20170719

El Gobierno vasco, Confebask, CC OO y UGT renovaron ayer su voluntad de «llegar a acuerdos» y «profundizar en el entendimiento» durante la primera reunión en un año de la Mesa de Diálogo Social, según explicó a su término la consejera de Trabajo, María Jesús San José. El encuentro estuvo marcado por la ausencia de los sindicatos ELA y LAB, que en los últimos días han intensificado sus críticas contra estas negociaciones que, a su juicio, están «vacías de contenidos». Pero todas las partes dejaron clara su intención de seguir adelante y concretar avances. Como muestra, el Ejecutivo autonómico explicó a los agentes sociales su propuesta para el órgano permanente que institucionalizará esta interlocución y que servirá de cauce para que las organizaciones sindicales y empresariales participen en las políticas socioeconómicas. Será en septiembre cuando se concreten las materias a tratar en este órgano, que abarcará desde la política industrial a la siniestralidad pasando por la Formación Profesional.

«Más industria, mejor industria y una política industrial eficiente» son los tres objetivos estratégicos del ‘Plan de Industrialización 2017-2020’ aprobado ayer por el Consejo de Gobierno vasco en Vitoria. Lo que pretende es tener un tejido productivo «mejor y más competitivo, más internacionalizado que genere un empleo de calidad y permita contar con una economía fuerte y consolidada», afirmó la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, durante la presentación del mismo. Para ello, y con el propósito de lograr que la industria alcance una aportación del 25% al PIB de la economía de Euskadi, el Ejecutivo autonómico movilizará en esos cuatro años un total estimado de 1.225 millones de euros a través de sus presupuestos, más otros 1.000 millones en forma de créditos diversos y avales.

La mayoría de la juventud vasca de entre 15 y 29 años - seis de cada diez - considera que está en mejores condiciones que sus progenitores a su misma edad, según un reciente estudio del Observatorio Vasco de la Juventud, dependiente del Departamento de Empleo del Gobierno Vasco. 

Además, el estudio dice que la temporalidad afecta a más de la mitad de la juventud y el salario medio ronda los 1.000 euros. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se suma al optimismo de los principales organismos y entidades financieras y eleva al 3,1% su previsión de crecimiento del PIB para este año. El organismo, cuya línea de previsiones suele estar en el tramo bajo entre los analistas y las instituciones, da un voto de confianza con una revisión cinco décimas por encima del 2,6% estimado en abril, y que podría ser todavía mayor «gracias al impulso generado por las reformas del pasado», que han hecho que la economía española sea «más competitiva, flexible y resistente». El organismo elogió el «impresionante» crecimiento de la economía española durante los últimos cuatro años y de la creación de empleo en España, gracias a la mejora del consumo, la inversión y el notable esfuerzo del sector exportador. El FMI estima que el PIB superó el nivel precrisis en el segundo trimestre del año y supera la media de la eurozona, creando, además, uno de cada cuatro puestos de la zona euro.

Es una de las materias recurrentes que siempre sale a colación cada vez que tiene lugar una reunión entre miembros de los gobiernos central y vasco. Y más aún en los últimos meses, cuando la cordialidad y el diálogo caracteriza las relaciones entre ambas administraciones. Pero la respuesta siempre es la misma: No. Ayer volvió a dejarlo claro la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el transcurso de una visita a Vitoria para la firma en Lakua de un convenio de colaboración con el Ejecutivo autónomo. El Gabinete de Mariano Rajoy descarta la transferencia a Euskadi de la gestión de la Seguridad Social, una de las reclamaciones históricas del nacionalismo vasco, que supondría que Euskadi tuviera su propio sistema independiente al del resto del país.

Hoy puede ser un día clave para saber si la negociación del pacto salarial entre patronal y sindicatos se desbloquea o se enquista. La CEOE celebra una reunión de su junta directiva en la que abordará la última propuesta tras acercar el lunes posturas con CC OO y UGT. Se trata de una horquilla para revalorizar las retribuciones entre el 1,2% y el 2,5% que ambas partes estarían dispuestas a aceptar (los sindicatos exigían entre el 1,8% y el 3% y los empresarios del 1% al 2,5%). El gran escollo está ahora en la cláusula de revisión si la inflación supera el 2%. Una iniciativa que los sindicatos han calificado como una línea roja para firmar el acuerdo y que la patronal considera un «paso atrás» al volver a un modelo que liga indirectamente la evolución de los salarios al IPC. Fuentes de la CEOE ven «difícil» que la junta dé el visto bueno a esa medida.

Consciente de que España está entre los países de la zona euro con más paro, la Fundación de las Cajas de Cajas de Ahorros (Funcas) abogó ayer por continuar con las reformas. Funcas alerta del aumento de las divergencias en la eurozona: el diferencial entre los países con tasas de desempleo más altas (Grecia, España, Chipre, Italia y Portugal) y los de tasas más bajas (Alemania, Malta, Países Bajos, Austria y Estonia) se duplicó en la última década, al pasar de cinco a diez puntos porcentuales. El director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el director de Coyuntura y Estadística de la entidad, Raymond Torres, presentaron las primeras previsiones económicas 2107-2018 del organismo para la eurozona. Según su análisis, el PIB de la unión monetaria crecerá este año un 2%, dos décimas más que en 2016. Para 2018, pronostican un alza del 1,9%.

Al FMI le parece «aceptable» que las pensiones públicas se revaloricen un 0,25% por año –en este ejercicio ha supuesto un incremento medio de 2,5 euros por prestación–, porque una subida mayor, e incluso ligada a la evolución de la inflación, pondría en riesgo la estabilidad del sistema. De esta forma, el organismo avala las últimas medidas del Gobierno y rechaza la petición de agentes sociales y oposición para que esas alzas sean mayores después de varios años con los importes que cobran los jubilados prácticamente congelados. Esa es una de las tesis que maneja el FMI en su Declaración Final tras la última visita a España en la que sus representantes han evaluado la situación económica del país. La responsable de esta misión, Andrea Schaechter, explicó ayer que «si las pensiones aumentan ahora, se les ofrece más dinero a los jubilados actuales, pero los del futuro tendrán que asumir esa carga».

En el tradicional lenguaje del FMI, con un reparto de alabanzas y duras críticas, en su informe sobre la evaluación del sector financiero en España, afirmó que «los legados de la crisis todavía no se han superado del todo. Las cifras de activos morosos y adjudicados se han reducido notablemente, pero se mantienen relativamente elevados en unos cuantos bancos, lastrando sus resultados». En el marco del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF), el Fondo resumió las tres prioridades a corto plazo: «Atajar las debilidades restantes y los legados de la crisis, prepararse para manejar turbulencias que amenacen la estabilidad financiera» (subida de tipos) «y fortalecer y modernizar las instituciones», algo que ya recriminó al Gobierno español, y al Ministerio de Economía, en anteriores ocasiones.

Un marco legal que favorezca las contrataciones en momentos de bonanza, pero que al mismo tiempo posibilite a las empresas hacer ajustes en sus plantillas cuando la producción cae. Ese soporte legislativo «ágil y flexible» es el que reivindicó Emilio Titos, director general de Mercedes-Benz Vitoria, la principal industria de Euskadi, ante la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que ayer visitaron las instalaciones de la planta alavesa, en las que trabajan 5.000 personas. Poniendo el foco en que el reto de toda industria es «ser competitiva», Titos resaltó que en Mercedes-Benz Vitoria se dan ya las mejores condiciones para seguir caminando hacia ese objetivo gracias al soporte del «acuerdo que tenemos con la parte social y del que estamos orgullosos». Un convenio colectivo «ágil y flexible», aseguró, que necesitaría de un contexto legislativo acorde.

EH Bildu criticó ayer «el alineamiento sistemático» del Gobierno vasco con la patronal y su «política de hostigamiento» a ELA y LAB. Además, anunció que presentará una iniciativa parlamentaria para «medir y comprobar la representatividad real» de Confebask. La formación soberanista se ha referido, de esta forma a la reunión de la mesa de diálogo social que se celebró ayer en Vitoria, con la presencia de Gobierno vasco, Confebask, CC.OO. y UGT, y la ausencia de ELA y LAB. «Es una mesa mutilada porque faltan los sindicatos mayoritarios» debido «al alineamiento sistemático del Ejecutivo con los intereses de la patronal», según EH-Bildu.

La economía española goza de la confianza de los inversores y navega tranquila por las otrora turbulentas aguas de los mercados. Así lo demuestra la prima de riesgo, que en los peores momentos de la crisis en 2012 superó los 600 puntos y dejó al país al borde del rescate, y que ayer, sin embargo, descendió de la barrera psicológica de los 100 enteros al cierre de la sesión. Un escenario que no se producía desde octubre de 2016 y que se suma al buen comportamiento de las subastas del Tesoro, que colocó 2.376 millones en letras a nueve meses a mayores tipos negativos (-0,387%).

El volumen de los créditos dudosos sigue descendiendo, aunque como alerta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe presentado ayer, continúa siendo una lacra para el sector financiero.  El crédito en mora suma 110.094 millones El Banco de España publicó ayer los últimos datos de morosidad del crédito concedido por las entidades financieras –bancos, cajas, cooperativas y financieras– correspondientes al pasado mes de mayo. Durante ese mes la morosidad volvió a bajar hasta el 8,74% tras subir en abril al 8,85%, lo que le permitió volver a caer a sus mínimos de los últimos cinco años, alcanzados en marzo.

Aunque la economía pisa el terreno de la recuperación, el ya de por sí «muy precario empleo está empeorando aún más». Así lo denunció ayer el sindicato ELA al presentar en Bilbao su informe de coyuntura laboral y social correspondiente al primer trimestre. El secretario general, Adolfo Muñoz, ‘Txiki’, y Mikel Noval, responsable del gabinete de estudios, denunciaron que «la pobreza se ha situado en un nivel insostenible». Pese a que el PIB de Euskadi aumentó un 2,8% en el periodo analizado, la creación de puestos de trabajo se ha «desacelerado», las «prestaciones están en mínimos» y se acentúa la «discriminación» a las mujeres. ‘Txiki’ Muñoz aseguró que los primeros meses del año confirman la tendencia de «sustituir empleo digno por precario».

El nuevo clima de colaboración entre los gobiernos de Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu sigue dando sus frutos. Según desveló ayer el portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, la Administración central ha iniciado los trámites para transferir a Euskadi dos de las once líneas de ferrocarril que atraviesan territorio vasco, un compromiso de calado político no tanto por la envergadura de las infraestructuras que pasarán a ser competencia del departamento que dirige Arantxa Tapia –dos trazados de corta distancia utilizados para el transporte de mercancías– sino, sobre todo, porque abre la puerta a la transferencia completa de ferrocarriles y obras públicas, prevista en los artículos 10.32 y 10.33 del Estatuto de Gernika.

El Gobierno va a abrir la puerta de la Formación Profesional (FP) para repescar a los jóvenes que se han descolgado de los estudios. Así lo establece en un real decreto que será aprobado próximamente en el que se establecen las condiciones de acceso y admisión a los distintos ciclos formativos. El borrador del proyecto de real decreto adapta los últimos requisitos legislados –que datan de 2011– a las novedades de la Lomce y también a una realidad creciente que comenzó a surgir durante la crisis: la de los jóvenes que, en vez de acceder a la FP tras terminar la ESO –el camino tradicional y mayoritario–, buscan entrar por otras vías porque, en su día, dejaron de estudiar antes de tiempo y ahora se arrepienten: no encuentran trabajo porque no están suficientemente cualificados.