20180323

La patronal de restauración estatal (FEADRS) ha impugnado ante los tribunales el acuerdo interprofesional alcanzado entre empresarios y sindicatos vascos para dar prioridad de aplicación a los convenios de Euskadi sobre los de ámbito estatal. El pacto, sellado el 17 de enero de 2017 entre Confebask y las cuatro centrales principales de la comunidad –ELA, LAB, CC OO y UGT–, fue el primer gran acuerdo laboral logrado en Euskadi en casi 17 años. Según los sindicatos nacionalistas, un juez fallará al respecto el 24 de abril.

Eduardo Junkera se perfila como el próximo presidente de la patronal guipuzcoana Adegi en sustitución de Pello Guibelalde, que en breve agotará los seis años de mandato –dos periodos de tres– contemplados en los estatutos de la organización. De hecho, salvo algún hecho extraordinario que altere lo que viene siendo una tradición en Adegi –donde siempre ha primado la candidatura única para ese puesto–, el fundador y ‘alma mater’ del Grupo Egile de Mendaro asumirá el cargo el próximo 30 de mayo. El propio Junkera explicó a los miembros del consejo rector –que celebraba una reunión ordinaria– su intención de presentar su candidatura cuando, a partir del próximo viernes y durante un periodo de veinticinco días, se abra el periodo electoral. En realidad, aclaró el propio empresario, fue el presidente saliente quien contactó hace algún tiempo con el responsable de Egile Corporation XXI para invitarle a tomar el testigo.

La guerra comercial que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenaza con iniciar tras la imposición de nuevas tarifas a las importaciones empieza a definirse. Después de días intensos de negociaciones, Trump ha decidido eximir a varios países del pago de los nuevos aranceles al acero y al aluminio que su Administración aprobó hace dos semanas. Entre ellos, se incluyen los países de la Unión Europea, Australia, Argentina, Brasil y Corea del Sur, además de México y Canadá. Con las exenciones, Trump señala a China casi en exclusiva como su gran enemigo comercial. El gigante asiático es uno de los principales mercados exportadores de acero a Estados Unidos, pero, además, la Administración de Trump anunció ayer su decisión de imponerle aranceles por valor de hasta 60.000 millones de dólares anuales por supuestas afrentas a la propiedad intelectual estadounidense.

Las Administraciones Públicas españolas cerraron 2017 con un déficit conjunto del 3,07% del PIB, según anunció a través de Twitter el presidente Rajoy. Esto supone una reducción de 1,2 puntos respecto al 4,3% alcanzado el año anterior, aunque en estos datos no se incluye el coste del rescate financiero, que elevó el total de 2016 hasta el 4,51% y podría sumar una décima adicional a la cifra del año pasado. El dato adelantado ayer consolida la reducción en el desequilibrio en las cuentas públicas desde el máximo del 11% alcanzado en 2009. Aunque todavía falta el desglose por administraciones, ya se conoce que el déficit de la Seguridad Social fue de aproximadamente el 1,4% de PIB, mientras que los Ayuntamientos tuvieron un superávit cercano al 0,6%.

A pesar de que la economía se recupera a un ritmo lento pero constante, los jóvenes siguen encontrando dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral. Temas como la revolución tecnológica, la importancia de crear empleos de calidad y el emprendimiento vertebraron las cuartas jornadas de jóvenes y empleo GAZTE Up. «Vosotros sois el motor que mueve a Eukadi hacia el futuro», dijo la consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, dirigiéndose a los jóvenes que integraban la mayor parte del público. Para el Gobierno vasco activar el empleo juvenil representa un desafío prioritario. «Trabajamos para ofrecer una oportunidad laboral a 20.000 jóvenes de cara al año 2020», aseguró Artolazabal. Ya en 2017 un total de 6.700 chicos y chicas consiguieron su primera experiencia laboral a través de las iniciativas institucionales.

La automoción vasca no sólo marcó en 2017 un nuevo récord histórico de facturación, sino que además se muestra abiertamente optimista de cara a este 2018 en el que augura que continuará su racha positiva. El sector, que se ha convertido en la punta de lanza de la industria vasca tanto por sus cifras de negocio como por su avanzado nivel de desarrollo tecnológico, facturó el pasado año 18.390 millones de euros, un 11,7% más que el ejercicio anterior y su mayor incremento desde 2011. Además aumentó su empleo en 2.840 personas, un 7,4% más que en 2016, hasta alcanzar un total de 40.859 puestos de trabajo en la comunidad autónoma con lo que recupera el nivel de empleo que tenía en 2007. Y todo ello sin incluir la planta de fabricación de Mercedes Benz en Vitoria, la mayor industria del País Vasco, ya que el Cluster de Automoción de Euskadi (Acicae), cuyos responsables presentaron ayer estos datos, sólo agrupa a empresas de componentes y suministradoras de servicios, pero no a los fabricantes de vehículos.

La cumbre de la zona euro de este viernes en Bruselas marca el arranque de la negociación para crear un instrumento presupuestario o «capacidad fiscal» que ayude a los socios europeos en caso de ser golpeados por una nueva crisis. La Comisión Europea apuesta por un fondo anticrisis alimentado por el presupuesto europeo y que se active de manera automática cuando en un socio se dispare la tasa de paro. Bruselas calcula que la dotación del nuevo fondo rondará una cifra equivalente a un máximo del 1% del PIB de la Unión (es decir, unos 130.000 millones de euros). El fondo ofrecerá préstamos en condiciones extremadamente favorables a los países en dificultades para intentar evitar que entren en una espiral que les corte la financiación de los mercados, como ocurrió en Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre durante la pasada crisis del euro.

El empleo a tiempo parcial está aumentando en la zona euro y ya supone cerca del 22% del total de la ocupación. Además, esta modalidad de trabajo ha representado en torno a una cuarta parte del crecimiento del empleo neto durante la recuperación iniciada en 2013 y hasta la fecha. Si bien, este tipo de empleo no se ha comportado igual en todos los países: España fue el país donde más creció el empleo a tiempo parcial involuntario; mientras que Alemana es donde más ocupación voluntaria de este tipo hay. Son dos de las principales conclusiones del estudio Evolución reciente del empleo a tiempo parcial, elaborado por Katalin Bodnár e incluido en el último Boletín económico del Banco de España.

La extensión a todos los padres vascos de un permiso de 12 semanas para que cuiden a sus hijos en el primer año de vida obligará al Gobierno de Urkullu a movilizar una partida de unos 75 millones de euros anuales. Al optar por la fórmula de la excedencia, el Ejecutivo financiará el sueldo del progenitor que se acoja a la iniciativa sin cotización a la Seguridad Social. El Departamento de Artolazabal no concreta aún una fecha, pero la idea es que la medida entre en vigor «de forma gradual» para 2020.

Mientras un centenar de jubilados se manifestaban ayer frente al Parlamento vasco, el pleno rechazó una propuesta de EH Bildu que pedía al Gobierno de Iñigo Urkullu que complementara las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros. PNV, PSE y PP unieron sus votos para aprobar un texto alternativo en el que se insta al Estado a mantener un sistema público de prestaciones «suficiente y sostenible». También pide a Lakua que siga completando las prestaciones más bajas a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pero en ningún caso en la cuantía que se reclamaba. Según aseguró la parlamentaria jeltzale Amaia Arregi, elevar las pensiones es una competencia exclusiva «de Madrid» y aumentar los complementos que ofrece actualmente el Ejecutivo de Vitoria resulta «inasumible» para las arcas autonómicas.

El Banco Central Europeo (BCE) recomienda retrasar la edad de jubilación en la zona euro para afrontar el envejecimiento de la población fruto de una tasa de fertilidad baja, una mayor esperanza de vida y la jubilación del baby boom. El BCE destaca que se han aprobado muchas reformas de pensiones, más intensas en países como España. Pero apunta que hacen falta más y que estas se han ralentizado con la recuperación. Entre ellas contempla que se suban las cotizaciones. Sin embargo, considera esta opción negativa para el crecimiento. Otra vía es recortar la tasa de sustitución, esto es: la pensión media respecto al salario medio. No obstante, esta ruta entraña, según el eurobanco, consecuencias negativas para el consumo de los pensionistas y hará que los trabajadores ahorren más y consuman menos. La institución cree que lo mejor es retrasar la edad de jubilación en línea con el aumento de la esperanza de vida.

La OCDE no ve posible que España pueda subir las pensiones en función de la inflación con su actual sistema, porque no sería viable financieramente. Así lo asegura Hervé Boulhol, el economista responsable de pensiones del organismo. En la OCDE dicen comprender la necesidad de revalorizar las pensiones con el coste de vida, pero consideran que España no se lo puede permitir con el actual sistema si no introduce nuevas medidas impopulares de reequilibrio de las cuentas. El PSOE ha valorado la subida de pensiones con el IPC en 2018 en un gasto extra de 1.600 millones, pero esa cifra crecería exponencialmente en los años siguientes mientras el agujero de la Seguridad Social se cronificaría.

El pasado año, un total de 312.400 trabajadores obtuvieron su empleo a través de la intermediación de una oficina pública de empleo, lo que supuso apenas el 2% de los asalariados. Aunque este porcentaje aumentó ligeramente desde el 1,8% de 2016, fue inferior al grupo de empleados que consiguió su puesto de trabajo a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), colectivo que sumó 538.800 trabajadores el pasado año, lo que representó el 3,4% del total. Estos datos –que han sido extraídos de la submuestra de la encuesta de población activa (EPA) de 2017– muestran que en 2017 hubo más trabajadores que encontraron su empleo a través de una ETT que los que lo hicieron en una oficina de los servicios públicos de empleo.

Desde las pequeñas a las grandes compañías vascas, más del 75% tienen una percepción entre aceptable y positiva de su grado de digitalización. Como cabía esperar, la importancia otorgada a este apartado es superior en las firmas de mayor envergadura –con más de cien empleados–. Son datos del Observatorio Vodafone de la Empresa, presentados ayer en Bilbao. Hay dos factores, no obstante, que inciden en una relativización del salto digital, pese a que las compañías lo incluyan entre sus preferencias. Por una parte, matiza el documento, consideran que han progresado suficiente; y, por otra, se priorizan fines más inmediatos como la captación de clientes o la demanda de productos.

«La situación es preocupante en Cataluña, el clima de inversiones está enrarecido», advirtió ayer el director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España, Walther von Plettenberg, durante la presentación del informe de Clima empresarial y expectativas 2018-2021de las empresas alemanas en España, elaborado por propia institución junto con el IESE Business School. Según este informe, basado en una encuesta a centenares de empresas alemanas instaladas en España, los directivos suspenden a España en estabilidad política, sobre todo por la cuestión catalana, así como en costes energéticos y calidad del sistema educativo, aunque valoran positivamente las condiciones de vida para los directivos extranjeros o la productividad de los empleados.

Hacienda eximirá a los fondos de capital riesgo del recargo en el Impuesto sobre Sociedades que les impuso en octubre de 2016. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes, incluye esta medida. Ante la amenaza de Bruselas de imponer una multa a España si no se reducía el déficit público, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley el 30 de septiembre de 2016 que incrementó los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades un 50%, con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros. Las instituciones de inversión colectiva (IIC) y las Socimi quedaron exentas, pero no las entidades de capital riesgo (ECR), a pesar de que comparten su régimen de exención casi total.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea escenificaron ayer sus discrepancias sobre las propuestas para que las multinacionales de la economía digital paguen más impuestos en Europa: a corto plazo, un impuesto del 3% a determinados ingresos de empresas como Google, Facebook, Uber o Airbnb; a largo, una redefinición del concepto de residencia fiscal para incluir la idea de «presencia digital» en un país. El interés por estas ideas depende mucho de en qué lado de la planificación fiscal agresiva coja a cada uno esta cuestión: si en el de que te erosionan tus bases imponibles o en el de que te las engordan. Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia, los principales impulsores de la propuesta, se encuentran en el grupo de los penalizados y según un estudio utilizado por la Comisión Europea, ese interés está respaldado en una pérdida significativa de recaudación fiscal. Alemania perdería 17.000 millones de euros al año; Reino Unido, 12.500 millones; Francia, 11.500 millones; Italia, 7.000 millones y España, 4.000 millones de euros.

Los beneficios empresariales se hundieron un 23,8% en 2017 respecto al año anterior, de acuerdo con los datos de la Central Trimestral de Balances del conjunto del ejercicio que publicó ayer el Banco de España, lastrados por una evolución muy negativa de los ingresos y gastos atípicos, es decir, aquellos que no forman parte de la actividad principal de la empresa. Si sólo se tuviera en cuenta el resultado ordinario neto (antes de estas partidas), las compañías habrían mejorado sus beneficios un 7,4% el último año, siguiendo la tendencia de los ejercicios anteriores.

Iberdrola quiere ir por partes en la batalla que mantiene contra el grupo Siemens a cuenta de la gestión de su filial de aerogeneradores, Siemens Gamesa, en la que mantiene un 8% del capital y un acuerdo accionarial con la alemana tendente a convertir a esta compañía en el número mundial en el mercado eólico. Por el momento, la eléctrica quiere reforzar el pacto con dos propuestas que lleva hoy a la junta general que Siemens Gamesa celebra en Zamudio, donde está la sede de la compañía. Precisamente, de los dos puntos del orden del día que ha incorporado, uno «busca instruir al consejo de administración de la sociedad para que asegure que el domicilio social y el negocio permanezcan en España», de acuerdo con el pacto. Según señala Iberdrola, este «fue uno de los principios que permitieron a Siemens alcanzar [en 2016] una posición mayoritaria sin formular opa».