20171103

La reacción de los empresarios vascos al acuerdo alcanzado por el PNV y el PSE para modificar la fiscalidad en Euskadi ha sido contundente. Confebask, la organización que actúa como cúpula de la patronal en el País Vasco, se lamentó ayer de la «oportunidad perdida» y lanzó una dura crítica hacia la propuesta, que ya se ha convertido en anteproyecto de normal foral. Los cambios acordados no sólo mantienen el handicap que existe en relación a la fiscalidad que aplica el Estado, con un tipo en Sociedades tres puntos inferior, sino que endurece aún más el tratamiento tributario a las empresas radicadas en Euskadi con limitaciones a las deducciones. La patronal vasca considera que las diputaciones van a «desincentivar la inversión» con las medidas que pretenden implantar, al tiempo que estima que el efecto real será que se pondrá en peligro «la sostenibilidad del empleo a medio plazo».

A partir del próximo año, la inversión de los ahorradores vascos en microempresas y pymes de reciente creación o start up innovadoras tendrá beneficios fiscales, mucho mayores en Gipuzkoa. Como contrapartida a su rechazo a las ventajas fiscales a los nuevos fondos de inversión en empresas, Gipuzkoa crea una deducción por financiación a entidades con alto potencial de crecimiento para impulsar la llegada de recursos a microempresas o pymes que no se negocien en ningún mercado organizado. La deducción será del 30% del dinero aportado a empresas innovadoras de nueva creación, y del 15% a empresas en crecimiento (aquellas que para entrar en nuevos mercados o productos precisen una inversión inicial superior al 50% de su volumen anual de operaciones).

El Banco de Inglaterra subió ayer los tipos de interés por primera vez en una década. El alza —de 0,25 puntos hasta situarlos en el 0,50%— fue acordada con siete votos a favor y dos en contra en el Comité de Política Monetaria. La institución da así un paso hacia una política monetaria normalizada tras años de rebajas, a tenor de los datos económicos, que a pesar de las tensiones y los primeros impactos en las inversiones por el Brexit, muestran un desempleo bajo y una inflación elevada.

El Estado dio ayer la respuesta más dura al procés independentista catalán. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión incondicional al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete ex consellers por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso que culminó el 27 de octubre con la declaración de independencia. Al mismo tiempo, la Fiscalía reclamó a la magistrada que emita una orden europea de detención contra el expresident Carles Puigdemont y los cuatro ex miembros del Govern que el lunes huyeron con él a Bélgica.

El informe semestral que elabora el Banco de España sobre estabilidad financiera hecho público ayer destaca, con cierto detenimiento junto a otros riesgos que pueden afectar al sistema financiero, las consecuencias de la crisis política originada por la declaración de independencia que llevó a cabo el Parlament de Catalunya y la reacción del Gobierno al poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Aunque el informe señala que, a día de hoy, no hay elementos cuantitativos que indiquen que se haya producido un deterioro de la actividad económica debido a ello, los expertos del Banco de España han construido dos escenarios posibles en función de la intensidad de la crisis política y de su duración. En el escenario menos impactante consideran que el PIB nacional podría crecer hasta finales de 2019 tres décimas menos de lo que lo habría hecho sin que hubiera ocurrido, y en el más intenso la diferencia superaría los 2,5 puntos en los próximos años.

Desde que el pasado 1 de octubre se celebrara el referéndum ilegal en Cataluña, un gran número de empresas ha trasladado su sede social fuera de la comunidad autónoma. Octubre concluye con la marcha de 1.982 compañías, según los datos recopilados por el Colegio de Registradores. La mayor parte de las sociedades justificó su salida para evitar la inseguridad jurídica que crea la situación política y social de Cataluña. El pasado 31 de octubre, último día del que se registran datos, 99 empresas abandonaron la comunidad.

La crisis de Estado abierta en Cataluña y los acontecimientos derivados de esta situación han roto el equilibrio que permitió al PP aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año. Entonces, a pesar de las pronunciadas diferencias entre el PP y el PNV, que no apoyó con sus cinco diputados la investidura de Mariano Rajoy, ambos alcanzaron un acuerdo. Los nacionalistas vascos mantienen su pragmatismo, pero la aplicación del artículo 155 sobre Cataluña hasta las elecciones del 21 de diciembre es ahora una barrera insalvable.

La producción manufacturera española alcanzó en octubre su nivel más elevado de los últimos diez años. El índice de los gestores de compras de los alrededor de 400 empresas encuestadas –el Índice PMI por sus siglas en inglés– aumentó el mes pasado hasta 55.8 puntos en octubre. El índice es elaborado mensualmente por la consultora británica IHS Markit. Su director asociado, Andrew Harker, resaltó la bonanza del sector español, pese a la crisis política de Cataluña. El índice está compuesto por la evolución de los nuevos pedidos, de la producción, del empleo, de los plazos de entrega de proveedores y del nivel de compras.

Siete comunidades impulsan el crecimiento de la economía española en el tercer trimestre. Una evolución liderada por la Comunidad Valenciana, que entre julio y septiembre creció a un ritmo interanual del 3,8%, muy por encima de la media nacional (3,1%). En segunda posición se encuentra Cataluña, con un crecimiento del 3,6% y Canarias (3,5%), según las últimas previsiones publicadas por la Autoridad Independiente de Responsibilidad Fiscal (AIReF) para el tercer trimestre. Le siguen La Rioja (3,4 %) y Navarra (3,4 %), además de Aragón y Madrid, ambas con un crecimiento del 3,3%. Se trata de un dinamismo impulsado por las cifras récord registradas en índices como el turismo y las exportaciones.

Los empresarios creen que las políticas públicas para facilitar la conciliación de la vida laboral no están consiguiendo la igualdad perseguida entre hombres y mujeres. Además, se quejan de que «la conciliación no debe basarse solo en la herramienta de permisos, excedencias y reducciones de jornada, que aportan rigidez a la organización de las empresas y perjudican el desarrollo profesional y la participación laboral de los trabajadores».  Así lo recoge un documento elaborado por la patronal CEOE denominado Perspectiva empresarial sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, presentado ayer, en el que los empresarios incluyen varias propuestas y reclaman ayudas públicas que faciliten la conciliación. El fin sería reducir el peso que las medidas existentes –sobre todo los permisos, excedencias y reducciones de jornada– ejercen sobre las empresas y los propios empleados.

La recuperación del consumo lleva meses reactivando la venta de vehículos en Euskadi y en toda España. En concreto, las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno durante los diez primeros meses del año han experimentado un incremento del 7,4% en Álava y del 2,2% en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa han bajado ligeramente, el 0,97%, respecto del mismo periodo del año pasado. Según los datos facilitados ayer por las patronales de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto), entre enero y octubre de este año se han vendido en Euskadi 32.087 turismos y todoterrenos, el 2,1% más que durante los mismos meses de 2016.

Los hombres de negro no eran responsables de la supervisión de los bancos españoles en la crisis financiera, pero el mecanismo de rescate funcionó y permitió ahorrar 13.000 millones a los contribuyentes. Eso defendió ayer Servaas Deroose, jefe de la misión del Ecofin que controló el rescate en 2012. No detalló cómo. Deroose recordó en el Congreso que la UE alertó en 2005 al Gobierno del excesivo déficit por cuenta corriente y la dependencia del ladrillo. ¿Autocrítica? Ninguna.

El Gobierno vasco quiere aglutinar en una misma entidad a todo el universo de centros tecnológicos y de investigación que reciben financiación de Lakua. «Esta fórmula de organización permitirá fortalecer la presencia y reconocimiento del conjunto del sistema a nivel internacional, facilitará la atracción de talento y crecerán las posibilidades de atraer mayor financiación de iniciativas europeas», explicó ayer el Ejecutivo. En estos momentos desde Lakua están buscando una figura jurídica en la que unificar a todos esos centros, diseñando así una estructura similar a que la existe en otros países.

Los republicanos abrieron ayer otra batalla política en el Capitolio. Tras fracasar en su intento de aprobar la reforma sanitaria, los congresistas conservadores presentaron su propuesta fiscal, una de las más ambiciosas de las últimas décadas, que implicará grandes reducciones tributarias para las empresas y la clase media, pero mantendrá el tipo máximo del impuesto en el 39,6% para los más ricos. El presidente Donald Trump ha pedido a su partido, que controla ambas Cámaras legislativas, que apruebe rápidamente la reforma.

Hay relevo en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Donald Trump ha elegido a Jerome H. Powell para convertirse en el decimosexto presidente del banco central más poderoso del mundo. Tomará las riendas, previsiblemente, cuando el mandato de Janet Yellen termine el próximo 3 de febrero de 2018. El elegido es ya consejero de la Fed y se convertirá en el primer banquero de inversión que lidera la política monetaria de EE UU. La elección del financiero, considerado un candidato continuista, deberá ser aprobada por el Senado.

El Parlamento vasco quiso lanzar ayer un mensaje a los gobiernos central y vasco, que mantienen su relación en ‘standby’ desde que la crisis catalana se agravó hace un mes, para que retomen las negociaciones sobre las transferencias pendientes pese al ruido político que hay alrededor. Pero la petición se quedó a medias. La Cámara de Vitoria, con la excepción del PP, pactó reclamar a las administraciones que inicien «en el plazo más breve posible» las conversaciones sobre la gestión de las prisiones, pero no consiguió ponerse de acuerdo con la de la Seguridad Social.