20171128

La búsqueda de financiación se convirtió en una auténtica pesadilla para las empresas durante la crisis, pero hace tiempo que ya no es tal. Las entidades financieras, muy animadas con las inyecciones del Banco Central Europeo (BCE), han ido abriendo el grifo y bajando los tipos de interés, aunque todavía quedan secuelas como una mayor exigencia de garantías. A la vez, la liquidez suministrada al sistema ha facilitado el acceso a otras alternativas como son las ampliaciones de capital, de forma que la financiación no bancaria se ha disparado un 41% en España entre enero y septiembre de este ejercicio, según datos recogidos en un informe de la patronal vasca, Confebask, que fue publicado ayer. Según destaca Confebask en su análisis, este éxito de las vías alternativas es lo que explica que el crédito nuevo de los bancos a las grandes empresas –consideradas como tal las de más de 250 empleados y que piden préstamos de más de un millón– haya crecido sólo un 0,8%. Por contra, el volumen para las pymes, que siguen nutriéndose de la banca, se ha elevado un 7,7% en el mismo periodo.

El problema de la escasa dimensión de las empresas vascas es una desventaja competitiva, reconoció la consejera vasca Arantxa Tapia ayer en un coloquio organizado por APD y Celoitte en Bilbao, pero tras señalar que «no hay una receta mágica» indicó que no se puede forzar a las empresas vascas a desarrollar proyectos de redimensionamiento como fusiones o alianzas si no existe voluntad en las compañías. En este sentido recordó que el Ejecutivo había identificado junto con Confebask 25 empresas susceptibles de mejorar su talla pero solo 4 habían aceptado analizar la posibilidad. La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en cambio, sí fue más tajante a la hora de pedir a las empresas vascas que redoblen el esfuerzo económico en innovación «por su propio bien» para incrementar su competitividad, e instó al sector privado a subir su inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), ya que el año pasado solo creció al 1,6%, cuando la economía vasca crecía al 3%.

La ‘fumata blanca’ sobre el pacto fiscal que tienen apalabrado el PNV, el PSE y el PP no se vislumbró ayer, como en un principio estaba previsto. Los últimos flecos sobre el IRPF y las deducciones aplicables al Impuesto de Sociedades han demorado, previsiblemente hasta hoy, la firma de un acuerdo que en cualquier caso no peligra y que también permitirá al Gobierno de Iñigo Urkullu sacar adelante los Presupuestos del año que viene.  El consenso en materia tributaria se alcanzó de forma definitiva durante la reunión al más alto nivel que mantuvieron el viernes los máximos responsables del PNV, PSE y PP. El acuerdo político estaba hecho, lo que faltaba era la concreción técnica. Y es lo que ayer no se consiguió.

El acuerdo fiscal entre PNV. PSE y PP se hace de rogar. Aunque existen algunas dificultades relacionadas con la insistencia de los populares en rebajar el IRPF, en este momento la principal dificultad no radica en esa revisión, y ni siquiera en la reforma fiscal en sí misma, sino en los Presupuestos de las Juntas de Araba. No se pretende un apoyo automático del PP ni un cambio de cromos, pero sí que exista una actitud más posibilista y proclive a la estabilidad presupuestaria que los tres partidos loaron en su nota de prensa pactada el pasado viernes. Esa es la premisa que no se estaría cumpliendo por parte del PP en Araba y que está comprometiendo la revisión fiscal, que ya no tendría sentido si no sirve para generar un nuevo clima, y también compromete todo el paquete del acuerdo, incluido el de los Presupuestos vascos.

La aprobación el pasado jueves en el Congreso de las nuevas leyes del Concierto y de la actualización del Cupo desempolvó las críticas al «privilegio e injusto provecho» que supone para Euskadi contar con un régimen especial de financiación. Alentado por Ciudadanos, algunos barones autonómicos del PSOE y ciertas voces regionales del PP, las críticas a los pilares económicos que sostienen el autogobierno vasco se han ganado un hueco en la agenda política nacional. Ante el peligro de que esos aún tímidos ataques abran un inesperado frente de colisión entre el País Vasco y el resto de España, el PP trató ayer de sofocarlos en un desayuno celebrado en Madrid. Primero Mariano Rajoy, que presentaba una conferencia de Alfonso Alonso, y acto seguido el presidente de los populares vascos, hicieron una cerrada defensa del autogobierno vasco. «El Concierto no es una reivindicación nacionalista. Es un elemento de unión entre vascos y de los vascos con el resto de los españoles, y que garantiza el mejor engarce de Euskadi en España», argumentó Alonso.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, afirmó ayer que no «hay trampa ni cartón» en el Cupo, cuyo calculo «se ajusta a la normativa». Así, defendió que Euskadi es un territorio «solidario» que aporta «por encima» de lo que le corresponde por su población y riqueza relativa. Azpiazu realizó estas manifestaciones en Bilbao en un encuentro organizado por APD y Deloitte que se desarrolla en el Palacio Euskalduna bajo el título ‘Modelo de éxito. Una llamada a la diferenciación estratégica’. Y el consejero no dudó en mostrar su satisfacción por las leyes del Concierto y el Cupo aprobadas la pasada semana en el Congreso. A su juicio, el pasado jueves fue un día «señalado» para el País Vasco, y aseguró que la aprobación de estas leyes «normaliza las relaciones económicas entre Euskadi y el Estado para los próximos cinco años». Además, manifestó que las críticas a este sistema alegando que supone un «trato de favor» se hacen «desde el desconocimiento, la falta de rigor» e incluso «la mala fe».

Ni la defensa cerrada del PP, nacional y vasco, ni sus ataques a Ciudadanos, ni el apoyo del resto de fuerzas salvo la formación naranja están acallando las quejas de las comunidades del PP y del PSOE por el nuevo Cupo vasco que aprobó el Congreso de forma exprés el pasado jueves. Máxime cuando el mismo jueves el Gobierno vasco llegó a un acuerdo en la negociación de sus Presupuestos de 2018 para rebajar cuatro puntos el Impuesto sobre Sociedades a las empresas vascas. El Cupo parece haber abierto la caja de Pandora del descontento autonómico con las desigualdades, dado que los barones también se quejan de las diferencias de trato con Cataluña y en el sistema de financiación. Las comunidades del PP son las que más están haciendo oír su voz. La semana pasada, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y La Rioja expresaron su malestar. Las regiones que gobierna el Partido Popular mantuvieron ayer e, incluso elevaron, el tono de sus críticas.

Euskadi «ha recuperado los niveles del Producto Interior Bruto de antes de la crisis pero con 90.000 parados más»,  por ello uno de los retos del Gobierno vasco es reducir la tasa de desempleo a cotas del 5 ó 6%, lo que supondría llegar al millón de ocupados, afirmó ayer Pedro Azpiazu, consejero vasco de Economía y Hacienda. Azpiazu pasó revista a la evolución de la economía vasca desde la transición democrática y la recuperación de la figura del Concierto a principio de los años ochenta del siglo pasado y aludió a las crisis que se han atravesado, desde la de finales de los años setenta y principios de los ochenta que termino con la denominada reconversión industrial y el fin de buena parte de la industria pesada, hasta la última de 2008, que se ha considerado como «la gran recesión».

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, llamó ayer la atención de las empresas vascas para que permanezcan muy atentas a los cambios que se producen en sus mercados y, también, para que «comiencen a prepararse para la próxima crisis». Tapia, que participó en una jornada celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao organizada por APD y la firma Deloitte, insistió en la necesidad de eludir la simple competitividad por la vía de costes porque «ahí estamos perdidos». La consejera se refirió a algunos retos concretos en los que la evolución de la tecnología supone un riesgo claro para al menos una parte de la industria vasca. Es el caso, mencionó, de la fabricación aditiva, ya que compite directamente con la máquina herramienta. De la misma manera se refirió a la hipotética evolución del vehículo eléctrico, que puede poner en riesgo una parte importante de la industria vasca del acero y también de la fabricación de componentes de automoción.

ELA y LAB aseguraron ayer que la rebaja del Impuesto de Sociedades acordada por PNV y PSE, y que ambos negocian estos días con el PP, es «injusta y antisocial», al considerar que supone «un nuevo regalo a la patronal» que «perpetúa las políticas de recortes». En una rueda de prensa ofrecida por los secretarios generales de ambas formaciones, ‘Txiki’ Muñoz y Garbiñe Aranburu respectivamente, los sindicatos soberanistas señalaron que se trata de una medida «injusta» porque representa «un nuevo paso en la profundización de un sistema fiscal que hace recaer la recaudación sobre las rentas de trabajo, mientras que la aportación de las rentas empresariales y del capital ha disminuido con fuerza en los últimos años». Criticaron también su carácter «antisocial» porque «renunciar a una parte de los ingresos supone en la práctica seguir apostando por las políticas de recortes en los servicios públicos y las prestaciones sociales».

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, consideró ayer «muy difícil» que las empresas vascas tengan resuelto el problema de las tarifas eléctricas a principios del año que viene, tal y como se había acordado con el Gobierno central en el marco de la negociación presupuestaria de 2017. Tapia, que clausuró unas jornadas de APD y Deloitte sobre el Modelo de éxito en Euskadi, recordó que readecuar la tarifa eléctrica de la industria vasca, una cuestión que preocupa mucho a las empresas, se acordó con el Gobierno central en el mes de mayo, pero un recurso ante la Unión Europea por parte del Govern catalán, mantiene la medida pendiente de que las instancias europeas se pronuncien sobre ella.

Los efectos de la recuperación económica ya han llegado a los bolsillos de todos los españoles, que están consumiendo al mayor nivel de la última década. Ésta es la principal conclusión que arrojan los últimos datos sobre gran consumo, que en el tercer trimestre del año subió un 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra marca un nuevo récord desde que se inició la recuperación, según los datos del informe Growth Reporter elaborado por Nielsen. Entre julio y septiembre de este año se superó ampliamente el anterior máximo –del 3,6%– que se había alcanzado en el segundo y tercer trimestre de 2016. Además, se consolida una tendencia de crecimiento ininterrumpido desde principios de 2017, superando en 1,3 puntos al dato anotado en el segundo trimestre y en 2 puntos el del primero.

Las exportaciones guipuzcoanas se han recuperado en el tercer trimestre, registrando un incremento del 6,5% interanual, después de una caída del 2,3% entre abril y junio. De esta forma se vuelve a la senda positiva de comienzos de año, cuando de enero a marzo las ventas en el exterior se apuntaron una subida del 6,4%. Las exportaciones guipuzcoanas de julio, agosto y septiembre se han situado por debajo de las vizcaínas, que registraron un 25,9% de subida y por delante de las alavesas, que se quedaron en el 2,7%.

Deutsche Bank prevé que la economía española crezca un 2,5% en 2018, dos décimas por debajo del escenario que contemplaba antes del conflicto en Cataluña. La entidad financiera reconoce que la situación catalana ha frenado las expectativas, pero que el efecto se va a ir diluyendo, más centrado en el tercer y cuarto trimestre de este año que en el próximo ejercicio, cuando el impacto probable será de una o dos décimas, siempre a expensas de lo que ocurra tras las elecciones autonómicas. En todo caso, el crecimiento del 2,5% del PIB en 2018 es superior al 2,3% previsto por el Gobierno y a la media de crecimiento económico en la Eurozona, estimado en un 2%. Entre los riesgos, la economista jefe del Deutsche Bank en España, Rosa Duce, mencionó, además de Cataluña, la apreciación del euro, si se produce una retirada temprana de los estímulos del BCE, y el proteccionismo de Estados Unidos, país para el que la entidad germana espera un crecimiento del 2,3%.

Ya son cinco los tribunales superiores de justicia (TSJ) que han resuelto conceder a los empleados interinos la misma indemnización por despido que al resto de trabajadores. Lo han hecho acogiéndose así al criterio establecido en septiembre de 2016 por la justicia comunitaria respecto a la existencia de una desigualdad de trato entre temporales y fijos, pero como no llegó a puntualizar si para ello se basaba en la Carta Social Europea, ratificada por España, desde algunos ámbitos se plantean si debe extenderse su aplicación al sector privado y no sólo al público. El último órgano judicial en pronunciarse ha sido el TSJ de Castilla y León, que sigue los pasos de sus homólogos en el País Vasco, Madrid, Andalucía y Canarias.

La Comisión Europea propondrá el 6 de diciembre que el mecanismo de rescate para gestionar las crisis financieras (MEDE) se transforme en un auténtico fondo de estabilización para impedir que el euro salte por los aires en la próxima gran crisis financiera y completar la unión monetaria. Esta propuesta es menos ambiciosa que los planes iniciales por la cautela alemana, pero avanza, al calor de la recuperación económica, en el diseño que completará la arquitectura monetaria de la eurozona. El FME —o Fondo Europeo de Estabilización, como prefiere llamarlo Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo— será dirigido por un superministro de Economía y sus tareas serán rescatar a países en crisis a cambio de que apliquen recortes, servir de cortafuegos en caso de cierre de bancos y controlar los futuros presupuestos anticrisis de la eurozona.

La Comisión Europea abrió ayer una investigación a las subvenciones que reciben las centrales eléctricas de carbón españolas para la instalación de filtros que reduzcan los niveles de contaminación. Desde su entrada en vigor en 2007, catorce centrales han recibido 440 millones en ayudas por este concepto y se contemplan pagos hasta 2020. Si la Comisión concluye que estas ayudas son ilegales, las eléctricas tendrán que devolver el importe recibido más intereses. El Gobierno, por su parte, defiende la legalidad de las ayudas. La decisión de Bruselas llega en plena batalla entre el Ejecutivo español y la compañía eléctrica Iberdrola. Esta quiere cerrar sus dos plantas de carbón, porque no cumplen con los criterios medioambientales y de rentabilidad. El Ejecutivo español se opone al cierre de las centrales de carbón por cuestiones de seguridad del suministro eléctrico y para proteger los empleos.

No son sólo los policías y guardias civiles los que cobran menos que sus homólogos en el País Vasco o Cataluña pese a que desarrollan las mismas funciones. Estas importantes diferencias retributivas afectan también a los 230.000 empleados con los que cuenta la Administración General del Estado (AGE), que paga de media un 25% menos a sus trabajadores de lo que perciben aquellos que desempeñan el mismo puesto en administraciones autonómicas. Una diferencia que respecto a Euskadi es del 35%. Así lo denunció ayer el CSIF, el sindicato más representativo en este sector, después de realizar un exhaustivo estudio en el que compara los salarios de los empleados públicos del Estado, en sus diferentes categorías, con los que perciben los trabajadores en diez comunidades autónomas.

El Departamento de Educación ha fijado las condiciones que debe cumplir una titulación universitaria para obtener el certificado oficial de ‘dual’, el modelo que combina el aprendizaje en el aula con el trabajo remunerado en la empresa y que se aplica ya en la FP. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, presentó ayer los requisitos para lograr ese reconocimiento: que el alumno pase como mínimo un 25% del tiempo de formación en la empresa en el caso de los grados, y el 40% en los másteres. El estudiante también debe hacer el trabajo fin de carrera en colaboración con una entidad externa, ya sea en la industria, una institución o un centro de investigación, entre otras posibilidades.

El futuro del trabajo pende de varios hilos, de cómo las empresas están adoptando la inteligencia artificial, la robótica y automatización, así como del impacto de esas tecnologías en el personal; también influye el empleo de trabajadores eventuales, la escasez de habilidades digitales de los profesionales, y sobre todo cómo están cambiando las prácticas de trabajo como resultado de la incorporación al mercado laboral de la generación milenial y posmilenial. De hecho, varios estudios sugieren que los trabajadores temporales supondrán el 25% de la fuerza laboral de las compañías en 2020. Sin embargo, las empresas temen que esto derive en un problema de seguridad, ya que puede comprometer información sensible y deberá reforzar las medidas, en este sentido, según advierte el estudio The future of work, elaborado por la firma de abogados Osborne Clarke, en el que han colaborado directivos de firmas como Accenture, Siemens, Dyson y MetaPack.

El director de recursos humanos de Siemens Gamesa, Xabier Bengoetxea, fue cesado ayer después de que la empresa de generación eólica hubiese protagonizado una especie de caos continuado desde que anunció su intención de ajustar el empleo. La publicación sucesiva de datos con escaso grado de detalle e incompletos concluyó el pasado jueves cuando la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, denunció que la compañía le había comunicado inicialmente que el recorte de empleo en Euskadi únicamente alcanzaría a «una veintena de personas», mientras que ese mismo día Siemens Gamesa anunciaba que serían 48 los empleados que abandonarán la firma en la sede central de Zamudio. La sociedad anunció su decisión en la mañana de ayer, mediante un escueto comunicado interno a toda la plantilla en el que se indicaba que Bengoetxea dejaba de ser el máximo responsable de recursos humanos, aunque permanecerá dentro de la empresa y ligado a ese departamento.

El pasado 13 de noviembre, Euskaltel celebró su día del inversor para explicar a la comunidad inversora las bondades de su proyecto. Cayó casi un 5% en Bolsa. El problema es que Euskaltel no crece, sino que decrece en ingresos y clientes en términos comparables. Su cable, que competía muy bien con el ADSL, lo hace mucho peor con la fibra óptica. Así que los analistas pronostican caídas de ebitda al bajar precios para mantener cuota. Y para volver a crecer, hay que salir fuera de sus territorios naturales, algo que penalizaron los inversores porque, a pesar de las modestísimas dimensiones de sus planes, costaba dinero. A los precios actuales, Euskaltel se está convirtiendo en una compañía apetecible para una opa.