20171104

Nacionalistas y socialistas defendieron ayer la reforma fiscal que han pactado, objeto de duras críticas de la oposición y de la patronal Confebask por razones muy distintas. Mientras el PNV enfatizó aspectos técnicos y optó por dejar al margen de sus censuras a los empresarios, molestos con el texto final, el PSE, cuya firmeza ha impedido rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades del 28% al 25%, recordó que su papel en los gobiernos es «aportar medidas progresistas». El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, partidario de ir mucho más allá hasta dibujar una reforma en profundidad y no de pergeñar una sucesión de meros retoques, que es el resultado final, dijo en el Parlamento que el documento consensuado es un «compendio de medidas posibles y reales», el reflejo de «dos conceptos que no se deben olvidar nunca en política, la viabilidad y el realismo».

El Partido Popular puso ayer las cartas boca arriba de cara a la negociación con el PNV y PSE para la aprobación de los cambios fiscales pactados por estas dos formaciones. El proyecto de reforma tributaria requiere del voto de otro partido en Álava, pero el PP mostró su disposición a abrir un frente en esta materia. El presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, anunció en una comparecencia ante la prensa que su formación presentará en este territorio una alternativa a la reforma planteada por PNV y PSE, que aspira a extender a las tres diputaciones y que contempla rebajar el Impuesto de Sociedades al 25%. Los populares  trasladarán su propuesta a las otras dos diputaciones, donde socialistas y jeltzales tienen mayoría suficiente, pero donde no aprobarán en ningún caso un marco tributario que desarmonice el esquema fiscal vasco.

ELA y LAB comparecieron ayer para valorar la sentencia que declara inaplicable el acuerdo marco de la hostelería vasca a raíz de una denuncia de CCOO y UGT. Según los sindicatos abertzales, la impugnación responde a «un intento de sustituir a la mayoría sindical elegida democráticamente por la ley de Madrid». ELA y LAB consideran que el fallo, que recurrirán ante el Supremo, «deja sin validez» el histórico acuerdo interprofesional de enero «al negar, de facto», que lo firmado en Euskadi tiene prioridad sobre el marco estatal.

Rajoy ha querido dar un impulso a los acuerdos firmados con el PNV en mayo sobre la nueva ley del Cupo y la modificación del Concierto, en un claro intento de recuperar la sintonía con los jeltzales tras el distanciamiento por la crisis catalana. El Consejo de Ministros aprobó ayer ambas reformas, mientras Urkullu abogaba desde Canadá por recomponer la relaciones con La Moncloa. El acuerdo había llegado en mayo, así que lo que restaba era, en principio, un mero trámite administrativo. Pero por el momento elegido, con la crisis catalana en plena efervescencia, se convirtió en un movimiento estratégico cargado de simbolismo.

Los datos divulgados ayer por el Ministerio de Empleo reflejan claramente un paso adelante del mercado laboral vasco: Euskadi es la comunidad autónoma donde más ha bajado el desempleo en octubre, hasta las 130.058 personas. De hecho, sólo aquí y en la Comunidad Valenciana se ha mejorado, porque en el resto de las autonomías el paro ha crecido, como es habitual en ese mes a consecuencia del fin de la temporada estival y del repliegue de los turistas. En octubre hubo 1.990 personas menos en la cola de Lanbide que en septiembre (-1,51%). Eso sí, la mejora no es tanta como la del mismo mes del año pasado, cuando la reducción fue de 2.935 demandantes. En cualquier caso, tanto en 2016 como en el presente ejercicio el buen tono del mercado laboral en octubre tiene mucho que ver con el inicio del curso escolar.

Los efectos de la crisis política que vive Cataluña se dejan ya ver en el termómetro social más sensible, el del paro. En octubre el desempleo subió de media en España un 1,67% con respecto al mes anterior. En Cataluña esta cifra se duplicó: un 3,67%. En números absolutos, en Cataluña se contabilizaron el mes pasado 14.698 parados más. «El dato es significativo. Lo lógico hubieran sido solo 8.000. Está por ver si la tendencia se consolida», explica Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide.

A casi dos meses para la llegada de la Navidad, la industria del consumo apunta que la campaña que dirime buena parte de su facturación anual será buena, mejor que la de 2016, pese a que tendrá un nubarrón que limitará su crecimiento: se teme que las elecciones el 21 de diciembre, en plena semana clave para las ventas, puedan retraer el consumo en Cataluña, señalaba ayer una fuente del sector. Y, pese a todo, hay optimismo ante un crecimiento del negocio que se traducirá en una importante creación de empleo. «El consumo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos doce meses que es previsible que se mantenga durante la Navidad», confirmaba ayer Anged, la patronal de la gran distribución, que espera que sus asociados contraten a 23.300 personas, un 6% más que en la Navidad de 2016.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la nueva Ley Hipotecaria. Esta actualización del marco normativo es consecuencia de la obligación de trasponer una normativa europea, adaptación que debería haberse cumplido antes de marzo de 2016. El Gobierno confía en no tener que pagar una sanción si consigue que el trámite parlamentario finalice en el primer semestre de 2018. Fuentes del Ministerio de Economía prevén que la nueva Ley Hipotecaria supere la fase de enmiendas parlamentarias y entre en vigor antes de junio. El Proyecto de Ley recoge alguna de las consideraciones técnicas sugeridas por el Consejo de Estado y plasma ahora más claramente que la evaluación de la solvencia de quien pide el préstamo debe tenerse en cuenta a la hora de su concesión por encima incluso del valor del inmueble que está comprando.

La confianza de los consumidores ha vuelto a caer en octubre por segundo mes consecutivo hasta situarse en su nivel más bajo desde marzo, según el Indicador de Confianza de los Consumidores (ICC) publicado ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El índice se ha situado en octubre en 99,6 puntos, es decir, por debajo de los 100 que indican la frontera entre la percepción positiva y negativa por primera vez desde marzo, tras empeorar la percepción que los españoles tienen de la situación económica y laboral actual y, especialmente, de las expectativas para los próximos seis meses. La puntuación de octubre ha sido 3,6 puntos inferior a la de septiembre, cuando ya se había registrado un descenso, aunque 8,9 superior a la de un año antes.

Las ventas de la industria guipuzcoana marchan por una senda positiva. En concreto, de enero a septiembre crecieron un 6,4% respecto al mismo periodo del año pasado, debido principalmente al mercado interior y al sector servicios. En consecuencia, en ese periodo el empleo se incrementó un 2,4% y los salarios un 3,8%. Estos datos se recogen en el informe mensual elaborado por el departamento foral de Hacienda y Finanzas, dado a conocer ayer. De momento, el impacto de la delicada situación de Fagor CNA y de Muebles Xey no parece que afecte al cómputo global de ventas

Cataluña podría pasar de crecer un 3,6% en septiembre a no crecer en absoluto en cuestión de meses. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó ayer de que, si continúa la inestabilidad política, el PIB de Cataluña puede sufrir un impacto de hasta 2,7 puntos porcentuales en 2018, resultando en un crecimiento real «cercano a cero». La persistencia de las tensiones provocará que la incertidumbre irradie de Cataluña al resto de España, lo que lastraría el PIB nacional en hasta 1,2 puntos porcentuales. En un informe publicado ayer, el organismo señala que «la prolongación en el tiempo de la inestabilidad política e institucional daría lugar a impactos negativos crecientes». Éstos podrían ser de 0,7 y hasta 2,7 puntos porcentuales. Todo depende, aclara, de por cuánto tiempo se extienda la situación de tensión, o de si ésta se intensifica.

Tras conocer los detalles de la reforma fiscal anunciada esta semana por los republicanos, las grandes multinacionales se verían seriamente afectadas, por las medidas contra los evasores de impuestos que trasladan sus beneficios fuera de EEUU. Los grupos de presión de las empresas que al principio acogieron de buen grado la iniciativa de recortar el impuesto de sociedades del 35% al 20% mostraron su perplejidad el martes ante la medida contraria a la evasión de impuestos de cuyas consecuencias ya habían advertido.

El que fuera presidente de la Generalitat hasta hace una semana, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consejeros, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), ya se encuentran de forma oficial en la lista internacional de buscados por la Policía por eludir la acción de la Justicia. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, instructora de la querella del fiscal general contra el Govern, acordó ayer por la noche tramitar sendas órdenes de detención y prisión, nacionales e internacionales, contra cada uno de los investigados tras la petición de la Fiscalía.