20170910

El euro va emergiendo de la Gran Recesión con todas las plumas, pero Europa es consciente de que volverá a sufrir tan pronto como asome la próxima crisis. Bruselas, Berlín y París pugnan por imponer sus ideas sobre las reformas que necesita la eurozona para reforzarse. La Comisión y las capitales coinciden en la necesidad de impulsar un Fondo Monetario Europeo (FME). Pero el diseño definitivo es una incógnita: ese FME será la gran batalla política de los próximos tiempos. Alemania pretende dar un golpe de mano y quitarle a Bruselas la supervisión de la política fiscal para dársela a esa nueva institución.

La economía española ha dejado atrás esa marcha a trompicones y circula a velocidad de crucero. La recaudación avanza al mayor ritmo en la década, según los datos difundidos el pasado viernes por la Agencia Tributaria. La renovada energía de la actividad económica surte de fondos a las arcas públicas, que están comenzando a olvidar las épocas de telarañas. Las bases imponibles —el dinero sujeto al pago de impuestos— crecieron en la primera mitad del año un 5,5%. Es la mayor tasa desde 2006. La Agencia Tributaria explica que esta viveza se debe a que «en el primer semestre las rentas brutas de los hogares crecieron un 3,6%. Esta tasa es algo superior al ritmo medio de crecimiento de los dos últimos años».

Los abusos fiscales de las grandes multinacionales tecnológicas, la mayoría nacidas en EE UU, están colmando la paciencia de los mandamases europeos. Los cuatro grandes países del euro, Alemania, Francia, Italia y España han lanzado una iniciativa común para que los gigantes tecnológicos como Google, Apple o Amazon paguen más impuestos en Europa. La propuesta consiste basicamente en que tributen por el volumen de negocios que cosechen en Europa.

¿Puede la empresa monitorizar el ordenador de los trabajador y ver lo que están haciendo? ¿Está permitido que lea los correos electrónicos que envían? ¿Es posible que accedan también a las conversaciones que se mantienen a través del móvil de empresa? El debate sobre la privacidad de las comunicaciones de los trabajadores está de nuevo en la calle a raíz de la sentencia fallada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ella la Gran Cámara de Estrasburgo revoca parcialmente un fallo –dictado por la misma Alta Instancia un año atrás– que respaldaba a una empresa rumana que despidió a un trabajador después de revisar su ordenador y leer los mensajes privados que éste envió. La razón que esgrimió la empresa fue que su empleado «vulneró la normativa interna que prohibía el uso de recursos de la compañía para fines personales». De esta sentencia, que ya es inapelable, se extrae que se puede ‘espiar’ a los trabajadores... pero con unos límites. Entre éstos, que al empleado se le haya avisado previamente y que no quede otro remedio que llevar a cabo esa vigilancia.

Si la información es poder, no es descabellado pensar que, en la economía del dato hacia la que nos dirigimos, el que saque más provecho de este conocimiento digital será el que se lleve la gloria y que aquellos que se queden rezagados no tendrán más remedio que claudicar. Y en esta batalla también hay países que están más aventajados y, otros que todavía no se han adentrado de lleno en la transformación digital. Una revolución de dos velocidades en la que España (11ª de los 14 principales países del mundo en transformación digital, según un informe de Accenture y Oxford Economics) se está quedando en el furgón de cola.

La industria ferroviaria vasca se encuentra bien posicionada para beneficiarse de un mercado que, según los analistas del sector, va a crecer en el próximo lustro a tasas de casi el 3% dada la pujante apuesta por la implantación del transporte público por ferrocarril, metro y tranvía en los entornos de las grandes urbes en casi todo el mundo. A lo que hay que añadir un mercado más focalizado en algunos países como es el de la alta velocidad ferroviaria. Desde una perspectiva global, según los expertos, partiendo de un volumen de mercado ferroviario actual de unos 160.000 millones de euros al año, se esperan unas tasas medias de crecimiento anual en el mercado mundial del orden del 2,6% hasta el 2021.

Un total de 32.500 alumnos estudian este curso un grado en la Universidad del País Vasco. La radiografía de la matriculación en la UPV/EHU muestra que la mayoría de los estudiantes optan por carreras de ciencias sociales y jurídicas, que hay más demanda de plazas para grados biosanitarios –copados por las mujeres– que puestos disponibles y que sigue siendo escasa la vocación tecnológica. Cerca de 8.100 universitarios se han incorporado a primer curso y más de la mitad de ellos ha optado por la enseñanza en euskera. Se van a encontrar con una Universidad que se ha marcado como principales retos «el impulso a la investigación, la formación dual y el incremento de las materias que se ofrecen en euskera», resume la rectora, Nekane Balluerka.

La Naval no va sola en su singladura. A su ‘tripulación’ de 215 trabajadores le acompaña un amplio equipo de la industria auxiliar, que en tiempos normales podía sumar hasta más de 1.800 personas vinculados a medio centenar de compañías. Y eso contando sólo el personal de subcontratas que trabajaba directamente en las instalaciones de Sestao. A esa cifra hay que añadir, además, la lista de pequeños proveedores externos de piezas. Todo este tejido industrial se encuentra ahora a la deriva. Los más fuertes y diversificados podrán mantenerse a flote pero los pequeños y muy dependientes del astillero se hundirán con él.

La Naval se hunde y amenaza con arrastrar a buena parte de la industria auxiliar que depende de ella. Talleres Galaferr, una empresa de Barakaldo dedicada a la fabricación de puertas estancas, escotillas y calderería en general, ha sido una de las primeras piezas del dominó en caer. En mayo entró en concurso de acreedores, aunque con expectativas de continuar. Una esperanza que se desvaneció por el devenir del astillero. Es una compañía pequeña, que no atraerá la atención mediática ni de los políticos pero que ilustra muy bien el drama de los proveedores, en muchos casos modestos talleres de la Margen Izquierda. A su cabeza está Ricardo Ferruz, tercera generación de una firma fundada en 1964. Lleva desde los 15 años trabajando en ella. Ahora tiene 48 y un panorama desolador. «Toda mi vida y el patrimonio familiar están en la empresa y ahora es el fin», se lamenta.

Mañana comienza el segundo calvario en tres años para los 327 trabajadores que aún se mantienen al pie del cañón en Edesa Industrial, la antigua Fagor Electrodomésticos. Un camino de espinas que, desgraciadamente, ya conocen y que en esta ocasión conduce a las oficinas de Lanbide, pues la propietaria de la empresa, la catalana CNA Group, que en su día parecía la salvadora, ha cumplido su amenaza y a primera hora iniciará los trámites para despedir a toda la plantilla. El conglomerado presidido por Jorge Parladé aduce que no hay dinero en la caja, con lo que es obligado el ERE de extinción. Según la empresa, sólo hay negocio para 160 personas –si se rebajan un 10% el sueldo–, fabricando en Euskadi únicamente ollas a presión, termos eléctricos y calentadores a gas, y si un desconocido inversor hace su entrada en escena apoyando el proyecto con varios millones de euros.

Poco después de las nueve de la mañana, Jeff Bezos, el tercer hombre más rico de la Tierra, llega a la sexta planta del edificio Day One, el centro de operaciones del imperio que él mismo creó en 1994 tras dejar el mundo financiero: Amazon. Amazon innova a la inversa: parte de una visión final en la que se fantasea con la presentación al consumidor para deconstruirla. Solo tienen una premisa inicial, poner al consumidor en el centro. El plan de negocio no es el núcleo. Lo importante es generar una necesidad a partir de una costumbre que adopta el consumidor. Así, todas las piezas del puzle encajan. Incluso la del fracaso. Una máxima de Bezos explica este amor por los errores: «El fracaso y la innovación son gemelos inseparables. Si ya sabes el resultado de algo, no lo haces».

El próximo 13 de septiembre la junta directiva de la CEOE celebrará su reunión mensual y, muy probablemente, su presidente, el catalán Juan Rosell, y el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de CEOE, Joaquim Gay de Montellá, se verán forzados a debatir sobre la cuestión catalana. La aprobación de la ley de referéndum de autodeterminación en el bronco pleno del Parlament el pasado miércoles y las sucesivas actuaciones ligadas al proceso independentista han dejado a los pies de los caballos a los empresarios, cuya proclama calificando dicha ley como «golpe de Estado jurídico» ha caído en saco roto.

Tras el duro esfuerzo que ha hecho la ciudadanía en los últimos años para lograr la recuperación económica, el plan de los independentistas de que Cataluña rompa con España podría poner en jaque la bonanza actual en todas sus dimensiones. Por tamaño, la economía catalana sufriría más que la española, pero un divorcio sería traumático para las dos partes, según coinciden en señalar la mayoría de los expertos. Todos los indicadores se verían afectados. A nivel nacional, la separación se traduciría en una merma del PIB, un quebranto de las cadenas productivas de valor de la Península y un aumento del déficit público. Pero a escala europea, la proclamación unilateral de una república catalana traería consigo turbulencias en los mercados por la inestabilidad que generaría su salida de la Eurozona y el impulso que volverían a tomar las primas de riesgo de los países del euro más vulnerables.

El portavoz del Gobierno vasco echa en falta «diálogo» para atajar la crisis política abierta en Cataluña, pero descarta que las acciones del Gobierno central para frenar el ‘procés’ vayan a afectar a las relaciones entre Vitoria y Madrid. Erkoreka apela al «pragmatismo» para justificar la sintonía con el Gabinete Rajoy y reconoce que las transferencias de Prisiones y la Seguridad Social podrían demorarse más allá de este curso. Tampoco pone plazo a la reforma del Estatuto que debe abordar el Parlamento vasco, aunque advierte de que no alcanzar el necesario consenso político sería «un fracaso». El dirigente nacionalista echa en falta una «salida dialogada» para el conflicto catalán y lamenta la «interferencia» de los tribunales en el ‘procés’

La llamada nueva política emergió con el propósito de regenerar los mecanismos de la vida política. Ofrecían aire nuevo. Sin embargo, en su maquinaria se aprecia cierto parón, desgaste. Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos embarrancan en sus aspiraciones electorales, precisamente en un contexto político de máxima tensión y complejidad por el desafío independentista de Cataluña. La demoscopia muestra que la sociedad parece depositar su confianza en momentos como el actual en los partidos constitucionalistas clásicos. Así, Podemos y Ciudadanos bajan en su intención de voto, según se desprende de la encuesta de Sigma Dos para El Mundo. La formación morada, con un 19,5%, y los naranjas, con un 12,7%, pierden terreno respecto a la última encuesta de mayo. Frente a este retroceso, el PP se mantiene con un 30,8% de intención de voto y el PSOE registra una importante subida, pasando del 23,5% al 26,4%.