20170920

El Gobierno quiere luchar contra la elevada temporalidad y para ello ha puesto encima de la mesa una serie de medidas encaminadas a incentivar el empleo indefinido. Entre ellas destacan el encarecimiento del despido para los contratos temporales y cotizaciones más elevadas para las empresas que abusen de este tipo de modalidad. Así se lo comunicó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a los sindicatos y la patronal en la reunión que mantuvieron para impulsar el diálogo social y establecer la agenda de trabajo hasta fin de año. La propuesta del Ejecutivo es simplificar las modalidades de contratación y reducirlas de cuatro a tres, de forma que haya un contrato indefinido, uno temporal de indemnización creciente y otro para la formación. En este último quedaría absorbido el actual contrato de prácticas.

Los retoques fiscales en los que definitivamente se sustanciará la reforma fiscal vasca mantendrán el tipo general del 28% del Impuesto de Sociedades pero introducirá leves cambios tanto en el capítulo de correcciones como en el de deducciones que forman parte de la actual normativa fiscal en Euskadi. Los equipos del PNV y del PSE-EE comandados por el dirigente del EBB Joseba Aurrekoetxea y por la parlamentaria socialista Alexia Castelo aún no han cerrado una propuesta en firme, aunque de forma paralela técnicos de las tres haciendas vascas ya están ultimando proyecciones sobre cómo incidirán en los ingresos de 2018 los cambios que los dos socios de gobierno en las tres diputaciones pretenden incluir en esta revisión de la normativa fiscal. Las Diputaciones y el Gobierno, además, pretenden clarificar cómo incidirá la devolución de la liquidación del Cupo acordada con el ministro Montoro que inicialmente fue estimada en 361 millones de euros pero que, cinco meses después, el consejero Pedro Azpiazu no es capaz de clarificar.

El año se presentaba prometedor para la negociación colectiva vasca. A mediados de enero parecía abrirse un nuevo panorama con la firma de un pacto entre las cuatro centrales mayoritarias en Euskadi (ELA, LAB, CC OO y UGT) y Confebask para dar prioridad aplicativa a los convenios vascos sobre los estatales.  El Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco auguraba entonces «un cambio de escenario para el presente ejercicio, en el que se espera que la negociación colectiva en la comunidad autónoma recupere el dinamismo del que ha carecido en los últimos años». Pero la cifra de convenios sectoriales firmados en Euskadi apenas progresaba y hoy lamenta que «la negociación colectiva sectorial en nuestra comunidad no avanza a pesar de las muchas mesas de negociación abiertas». Así lo señala en su informe ‘Situación sociolaboral en Euskadi’ correspondiente al segundo trimestre del año, dado a conocer ayer. En dicho documento, el CRL constata que ni en abril, ni en mayo, ni en junio pasados se firmó un sólo pacto de sector en el País Vasco, aunque sí hasta 13 de ámbito estatal pero aplicables en la comunidad autónoma.

El Preco recibió desde el 1 de enero al 31 de agosto pasado un total de 340 conflictos que afectan a 100.969 trabajadores del País Vasco. De ellos, resolvió 302 (con 91.230 personas concernidas), y de éstos sólo el 25,4% (77 conflictos y 9.694 empleados) acabaron con acuerdo o laudo. Según datos del Consejo de Relaciones Laborales, otras 190 disputas (63% del total) acabaron en desacuerdo (58.676 trabajadores) y 11 más (con 12.267 empleados) fueron intentadas sin efecto.

La negociación colectiva ha abierto la puerta a que más de 89.000 personas –casi todas guipuzcoanas– realicen aportaciones a planes de previsión social voluntaria complementaria. Según los datos del informe sociolaboral del segundo trimestre del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, de 105 convenios sectoriales negociados en Euskadi, 24 incluyen cláusulas para realizar aportaciones a planes de previsión. Todos menos dos –el de personal de las empresas consignatarias, estibadores y transitarios de Bizkaia, y el de personal no estibador de Puerto de Bilbao– se negociaron en Gipuzkoa. En los dos convenios vizcaínos se establece la obligatoriedad de abonar una cantidad fija a una mutua o epsv sin determinar, mientras que en los 22 convenios de Gipuzkoa se especifica que la aportación se hará a Geroa, la epsv de empleo. En todos se fija que las aportaciones se realizarán a partes iguales por trabajadores y empresa

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, admitió ayer estar «preocupado» por el impacto negativo que puede tener en las arcas públicas vascas el cambio de tributación de la multinacional alemana Daimler Benz en España, que generaría un agujero superior a los 200 millones de euros en la recaudación por IVA de la Diputación de Álava. Azpiazu, que compareció ayer en la comisión de Hacienda del Parlamento vasco para dar cuenta de los acuerdos adoptados con el Estado el pasado mes de julio, en la Comisión Mixta de Concierto, aseguró que el Ejecutivo de Vitoria es optimista sobre la posibilidad de cerrar un pacto sobre el ‘caso Mercedes’. Un acuerdo que, dijo, se haría «sin romper el Concierto».

La industria cementera ha acordado un nuevo convenio sectorial en el Estado que fija un sueldo mínimo para todos sus trabajadores y además vincula parte de las subidas salariales de los próximos años a la evolución del consumo de este material de construcción en España. Un movimiento demandado por la patronal en otros sectores en detrimento de la tradicional referencia del IPC pero que deja la revalorización salarial al albur de los vaivenes del mercado, más aun en aquellas actividades dependientes de la exportación. El nuevo convenio establece en 18.880 euros anuales el salario mínimo de sus empleados. La patronal del cemento Oficemen y las correspondientes federaciones de CC.OO. y UGT acaban de firmar el acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años y que afectará a los alrededor de 4.250 trabajadores que actualmente tiene el sector.

El endeudamiento de las administraciones públicas cayó en julio en 4.872 millones de euros con respecto al mes anterior, hasta situarse en los 1,13 billones de euros, lo que representa una ratio de deuda con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) del 99,67%, según el Banco de España. La caída llega después de que en mayo y junio se hubiesen disparado los compromisos financieros asumidos por Estado, comunidades o ayuntamientos. El último mes en el que la deuda pública había descendido fue en abril, cuando cayó en más de 11.000 millones de euros. En cualquier caso, el endeudamiento ha crecido en 31.621 millones con respecto al mes de julio de 2016, esto es, un 2,8% más..

El Gobierno ofreció ayer a los funcionarios una subida del 7% en tres años. Es la propuesta que planteó Hacienda antes de que empezara la reunión y que luego fue modulando: el 7,25% es el montante global máximo, que se articulará mediante una subida fija y otra variable en función del crecimiento económico. Para 2018, el Ejecutivo plantea un alza de un 1,5% fijo más un variable con el que nunca se superará un incremento del 2%. En 2019, la subida fija que propone el Fisco es del 1,75%, y para 2020, del 2%. A esto habría que sumar un variable máximo del 0,75% cada año, que podría ser del 0,25% si la economía crece menos de lo esperado. Esto arroja una horquilla mínima del 5,25% y máxima del 7,25%, según fuentes conocedoras de la reunión.

La Diputación Foral de Gipuzkoa destinará hasta 2025 más de 65 millones de euros a proyectos estratégicos para hacer frente a los retos de futuro del territorio relacionados con la puesta en marcha de centros de referencia en ciberseguridad, atención a la dependencia o movilidad. Después de completar en la primera parte de la legislatura diversos proyectos orientados a la modernización del territorio, la institución foral desplegará a partir de ahora una «nueva agenda política». PNV y PSE presentan un plan para poner rumbo a la Gipuzkoa «competitiva, en lo económico, y situada entre los territorios con menor desigualdad social, lingüística y de género»

El objetivo del Gobierno en los próximos años en el sector eléctrico es «proporcionar seguridad en el suministro, alcanzar la eficiencia en el precio para el consumidor y cumplir con los compromisos medioambientales». Todo ello, con el «mix más adecuado» en generación eléctrica, teniendo en cuenta «las ventajas e inconvenientes de cada tipo de suministro» y sin renunciar a ninguna tecnología, incluyendo centrales nucleares y de carbón. Así de contundente se mostró ayer el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la XII Edición del Encuentro del Sector Eléctrico.

«Los ciberataques pueden ser más peligrosos para la estabilidad de las democracias y las economías que las armas y los tanques». El tono y la contundencia de las palabras empleadas por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en el reciente Debate sobre el Estado de la Unión evidencian que la UE se toma muy en serio una amenaza cada vez más latente, como evidenciaron los últimos ataques a escala global sufridos en 2017 y que no sólo afectaron a multinacionales sino también, por ejemplo, a hospitales. Transacciones financieras, pagos con tarjeta, compras ‘on line’... La rutina discurre a golpe de clic. La economía digital no sólo es sinónimo de futuro, también lo es de presente, de ahí que Bruselas llamase ayer a los Estados miembros a echar el resto y sumar fuerzas para reducir al mínimo su enorme riesgo potencial.

La decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de prestar 1.030 millones para financiar la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad en Euskadi supone un impulso para un proyecto que ya cuenta con la bendición política de los gobiernos central y vasco. El Ministerio de Fomento, titular del gestor ferroviario Adif, había recurrido en junio a la entidad de crédito de la UE para lograr fondos con los que poder hacer frente a las inversiones previstas en la Y vasca, y el Board of Governors, máximo órgano de gobierno del BEI, aprobó ayer concederle un préstamo por valor de 1.030 millones de euros que, según fuentes consultadas, contribuirán a agilizar los trámites para afrontar proyectos pendientes.

La máquina-herramienta, verdadero motor industrial de Euskadi –y sobre todo de Gipuzkoa–, vive esta semana en la ciudad alemana de Hannover su cita más importante, la mayor feria del mundo en el sector: la EMO. Se trata de seis días (del 18 al 23) terriblemente intensos en los que las 49 firmas vascas allí presentes mostrarán sus mejores capacidades y tratarán de cautivar a clientes y proveedores. «La crema de la crema mundial se da cita aquí», subrayó en la inauguración el comisionado general de la muestra, Carl Martin Welcker, orgulloso de que la feria haya roto cualquier récord anterior, con 2.200 expositores de 44 países.

PNV y PSE están «comprometidos» a blindar su acuerdo en el Gobierno vasco. No quieren que, al menos de puertas para afuera, las turbulencias procedentes de Cataluña y su crisis institucional afecten a su trabajo, que ya está dando «frutos positivos». Ése fue el mensaje que quiso transmitir ayer el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, tras el habitual Consejo de Gobierno de los martes. Todo va bien, pese a que el apoyo público que el PNV dio al referéndum catalán el sábado en la manifestación de Gure Esku Dago haya evidenciado su distanciamiento con la postura mantenida por el propio lehendakari y los socialistas vascos, que defienden que la consulta no tiene las «garantías debidas».