20170720

La Comisión Mixta del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco rubricó ayer la Ley Quinquenal del Cupo, tras una década de desencuentros. El acuerdo, que incluye cambios que aumentan la capacidad recaudatoria vasca, permite «garantizar la paz financiera y fiscal para Euskadi» y afianzar una «relación franca y leal entre ambos gobiernos», en palabras de sus titulares de Hacienda, Pedro Azpiazu y Cristóbal Montoro.

El Consejo de Relaciones Laborales (CRL) desgranó ayer, durante la presentación de su tradicional informe anual, los puntos negros del mercado vasco de trabajo y situó entre ellos el estancamiento que se mantiene en la negociación colectiva, pese al acuerdo firmado en enero para blindar los convenios vascos. El presidente del organismo, Tomás Arrieta, no quiso atribuir las responsabilidades de este bloqueo pero sí apuntó como hecho ilustrativo que en Álava, donde hay una mayor presencia de los sindicatos CC OO y UGT, que defienden la negociación colectiva sectorial se están consiguiendo claros avances. No obstante, varios de los últimos convenios firmados han sido suscritos por las cuatro principales centrales, incluidas ELA y LAB. El caso es que allí, sumando estos pactos y el extraestatutario sellado en la industria siderometalúrgica, el 50% de los trabajadores tiene el convenio sectorial renovado frente al 26% de Bizkaia y el 10% de Gipuzkoa, según fuentes del CRL. Arrieta aseguró, además, que ELA «está negociando» y se mantiene en varias mesas de ámbito sectorial.

Los ‘vientos de cola’ de la recuperación siguen soplando con intensidad en Euskadi. Es la conclusión que arroja el último informe de Laboral Kutxa, dado a conocer ayer en Bilbao. A pesar de los riesgos que tiñeron de inestabilidad el horizonte –como el ‘Brexit’, la victoria de Donald Trump o los desequilibrios financieros de China–, 2016 «fue un buen año». Así lo aseguraron Xabier Egibar, director de desarrollo de negocio de la entidad, y Joseba Madariaga, responsable del Departamento de Estudios, que esperan que la buena sintonía se repita en este ejercicio y en 2018, por el impulso de «factores exógenos». La «política monetaria expansiva del Banco Central Europeo» así como los «bajos precios de las materias primas» contribuirán a que el PIB vasco crezca un 2,9% este año y un 2,7% en 2018. Este último dato invertirá la tendencia vista hasta ahora, ya que supondrá que la economía vasca supere en crecimiento a la del conjunto de España, cuyo incremento para el siguiente ejercicio se estima en un 2,5%.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos endurecerán sus posiciones para exigir al Gobierno vasco que actúe con urgencia para ayudar a la quincena de empresas que en las dos últimas semanas ha anunciado recortes en su actividad, despidos y posibles cierres en los que se verían afectados hasta 3.000 trabajadores. La batalla parlamentaria se dará antes, durante y después de la presentación del plan industrial 2017-2022 adelantado el pasado martes por la consejera Arantxa Tapia, que ayer fue vapuleado por los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que acusaron al gabinete de Iñigo Urkullu de ir «de la mano del PP y Confebask» con un plan «vacío» de medidas nuevas y que es «una campaña de propaganda y despiste». Sólo el PP está dispuesto desde la bancada de la oposición a avalar el instrumento político en el que el lehendakari Urkullu basa la revitalización de la industria vasca.

La junta directiva de la patronal CEOE rechazó ayer la recuperación de la cláusula de revisión salarial en los convenios colectivos como piden los sindicatos. No obstante, el objetivo de la organización se mantiene en alcanzar un acuerdo antes de final de este mes, según explicó su presidente, Juan Rosell, a los miembros de la junta y para ello aseguró que serán todo lo flexible que les permita la situación. La patronal propone una banda entre el 1% y el 2% más 0,5 puntos variables sujetos a la productividad y otros conceptos, mientras los sindicatos la colocan entre 1,8% y 3%. La cláusula de revisión se activaría si la inflación supera el 2% y tiene por objetivo impedir que los salarios más bajos no tengan garantías.

Algo más de la mitad de los trabajadores por cuenta ajena están a la espera de un pacto entre las cúpulas patronales y sindicales que regule las relaciones económicas en las empresas para este año. Pero la otra mitad no ha esperado y ha cerrado las condiciones remunerativas, en la mayoría de los casos ajustadas a las condiciones económicas de cada empresa o cada sector. Consideran que la vida de las empresas en las que trabajan no puede esperar hasta agosto para disponer de unas pautas sobre las subidas salariales o la duración de la jornada. Por ello, 4,8 millones de trabajadores han firmado ya alzas de sueldo de una media del 1,3%, mientras que poco más de cinco millones de trabajadores están a la espera.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertó ayer de que los ingresos públicos crecerán menos de lo previsto por el Gobierno. Los desvíos en las estimaciones de la recaudación son una constante. El supervisor de las cuentas públicas señaló que cumplir el objetivo de déficit de 2017, fijado en el 3,1%, es «factible, aunque muy ajustado». Durante la presentación de su informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, la Airef señaló que la Administración central y la Seguridad Social incumplirán el límite de déficit, las comunidades autónomas es probable que se ajusten a su objetivo y los entes locales sobrecumplirán, es decir, registrarán superávit cuando bastaría con que cerraran en equilibrio.

La patronal CEOE cuestiona el objetivo del Gobierno de superar los veinte millones de empleos en 2020, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en los próximos cuatro años. El Gobierno calcula que, a finales de 2019, con una creación de medio millón de empleos al año, la ocupación alcanzará los veinte millones de ocupados. Incluso, con esta previsión, el Ejecutivo estima que, a finales de 2020, se recuperaría el empleo anterior a la crisis, mientras la tasa de paro se reduciría hasta el 11% de la población activa. España alcanzó su cima histórica de empleo en el tercer trimestre de 2007, con 20,7 millones de ocupados. En este contexto, el Panorama económico de julio, publicado ayer por la patronal, subraya que «el escenario de empleo [planteado por el Gobierno] es factible con aumentos de la actividad del 3%, pero es más difícil de alcanzar con tasas del 2,5%».

«Las empresas vascas precisan jóvenes profesionales con una buena preparación técnica, que acrediten habilidades y conocimientos relacionados con la iniciativa, la responsabilidad, el compromiso, la autonomía y el trabajo en equipo». Esa es la filosofía de base, defendida por Iñigo Urkullu, que cimenta el acuerdo que ha suscrito el Gobierno vasco con las tres universidades (UPV, Deusto y Mondragón) y las asociaciones de centros de FP de Euskadi, tanto públicos como privados. Cuatro millones de euros anuales hasta 2020 –dieciséis en total– para sustentar ese puente de doble vía (formación y emprendimiento) que acerque a los jóvenes al mercado laboral.

El sector inmobiliario toma aire y se acerca a los niveles de compraventa de vivienda de 2008. Al menos eso es lo que vaticina BBVA Research, que prevé que se supere el medio millón de transacciones en 2017, un 10% más que hace un año. «Hemos aumentado nuestra previsión tres puntos porcentuales por los determinantes del mercado: creación de empleo, tipo de interés hipotecario y la evolución de la economía europea, entre otros», explicó ayer Félix Flores, economista de BBVA Research Real State, en la presentación del estudio Situación inmobiliaria en España.

Las comunidades autónomas perdieron durante la crisis unos 55.000 empleos en docencia no universitaria y sanidad. Entre 2012 y 2013, se recortaron 33.237 puestos de trabajo en educación. Y entre 2012 y 2014 se evaporaron 29.720 plazas del sistema sanitario. Sin embargo, desde 2015 se ha dado una recuperación de los efectivos conforme crecían los ingresos de las autonomías. Hasta el punto de que en educación se ha recuperado el 77% de lo perdido. En sanidad, el 50%.