20171126

El acuerdo alcanzado esta semana entre el PNV y el PSE para lograr el apoyo del PP a los Presupuestos, que contempla rebajar del 28% al 24% el Impuesto de Sociedades en los dos próximos años, ha sido acogido con satisfacción por Confebask, que venía reivindicando esta medida para que las empresas ganen en competitividad. Roberto Larrañaga, presidente de la patronal vasca, considera que con «una reforma como esta se podrá invertir más y también subir los salarios». «Creo que la foto, que antes era claramente contraria a la atracción de inversión, es otra muy distinta. Ahora somos más atractivos Sobre la situación catalana, Larrañaga descarta que vaya a tener incidencia en el despegue económico vasco y añade que «estaría bien captar a empresas que salgan de Cataluña de forma voluntaria».

El nuevo pacto para abordar la reforma fiscal en el País Vasco, formulado ahora a tres bandas entre PNV, PSE y PP, va a hacer felices a varios miles de empresas de Euskadi, pero infelices a algunos cientos. La decisión de rebajar el tipo impositivo desde el 28% hasta el 24% –que tendrá también su paralelismo en las pequeñas y medianas con una reducción de cuatro puntos en su gravamen, para pasar del 24% actual al 20%– se compensará con una limitación de algunas deducciones y esto no afecta a todos por igual. En términos generales, se puede asegurar que quienes aplican deducciones por inversión, investigación y desarrollo o actuaciones medioambientales, van a salir perdiendo y verán cómo aumenta la presión fiscal sobre ellas. También, aunque de forma temporal, saldrán perjudicadas –tendrán que anticipar el pago de impuestos que de otra forma podían diferir a años futuros– las compañías que acumulan importantes pérdidas de los años de crisis y que comienzan ahora a sacar la cabeza para volver a los beneficios.

El puzle fiscal que diseñan en sus despachos PNV, PSE y PP comienza a traducirse en un rompecabezas de difícil solución para decenas de pymes vascas. A partir del próximo añp, no hay reducciones por pérdidas anteriores. No hay otra opción, ni medida transitoria. La reforma fiscal busca «mejorar la efectividad del Impuesto de Sociedades y recaudar más». «Muchas empresas no tenían previsto en sus cálculos de los próximos tres años pagar por el IS y querían rehacer el colchón perdido durante la crisis», explica el socio asesor de Sayma, Victor Etxeberria. Los asesores fiscales no tienen duda de que esta medida incluida en la propuesta de ‘re-reforma’ fiscal supone un «serio revés» para buena parte de las empresas que componen el tejido económico. «Pueden poner en entredicho parte de las inversiones previstas y la creación de empleo», sostiene Etxeberria.

El presidente de la ejecutiva del PNV en Álava, José Antonio Suso, ve factible asumir los cambios fiscales que reclama el PP de Álava que abrirían las puertas a la aprobación del presupuesto 2018 de este territorios histórtico, donde el equipo de Gobierno de la Diputación Foral no cuenta con mayoría suficiente y debe pactarlo con algún grupo de la oposición. Hasta ahora se había apoyado en EH Bildu, pero está vía parece totalmente cerrada tras los acuerdos que se están gestando en la Comunidad Autónoma entre PNV y PSE con la formación conservadora que dirige Alfonso Alonso.

Si todo va según lo previsto, PNV, PSE y PP firmarán en las próximas 48 horas la nueva reforma fiscal y los Presupuestos vascos. Se pondrá así fin a un tortuoso proceso de negociación en el que ha sido clave la decisión de los socialistas de renunciar a mantener en el 28% el tipo del Impuesto de Sociedades y aceptar dejarlo en el 24% para lograr el apoyo de los populares. Un cambio que ha sorprendido en el mundo político y económico vasco pero que la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, defiende sin fisuras.  La líder socialista niega haber renunciado a sus principios, porque la nueva reforma fiscal «garantizará la suficiencia financiera» del Gobierno y los servicios sociales

Las negociaciones que mantienen PNV y PSE con el PP de la CAV de cara a alcanzar un acuerdo en torno a la reforma tributaria, que podría facilitar la aprobación de los presupuestos del Gobierno Vasco para 2018, se encontró ayer con el rechazo frontal de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que criticaron estas conversaciones por entender que están realizadas «al dictado de la patronal». Así, el parlamentario abertzale Iker Casanova indicó , en declaraciones efectuadas a Radio Euskadi, que «se está cumpliendo el guion dictado por Confebask con el que está de acuerdo el PP para hacer una fiscalidad de derechas que favorezca a los más acomodados y que una parte hegemónica del PNV también quiere materializar». Iker Casanova añadió que lo que les queda a los socialistas es «asentir y bendecir».

Partidos y empresarios vascos reconocen su «preocupación» por la creciente oleada de ataques contra el Cupo, que confunden la singularidad del sistema de financiación de Euskadi con un supuesto «privilegio». Temen que la virulencia de las críticas por parte de líderes políticos del resto de España ponga en peligro el futuro del modelo, contra el que Ciudadanos y Compromís han votado esta semana en el Congreso. «Nos inquieta la música latente que existe», admite el PNV. ¿Alguna vacuna? «Pedagogía», «más transparencia» y convencer a los críticos de que «singularidad no es insolidaridad».

Al margen de los cambios que se pueden introducir en el proyecto de presupuestos de 2018 durante la negociación con el Partido Popular que está a punto de cristalizar, hay una variable casi inamovible: el aumento de las emisiones de deuda y de las amortizaciones anteriores previsto para el próximo año. El Gobierno Vasco tendrá que devolver en el ejercicio que viene casi 1.400 millones de euros que le han prestado entidades financieras e inversores. Además, y para hacer frente a estos compromisos, tiene previsto incrementar su endeudamiento en cerca de 1.550 millones. Casi un 12% del gasto presupuestado se destinará a amortizar deuda y de forma paralela seguirá aumentando la carga financiera de cara a ejercicios futuros.

Las compañías eléctricas han alzado la voz para cerrar algunas de sus centrales. De la burbuja energética que España vivió hasta 2008 se derivan ahora parte de los problemas que se le acumulan al sector en un contexto marcado por las exigencias medioambientales, sí, pero también por la infrautilización de muchas instalaciones, que pierden dinero. El problema es que, en el caso de las eléctricas, cualquier decisión puede influir en el recibo. Y eso son palabras mayores para los millones de consumidores ya de por sí recelosos del sistema energético.

El campo sufre una sequía que también amenaza al sector alimentario, al turismo y a la industria. No llueve, pero tampoco se invierte en agua. España se enfrenta a multas millonarias tras reducir la inversión hídrica un 90%.

La fuga de empresas de Cataluña por el clima de inestabilidad política aún no se ha frenado. Desde el 1 de octubre, la comunidad ha perdido 2.745 sedes sociales de compañías de todos los sectores. El ritmo de salida ha ido aflojando, pero el Registro Mercantil aún refleja cada día decenas de cambios de domicilio. A esas 2.745 empresas se suman otras, según fuentes empresariales, que constituyen una nueva sociedad fuera de Cataluña para evitar sufrir boicots en la comunidad. Pero al contrario de lo que defiende el bloque soberanista, esas marchas no son inocuas ni gratuitas. Ni para Cataluña, que pierde centros de decisión de sectores estratégicos, ni para las empresas.

La criptomoneda más popular, el bitcoin, se ha revalorizado casi un 1.000% en los últimos 12 meses hasta superar los 8.000 dólares. Muchos expertos advierten de que este mercado que nadie controla amenaza con protagonizar una de las mayores burbujas de la historia de la economía.

Las tensiones autonómicas han desatado críticas internas en el PP y el PSOE. Mientras Pedro Sánchez ha tenido que emplearse a fondo para aplacar el malestar de sus barones y evitar disidencias por agravio comparativo del Cupo vasco, hay dirigentes populares que admiten que Albert Rivera dice «lo que nuestra gente quiere escuchar».

«[..]El Cupo vasco se ha arbitrado con criterios de pura fantasía, como subrayaba en El Mundo el mejor experto en balanzas fiscales de España, Ángel de la Fuente. Si en Alicia en el País de las Maravillas, la colérica Reina de Corazones exige que el jurado dicte sentencia antes de deliberar sobre el veredicto –«¡Primero la sentencia, luego el veredicto!», grita como una posesa–, aquí primero se atornilla la cantidad y luego se viste el santo. En esas circunstancias, no cabe hablar de arqueo técnico, sino de apaño político. Cuando las cuentas son cuentos, la contabilidad es esa ciencia exacta que concluye cabal lo que uno quiere que diga. Mucho más cuando las cosas parecen hacerse sin más ley ni razón que el antojo».