20171213

El Impuesto de Sociedades que se aplicará en el País Vasco en 2018 no podrá aprobarse antes de que empiece el ejercicio. Más bien al contrario, la publicación de la nueva normativa en los boletines oficiales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa se producirá bien avanzado el primer trimestre. A finales de febrero en el mejor de los casos o a lo largo de marzo, como fecha más probable. El retraso acumulado es una consecuencia lógica del intrincado proceso de pactos que ha sido necesario para poder sacar adelante la normativa. El acuerdo inicial alcanzado entre PNV y PSE decayó semanas después, cuando el PP decidió condicionar la rebaja del tipo de Sociedades a un pacto global para la aprobación de los Presupuestos en el Gobierno vasco y también en las instituciones forales.

Confebask Euskal Enpresarien Konfederakuntzak kanpaina berezia abiatu du aste honetan, Lanbide Heziketako euskal ikasleen eta irakasleen kolektiboa animatzeko eta bultzatzeko Europako Erasmus + Programan parte hartzera. Horrela, enpresa erakundeak 75 beka banatuko ditu 2017-2018 ikasturtean LHko ikasleen artean, atzerriko herrialdeetan prestakuntza osatu dezaten.Erasmus + dirulaguntza sistema bat da, Europako enpresetan praktikak egiteko, eta Confebaskek orain dela 20 urtetik kudeatzen du. Dagoeneko LH sistemako 2.000 ikasle baino gehiago baliatu dira deialdiaz, eta, ondorioz, «lagundu egin dute Euskadi Europan erreferente bihurtzen, baita ikasleen mugikortasunaren arloan ere», Confebaskek nabarmendu duenez.

Las pymes españolas podrían crear 259.000 empleos en los próximos tres años si obtuvieran más financiación, según un informe presentado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR). El presidente de la confederación, José Rolando Álvarez, afirmó que 130.000 de estas empresas (el 18,3 % del total que busca financiación) serían capaces de crear este volumen de puestos de trabajo, en tanto que otras 261.000 pymes (el 36,9%) consideran que obtener crédito será clave para mantener el empleo actual. Según el documento, la financiación sigue condicionando «de manera importante» el mantenimiento y la creación de empleo de las pequeñas y medianas compañías españolas, por lo que desde la asociación han reclamado que el Gobierno «aumente su contribución» para reducir las «inasumibles» cifras de desempleo.

La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de octubre en el 5,6%, una décima menos que en septiembre y en línea con el dato correspondiente a abril de 2008, aunque el número de desempleados es ahora de 35,1 millones, lo que implica 2,5 millones más que antes del estallido de la crisis. Entre los miembros del Club de países ricos, la mayor tasa de desempleo correspondía a Grecia, con un 20,6% en agosto, por delante de España, con un 16,7%, e Italia, con un 11,1%. Por el contrario, los niveles más bajos de paro se observaron en República Checa, con un 2,7%, seguida de Japón, con un 2,8%, y de México, con un 3,4%. Entre las mayores economías de la OCDE, la tasa de paro de EEUU se situó en octubre en el 4,1%, una décima menos que en septiembre, mientras que en la eurozona bajó al 8,8% desde el 8,9%.

A la Seguridad Social le ha costado casi una década volver al nivel de ingresos por cotizaciones previo a la crisis. Hasta octubre, la recaudación superaba en 600 millones la alcanzada en el mismo periodo de 2008, cuando el ejercicio acabó con el récord hasta ahora: 107.769,16 millones. Si nada se tuerce, este año las cuotas sociales aportarán unos 109.000 millones. «Sin lugar a dudas, será el año con la mayor recaudación de la historia», confirma el Ministerio de Empleo. Pero esta mejora de la recaudación, ligada al crecimiento del mercado laboral, es insuficiente para reducir el déficit del sistema de pensiones.

El número de trabajadores que se trasladaron de comunidad autónoma por motivos laborales durante el año pasado ascendió a 125.487 personas, un aumento del 14,8% sobre el año anterior, según datos publicados ayer por la Agencia Tributaria. Se trata del mayor crecimiento en una década, cuando el boom inmobiliario propiciaba que casi 250.000 trabajadores hacían las maletas en busca de un empleo mejor. Los datos muestran que los ciudadanos de las autonomías con más paro se trasladan a las más dinámicas: Madrid, Cataluña y Baleares. Los trabajadores de las comunidades con una mayor tasa de desempleo son atraídos por aquellas regiones más prósperas. Es una constante en las últimas décadas pero este fenómeno se está acelerando con la recuperación económica.

El Tribunal Supremo ha dado un importante espaldarazo al papel de los sindicatos, ya que en su sentencia del 27 de septiembre de 2017 refuerza su posición como sujetos legitimados en los procesos de negociación colectiva a nivel de empresa. El fallo, que avala la sentencia previa de la Audiencia Nacional, permite a las empresas que no cuentan con representación unitaria (comités y delegados de personal) en todos los centros de trabajo o secciones sindicales acudir directamente a los sindicatos para negociar un convenio colectivo propio. Se acaba así con el problema que tenían algunas compañías multiservicios o pequeñas firmas que carecían de estos requisitos en todos sus centros y, por tanto, no podían optar por esta vía de negociación. Y es que, por ejemplo, en los centros con menos de seis trabajadores no corresponde delegado de personal.

Rebajar la temporalidad y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres son objetivos prioritarios del Ministerio de Empleo. Y para ello ha entregado a los agentes sociales tres documentos encaminados a atajar dos de los problemas que afectan al mercado laboral español. Las propuestas de lo que todavía es un borrador pero que hoy volverán a discutir en una nueva reunión se resumen en tres: reducir los contratos de cuatro a tres, crear un nuevo contrato temporal de indemnización creciente y obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a realizar auditorías salariales para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, ya que ellas cobran en torno a un 20% menos, 2.075 euros brutos al mes frente a 1.661.

Lo que no han conseguido las quejas y presiones de comunidades y ayuntamientos, tanto de la oposición, como del PP, lo ha logrado un retraso del Grupo Popular: el Congreso aprobará hoy tramitar una proposición de ley de Podemos para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto porque el veto del Gobierno no se registró a tiempo. PSOE, PNV, ERC, PDeCAT, Compromìs, EH Bildu y Nueva Canarias mostraron ayer su apoyo a esta iniciativa en el debate en el Pleno, que se votará hoy. La proposición de ley pretende que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit consecuencia de su buena gestión en políticas públicas. La iniciativa también prevé la derogación de parte del artículo 24, así como de los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad, los que regulan las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso del Gobierno sobre comunidades autónomas incumplidoras, precisamente el marco que ha aplicado el Ejecutivo para la intervención de la Hacienda catalana el pasado septiembre.

Emmanuel Macron lanzó ayer un dramático llamamiento en la cumbre One Planet, celebrada ayer en París para tratar el calentamiento global. «Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático», afirmó el presidente francés, convertido en líder mundial de la causa ecológica tras el boicot de Donald Trump. Y, ante medio centenar de dirigentes políticos y empresariales, pidió a los poderes financieros y locales que lo secunden en esta lucha. Su llamamiento no cayó en el vacío. En la cumbre se presentó una iniciativa de 225 fondos de inversión que gestionan activos por un valor aproximado de 22.436 billones de euros y que se comprometieron a presionar a las 100 empresas más contaminantes del mundo: los fondos amenazan con retirar sus inversiones si no controlan la emisión de gases de efecto invernadero.

Las 547.221 pensiones existentes en la CAV, con datos de noviembre, con una cuantía media de 1.149 euros mensuales, pueden perder un 19% en su poder adquisitivo en más de diez años debido a la desconexión existente entre la revalorización de estas pensiones, «que se mantendrá en el 0,25% anual durante más de diez años», y el ritmo de crecimiento de los precios ya que el lPC, que según el escenario previsto por el BCE avanzará a un ritmo anual del 2%, situaría la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en el 1,75% anual. Al menos esa es la valoración que el presidente y consejero delegado de Renta 4, Antonio Femández Vara, efectuó durante la presentación del estudio Necesidad de complementar las pensiones públicas. Planes de Pensiones elaborado por la gestora, que alertó de un «desconocimiento bastante generalizado» del importe de la futura pensión pública a pesar de la obligación del Gobierno español de comunicar dicho importe.

Euskadi contabilizó durante el primer semestre de este año un total de 8.370 nacimientos, lo que supone un descenso del 7,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que las defunciones ascendieron a 11.302, un 5,4% más, según datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, la comunidad vasca tiene un saldo vegetativo negativo de 2.932 personas, una tendencia que se mantiene en los últimos ejercicios. En el conjunto de España hubo un descenso de 32.132 personas. Esta caída de la población entre enero y junio, se debe, fundamentalmente, al fuerte descenso de los nacimientos.

Los sindicatos amenazan con nuevas huelgas si el Departamento de Educación no negocia sus reivindicaciones. Así lo anunciaron ayer tras las protestas celebradas en las tres capitales con motivo de la quinta jornada de paro en la escuela pública vasca en lo que va de curso. Mientras que las cuatro movilizaciones parciales llevadas a cabo en noviembre fueron convocadas por las centrales ELA, LAB y Steilas, la general de ayer fue apoyada también por UGT y CC OO. Al igual que en las anteriores convocatorias, los datos del seguimiento fueron dispares. Por sectores, los sindicatos señalaron que donde mayor incidencia tuvo la huelga fue en las haurreskolas, con un 90% de participación, seguido de los profesionales de educación especial (85%), limpieza y cocina (80%) y docentes (75%). El Gobierno vasco, en cambio, cifró la participación del profesorado en el 57,6%. En cualquier caso, más de 100.000 escolares pasaron ayer las horas lectivas sin clase.

La situación de Edesa Industrial, que vive un nuevo concurso de acreedores –instado esta vez por el Grupo CNA–, dio ayer un vuelco al anunciar la firma catalana que había presentado en el juzgado lo que se conoce como ‘propuesta anticipada de convenio conforme’. La clave es la aparición en escena, bajo la figura de supuesto inversor industrial, del fabricante de electrodomésticos polaco Amica, que estaría dispuesto a aportar hasta 26,8 millones de euros para reflotar la empresa. Una vez más, lo revelado por el conglomerado pilotado por Jorge Parladé dejaba más interrogantes en el aire que certidumbres. Según su comunicado, la matriz CNA ha utilizado su condición de acreedor de Edesa Industrial (la filial debe a su ‘madre’ más de 50 millones, dentro de un agujero total que supera los 100) para plantear esta eventual salida, puesto que la ley se lo permite al controlar más del 20% del pasivo. Sin embargo, no aclaró cuánta quita (rebaja) estaría dispuesta a asumir.

«¿Qué cálculo? El de generalizar el sistema foral de Concierto a las demás comunidades, implantando para todas un sistema de financiación idéntico al vasco y navarro. Hace ya años que el catedrático de la UPV Ignacio Zubiri realizó un estudio sobre los efectos que tendría esta generalización (‘Los sistemas forales: características, resultados y su posible generalización’, 2007) y sus conclusiones fueron tajantes. La generalización es inviable. Aún así, o precisamente por ello, es sumamente interesante el contenido de este estudio para entender la sinrazón económica del actual Cupo vasco».