20171118

Lo dijo en el Parlamento vasco para despejar cualquier duda. El lehendakari lanzó ayer un guiño al PP y se mostró dispuesto a implicarse personalmente para retocar la reforma fiscal pactada con el PSE, como exigen los populares, y así conseguir el apoyo de la formación de Alfonso Alonso a los Presupuestos vascos. El paso de Urkullu abre expectativas a otros posibles acuerdos presupuestarios de su partido con el Gobierno de Rajoy.  Lo que queda es saber cómo pueden salir PNV y PSE de la encrucijada en la que se han metido para sacar adelante las Cuentas del Gobierno vasco. Los jeltzales no tendrían mayor inconveniente en flexibilizar la reforma fiscal, pero el PSE no parece por la labor de aceptar la exigencia de los populares. Es reacio a limar el Impuesto de Sociedades recuperando las bonificaciones o reduciendo el tipo actual –28%–.

Los sindicatos ven con buenos ojos el propósito del Gobierno de penalizar el abuso de la temporalidad que hay en España que, tras Polonia, presenta la tasa más alta de la Unión Europea: un 27,3% de los trabajadores tiene un contrato eventual, según datos de la última EPA, y apenas uno de cada diez nuevos empleos son indefinidos. Por eso el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha puesto a trabajar a contrarreloj en una serie de medidas encaminadas a tal fin que quiere tener cerradas antes de final de año. Así se lo comunicó el pasado martes a los agentes sociales en un documento en el que plasma por escrito sus propuestas. En él, el Gobierno les anuncia su intención de equiparar el coste del despido del trabajador temporal con el del indefinido en el tercer año, como una manera de desincentivar su uso. Se trataría de introducir en el contrato temporal una indemnización por despido que fuera de 12 días el primer año de trabajo, de 16 días para el segundo año y a partir del tercero se elevaría a 20 días, es decir, el mismo coste que tiene el despido en el contrato indefinido cuando es objetivo.

Los 500 millones de habitantes de la Unión Europea pasaron a tener desde ayer 20 nuevos derechos sociales. Los Veintiocho aprobaron en la cumbre informal de Gotemburgo (Suecia) un documento con medidas para intentar resarcir el daño que hicieron las políticas más duras aplicadas para salir de la crisis. La lista incluye, entre otras disposiciones, la igualdad de oportunidades, la inclusión social y «un salario justo que permita condiciones de vida decentes».  Con esta iniciativa, Europa recupera el llamado pilar social, una de las señas de identidad sobre la que se construyó la unidad del continente. El principal reparo a este anuncio de ayer es que las medidas no serán vinculantes. Sin embargo, Bruselas tiene previsto aprovechar este empujón para impulsar nuevas propuestas legislativas que vayan más allá de un lavado de cara.

Mariano Rajoy recordó ayer que la concesión de más ayudas sociales en la Unión Europea únicamente será posible si se mantiene el crecimiento económico. Durante su intervención en la Cumbre Social Europea que reunía a los principales líderes comunitarios en Gotemburgo, el presidente del Gobierno español se mostró a favor de las ideas propuestas, como guarderías gratis o rentas de inserción, pero advirtió de que «sin crecimiento económico son sólo discursos». Unas cuentas públicas saneadas y reformas estructurales son los pilares básicos que, según Rajoy, permiten alcanzar este desarrollo. Como ejemplo de los buenos resultados de estas políticas citó su propia labor al frente del Ejecutivo, recordando que la economía española ha crecido durante los tres últimos años por encima del 3% y que se están creando más de 500.000 puestos de trabajo al año.

El Gobierno vasco regresa a casa con deberes tras su visita a Gotemburgo, donde los máximos mandatarios europeos firmaron ayer el Pilar Europeo de Derechos Sociales. La delegación vasca ha estado encabezada por la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, quien ha insistido a las autoridades europeas en materia de empleo que las conclusiones de la cumbre no pueden quedarse en el papel. La respuesta de la Comisión ha sido encargar a Euskadi, teniendo en cuenta su experiencia en el terreno cooperativo, la elaboración de un informe en el que se incluyan propuestas para llevar a la práctica los acuerdos alcanzados.

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, hizo ayer, en el Congreso Europeo de Banca, una concesión a los más críticos con la política monetaria expansiva. «Los tipos de interés bajos durante un largo periodo de tiempo pueden contribuir a la creación de riesgos financieros, por lo que hay que vigilarlos con cuidado», apuntó. Es la primera vez que el banquero italiano reconoce riesgos similares en su política monetaria, si bien inmediatamente matizó su comentario al señalar que «actualmente no vemos riesgos sistémicos surgiendo en la zona euro. Hay algunos riesgos locales, pero que deben abordarse con políticas macroprudenciales y microprudenciales, no cambiando la política monetaria de todo el área».

El viceconsejero vasco de Empleo y Juventud, Marcos Muro, aseguró ayer que el 53% de las personas que participan en una acción de formación impulsada por Lanbide consigue su inserción laboral. Para el viceconsejero, 2018 «va a ser un año referencial en la nueva gestión del servicio vasco de empleo». «Estamos trabajando de lleno en la reforma y actualización de Lanbide. que se está convirtiendo en una competente herramienta para el impulso del empleo y la gestión de la inclusión social», señaló.

El Banco de España envió ayer un mensaje muy claro a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que estudia la viabilidad del sistema público de pensiones. Pablo Hernández de Cos, director general de Economía y Estadística de la institución, advirtió ayer, en el Congreso de los Diputados, de que el futuro del sistema de pensiones necesita de reformas económicas y laborales «cruciales» que contribuyan a crear empleo y a mejorar la productividad. De otra manera, «o se suben las cotizaciones sociales o se reduce la generosidad del sistema», dijo Hernández de Cos. Por esto último debe entenderse la reducción de las pensiones. Hay que tener en cuenta que la prestación inicial media en España significa el 82% del último salario medio. Esta figura, que técnicamente se conoce como la tasa de sustitución, está entre el 40% y el 60% en países como Alemania, Francia y Suecia.

Las alarmas por la sostenibilidad del sistema de pensiones siempre coinciden con el fin de año, justo cuando termina el plazo para hacer las aportaciones a los planes de pensiones, advertíó ayer la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos,  en una jornadas Las pensiones de hoy, las pensiones del futuro, organizadas por Funcas e Ibercaja. Todos los intervinientes alertaron de la urgencia de acometer reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema. El primero en hacer recomendaciones fue el economista jefe de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, Pablo Antolín-Nicolás. Aunque durante su intervención  aseguró que la OCDE no hace recomendaciones concretas a los países para sus reformas, posteriormente y ante un grupo de periodistas aconsejó a España adoptar el modelo sueco de pensiones que incluye una parte de pensiones mínimas garantizadas financiadas por impuestos y una segunda parte de la pensión de carácter contributivo. Esta parte que completaría las cuantías mínimas se acumularía en unas cuentas nocionales (individuales para cada trabajador) de gestión pública.

Recuperar el IVA que una empresa ha ingresado en la Agencia Tributaria pero que no ha cobrado es uno de los problemas típicos a los que se enfrentan las compañías en la gestión del principal impuesto indirecto. La legislación actual establece que una empresa podrá solicitar el reintegro de un IVA pagado y no cobrado transcurrido un año desde el devengo del impuesto sin que se haya obtenido el cobro total o parcial. El plazo en el caso de las pymes es de seis meses. CEOE ha propuesto a los partidos políticos del Congreso de los Diputados rebajar el periodo para reclamar el IVA pagado y no cobrado a 90 días. En concreto, plantea que esta medida se incluya como una enmienda durante la próxima tramitación de la proposición de ley presentada por Ciudadanos de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han saltado las alarmas. El 3 de enero de 2018 se acerca y trae una novedad normativa importante. Ese día toda persona jurídica (es decir, empresas, entidades e instituciones) que quiera operar en el mercado deberá contar con un Identificador de Entidad Legal (LEI), una especie de DNI financiero europeo. A día de hoy son pocas las empresas que lo han solicitado (les falta a más de 150.000) y se teme que muchas de ellas se queden sin operar en Bolsa —por ejemplo, vender acciones o invertir en bonos del Tesoro— cuando comience el nuevo año.

La diputada foral de Política Social, Maite Peña, resaltó ayer que Gipuzkoa es un «referente europeo en políticas de igualdad», al tiempo que destacó que la «recuperación económica es un hecho». Peña realizó estás manifestaciones en la ‘Jornada de empleabilidad y cohesión social del territorio’, organizado por la Diputación. Peña puso en valor que en Gipuzkoa es reducido el número de personas que, aunque dispongan de un empleo, su salario no supera el umbral de la pobreza. En concreto, afirmó que en esta situación se encuentran el 5,6% de los trabajadores del territorio, frente al 9,5% de la zona euro y el 13% de España.

El Acuerdo de París —que se empezará a aplicar en 2021— fue el marco general de la lucha contra el cambio climático. Pero falta desarrollarlo. Y los reglamentos para hacerlo tendrán que esperar a la cumbre de Polonia en 2018, la fecha tope que marca el propio Acuerdo. Así lo han decidido los negociadores de los casi 200 países reunidos en la Cumbre del Clima de Bonn. En la recta final de esta cita la financiación que deben aportar los países ricos se volvió a convertir en un escollo.

Bizkaia entera está todavía asimilando la trascendencia que supondrá ser la anfitriona de la gala del 25 aniversario de la MTV el año que viene, un anuncio que la organización de los premios europeos de la música hizo oficial el pasado domingo en Londres. Sabedores del enorme desafío, la Diputación y los ayuntamientos de Barakaldo y Bilbao no quieren dormirse en los laureles. «Tras la ilusión y la alegría» con que han recibido la noticia, toca ahora ponerse a preparar un evento que supone una «oportunidad única» para la provincia. Así lo aseguró ayer el diputado general, Unai Rementeria, que compareció junto a los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto, y de Barakaldo, Amaia del Campo, para hacer balance del nombramiento y adelantar los primeros pasos a dar. Rementeria no escatimó datos. Según las primeras estimaciones forales, la gala y el programa de actos que le precede podrían tener un impacto económico de 44 millones de euros y promover alrededor de 600 empleos.

Ni fines de semana ni puentes. Los sábados desaparecen como día de descanso en Mercedes Vitoria. La necesidad de cumplir con el objetivo de lanzar al mercado 157.000 nuevas furgonetas en 2018 y pulverizar otro récord histórico de producción, ha llevado a los responsables de la planta alavesa a diseñar un calendario laboral en el que se concreta, de momento, que durante el primer semestre del próximo año solo mantendrán la condición de inhábiles los sábados 6 de enero (Reyes Magos) y 28 de abril (San Prudencio); los únicos festivos puros del periodo. Es la propuesta que la dirección trasladó ayer a los representantes de los trabajadores en una reunión que se prolongó varias horas y que terminó sin acuerdo.

Las Vegas beberá agua bombeada desde el fondo del lago Mead por equipos fabricados en Indar. La empresa de Beasain ha firmado un megacontrato de 70 millones de dólares –el mayor de los conseguidos por la firma– con Southern Nevada Water Authority (SNWA), la compañía encargada de gestionar el suministro en el citado Estado norteamericano. Un contrato que catapulta a la firma guipuzcoana al liderato mundial en la fabricación de motobombas sumergibles de gran potencia, superando a multinacionales de renombre.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, insistió ayer en que el impacto del ERE de Siemens-Gamesa en sus instalaciones de Euskadi va a ser «mínimo» y que se centrará solo en las oficinas de la compañía en Zamudio. Tapia descartó así la posibilidad de que la multinacional baraje algún ajuste de personal inminente en las plantas productivas de las que dispone en la comunidad o en Navarra- Además, Tapia recordó que para Gamesa trabajan un total de 810 proveedores vascos, que vieron incrementar sus contratos el año pasado un 20%. Según indicó la consejera, el fabricante de aerogeneradores es «la única compañía» que está trabajando con todos sus proveedores en «un proyecto de gestión avanzada para mejorar la gestión, la financiación y las oportunidades que tienen estos proveedores», señaló.