20170817

El crecimiento de la eurozona continuó ganando tracción en el segundo trimestre del año. La actividad económica en el área de la moneda única creció un 2,2% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos que publicó ayer Eurostat. Esto supone un acelerón de tres décimas respecto al primer trimestre y el registro más elevado desde el año 2011. Todas las grandes economías de la eurozona han jugado un papel importante en este aumento de ritmo, si bien destacan los fuertes avances de Holanda y España, ambas con un crecimiento superior al 3%. En concreto, la economía de Países Bajos se aceleró del 2,7% en el primer trimestre al 3,8% en el segundo, en tasa interanual, mientras que España ganó una décima, hasta alcanzar el 3,1%.

Sin euforias, pero los responsables de las haciendas vascas miran con relajación el mejor verano recaudatorio en lo que llevamos de legislatura. Tras los sustos de 2015 y 2016, el actual ejercicio va camino de batir marcas y sellar, por fin, un año en el que los ingresos por impuestos superen la barrera de los 13.000 millones de euros. Las haciendas han visto cómo en los siete primeros meses de 2017 sus arcas han recibido 1.090 millones más que en el mismo periodo del pasado curso, un 15,6% más. Por primera vez en la historia, se han sumado más de 8.000 millones de euros hasta julio –concretamente, 8.079,7–. El despegue recaudatorio coincidente con el cierre de las campañas de la Renta se confirmó ayer con la publicación de los datos recaudatorios de Gipuzkoa, que ha sumado un crecimiento del 13,2% hasta julio.

ELA acusó ayer al Gobierno vasco de «no predicar con el ejemplo» al apostar por la necesidad de «subir salarios», ya que «en sus ámbitos de responsabilidad no hay negociación colectiva y los y las empleadas públicas continúan perdiendo poder adquisitivo». El sindicato advirtió de que «la riqueza se reparte hoy» de forma «más injusta que al inicio de la crisis» también «por la acción» del Ejecutivo autónomo. La central señaló que «no es aceptable» que el Gobierno vasco se refugie, «igual que hace Rajoy», en el discurso de que la economía «va bien, dando a entender que todo se resuelve con el crecimiento económico», cuando en realidad ese alza se basa en «un aumento grave de las desigualdades y en la extensión de la miseria laboral».

La Administración autonómica vasca ha incrementado su periodo medio de pago a proveedores de 30 a 49 días en el primer semestre, por lo que ha dejado de cumplir lo establecido en la Ley de Morosidad, según el informe de la Federación nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, publicado ayer. Junto a Euskadi, aumentaron también su periodo medio de pago, entre enero y junio, La Rioja, Madrid y Galicia. El estudio, que recoge también los tiempos de demora de las diputaciones con los autónomos, refleja que Bizkaia y Gipuzkoa cumplen la ley, que establece el pago en 30 días. En la primera mitad del año, Bizkaia redujo su periodo de pago medio de 29 a 24 días, y Gipuzkoa ha pasado de 23 a 29. Sólo Álava, con 37 días (dos más que hace seis meses), no cumple la norma.

Iñigo Urkullu cargó ayer contra la izquierda abertzale y contra Arnaldo Otegi por la campaña lanzada durante las últimas semanas por las juventudes de Sortu contra el modelo turístico y deseó que sean «conscientes del daño que su actitud ha tenido en la imagen de Euskadi en el exterior».  El lehendakari ya había mostrado su «solidaridad» con el sector turístico poco después del ataque contra la sede de Basquetour. Pero ayer fue un paso más allá, y no solo se limitó a trasladar un mensaje de apoyo a través de una red social, sino que puso el foco sobre la actitud de la izquierda abertzale. Y lo hizo, además, pocas horas después de la reunión mantenida por una delegación de EH Bildu encabezada por el propio Otegi con la principal asociación de hosteleros de Gipuzkoa para intentar rebajar la presión a solo 24 horas de la manifestación convocada para hoy por Ernai en San Sebastián.

Los jubilados vascos son, con diferencia, los que más cobran de España. Perciben de media una pensión mensual de 1.315,70 euros, un 50% por encima de los que menos reciben –los extremeños, con 877,65 euros– y cerca de un 24% más que el promedio nacional, que se queda en 1.064,21. Y la distancia se mantiene en los últimos años, aunque al inicio de la crisis, en 2008, era todavía mayor, dos puntos en relación al conjunto del país. Las otras pensiones –incapacidad, viudedad, orfandad y en favor de familiares– también son notablemente mayores en el País Vasco que en el resto de España. Todas ellas, junto a las jubilaciones –las más numerosas y las más cuantiosas– dibujan un panorama que suma 544.418 prestaciones y una media de 1.143,35 euros.

Ocho de cada diez menores de 24 años reconoce haber rechazado una oferta de trabajo en el último año, según se recoge en la Guía del Mercado Laboral 2017 elaborada por Hays. Este porcentaje se ha incrementado 15 puntos respecto a los jóvenes que decían haber rechazado una oferta en 2016. Es más, en el presente ejercicio, por primera vez el principal motivo de rechazo de estas ofertas han sido las condiciones laborales del puesto, desbancando así al salario en cuanto a las causas del rechazo. Tras estas dos razones aparecen la movilidad geográfica o el tipo de contrato ofrecido. A medida que los jóvenes cumplen años, el porcentaje de trabajadores que ha rechazado ofertas se va reduciendo. Así, un 56% de los empleados entre 25 y 44 años han rechazado una oferta y a partir de esta edad la cifra disminuye aún más hasta el 45% de los encuestados.

El Consejo de Ministros decretó ayer finalmente que un árbitro será quien resuelva el conflicto laboral de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Las partes tienen 24 horas para acordar el nombre del mediador o lo designará el Ejecutivo. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que recurre a la medida porque no quedan más recursos legales. Para evitar que el conflicto se extienda a otras infraestructuras, anunció que acepta la propuesta de UGT y CC OO de buscar una salida global a la precarización en «la seguridad privada» y propuso la creación de un grupo de trabajo. La decisión del árbitro sobre el conflicto laboral, generado por la precarización de las condiciones laborales, será de obligado cumplimiento y no cabrán huelgas. El laudo deberá estar listo en 10 días «tras la designación del árbitro», según confirmó De la Serna en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Gobierno.

El sector aeroportuario se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno este verano y amenaza con extenderse hasta el final del año. Y es que ayer los sindicatos de Aena, la empresa semipública que gestiona una red de 48 aeropuertos en el país, registraron la convocatoria de hasta 25 días de huelga a partir del próximo 15 de septiembre que afectará a todas las instalaciones. La medida se produce para protestar por lo que las organizaciones de los trabajadores consideran una «precarización» de su empleo y un recorte de derechos laborales, incluido los salarios. Los paros no serán consecutivos por lo que se prolongarán, en principio, hasta diciembre, incluyendo las fechas navideñas.

Antes de sufrir una humillación mayor, Donald Trump cortó ayer por lo sano la sangría de grandes empresarios que abandonaban los órganos asesores que creó. El presidente estadounidense desmanteló dos consejos que estaban al borde del colapso ante la desbandada de sus miembros como protesta por la tímida respuesta del republicano al ataque racista en Charlottesville. Trump, que prometió llevar a la Casa Blanca sus dotes en los negocios, está aislado políticamente y ahora también empresarialmente.