20170921

Tensión máxima. A diez días para el referéndum del 1 de octubre, el enfrentamiento entre las instituciones del Estado y las de Cataluña se elevó ayer a un nivel nunca visto desde la recuperación de las libertades y la democracia. La Guardia Civil, por orden de un juez de Barcelona, realizó más de 41 registros, detuvo a una quincena de personas –buena parte de ellas altos cargos del Govern, como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Junqueras–, investigó a una veintena de personas y dio un golpe muy duro a la organización de la consulta –así lo reconocieron los propios dirigentes del independentismo–. Pero, al mismo tiempo, encendió la mecha de la movilización callejera, que podría prolongarse hasta el 1-O.

El ministro de Hacienda firmó ayer la orden por la que declara la no disponibilidad presupuestaria de Cataluña. Esto supone que Cristóbal Montoro tiene ya el control total de los presupuestos de la Generalitat, que el Govern no tiene ningún tipo de capacidad financiera y que, además, la situación tiene carácter «indefinido». Según explicó el responsable de Hacienda en una comparecencia en el Congreso, la medida tendrá una vigencia indeterminada, de meses, sin duda más allá del próximo 1 de octubre, porque las actuaciones que se tomen deben ser «proporcionales » al riesgo que entraña el órdago independentista.

Con una «preocupación máxima» y con el convencimiento de que se está llegando a un punto muy próximo al de «no retorno», el lehendakari y el PNV escenificaron ayer su temor a que la situación en Cataluña entre en una deriva de consecuencias imprevisibles que ya ha tenido un efecto práctico: que la sintonía alcanzada entre el Gobierno central y los jeltzales sufra un brusco parón. Sobre todo, en materia presupuestaria. Aunque desde el PNV y el Ejecutivo autónomo se recalcaba que el mutuo apoyo que nacionalistas y populares se han dado este año para aprobar las Cuentas públicas en diferentes instituciones no tenía por qué derivar en un acuerdo de cara a 2018, se daba por hecho que sería así. Pero la tormenta desatada en Cataluña ha puesto en entredicho todo este esquema.

La Reserva Federal (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés de Estados Unidos en el rango de entre el 1% y el 1,25% en el que quedaron fijados en junio, cuando el banco central subió las tasas por segunda vez en el año. Sin embargo, el equipo que dirige Janet Yellen sigue considerando que aún hay margen para un nuevo incremento antes de que acabe 2017, previsiblemente en el encuentro de diciembre, tal y como se recoge en la actualización de las previsiones hecha pública tras la reunión de dos días que ha mantenido la Fed y que concluyó ayer. Además, tal y como los mercados esperaban, la Reserva Federal anunció que comenzará a reducir en octubre su cartera de deuda, que pasó de apenas un billón de dólares en 2008 a los 4,5 billones de dólares actuales. Este paso marca una nueva era para la Fed, ya que supone poner fin al histórico proceso que se inició en 2008 destinado a superar los estragos de la crisis financiera.

La recuperación económica de la zona euro y la caída del desempleo en la mayoría de sus socios anticipan una normalización de la política monetaria del BCE. Pero unas 800.000 empresas corren peligro si la subida de los tipos de interés se produce demasiado rápido, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IW) de Colonia. España es uno  de los países más vulnerables a un drástico endurecimiento de la política monetaria, advierte el informe. El 5% de las empresas españolas podría sufrir graves consecuencias si el ritmo del alza de los tipos se precipita. El varapalo sería especialmente duro para las firmas más pequeñas y medianas, muy dependientes del crédito bancario. En total, más de 120.000 compañías españolas estarían en peligro, cifra similar a Francia (180.000), pero lejos de la hecatombe que podría suponer en Italia (310.000 en total).

Un trabajador cobra de media en Rumania unos 500 euros netos al mes. En Alemania, un empleado con tareas y formación similares a las del rumano percibe 1.500 euros. La brecha salarial divide a Europa, esencialmente entre un Este más precario y un Oeste con mejores condiciones. En España las diferencias no son tan agudas (apenas 300 euros menos en la nómina respecto a los alemanes), pero la situación se agrava, según alerta la Confederación Europea de Sindicatos.

La brecha de la inversión en I+D entre España y el resto de países punteros se va haciendo cada vez más grande. Mientras que en 2015 únicamente se destinó un 1,22% del PIB nacional a esta actividad, la media europea estuvo en el 1,95%. Una diferencia del 0,73% que prácticamente duplica la que había en 2008, fecha de inicio de la crisis, cuando ese había reducido al 0,44%. Si se compara España con la media de la OCDE, el porcentaje asciende al 1,18%.

Theresa May podría anunciar el próximo viernes que Reino Unido está dispuesto a pagar 20.000 millones de euros para saldar sus cuentas pendientes con la Unión Europea tras el Brexit, una cantidad que está muy por debajo de las aspiraciones de Bruselas, quien cifra el acuerdo de divorcio en unos 100.000 millones. Según publicó ayer Financial Times, el Gobierno británico ya se ha puesto en contacto con otros gobiernos europeos, en especial con el alemán, para adelantarles el anuncio de May y testar cómo podría ser recibida la propuesta.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha planteado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que clarifique su sentencia de septiembre de 2016 sobre las consecuencias indemnizatorias de la finalización de los contratos de interinidad. La sentencia trataba el caso de una ciudadana española, que fue contratada por el Ministerio de Defensa en 2003 y que perdió su puesto de trabajo nueve años después. El fallo equipara el despido de fijos y temporales y ha originado una catarata de sentencias que han otorgado 20 días en el despidos de trabajadores temporales.

Sin acuerdo. Así terminó la tercera reunión del Ministerio de Hacienda con los sindicatos para tratar de pactar la subida salarial para los casi tres millones de empleados públicos hasta final de legislatura. El Gobierno mejoró ligeramente la oferta planteada el día anterior: medio punto adicional a final de 2020 en caso de que se cumplieran los objetivos de déficit. De esta forma, la horquilla se elevaría hasta el 7,75% de incremento en el mejor de los casos. Y tuvo otro gesto más: rebajar una décima, de 0,5% a 0,4%, el porcentaje que tiene que superar la previsión de PIB para que se activara la retribución variable en el segundo tramo.

India, que aspira a convertirse en una potencia tecnológica, ha sido especialmente receptiva al llamamiento del Gobierno vasco para participar en la segunda edición del programa Bind 4.0, que tiene por objeto unir a ‘startups’ de todo el mundo con empresas tractoras de Euskadi para estimular la digitalización de la industria. Del total de 385 candidatos que se han presentado este año, 98 son indios, una cifra que casi dobla la de los autóctonos, que suman 50.

El camino ha sido especialmente largo. La negociación ha ocupado muchos años y durante ella han quedado atrás varias votaciones y periodos legislativos. Incluso, protestas en la calle para terminar de darle forma. Pero, tras esas turbulencias, el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (popularmente conocido como CETA, por sus siglas en inglés) arranca hoy. No lo hace de forma definitiva. El CETA ha entrado en vigor de manera provisional ya que, al ser un tratado europeo mixto (abarca competencias europeas y nacionales), todavía tiene que comenzar un nuevo viaje para ser aprobado por todos los parlamentos de los países de la Unión. Solo entonces entrará en vigor de forma definitiva y pasará a formar parte del ordenamiento jurídico europeo.

«Nadie tiene varitas mágicas y tengo claro que las soluciones no van a caer del cielo. Hay que trabajarlas entre todos. Y van a salir de Enkarterri para Enkarterri». El diputado general lo expresó así en la reunión con los once alcaldes encartados. Acudió también Iñaki Telletxea, en representación de la Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco (SPRI), a esa cumbre sobre la situación de Las Encartaciones, que fue convocada tras conocerse el varapalo del ERE de extinción de CEL, una firma con 230 empleos en la zona. El encuentro se concretó en la promesa de facilitar «más ayuda» a una comarca especialmente castigada por el paro y que sufre serios problemas con sus comunicaciones. Esa ayuda se va a concretar en «un plan de estímulo cuyas medidas se pondrán en marcha el 1 de enero de 2018», según anunció Rementeria. Las acciones concretas y su financiación se decidirán en dos mesas temáticas conformadas por las instituciones y «expertos del ámbito público y privado», todos bajo la coordinación del Instituto Vasco de la Competitividad Orkestra.

Es la última empresa del Parque Tecnológico de Miramón; tanto en ubicación  como en lo que representa: una apuesta descarada e ilusionante por una tecnología completamente innovadora y con inmensas posibilidades de desarrollo. Graphenea, el sueño de un emprendedor con mayúsculas como es Jesús de la Fuente, se vistió ayer de gala para mostrar sus nuevas instalaciones en una jornada que contó con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu. El jefe del Ejecutivo felicitó a la dirección y los trabajadores de la compañía que, afirmó, «es un ejemplo a seguir para las empresas vascas». «La historia de Graphenea concita una ‘start-up’ puesta en marcha con talento e ilusión, el intraemprendimiento dentro del ecosistema vasco de investigación, la innovación, un proyecto internacional y ambicioso, así como la inversión y el apoyo de empresas tractoras; los materiales con los que está hecha la competitividad», resaltó.

El anuncio realizado la pasada semana por el lehendakari Iñigo Urkullu sobre la disposición del Gobierno vasco a convertirse en el futuro en accionista de La Naval ha activado todas las alarmas en Bruselas. La Comisión Europea apenas ha tardado unos días en mover ficha para advertir formalmente, tanto al Ejecutivo vasco como al central, de lo delicado que es el propósito de ayudar a una empresa privada con fondos públicos, porque puede considerarse ‘ayuda de Estado’ y ser por tanto ilegal. La iniciativa ya permite entrever que la UE va a extremar la vigilancia sobre el proceso de quiebra de La Naval. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, matizó ayer que La Naval debería cumplir un buen número de condiciones antes de que el Gobierno vasco pueda plantearse cualquier tipo de intervención. «Debe salir del concurso –dijo Tapia–; también debe haber un inversor que se haga cargo de retomar la actividad y –quizá lo más importante– debe acreditar con una trayectoria positiva que el proyecto es viable».