20171009

La patronal vasca Confebask asegura que bajar el Impuesto de Sociedades que grava los beneficios empresariales tendría una relación directa en la creación de empleo. En concreto, la patronal considera que disminuir el tipo impositivo en cuatro puntos, del 28% actual al 24%, vigente de media en Europa, podría permitir la creación de 6.000 nuevos empleos. Los empresarios realizan este cálculo en un documento con su propuesta fiscal para la reforma que negocian el PNV y PSE, socios de Gobierno en el Ejecutivo de Vitoria y en las tres Haciendas vascas y cuya principal discrepancia está precisamente en si el tipo impositivo debe bajarse o no. El PNV parece inclinarse a bajar el tipo y tocar las deducciones, mientras que los socialistas no consideran que sea necesario una reducción de los impuestos que pagan las empresas y no quieren tocar el tipo impositivo.

«Descenso del paro, aumento de la contratación indefinida a niveles precrisis e Incremento de salarios en función de las posibilidades de cada sector o empresa. Son tres de los rasgos que definen la marcha de la economía vasca en 2017 y que nos permiten decir que este será un buen año, incluso en mayor medida de lo que creíamos al principio. Persisten dificultades y todavía queda mucho camino por recorrer. Los problemas por los que atraviesan empresas concretas son un ejemplo de eso. Pero no es menos cierto que las compañías en general, y nuestra industria en particular, mira al futuro con optimismo, lo que a su vez conlleva más actividad y empleo».

La trayectoria industrial de la economía de Euskadi seguirá siendo clave para mantener el desempleo bajo control. Desde el Gobierno vasco han activado diversos programas para que el sector fabril suponga el 25% del PIB de la comunidad autónoma. Esa meta está cerca, puesto que ya al cierre de 2015 esa aportación fue del 23,95% y ahora se sitúa en el 24,6%. Antes de la pasada crisis económica, en 2008, el mundo de las fábricas aportó el 28% del PIB vasco, para luego desplomarse al 23,8% en 2014, el peor registro de esta década, en base a los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). El Ejecutivo del lehendakari, Iñigo Urkullu, ha desplegado un plan desde este año y hasta 2020 que busca ese impulso industrial. Movilizará 2.225 millones. Las empresas que soliciten esas ayudas deberán presentar estrategias basadas en las claves que marcan la competitividad en el ámbito fabril. Desde la formación continua a la internacionalización, pasando por la innovación.

El clima industrial en Euskadi presenta un perfil de clara mejora, con una progresión favorable tras un año 2016 que registró un ligero retroceso, según destaca el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco a la vista de la encuesta de coyuntura industrial del Ministerio de Energía. Las empresas industriales vascas muestran «unas expectativas positivas sobre el entorno económico internacional y nacional», y entre los empresarios predomina una visión optimista. También el empleo industrial mantiene sus perspectivas en valores positivos y estables. La buena marcha del clima industrial está basada en unas perspectivas cada vez más favorables sobre la cartera de pedidos, que se coloca «cercana ya a valores positivos», explican los responsables de Economía en el último número de la revista Coyuntura en un Clic.

A la compleja coyuntura por la que atraviesan los bancos, mermada por los tipos de interés anclados en el 0% y la reciente crisis derivada de la situación política por la que pasa Cataluña, se une una obligación más, que todas las entidades deberán cumplir desde el 1 de enero, y que supondrá otra merma en su ya de por sí drenado capital. Los grupos financieros tendrán que reservar más dinero para provisiones de lo que venían haciendo hasta ahora, al endurecerse los criterios para estimar los posibles impagos por parte de sus clientes. Es una medida de protección adicional incluida en la norma IFRS9 para evitar crisis como la de la última década. Fuentes del sector financiero reconocen que para cumplir ese texto habrá «un impacto en el precio del crédito porque se tendrá que dotar más dinero».

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la UPV/EHU, asegura que lo que determina la inversión de una empresa es la coyuntura económica y no los impuestos que paga y recuerda que los empresarios vascos disponen de deducciones que les permiten pagar menos que sus compañeros en el Estado. «No tienen derecho a quejarse de impuestos altos», dice.

El proceso separatista de Cataluña se ha encontrado con un inconveniente que casi nadie esperaba por la equidistancia mostrada durante los últimos meses ante la deriva del soberanismo: las empresas. Su apresurado protagonismo no ha sido baladí, porque los cambios de sede social que se han sucedido en los últimos días puede suponer un golpe de flotación para el independentismo a una sola jornada de que el Parlamento de Cataluña apruebe, teóricamente, la declaración unilateral para separarse de España. La Generalitat y los partidos que la apoyan ya saben cuál es la posición de las históricas firmas que conforman el entramado empresarial y económico de la comunidad: no quieren incertidumbre porque peligra el futuro de sus clientes, accionistas y empleados. La semana arrancará previsiblemente con otro movimiento societario de relevancia: el que protagonizará Abertis, la compañía de infraestructuras y concesiones.

Cataluña representa casi el 20% del PIB de España. Es la principal comunidad autónoma receptora de turistas internacionales con 17,9 millones de llegadas en 2016 (el 23,8% del total). Representa la cuarta parte de las exportaciones estatales con 65.000 millones de euros el pasado ejercicio. También es el territorio que más importaciones realiza, con un 28% del total. Por todos estos datos es evidente que las sacudidas que sufre la economía de Cataluña tendrán un importante reflejo en la evolución del crecimiento de España. Un secreto a voces que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encargó el viernes de advertir.

Barcelona, a la que el Financial Times definió como mejor ciudad para vivir, llenó la semana pasada las portadas de la prensa del continente. Caixa Bank, Banco Sabadell, Gas Natural y Agbar se unieron al goteo de empresas que han anunciado la mudanza de Cataluña de su sede social para evitar el contagio por el terremoto político que supondría la declaración de independencia. El traslado no implicará a corto plazo un golpe importante para las arcas autonómicas, pero sí para la imagen y la reputación de la comunidad autónoma.

Una hipotética independencia respecto a España tendría un coste económico inasumible para Cataluña: todo su sistema bancario quedaría desprotegido del paraguas del Banco Central Europeo y de la zona del euro. Su nivel de vida bajaría un 20% de forma inmediata; el mismo porcentaje en el que se encarecerían las exportaciones a la Unión Europea. La inversión extranjera directa se reduciría en 20.000 millones y se destruirían 500.000 empleos, con una subida de la tasa de paro hasta el 34%.

Todos los trabajadores españoles han perdido poder adquisitivo durante la crisis, si bien este quebranto oscila en función de la comunidad autónoma en la que vivan. De modo que los madrileños son los que más poder de compra han perdido (10,83%). y los vascos, los que menos (2,68%). En general, los trabajadores españoles casi han recuperado su nivel salarial previo a la crisis, ya que los sueldos experimentaron un recorte medio del 0,06% entre 2008 y 2015, según los datos que proporciona el índice de precios del trabajo del instituto Nacional de Estadística (lNE). Sin embargo, el coste de la vida ha ido en aumento y. según el índice de precios de consumo (lPC), la inflación ha registrado un incremento del 8,48% entre diciembre de 2008 y diciembre de 2015.

El Gobierno y las Diputaciones vascas rebajarán este miércoles la temperatura fiscal en Euskadi, que se ha disparado los últimos meses con el excelente ejercicio de las tres haciendas forales. La recaudación acumulada hasta agosto roza los 8.000 millones de euros, casi un 14% más que hace doce meses, y las administraciones vascas constatarán en el Consejo Vasco de Finanzas de pasado mañana su buena salud financiera.  Sin embargo, en los próximos meses se producirá una desaceleración y el balance final será más discreto. «El año será bueno, muy positivo, pero no tanto como parece y desde luego la recaudación no crecerá por encima del 10% en diciembre», sostienen fuentes de las haciendas vascas. El mensaje enfría las expectativas que se han generado en relación a la posibilidad de que los próximos Presupuestos de las administraciones de la CAV tengan un perfil notablemente inversor.

Cuando a los profesionales españoles se les pregunta si estarían dispuestos a cambiar de lugar de residencia por motivos laborales, un 60% asegura que sí emigraría, según un análisis elaborado por el grupo de Recursos Humanos Randstad. Ahora bien, la estadística de movilidad laboral y geográfica del primer trimestre del año, que publicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja una realidad distinta: sólo el 2,4% de los ocupados ha cambiado de municipio de residencia hace menos de un año, frente al 2,5% de 2016. Y la mayoría no ha ido lejos, siguen en la misma provincia. Además, sólo cuatro de cada 10 parados se ha mudado en los últimos años para encontrar un trabajo.

Los pensionistas llevan días marchando por toda España en defensa de las pensiones públicas y hoy confluirán en una masiva manifestación en Madrid para exigir la derogación de la reforma de 2013, que entre otras cosas permite reducir la revalorización anual al 0,25%. Los jubilados empiezan a notar los ajustes aprobados en los últimos tiempos y en muchos casos su situación es delicada. Lo están pasando especialmente mal los que se quedaron en paro al final de su carrera, que con la crisis son multitud; al cumplir los 61 se ven obligados a solicitar la jubilación anticipada, con fuertes recortes en la prestación aún habiendo cotizado más de 40 años. Por eso una de las reivindicaciones que se van a escuchar es que una vez se alcance esa cota no se apliquen los coeficientes reductores, que según las circunstancias pueden suponer un ‘tajo’ de hasta el 30%.

«La enésima intención de reforma fiscal de diputaciones y Gobierno vasco nos da pie para manifestar algunas consideraciones sobre el siempre delicado y conflictivo mundo de los impuestos. Al parecer, las partes no coinciden en hallar un saldo entre bondades y perjuicios, y a los planteamientos meramente numéricos se agregan otros de posicionamiento ideológico y de trastienda política. El problema se bloquea al discernir si una rebaja del tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades del actual 28% hasta otro del 25% o incluso del 24% tendrá como efecto una cuota recaudatoria igual, superior o inferior a la que se registra en el presente. Junto al ajuste a la baja del tipo impositivo se baraja adicionalmente otra medida compensatoria: la eliminación de las desgravaciones del impuesto hoy vigentes».