y por estabilidad económica, y espera que Madrid se siga abriendo a las demandas vascas pese al borrón del recurso a ley de abusos policiales.

El pasado 26 de marzo, el historiador Raúl López Romo, autor del Informe sobre los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, señalaba que en situaciones de violencia grave se generan cuatro comportamientos: los provocadores del daño injusto; los indiferentes; las víctimas; y los justos que, pese a los riesgos, respondieron ejemplarmente. Los justos se arriesgan a ser laminados entre las condenas homogéneas —«toda la sociedad vasca fue culpable»— y el relativismo — «todos hemos sufrido»—. En Euskadi hubo personas corrientes que dieron ejemplo. Unos permanentemente. Otros, en algunos momentos. Reivindicarlos tiene un «formidable poder pedagógico» al evidenciar el abismo moral entre ellos y los totalitarios, afirma López Romo.

«Comencemos con algunas citas que merecen recordarse: «Yo voté en contra del actual modelo que no me gusta y que tiene sus dificultades» (Mariano Rajoy, 2014); «Opaco, dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente» (Cristóbal Montoro, 2013); «Es satánico y hay que reformarlo con urgencia» (Cristina Cifuentes, 2015); «Es una locura» (Luis Garicano, 2015); «Es opaco, arbitrario, injusto e ineficaz» (Inés Arrimadas, 2016); «Es el problema más grave que tiene España y un auténtico disparate» (José Manuel García-Margallo, 2017). ¿Verdad que son duros todos los calificativos anteriores? Pues aclaro de inmediato que no se refieren al Cupo, sino al modelo de financiación de las quince comunidades de régimen común. Por lo tanto, centrándonos ya en los acontecimientos de los últimos días, quiero ante todo felicitar muy calurosamente a los artífices de los acuerdos cerrados sobre el Cupo y otras muchas materias. Contribuyen a la estabilidad, valor muy importante, y además benefician a la ciudadanía y a la economía de Euskadi».

«Hace unos días, la Asociación de Empresa Familiar de Euskadi (AEFAME) realizó una jornada de trabajo en la que presentó un informe sobre la situación de las empresas familiares en el País Vasco y su peso e importancia para nuestra economía. Este tipo de compañías representan el 84,41% del total y suponen, sin incluir las microempresas, un 44% del valor añadido y más del 55% del empleo en Euskadi. Constituyen por tanto, la columna vertebral de la economía vasca. El informe destaca también la resiliencia de este tipo de empresas en momentos de crisis como la que acabamos de vivir. Por ejemplo, han conseguido salvaguardar mejor el empleo que otro tipo de empresas. Además, han tendido a mantener sus centros de decisión en Euskadi, con lo que esto supone de promoción del empleo, tanto directo como indirecto, y mayor contribución fiscal del conjunto de su actividad».