20170710

Los sindicatos están decididos a que la semana negra para la industria vasca que ha puesto sobre la mesa la crisis de varias empresas vascas en apenas siete días y que puede suponer la pérdida de centenares de empleos a la vuelta del verano, no le salga gratis al Gobierno vasco ni a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia. Ayer fue el sindicato LAB el que cargó contra la consejera y hoy ELA ha convocado una comparecencia para denunciar la responsabilidad del Gobierno en la situación de estas compañías: CEL, Xey, La Naval, Edesa o la planta de General Electric en Ortuella (Bizkaia), todas ellas con los empleos colgando de un hilo. LAB calificó de «vergonzosas» las declaraciones de la consejera Arantxa Tapia, sobre la difícil situación de estas empresas y consideró que es «un intento descarado de eludir la responsabilidad» del Ejecutivo autónomo.

En España, las mujeres perciben de media casi un 23% menos de salario que los hombres, y fruto de ese menor nivel salarial y por lo tanto de una menor cotización a la Seguridad Social también cobran 423 euros menos de pensión, según denuncia el sindicato UGT, que reclama «voluntad política» para combatir la «alarmante» brecha de género en España. El sindicato indica que, según los datos del pasado mes de mayo de la Seguridad Social, la brecha salarial se reduce a un ritmo «muy lento», al descender solo un 0,35% desde el 23,25% de diferencia en cuanto a remuneración de 2014 al 22,9% actual, un porcentaje «elevadísimo».

El enfado en CEOE era monumental. «Se entiende como una ruptura unilateral de la negociación por parte del Gobierno», decía el pasado lunes el comunicado de la patronal cuando supo que el Consejo de Ministros había aprobado el reglamento de la ley que reformó el sistema de formación en 2015. Ha sido el último capítulo de lo que el Ministerio de Empleo considera «la guerra más dura», según expresión de uno de sus altos cargos, librada en el departamento desde 2012. «La guerra» se libra por dilucidar quién decide cómo y en qué se gastan los 2.000 millones de euros que se recaudan al año para formar a trabajadores con el pago de una cuota del 0,7% sobre la base de cotización.

Hacienda acaba de conceder un préstamo de 10.192 millones de euros a la Seguridad Social para que pueda pagar las pensiones en julio y diciembre. En esos dos meses, el sistema de protección social tiene que gastar 17.000 millones de euros, porque tiene que abonar la nómina ordinaria y la extraordinaria. En un caso, la de verano y, en otro, la de Navidad. Esta operación financiera tiene varias claves: la primera es que el Gobierno se resiste a pasar a la historia como el responsable de haber agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La segunda clave del préstamo de Hacienda a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones es aplazar en diez años su devolución y sin intereses. Tampoco hay incremento del déficit.

BBVA Research considera que España no conseguirá cumplir los objetivos establecidos para la energía eólica en el Plan de Energías Renovables 2011-2020, fijados en un total de 38.000 megavatios (MW) antes del final del periodo, de los cuales 35.000 MW serían terrestres y 3.000 MW marinos, según un informe del servicio de estudios de la entidad financiera vasca. A pesar de las recientes adjudicaciones de permisos para proyectos eólicos terrestres, con 500 MW en la subasta de enero de 2016 y casi 3.000 MW en la del pasado mes de mayo, y de los 3.000 MW adicionales de renovables que el Gobierno subastará este mes de julio, donde la solar también podría formar parte de la subasta, BBVA Research señala que no serán suficientes para alcanzar ese objetivo en 2020.

El tráfico de mercancías en los puertos españoles no parece haberse resentido, en general, de la conflictividad social que el sector ha vivido desde febrero a raíz del primer intento frustrado del Gobierno por reformar el sector. Según los últimos datos publicados desde el Ministerio de Fomento, de enero a mayo el flujo de carga gestionado subió un 3,7% en relación al mismo período de 2016 hasta alcanzar 217,5 millones de toneladas. En ese último mes los movimientos crecieron incluso el doble, un 7,5%, hasta los 46 millones de toneladas.

Euskadi ha perdido desde el inicio de la crisis el 30% de sus oficinas bancarias. En concreto se han suprimido más de 600 sucursales –sólo el año pasado 100–, hasta dejar el parque por debajo de las 1.400, según datos del Banco de España actualizados al pasado mes de marzo. Más de 62.000 vascos viven en los 101 pequeños pueblos que se han quedado en los últimos años sin ninguna oficina bancaria en sus calles.

Jerker Johnson ha sido uno de los ponentes invitados al curso de verano organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en el que se han abordado diferentes sistemas implantados en regiones europeas con el objetivo de especializar sus economías en aquellas actividades en la que se han detectado fortalezas. El director de  internacionalización del Consejo Regional de Ostrobohtnia, zona situada en Finlandia,  disertó sobre la fórmula empleada en esta región que ha obtenido unos resultados iniciales interesantes que confían en potenciar. Ostrobothnia apuesta por las firmas exportadoras porque trabajar en un mundo globalizado les exige un mayor esfuerzo en innovación.

Juan Rosell celebra el cuadragésimo aniversario de la patronal CEOE con una organización que «ha alcanzado la velocidad de crucero». Una situación a la que ha llegado después de duros ajustes y tras dejar atrás la crisis más grave de su historia por los delitos cometidos por el que fuera su presidente Gerardo Díaz Ferrán. El desafío del independentismo catalán, la negociación salarial con los sindicatos o la lacra de la corrupción inquietan al presidente de los empresarios, cuando le quedan menos de dos años para dejar el cargo por limitación del mandato a ocho años.

Federico Steinberg es experto en economía política internacional. La incorporación al patronato de Tecnalia del Real Instituto Elcano, del que es investigador, le ha traído hasta San Sebastián a ofrecer una exposición sobre la materia que domina y que tantos quebraderos de cabeza ‘nos’ da. ‘Brexit’, Trump, UE... cualquier tema requiere de un análisis profundo. El objetivo: desentrañar qué puede pasar en el mundo a corto plazo.

El maremágnum de actuaciones jurídicas que ya ha iniciado una parte de los perjudicados por el rescate del Banco Popular se incrementa desde que hace ahora un mes que la Unión Europea declaró la inviabilidad de la entidad y el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria) se la adjudicó al Santander. Asociaciones de consumidores, bufetes de abogados, agrupaciones de inversores minoritarios y algunos de los antiguos grandes accionistas del banco se han puesto en marcha para reivindicar lo que consideran un error por el que pleitearán para ser compensados por las pérdidas acumuladas en su patrimonio personal o empresarial. Aunque los frentes abiertos son aún muy heterogéneos, se estima que esa compensación, de ser aceptada por la Justicia, supondría un coste de entre 7.000 y 12.000 millones, según apuntan fuentes jurídicas y financieras. Sería el resultado de sumar la propia capitalización bursátil del Popular el día en el que fue intervenido.

«Días atrás la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha lanzado una enfática invitación al empresariado de nuestro país, para que comparta los efectos favorables de la recuperación económica, alto crecimiento y recuperación sostenida del empleo, subiendo los sueldos de los trabajadores por cuenta ajena del sector privado. […]  en una economía de mercado, la fijación de los salarios no puede obedecer a proclamas ni sólo a consideraciones voluntaristas. La teoría económica recuerda que la cantidad demandada de trabajo aumenta con la disminución de los salarios, y alternativamente disminuye con el aumento de los mismos. Subidas de salarios –salvo en sectores de comprobada competitividad– producen destrucción de empleo».