20171211

La patronal CEOE plantea al Gobierno un pacto de Estado «para aumentar el peso de la industria en el Producto Interior Bruto PIB)». En el documento sobre La situación de la industria, los empresarios respaldan el programa europeo para que en cada país de la Unión las manufacturas lleguen a representar el 20% del PIB. Es decir, el Proyecto 20-20 de la Comisión Europea para la industria. Actualmente, supone el 14% de la economía y 2,3 millones de trabajadores, de los cuales el 78,7% es indefinido. La patronal recuerda que por cada euro de valor que se genera en la industria, la aportación al conjunto de la economía supone 3,11 euros. La remuneración media por asalariado en las manufacturas es de 38.600 euros, un 10% más que los 35.100 euros en el conjunto de la economía.

El Gobierno lo tiene todo previsto para poder aprobar, con el apoyo de los nacionalistas vascos, los Presupuestos Generales del Estado de 2018, a más tardar, en la primera quincena de marzo. Una vez que Mariano Rajoy haya aprobado la nueva Ley del Cupo para el periodo 2017/2021, que coloca en una situación de absoluto privilegio financiero a la comunidad autónoma vasca, el respaldo del PNV a los Presupuestos del próximo año ya no corre ningún peligro y, por tanto, el Ejecutivo no se vería obligado a prorrogar los de2017, vigentes desde junio. Pese a todo, los nacionalistas siguen exigiendo a Rajoy que cumpla con el compromiso adquirido en 2014 de rebajar los peajes eléctricos a la industria vasca para corregir un sobrecoste respecto al resto de grandes consumidores en alta tensión de unos 100 millones de euros.

En este 2017 a punto de acabar, la deuda europea ha dado más alegrías que disgustos. Los países que durante la Gran Recesión vieron caer su calificación avanzan hacia notas más altas. Pero con pasos muy tímidos. Una década después del inicio de las turbulencias y tras cinco años de crecimiento en la eurozona, el panorama es mucho peor que antes de la crisis. España está a siete u ocho escalones de la máxima nota que disfrutó hasta 2009. Y ese nivel aún tardará en llegar. «No vemos que en el futuro próximo los ratings de la zona euro vayan a recuperar los niveles precrisis», asegura Sarah Carlson, vicepresidenta de Moody’s.

Gobierno central y agentes sociales están analizando recortar un año la duración máxima de los contratos por obra y servicio para que no puedan extenderse más de tres años (frente a los cuatro actuales), dentro de las medidas que tratan de acordar en el marco del diálogo social para reducir la temporalidad laboral. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y los responsables de los sindicatos UGT y CCOO. y las patronales CEOE y Cepyme se volverán a sentar esta semana a la mesa de calidad en el empleo para hablar de limitar la utilización y la duración de los contratos eventuales e incrementar su indemnización al término del mismo. Según el borrador de la propuesta de Empleo, la duración del contrato temporal por obra y servicio se reduciría en un año, al pasar de los cuatro actuales (tres más uno de prórroga) a tres años (dos más uno).

En la pasada cumbre social de Gotemburgo, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, citó el fomento de la Formación Profesional dual como uno de sus objetivos de gobierno. Lo dijo justo cuando la norma que regula la FP dual cumple ahora cinco años. Desde 2012 su desarrollo ha sido exponencial, hasta lograr 24.000 estudiantes este curso. Si bien son solo alrededor del 4% de todos los jóvenes que optan por la FP. Una de las principales causas es la falta de una normativa que homogeneice los 17 modelos distintos de FP dual que existen: uno en cada comunidad autónoma. Y eso es precisamente lo que el Gobierno busca solventar. Desde el Ministerio de Educación han redactado ya un primer borrador de real decreto, con el objeto de fijar una normativa marco para todas las comunidades, y remover algunos obstáculos de los que se quejaban los empresarios para ofrecerse como formadores de la FP dual.

En los diez primeros meses del año se firmaron en Euskadi 40.724 contratos indefinidos, de los que 15.477 no eran a jornada completa. Es decir, el 38% de las incorporaciones al mercado laboral lo son a tiempo parcial, una modalidad que las empresas dispararon durante la crisis para poder ajustar la fuerza de trabajo a sus necesidades, pero que amenaza con hacerse crónica. El Gobierno vasco sospecha que esta fórmula contractual se utiliza a menudo de forma fraudulenta y los sindicatos hablan abiertamente de foco de precariedad, producto de la reforma laboral de 2012.

Tomás Arrieta no pierde la sonrisa pese a que le ha tocado lidiar como presidente del CRL de Euskadi una de las etapas más complicadas de las relaciones laborales, con unos convenios que no terminan de actualizarse, con lo que se abre, dice, una «incertidumbre muy preocupante por la incapacidad de llegar a acuerdos». Reivindica la negociación colectiva como principal instrumento para recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores y también para buscar salidas a otros grandes retos, entre ellos la reducción de la población activa o las pensiones.

La industria vasca ha asumido el reto de formar a los trabajadores que contratará en el futuro y de resolver el problema de falta de personal cualificado que ha estado latente durante la crisis. La Formación Profesional Dual, que combina las clases en el centro académico y las prácticas en la empresa, es la herramienta más conocida, pero hay otras fórmulas que recuerdan las antiguas escuelas de aprendices que tenían hace décadas las grandes compañías. Se trata de formar hoy a medida a la cantera que se pondrá al frente de la producción mañana. Y cada vez hay más empresas que dan ese paso.

El Ministerio de Empleo apuesta por la transparencia para acercar los sueldos de hombres y mujeres. En el borrador presentado a los agentes sociales para la reforma de la contratación ha incluido la obligación para las empresas con más de 250 empleados de hacer auditorías salariales para «sensibilizar a empresas y trabajadores» del problema. También se concreta la reducción de los tipos de contratos temporales, que, en principio, durarán dos años, pero se podrá ampliar hasta tres si se pacta así en los convenios.

La tragicomedia del Brexit se encamina oficialmente a su segunda temporada, pero eso no significa que haya concluido la primera. El Parlamento Europeo, con derecho de veto sobre el pacto final, respalda el trascendente acuerdo de divorcio que alcanzaron la semana pasada Bruselas y Londres pero alerta de que quedan asuntos clave por resolver. La tutela de la justicia comunitaria sobre los ciudadanos europeos residentes en suelo británico y la garantía última de que no habrá frontera rígida entre Irlanda y su vecina Irlanda del Norte, perteneciente a Reino Unido, centran esas inquietudes.

El compromiso del Gobierno vasco de volcarse esta legislatura en la promoción de la vivienda en alquiler público, la regeneración urbana y la recuperación y gestión del agua en Euskadi ha recibido un importante espaldarazo a nivel internacional. El Banco Europeo de Inversiones ha concedido un préstamo de 200 millones de euros al Ejecutivo autonómico condicionados a que se destinen a ejecutar proyectos por valor de al menos 702 millones. Andrea Durante, responsable de Operaciones de la entidad financiera comunitaria, destacará el valor de esta medida como fórmula de financiación en el segundo congreso nacional sobre rehabilitación que mañana y pasado se celebra en el edificio de La Bolsa de Bilbao.

Más de un centenar de profesionales forman parte de Secot, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, la asociación de voluntariado de asesoramiento empresarial. Aunque retirados de su día a día laboral, estos voluntarios siguen ligados al mundo empresarial ayudando a otros emprendedores a reconducir su negocio o a sacarlo adelante. En Álava, Víctor Allende, quien fuera gerente de la Fundación San Prudencio, acaba de relevar en la presidencia del colectivo a Pilar Redondo.

«El reciente acuerdo bilateral sobre el Concierto vasco y el Cupo continúa siendo objeto de crítica interesada desde diferentes partidos y corrientes políticas. El voluntario desconocimiento y el manido discurso del agravio comparativo se sigue utilizando, sin considerar que las propias figuras del Concierto vasco y el Convenio navarro han sido avalados en repetidas ocasiones por la Unión Europea (UE) y por su Tribunal de Justicia (TJUE), en la medida en que ambas figuras contribuyen a garantizar los principios y libertades comunitarias, incluidos los principio de subsidiariedad y de solidaridad».

«La escasa calidad de las instituciones económicas (que lastra la eficacia y la existencia de empleos de alto valor añadido), y la insuficiencia de formación de los empresarios y de los trabajadores (que debilita a la población activa) son dos de los vientos estructurales en contra que tiene la economía española. Así lo analiza el profesor de Historia Económica de la Universidad de Valencia Jordi Palafox en su libro Cuatro vientos en contra (Pasado y Presente). A esos vientos de largo aliento se une otro ahora, de carácter más coyuntural, que hasta anteayer no era viento en contra sino viento de cola: el precio del petróleo».