20170724

«Después de muchos meses trabajando la enorme cantidad de datos que ofrecen las distintas fuentes oficiales, el CES ha publicado la Memoria Socio Económica de 2016. […]  se trata, pues; de conformar con varias perspectivas una visión global de cómo ha sido 2016. A veces, sin embargo, algunos elementos, no siempre los más importantes, resaltan por sí mismos. Este ha sido el caso de un concepto relativamente nuevo cual es la «pobreza laboral» y que se refiere a aquellas situaciones de quienes teniendo un puesto de trabajo no alcanzan una retribución razonablemente digna. Desde luego, esta cuestión tiene relevancia suficiente como para que se refleje en la Memoria. Pero, teniendo en cuenta que alcanza al 1,2% de la población con ocupación estable, o al 0,76% de la población vasca, no debiera nublar una visión general del ejercicio, que es, como se ha dicho, el objetivo último de la Memoria».

Las patronales están molestas por los continuos mensajes que se están lanzando sobre la baja calidad del empleo que se crea o la necesidad de subir salarios. Si el jueves Confebask reprochaba a los organismos socio-laborales que centren su atención en una precariedad que no es la norma, ahora Cebek carga contra los llamamientos institucionales a elevar los sueldos. «Son consejos fáciles de dar porque la factura no la pagas tú», censuró ayer su presidente, Iñaki Garcinuño, en una entrevista a ‘Cadena Ser’. Garcinuño pidió «prudencia» a los representantes institucionales. «Como idea en sí misma es estupenda –poder subir salarios y recuperar el poder adquisitivo– como es importante recuperar la inversión en obra pública, o recuperar los precios de unos concursos públicos que son bastante precarios en general, o la inversión en I+D», ironizó.

El impulso que ha recibido la negociación colectiva de empresa en los últimos años se empieza a agotar. Las reformas laborales han dado prioridad a este ámbito y la apuesta del sindicato mayoritario ELA ha sido consolidar la empresa como espacio de confrontación y negociación. En 2013 y 2014, años posteriores a la aprobación de la re forma de Mariano Rajoy, en Euskadi surgieron 129 y 140 nuevos convenios de empresa, cuatro veces más que en 2012. En los dos últimos años, en cambio, las cifras bajan con fuerza hasta el medio centenar de nuevos acuerdos registrados en 2016. «El agujero que se ha creado en el ámbito sectorial no se va a poder cubrir con convenios de empresa», señalaba el pasado miércoles el presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, al valorar la situación de la negociación colectiva.

Solo uno de cada cuatro trabajadores amparados por un convenio colectivo mantienen una cláusula de garantía salarial que permite que su sueldo sea revisado al alza cada año en función de criterios como la inflación para que no pierda poder adquisitivo. La recuperación con carácter general de la cláusula de garantía, desaparecida de los convenios durante la crisis, está siendo el principal escollo para alcanzar un acuerdo salarial marco para 2017, ya que se trata de una demanda aparentemente irrenunciable para los sindicatos y difícilmente asumible para la patronal. CC.OO. y UGT ofrecen activar la cláusula solo cuando la inflación supere el 2%, aunque en las últimos días el sindicato de Unai Sordo también se ha mostrado favorable a sustituir esta garantía por una horquilla de subida salarial más alta, todo ello en vísperas de que acabe el plazo que los agentes sociales se han dado para llegar a un pacto.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecerá este jueves en el Congreso para exponer las medidas con las que el Gobierno quiere impulsar el crecimiento de las pymes. Según explica en una entrevista publicada ayer, han detectado que hay 120 normas –laborales, fiscales, de regulación y de auditoría– que desincentivan a las empresas a ganar tamaño. «Esas normas producen un efecto umbral. Hemos comprobado que hay una acumulación de empresas que están justo por debajo de esos límites, lo que significa que crecen para no tener más obligaciones fiscales, contables, laborales...», explica.

El Gobierno negocia con patronal y sindicatos un acuerdo para combatir el paro entre los jóvenes y poder gastar los fondos europeos del plan Garantía Juvenil, cuyo objetivo es insertar a menores de 30 años sin experiencia ni formación en el mercado aboral. La propuesta del Ministerio de Empleo flexibiliza el contrato de formación, pues permite que en la práctica el aprendiz sea uno más de la plantilla al entrar en los turnos de trabajo. En el documento también se incluyen medidas para fomentar la jubilación parcial y el contrato de relevo.

Cambios en las regulaciones comerciales, incertidumbres políticas, catástrofes naturales… Las empresas se enfrentan a una gran cantidad de amenazas para su actividad diaria y muestra de ello es que el 72% de los ejecutivos a nivel mundial están apreciando un aumento de los riesgos, según el informe Global Risk Landscape realizado por la consultora BDO. «Los directivos se han acostumbrado a vivir en un entorno empresarial donde es cada vez más necesario conocer, evaluar y gestionar bien todos los riesgos», señala Enrich Doménech, socio asesor en riesgos de BDO. El analista apunta que «el aumento de riesgos ya no es novedad», ya que el año pasado los niveles de directivos preocupados eran incluso superiores.

La aseguradora francesa AXA acaba de firmar un convenio colectivo con el sindicato CCOO en el que, por primera vez en España, se regula el derecho del trabajador a que, en su tiempo de descanso, la empresa no pueda molestarle por ningún dispositivo de comunicación: ya sea con una llamada telefónica, un correo electrónico o un mensaje; por el móvil, el ordenador o la tableta. Es un caso claro de adaptación de las relaciones laborales a la tecnología y a los cambios en la producción. Hace muy pocos años no hubiéramos podido pensar que toda la información de una empresa y de un sector podría caber en un bolso, en el bolsillo interior de la americana o en un lápiz de memoria. Nunca fue tan fácil trabajar fuera de la oficina, del establecimiento comercial o de la cadena de producción.

Una vez recuperado el buen ritmo de recaudación fiscal, el País Vasco entra en «un momento de oportunidad», en el que las instituciones, utilizando el Concierto Económico y las competencias forales, deberían poner en marcha una política fiscal «menos defensiva que apuntale y robustezca la recuperación económica y la cohesión social». Así lo señala el presidente del Círculo de Empresarios Vascos, Jorge Sendagorta, en el último boletín de esta asociación, que reúne a más de 70 presidentes y directores generales de grandes empresas que operan en Euskadi. Según Sendagorta, la política fiscal tiene que atender la reactivación de la demanda interna y fomentar el crecimiento y el empleo, fortaleciendo la competitividad de la economía vasca y aumentando el peso del sector industrial.

Amaia García ha comenzado este año Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Mondragon. Esta alumna ya sabe que su puesto de trabajo cuando acabe el grado será de ‘controller’ en una planta de Fagor en China. Desde este primer curso pasa la mitad de su jornada en el aula y la otra en la empresa. Amaia es una de las protagonistas de un modelo de formación dual en el que Mondragon es pionera en el Estado –junto con el IMH de Elgoibar–, y que el Gobierno vasco quiere impulsar en las universidades después de su éxito en la FP. La institución académica guipuzcoana ha hecho una apuesta fuerte por esta vía que permite «preparar a los alumnos en los perfiles que demanda el mercado laboral» y, a la vez, «responder» a las necesidades de unas empresas que precisan titulados cada vez más especializados.

Hablar de empleo de calidad es hablar del tipo de contrato y de salarios, pero también de seguridad y salud laboral. No hay garantías ni condiciones dignas sin estos factores que afectan a la salud física y emocional de los trabajadores. Los expertos opinan: invertir en medidas de prevención hace a las empresas más competitivas y sostenibles.

Eraikune, el clúster de la industria de la construcción, nació en 2010, en medio de una crisis que ha afectado de manera considerable a este sector. Aún así, en siete años ya suma 74 empresas asociadas que representan el 45% del negocio y registran una facturación de 1.800 millones de euros. Aunque algunos indicadores manifiestan una recuperación de la construcción, para el nuevo presidente del clúster, Alberto Marín, el ritmo «no es tan significativo como para que satisfaga las necesidades reales del sector de la construcción en el País Vasco». En esta nueva etapa, Marín cree que el objetivo del sector debe pasar por responder a las necesidades de la sociedad actual.

El Gobierno dará el pistoletazo de salida esta semana al rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra. El Consejo de Ministros aprobará un convenio el próximo viernes, en la última reunión antes de las vacaciones estivales, que permita a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de esas autopistas y preparar su relicitación para que vuelvan a manos privadas a finales de 2018. Así lo anuncia el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en esta entrevista, en la que señala que el coste de ese proceso de reversión al Estado de las vías de peaje será «sustancialmente menor» a los 3.500 millones de euros en los que lo cifra el sector y otros organismos.

A falta de dos semanas para que el Ministerio de Energía se pronuncie sobre el destino de la central nuclear de Garoña –el plazo vence el 8 de agosto–, la propietaria de su instalación, Nuclenor, ha estado a punto de anticiparse a la decisión del Ejecutivo y pedir el final definitivo de la actividad de la planta. La compañía se apoya en un informe encargado por sus dos accionistas – Iberdrola y Endesa– a un despacho de abogados en el que justificaba el cierre por los «importantes» costes económicos de mantenerla activa. Pero en la reunión de la junta, celebrada el miércoles pasado, Endesa optó por rechazar la petición de cese, en un intento por dejar esa responsabilidad en el Gabinete de Rajoy.