20170626

Los empresarios vascos se mueven entre la prudencia y la preocupación ante la posibilidad de que el frente independentista que impulsa el sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, junto con EH Bildu pueda provocar fractura social, como teme el Gobierno vasco. Las patronales de Euskadi reclaman un marco estable para aprovechar el crecimiento de la economía y enfatizan que una sociedad dividida y crispada tiene mucho que perder. «El actual clima de confrontación laboral no es sostenible», indicaron ayer desde la dirección de una de las asociaciones de empresarios vascas, sin entrar a prejuzgar qué consecuencias podría tener añadir crispación política a la que ya sufren en las empresas. Tanto Confebask como las patronales provinciales, además del Círculo de Empresarios vasco, quieren ser prudentes a la espera de ver si la suma de fuerzas soberanistas, sociales y políticas, genera una división social más allá del debate parlamentario entre diferentes posturas.

Frente a los nubarrones de años anteriores, el Banco Internacional de Pagos dibuja en su informe anual un panorama en el que la confianza predomina sobre el pesimismo. La coyuntura mejoró claramente en 2016. Pero junto a las buenas noticias, el coordinador El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), que celebró ayer en Basilea (Suiza) su 87ª Reunión General Anual, analiza cuatro tipos de riesgos que asoman a medio plazo: un posible repunte de la inflación, tensiones financieras, un consumo e inversión debilitados por los altos niveles de deuda y un aumento del proteccionismo, una tendencia detectable en cambios políticos como la salida de Reino Unido de la UE y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos.

En el primer trimestre de 2017, el número de asuntos que ingresaron en la jurisdicción social se disparó un 15,2%. Así lo reflejan los últimos datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial relativos a los tres primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2016. Concretamente, los asuntos registrados relacionados con conflictos laborales alcanzaron la cifra de 108.198 y en ese tiempo se resolvieron 112.856 casos, un número más elevado de los que ingresaron, aunque siguieron quedando pendientes otros 274.710 al finalizar el trimestre.

Bilbao acogerá hoy y mañana una cumbre sobre inversión responsable, que reunirá a expertos mundiales en una cuestión que cobra relevancia en el mundo de las finanzas. El volumen de fondos de inversión responsable en Europa ha pasado de 200.000 millones de euros en 2010 a más de 372.000 en 2014. Esta cita está organizada por la Diputación foral, Fineco y la Universidad de Deusto, que esperan convertir Bizkaia en un referente internacional en inversión responsable.

Comprometida desde siempre con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, Teresa Ribera llegó a ser secretaria de Estado para el cambio climático en el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero entre 2008 y 2011. Ahora directora del Instituto de Desarrollo Sostenible de París, intervendrá en el ‘Biscay ESG Global Summit’, un congreso que arranca hoy en Bilbao sobre las inversiones responsables y los llamados criterios ESG que las guían (el medioambiental, el social y el de gobierno corporativo, por su siglas en inglés).

Alex Arriola lidera desde hace cuatro años Spri, pieza clave del engranaje del Departamento de Desarrollo Económico. Arriola es una de las voces más acreditadas para interpretar la radiografía de la economía vasca. El diagnóstico es muy positivo. ¿Está Euskadi en venta? El director de Spri está convencido de que no es así. Es más, considera que si se ponen en la balanza las inversiones de las empresas de la CAV fuera y las que realizan las extranjeras en suelo vasco, Euskadi «está ganando» el partido. 

Las agencias de calificación habían pasado desapercibidas para el gran público hasta que la crisis de 2007 las trajo al primer plano, pero su trayectoria se remonta más allá. S&P celebra estos días su 25 aniversario de presencia en España y su director general mundial de Rating, Yann Le Pallec, repasa cómo ha cambiado la situación en estos años. La agencia considera que hay serias opciones de elevar la calificación de solvencia de España en septiembre por la mejora del PIB y la reducción del déficit. Le Pallec pide al Gobierno «ir más allá» en la reforma laboral para aumentar la productividad y advierte de los efectos del auge del populismo.

Último intento a la desesperada de la patronal CEOE de salvar a las empresas que no están preparadas para el nuevo IVA en tiempo real que entra en vigor el 1 de julio. Su presidente, Juan Rosell, ha enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclamando con urgencia que establezca una moratoria para las empresas que no han podido preparar sus sistemas informáticos para el Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII). Se trata de la segunda misiva que remite la patronal a Montoro. En marzo, expresaron su «preocupación por la imposibilidad material» de que las 62.000 empresas obligadas pudieran implantar el sistema y estar en condiciones de cumplir los requisitos de información exigidos, con lo que demandaban que se mantuviera un periodo de prueba entre julio y finales de año, con lo que el plazo se ampliaría de facto hasta el 31 de diciembre para que el contribuyente tuviera entonces plenamente adaptados y operativos sus sistemas informáticos y toda la información suministrada a través del mismo fuera plenamente uniforme y consistente.

Los datos en materia de ciberseguridad lo dicen todo. Cada año, más de 556 millones de personas son víctimas de delitos cibernéticos. Esta cantidad, que supera en casi 50 millones de personas a los habitantes de la Unión Europea, demuestra el alcance de la ciberdelincuencia en una sociedad cada vez más conectada. En el mundo empresarial, el 71% de las empresas reconoce haber sufrido un ataque cibernético en 2016.

Las eléctricas han echado un último órdago al Gobierno en materia de energía nuclear: o se bajan los impuestos que gravan estas centrales, o el parque actual –compuesto por ocho reactores, uno de ellos parado desde 2012– no es sostenible. Endesa e Iberdrola, los dos principales operadores, cuentan con una batería de informes realizados por consultoras españolas e internacionales para demostrar al Gobierno la «inviabilidad económica» del sector con las condiciones actuales de operación. En uno de estos documentos, se comparan los impuestos que gravan la actividad de las centrales de España y las de Francia, donde la energía atómica abastece un 80% del consumo. La tesis es que las centrales de ambos países mostrarían niveles de eficiencia similares si se igualaran los impuestos.

Un juzgado de Vitoria analiza si los máximos responsables de Lanbide han podido cometer delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento al haber avalado con sus firmas un procedimiento irregular de suspensión del cobro de la renta de garantía de ingresos (RGI) a un perceptor. La documentación aportada al juzgado de instrucción, que además fue compulsada para garantizar su autenticidad por el propio registro del Gobierno vasco, acredita que la suspensión de la prestación se puso en marcha con el presunto argumento de que el perceptor se había desplazado a Francia entre los meses de agosto y septiembre del año pasado sin cumplir la «obligación» de comunicarlo a Lanbide pero, como acredita el ararteko en una carta incluida en la denuncia, «Lanbide no informa de esta obligación, por la sencilla razón de que no existe».

El Gobierno italiano celebró ayer un consejo de ministros de urgencia para aprobar el decreto que dará luz verde a la liquidación de la Banca Popolare di Vicenza y la Veneto Banca. Intesa Sanpaolo absorberá ambas entidades, pero el coste de la operación —unos 5.000 millones de euros iniciales, con un margen de hasta 17.000 millones— repercutirá en los contribuyentes. Es una intervención opuesta a la utilizada para el Popular, que ha levantado ya las críticas de oposición y asociaciones de consumidores. La jugada puede tener consecuencias políticas para el Gobierno de Matteo Renzi y sus aspiraciones futuras.

Los accionistas de la operadora vasca Euskaltel han sido convocados hoy a una junta general en la que, además de aprobar las cuentas de la compañía del ejercicio de 2016, formalizarán la compra de la empresa asturiana Telecable, tras el principio de acuerdo alcanzado a mediados del pasado mes de mayo. La integración de Telecable se produce después de que a mediados de 2015 se cerrara la adquisición de la operadora gallega R, lo que permitirá a Eukaltel convertirse en una compañía de telecomunicaciones de tamaño medio, con una cuota de mercado muy destacable en el País Vasco, Asturias y Galicia.

«¿Puede un sindicato “hacer política”? Por supuesto. ¿Qué tipo de política? La que decidan sus afiliados y, por delegación, sus órganos de dirección. Es cierto que los sindicatos están limitados en su acción política. Tienen poco que hacer en el ámbito legislativo y en la gestión de la vida de los ciudadanos en casi todos los niveles: locales, territoriales, autonómico, estatal o europeo. Si pueden hacerlo en el ámbito económico-social: en las empresas, en los sectores, en los diferentes consejos. O, dicho de otra forma, en lo que, tradicionalmente, se ha conocido como acción sindical».