20170624

La nueva secretaria general de CC OO de Euskadi, Loli García, reclamó ayer al Gobierno vasco «la convocatoria inmediata de la Mesa de Diálogo Social». En una comparecencia en Bilbao junto a la ‘número dos’ del sindicato, Mari Cruz Vicente, y Santi Martínez, secretario de comunicación y de relaciones sociopolíticas, dejó claro que la central «no es una consultora» a la que el Ejecutivo autonómico «pide opinión» sobre determinadas cuestiones. De ese modo, se mostró favorable al deseo manifestado el miércoles por la consejera de Trabajo, María Jesús San José, de reactivar las negociaciones institucionales con los agentes sociales y dotarlas de soporte normativo.

«No tengo intención de saquear tributariamente a nadie para obtener recursos», respondió ayer el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, a una pregunta parlamentaria del popular Antón Damborenea. El consejero suavizó así las expectativas del Gobierno Vasco en torno a los próximos cambios fiscales que se están preparando en la CAV. En las últimas semanas, Ejecutivo y diputaciones han manifestado posiciones encontradas en el debate fiscal, mientras desde el mundo laboral empresarios y sindicatos lanzan también propuestas antagónicas. Lakua opta por esperar a conocer hasta qué punto se mantiene el alza de la recaudación a lo largo de este ejercicio para hacer una valoración de la reforma que entró en vigor en 2014 y programar cambios.

Combatir el fraude fiscal y promulgar buenas prácticas son el objetivo del acuerdo oficializado ayer entre la Diputación de Gipuzkoa y diversos agentes del territorio a través de la firma de un convenio de colaboración con Adegi, Cámara de Gipuzkoa, Federación Mercantil, Colegio Vasco de Economistas, Colegio Oficial de Abogados de Gipuzkoa y Colegio Oficial de Gestores Administrativos del País Vasco. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, señaló tras la firma que se trata de unir fuerzas contra una práctica que «nos perjudica a todos». El novedoso acuerdo público-privado busca ganar en «eficacia y eficiencia» desde la colaboración y destapar «nuevas bolsas de fraude»

El Tribunal Constitucional ha asestado un duro golpe en la línea de flotación de la Ley de Unidad de Mercado: el sistema de licencia única que permitía que las empresas instaladas en una comunidad autónoma pudieran ofrecer sus servicios o vender sus productos en cualquier otra región, sin necesidad de someterse a nuevas exigencias burocráticas. El Constitucional ha anulado por unanimidad dos preceptos clave de la norma en este sentido al estimar que suponen una «quiebra» de las competencias territoriales atribuidas por la Carta Magna. En una nota informativa sobre el fallo acordado por el TC este miércoles en relación al recurso de Constitucionalidad sobre la Ley de Unidad de Mercado, el Tribunal declara inconstitucionales y nulos los artículos 19 y 20, así como la disposición adicional décima, de la ley impugnada por la Generalitat de Cataluña.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, afirmó ayer ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que la incertidumbre económica que amenazaba a la eurozona ya se ha «disipado» y que hay una «nueva esperanza» en Europa. Draghi, que participó en la Cumbre Europea que se celebra en Bruselas, trasladó a los líderes un mensaje de optimismo pero sin dejar de lado su tradicional llamada a aplicar reformas estructurales y sanear las finanzas públicas.  El principal cambio en los últimos meses es que «la gran incertidumbre persistente ya no está» y que «hay una nueva esperanza puesta en el proyecto europeo», dijo Draghi, quien citó al economista Larry Summers para recordar a los gobernantes europeos que «el estímulo más barato es la confianza». Y para recuperar esa confianza Draghi reiteró su receta de reformas y consolidación.

La recuperación de la economía española presenta una característica inaudita en la zona euro: mientras que en Europa las empresas invierten poco y no bajan su deuda, en España aumentan la inversión el triple que las europeas al tiempo que además recortan su endeudamiento. Se trata de un círculo virtuoso favorecido por la reforma laboral y los bajos costes financieros. Desde 2012, las compañías españolas han podido aumentar sus márgenes para financiar estas inversiones, tal y como se desprende del informe anual del Banco de España.

Las haciendas forales implantarán a partir del 1 de enero de 2018 el sistema de gestión del IVA basado en el suministro inmediato de información –mecanismo bautizado como SII–, una medida cuya aplicación justifican en la simplificación de la gestión y para reforzar la eficacia en la lucha contra el fraude. El mismo sistema se pondrá en marcha en el resto de España el próximo 1 de julio y en estos momentos se encuentra en pruebas para que en cada territorio a finales de año esté ultimado. De momento, lo que se ha iniciado, o al menos así lo ha hecho Gipuzkoa, es el aviso por carta a las empresas afectadas de que deberán acogerse a la nueva fórmula nada más comenzar el próximo ejercicio.

El Consejo Europeo que terminó ayer, el último del curso y el primero de Emmanuel Macron, estuvo marcado por tres hechos: el inicio de la negociación del Brexit, la presentación de credenciales del galo como gran «protector de Europa» y el relanzamiento del eje franco-alemán como motor comunitario. La segunda fue la jornada en la que los 27 le dieron el primer y rotundo no oficial a Theresa May. La primera ministra llegó a Bruselas con una oferta «seria, justa y que dará confianza y certidumbre» debajo del brazo. Una propuesta «vaga » según el primer ministro belga, Charles Michel, para reconocer el derecho de residencia a quienes ya lleven cinco años en su país, y «tratar de dar los mismos beneficios en Educación, Sanidad y pensiones» a los europeos. Tocó hueso. «Es un paso, pero insuficiente», dijo Jean- Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

La tercera lista de morosos de la Agencia Tributaria está integrada por 4.549 contribuyentes, cuya deuda fiscal supera el millón de euros. Son un 4,6% menos de deudores aunque las dos anteriores. Desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro insisten en que un 20% de los integrantes de la primera lista de 2015 ya han abonado sus deudas y no figuran en esta última relación, difundida ayer. Se trata de la tercera edición de la conocida como lista negra de Montoro, que incluye a aquellos contribuyentes, personas físicas o empresas, que al 31 de diciembre de 2016 tengan una deuda con la Agencia Tributaria superior al millón de euros. En este inventario de morosos figuran 338 personas físicas, que acumulan una deuda de unos 700 millones de euros y 4.211 empresas que tienen pendientes cuotas tributarias, sanciones, recargos e intereses de demora por un importe de 14.700 millones de euros.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, rechazó ayer en el Parlamento ante una interpelación del PP que la existencia de dos centros de ciberseguridad en Euskadi, uno ubicado en Álava –impulsado por el Gobierno vasco– y otro en Gipuzkoa –promovido por la Diputación–, suponga una «duplicidad o solapamiento», ya que el centro patrocinado por el Ejecutivo autonómico «es para Euskadi esté donde esté». Al tiempo, reiteró la «disposición abierta» del Gobierno a trabajar «de forma complementaria» con el centro guipuzcoano.

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía, remitió la semana pasada al Consejo de la UE un alegato sobre el proyecto de directiva de renovables que supone una enmienda casi a la totalidad a las propuestas de la Comisión Europea y, sobre todo, al endurecimiento que reclama el Parlamento Europeo. La directiva forma parte del llamado paquete de energía limpia, en proceso de negociación en las instituciones europeas. Y el escrito del Gobierno se traduce en un no a todas las medidas relevantes que plantea la UE para alcanzar los objetivos medioambientales hasta 2030. El Ejecutivo ataca de entrada la intención del ponente del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista José Blanco, de establecer objetivos nacionales vinculantes para la reducción de emisiones de CO2. La propuesta supondría para España un objetivo del 36% en 2030, más del doble de la producción actual.

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Ehne se concentraron ayer frente a la sede del Gobierno Vasco en Bilbao para denunciar el accidente laboral mortal ocurrido esta semana, en el que un trabajador de 45 años falleció en Mundaka como consecuencia de un golpe de calor. Tanto ELA como LAB aseguraron que el Ejecutivo vasco es «responsable directo» de los accidentes laborales por su «falta de medidas» y su «colaboración» con los empresarios para sostener una «situación de precariedad».

Banco Popular no presentó todas las garantías de las que disponía para seguir recibiendo las inyecciones de liquidez de emergencia del Banco Central Europeo. Así fue lo señaló ayer el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso. De acuerdo a lo apuntado, Popular recibió toda la liquidez que se le podía otorgar en base a las garantías presentadas. Alonso dijo, en reiteradas ocasiones, que existía la sospecha de que la entidad contaba con garantías adicionales porque las presentadas eran muy escasas. No obstante, el subgobernador del Banco de España se mostró tajante y subrayó que pese a ello, la situación del banco era crítica. Es decir, no había razones para pensar que la ejecución de la entidad se podría haber evitado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los empresarios Jesús Terciado y Jesús Bárcenas de cometer fraude en Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, integrada en la patronal CEOE. Ambos fueron presidentes de Cepyme y, por tanto, vicepresidentes de CEOE. El fiscal pedía cuatro años de cárcel para cada uno de ellos. Para Jesús Barcenas, que fue presidente de Cepyme entre 2002 y 2010, por cobrar de la patronal 12.000 euros mensuales sin, según el fiscal, la autorización de los órganos de dirección de Cepyme.

El número de vascos que reclama la celebración de un referéndum de autodeterminación baja. A finales del pasado verano abogaba por su convocatoria el 50% y la cifra ronda ahora el 42%. De hecho, los ciudadanos preferirían que se organizaran plebiscitos sobre «problemas cotidianos de los municipios» en los que residen y materias económicas. Es una de las principales conclusiones del barómetro social de la Universidad de Deusto, que ayer presentó los resultados de su primera encuesta de 2017.

La coalición abertzale EH Bildu y ELA-STV, el principal sindicato vasco, desarrollan una estrategia concertada en contra de la gestión del Gobierno del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de actualizar el Estatuto de manera consensuada. ELA presiona al PNV para que abandone su política de pactos y construya un frente solo con fuerzas independentistas que imite la vía unilateral de la Generalitat de Cataluña hacia la secesión. El sindicato quiere forzar un cambio radical económico y político a través de la convergencia con las fuerzas independentistas, algo que aplaude EH Bildu. El objetivo del lehendakari Urkullu es «evitar cualquier tipo de fractura social».

«Uno de los estigmas a los que se recurre al hablar de la universidad es el de «fuga de cerebros». La fuga de cerebros parece una amenaza que no acertamos a sacudirnos: sigue presente en algunos sectores sociales y, ciertamente, nos preocupa. Vaya por delante que no se debe confundir ese fenómeno con un hábito esencial de la vida universitaria: la salida a otras universidades o centros de investigación y la prolongada estancia en ellos. Lo contrario a la fuga de cerebros no es la endogamia universitaria (otro estigma). Es más, una universidad cerrada y poco permeable es la mejor garantía para que, a medio plazo, padezca una masiva fuga de talento. Salir al extranjero a estudiar o investigar no es una ‘fuga’: es una parte irrenunciable de la carrera académica. Lo preocupante, por tanto, no es que el talento universitario salga al exterior. Lo preocupante es que no vuelva».