20171010

El PNV y el PSE se han emplazado a intentar cerrar esta semana un acuerdo en torno a la reforma fiscal, pero desde julio las posturas se mantienen invariables. El Impuesto de Sociedades, y en especial su tipo de gravamen, se ha convertido en un escollo hasta ahora insalvable. «No se han producido avances», coincidían en señalar ayer portavoces de ambos partidos, que aclaraban que hasta el último momento «siempre hay tiempo para cerrar un acuerdo». El margen de negociación está ligado al tiempo necesario para poder realizar una tramitación completa en las juntas generales de cada territorio, de cara a tener aprobada la nueva normativa antes del 31 de diciembre. «Más allá del viernes –apuntaban ayer fuentes de la negociación–, sería complicado llegar en plazo al 31 de diciembre». La patronal Confebask puso hace varios meses en manos de ambos partidos una propuesta en la que pedía –además del refuerzo de algunas deducciones– una reducción progresiva del tipo nominal de Sociedades, para llegar al 25% el 1 de enero de 2019. Así, para el próximo ejercicio, la cúpula empresarial propuso una reducción de hasta el 26%.

El Ministerio de Empleo se ha comprometido con los agentes sociales y las comunidades autónomas a negociar una reforma del contrato de formación y aprendizaje «para impulsar la formación profesional dual», en especial en el ámbito de las pymes. Sin embargo, la reforma legislativa de la FP dual está en estos momentos en el seno del Ministerio de Educación, por lo que los empresarios de la patronal CEOE urgen a que los cambios contractuales–que debe liderar Empleo– se produzcan cuanto antes. Estas modificaciones del contrato de formación que quieren los empresarios persiguen eliminar el actual tope de edad para la celebración de esta modalidad contractual –actualmente fijado en 30 años– y permitir que los contratados por formación puedan hacer turnos de trabajo, nocturnos o de fines de semana, algo a lo que ahora no están autorizados.

La donostiarra Ana Varela lleva años denunciando la existencia de irregularidades en los cursos de formación que se financian con dinero público. Licenciada en psicología, Varela conoce bien de lo que habla porque lleva décadas ligada a este sector. Ya sea como educadora o como formadora de profesores. Por eso, admite que no le ha sorprendido la investigación judicial, desvelada por EL CORREO este pasado domingo, en torno a una estafa cometida supuestamente en varios centros en los que se falsificaban las firmas de los alumnos para poder acceder a las ayudas de Lanbide. El Servicio Vasco de Empleo ya ha recuperado unos 300.000 euros. Pero algunas fuentes hablan de que la estafa podría rondar cerca del millón. 

La parlamentaria del PP en la Cámara vasca Laura Garrido denunció ayer que los casos de fraude detectados en cursos de formación de Lanbide, desvelados por este diario este fin de semana, evidencian que el Servicio Vasco de Empleo es «un auténtico desastre». Y, en este sentido, reclamó que se lleve a cabo una auditoría externa con el fin de acometer posteriormente una revisión «en su integridad» ya que, en la actualidad, el organismo que depende de la consejería que dirige Beatriz Artolazabal es «inservible para la empleabilidad».

La parlamentaria del PP insistió en que estas informaciones «de enorme gravedad» se suman a los datos conocidos a lo largo de los últimos años que «corroboran la falta de control» sobre las ayudas sociales. Además, indicó que Lanbide se encuentra «todavía muy lejos» del objetivo de tasa de intermediación del 5%, fijado la pasada legislatura. Garrido considera que «todo esto demuestra la incapacidad absoluta del Gobierno en poner este organismo en favor de la empleabilidad».

Poco a poco el paro de larga duración disminuye tanto en la comunidad autónoma vasca como en el conjunto de España. De hecho, los 48.500 desempleados que a mediados de este año llevaban en Euskadi más de 24 meses en esta situación son la menor cifra desde el mismo momento de 2011, cuando ‘sólo’ se registraron 28.600. Aunque este número ya venía creciendo desde los mínimos de 2007 –en el segundo trimestre de aquel año eran 10.800–, a partir de entonces se dispararon hasta llegar a los 82.700 en el mismo periodo de 2015. En los dos últimos años se ha revertido la tendencia y el pasado ejercicio este colectivo cayó de forma importante, nada menos que un 33,5%, hasta las 55.000 personas, y en el último año ha vuelto a bajar, aunque sensiblemente menos, un 11,8%.

Los concursos de acreedores en el País Vasco han repuntado en los nueve primeros meses de 2017 un 6% y se han colocado en 204, el 7% del total de concursos en España, según el Baremo Concursal de PwC. El pasado año, hasta septiembre se habían presentado en Euskadi 193 concursos, once menos. Por territorios, ha caído el número de concursos en Bizkaia, con 119 en total, cuatro menos que hace un año; pero han crecido en Álava, con 32 concursos, nueve más; y en Gipuzkoa, con 53 concursos, seis más que en el mismo período de 2016, según PwC.

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados hasta septiembre se situó en el 1,4%, por encima del 1,33% de julio y agosto, según cifras provisionales publicadas ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta variación salarial se sitúa, todavía, cuatro décimas por debajo de la tasa del IPC interanual del mes de septiembre (1,8%) adelantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las consecuencias que tendrá la intensa política de estímulos por la que los bancos centrales han apostado para sacar a las grandes economías occidentales de la crisis son la gran incógnita que se abre para el futuro, una vez esas economías regresen a un entorno de normalización de los tipos de interés. Pero, según el BCE, no hay riesgo de que largos años de dinero barato sean la semilla para una crisis futura. La institución señala que el riesgo de tipos de interés está bien gestionado en la gran mayoría de los bancos de la zona euro.

«La pelota está en su tejado», dijo ayer Theresa May a los líderes europeos. La primera ministra británica advertía así, el día en que las partes emprendían en Bruselas la quinta ronda negociaciones del Brexit, de que Reino Unido ha avanzado todo lo que puede hasta que los Veintisiete decidan abrir las negociaciones sobre el acuerdo futuro y el periodo transitorio posterior a la salida de Reino Unido de la UE el 29 de marzo de 2019. En su primera comparecencia ante el Parlamento tras el discurso de Florencia del pasado 22 de septiembre, May defendió que se ha producido «un progreso real y tangible» en las negociaciones del Brexit. Bruselas ha planteado una secuencia muy clara en las negociaciones: primero los términos del divorcio y, solo cuando se haya progresado suficientemente en estos, se podrá empezar a hablar del acuerdo futuro.

Alemania no quiere un presupuesto del euro, ni un seguro de desempleo común, ni mutualizar la deuda europea. Y solo se aviene a crear un Fondo Monetario Europeo si al rescatar países se someten a una estricta condicionalidad en forma de reformas. Un documento del Ministerio de Finanzas alemán rechaza de plano las reformas más ambiciosas de la zona euro que han propuesto en las últimas semanas París y Bruselas.

El Juzgado de lo Social Nº1 de Eibar ha emitido una sentencia por la que considera accidente de trabajo la crisis de ansiedad de una trabajadora de Osakidetza, la cual es responsable de admisión de consultas externas del hospital de Arrasate (OSI Alto Deba) y sufrió la citada crisis de ansiedad debido al exceso de carga de trabajo en septiembre de 2016. Según explicó ayer el sindicato CC OO en un comunicado, el médico del departamento de salud laboral de la propia Osakidetza le derivó a su médico de atención primaria en vez de a la mutua, lo que a juicio del sindicato constituye «un intento de ocultar el origen profesional de la crisis de ansiedad».

La proposición de ley impulsada por el Parlamento Vasco para crear un fondo estatal para compensar a los afectados por el amianto llega por fin al Congreso. La iniciativa se debatirá esta tarde y la admisión a trámite se votará previsiblemente mañana, aunque se da por hecho el voto favorable de la mayoría de diputados. A partir de ahí arrancará la tramitación de la ley con la posibilidad de añadir enmiendas, aunque sus impulsores confían en que el proceso debería ser bastante rápido. Serán tres diputados vascos los encargados de defender hoy el fondo de compensación - uno de PNV, otro de EH Bildu y otro de PSE-aunque a la iniciativa, que nació en la Cámara de Gasteiz la pasada legislatura -entonces tuvo también el apoyo de PP y UPyD - se ha unido Elkarrekin Podemos.

Más de 180.000 empresas vascas están llamadas a renovar los órganos de las tres Cámaras de Comercio de la comunidad autónoma, que llevan sin cambios siete años por los efectos de la nueva regulación cameral. Esta normativa decretó la voluntariedad de las aportaciones y suprimió la obligación de pagar la cuota cameral. Así, las Cámaras celebraron sus últimos comicios en 2010, y sus órganos están en situación de interinidad desde 2014. La Cámara de Bilbao ha sido la primera de las tres vascas en poner en marcha su proceso electoral, con el inicio, ayer, del período de exposición pública del censo de electores, formado por 84.113 compañías. Gipuzkoa publicará en unos días su censo de 68.414 empresas, y también lo hará Álava, que cuenta con más de 33.000 firmas.

La Diputación de Álava está impulsando la creación de un polo de desarrollo farmacéutico en el parque tecnológico de Miñano, cerca de Vitoria, que será un proyecto «de primer nivel» en España y que la institución foral promueve junto a la corporación tecnológica Tecnalia, la Facultad de Farmacia de la UPV y el instituto de investigación sanitaria Bioaraba. Así lo explicó el diputado general de Álava, Ramiro González, en la primera jornada del pleno de Política General en las Juntas, el segundo de esta legislatura foral. Durante su intervención ante la Cámara alavesa, González hizo un repaso de los compromisos cumplidos en lo que lleva de mandato, entre los que citó el cierre de la nuclear Garoña, el acuerdo con la Diputación de Burgos sobre Treviño; y la recuperación de vuelos regulares y el alza de la carga en el aeropuerto de Foronda.

El conseller catalán de Economía, Oriol Junqueras, aseguraba la semana pasada que estaba por ver que hubiese una fuga de empresas en Cataluña como consecuencia de la deriva soberanista, que puede culminar hoy con una declaración unilateral de independencia en el Parlament. La desbandada comenzó la semana y ayer se intensificó con la mudanza de empresas como Abertis, Colonial y Torras y la advertencia de otras –como Grifols, Planeta e Idilia Foods– de que pueden hacer lo mismo si la proclamación soberanista pasa de ser una amenaza a una realidad. La tormenta ha sido de tal calibre que de las cinco compañías con mayor volumen de negocio establecidas en la comunidad –Gas Natural Fenosa, CaixaBank, Seat, Banco Sabadell y Abertis–, actualmente sólo queda una: el fabricante de automóviles, que sigue la actualidad al minuto con gran preocupación y que recuerda la necesidad de un marco jurídico estable.

El goteo de empresas que siguen abandonando Cataluña como sede social; la directa intervención del Cercle d’Economía, Juan José Brugera, que el sábado trató de convencer a Carles Puigdemont de que renuncie a la declaración unilateral de independencia; la manifestación a favor del a unidad de España que el domingo rebosó la Vía Laietana de Barcelona, y, ayer, a contrarreloj, el discurso institucional de la alcaldesa de esa ciudad, Ada Colau, como un grito desesperado contra una decisión irreversible. La presión es máxima, pero todo apunta a que no servirá para que el presidente de la Generalitat dé marcha atrás y vuelva a la legalidad.

En las horas previas al ‘día D’, el clima en el nacionalismo institucional vasco, históricamente hermanado con la antigua Convergència y sobre todo con la extinta Uniò, era ayer de absoluto mutismo. Un silencio meditado y producto de la máxima preocupación que atenaza al lehendakari Urkullu y a su partido, el PNV, ante el incierto desenlace, esta tarde, del camino hacia el abismo que emprendió el independentismo catalán con el referéndum ilegal del pasado 1-O. Los jeltzales han suspendido entrevistas e intervenciones públicas relacionadas con Cataluña y, de hecho, en vísperas de la comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlament, solo el diputado general de Álava, Ramiro González, aludió públicamente al conflicto catalán y porque ayer se celebró el pleno de política general en las Juntas alavesas.

Una  encuesta encargada por el ente público EITB revela que un 62,9% de los vascos rechaza aplicar el modelo catalán en Euskadi y, de entre los que quieren más autogobierno, otro 60% apuesta por la vía pactista. Casi la mitad de los encuestados (más de un 44%) recela de la validez del 1-O y cree que sus resultados no representan la voluntad de los catalanes. Seis de cada diez vascos ponen un «cero» al Rey por su papel en la crisis pero también se castiga al Govern, valorado con un 4,3.

Por Eguzki Urteaga

La reforma laboral que ha presentado el primer ministro francés supone cambios sustanciales en el mercado de trabajo que ha desatado reacciones contrapuestas. Las ordenanzas contemplan una profunda transformación del código de trabajo.