20180325

Con la perspectiva del artículo 155 prolongándose en Cataluña y la cúpula del nacionalismo catalán en la cárcel o huida de la Justicia, el Gobierno de Mariano Rajoy pierde a un socio decisivo para aprobar los Presupuestos y estirar la Legislatura, según aseguran en el Partido Nacionalista Vasco (PNV). «En esta situación no vamos ni a negociar los Presupuestos, no es posible», zanja una alta fuente del PNV que es interlocutor habitual del Gobierno y que participaría en las conversaciones, si, como había previsto Rajoy inicialmente, se normalizaba la situación en Cataluña.

Después de numerosas dudas y mensajes contradictorios el Gobierno aprobará los Presupuestos de 2018, salvo imprevisto de última hora, en un Consejo de Ministros extraordinario este martes. El Ejecutivo es consciente de que se juega su prestigio político con esta tramitación para la que todavía no tiene garantizados los apoyos parlamentarios necesarios por las reticencias del PNV ante el escenario de crisis en Cataluña. En cualquier caso, el Gobierno ha anunciado diversas medidas presupuestarias con el objetivo de conseguir esos respaldos y con la vista puesta en las elecciones autonómica y municipales de 2019. El alza salarial de los funcionarios, la equiparación de sueldo de Policía y Guardia Civil (una partida de 500 millones), la subida superior al 0,25% para las pensiones más bajas o una rebaja del IRPF son algunas de la medidas avanzadas con más o menos detalles.

El Preco, un servicio público, gratuito y voluntario del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), ha resuelto en los dos primeros meses del año 70 conflictos, con 28.127 trabajadores vascos afectados, de los cuales únicamente el 25,7% –lo que se traduce en 18 conflictos y algo más de 1.400 operarios– acabó con acuerdo o laudo. Según datos del CRL, 35 conflictos –es decir, la mitad del total– finalizaron en desacuerdo –con casi 16.000 trabajadores implicados– y en seis casos –476 empleados– se intentó una solución sin éxito.

La pareja ELA y LAB, que conforman la mayoría sindical nacionalista en Euskadi con una representatividad que roza el 60%, ha vivido una etapa muy dulce en los últimos años. Pero este mes la armonía ha saltado por los aires. Sus diferencias en materia sindical han vuelto a aflorar y desencadenado una agria y pública bronca entre Adolfo ‘Txiki’ Muñoz (ELA) y Garbiñe Aranburu (LAB). Pese a la dureza del enfrentamiento, parece que tampoco esta vez la cosa va a terminar en divorcio porque hay algo que les vincula más que cualquier voto matrimonial: la lucha por un modelo político. La prueba es que la semana acabó con Aranburu instando a ELA a dejar a un lado las «diferencias existentes» y a «movilizarse en favor del proceso soberanista».

El Instituto Vasco de Seguridad Laboral Osalan está «preocupado» por la tendencia creciente de los accidentes de carácter leve en Euskadi. El balance de gestión del servicio de 2017 se felicita por la reducción en un 22,6% de los accidentes mortales, al pasar de los 31 contabilizados en 2016 a los 24 del ejercicio último. Los leves, sin embargo, crecen año a año y se han convertido en el gran desafío de la organización. Durante 2016, aumentaron un 6,6%, un porcentaje que engloba nada menos que 30.841 siniestros, que representan una media de 84 al día incluidos los fines de semana. El director de Osalan, Alberto Alonso, alerta sobre el «repunte constante» de la siniestralidad baja, porque, según dijo, evidencia que existe un «distanciamiento de la percepción de riesgo».

Criar un hijo sale muy caro, tanto en tiempo como en dinero, y las distintas administraciones llevan años ensayando distintas fórmulas para aliviar de algún modo esa carga. La preocupación de los poderes públicos se debe esencialmente a dos motivos. Por un lado, está la natalidad: la tasa de fecundidad, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, se mantiene por debajo de 1,4 hijos por mujer. Por otro lado, está la igualdad de hombres y mujeres: la responsabilidad de la crianza sigue cayendo abrumadoramente sobre las madres, que se ven obligadas a aparcar o desatender su carrera profesional, y a esa asimetría se debe buena parte de la discriminación laboral de las mujeres. El Gobierno vasco ha anunciado esta semana una medida innovadora, que incrementa la ventaja de Euskadi sobre las demás comunidades autónomas en materia de conciliación: se abonará un salario equivalente al 100% de su base de cotización a los padres que cojan una excedencia de tres meses para cuidar de sus hijos, siempre que la disfruten durante el primer año de vida del pequeño y que no coincida con el permiso de la madre.

Las 16 semanas de permiso de paternidad para acercarse al sueño nórdico han dejado de ser un objeto de deseo para los hombres y mujeres de Euskadi. El Gobierno Vasco  ha dado un paso al frente esta semana para avanzar hacia ese modelo de protección de la familia y de cuidados igualitarios, la de los países socialmente más avanzados. Copiar a Europa en las medidas de apoyo a la natalidad pasa por promover permisos parentales igualitarios e intransferibles. Pero también hay que mirar la fotografía al completo: el gasto medio de la OCDE en desgravaciones fiscales y atención infantil, además de las prestaciones, duplica al de las diferentes administraciones en Euskadi (un 2,42% frente al 1,18%), según figura en el diagnóstico recogido en el Pacto por la Infancia y la Familia, suscrito recientemente por las instituciones vascas.

Unos de los mayores retos de futuro, tan complejo en la villa como en todo el viejo continente, tiene que ver con el inexorable paso del tiempo. El envejecimiento de la sociedad es una realidad con cifras rotundas como que el 23,1% de los vizcaínos está en edad de jubilación y que para 2025 los mayores de 55 años representarán el 42% del total. Dos altos responsables políticos y dos expertas delimitan el problema y esbozan soluciones en esta entrega sobre los retos de Bilbao. Y advierten de una situación paradójica: Bizkaia podría compaginar en poco tiempo la presencia de personas desempleadas de baja formación con puestos vacantes de alta cualificación.

Mientras las mujeres y los jubilados protestan en las calles, los menores de 30 años, los más castigados por la crisis, se mantienen en un segundo plano. Esta aparente parálisis se explica por la decepción ante promesas de cambio incumplidas y por su involucración en causas transversales.

Rara unanimidad: el sistema de pensiones, en su versión actual, no se sostiene. Así opinan los cuatro expertos consultados sobre una cuestión que se ha situado en el centro del debate político después de que centenares de miles de personas hayan salido a la calles reclamando una subida digna. Los cuatro expertos consultados para este reportaje alertan de que la financiación actual basada en las cotizaciones de los trabajadores no es suficiente, al tiempo que añaden que habrá que echar mano de los Presupuestos Generales del Estado o de impuestos específicos para compensar el déficit. Por tanto, ahí está el reto, en encontrar una fórmula de financiación que no acabe trasladando el ‘agujero’ de unas cuentas públicas a otras.

Nuestra vida entera es la materia prima de este negocio. Sobre esa base, un perfil virtual construido a base de nuestros propios clics. Personalizado al extremo, actualizado y multiplicado junto a miles de millones de perfiles que se generan, se clasifican, se venden y se utilizan cada día para afinar en la venta de productos que regresan al mismo usuario que ayudó a crearlos transformados para sus supuestas necesidades. Es un círculo que lleva perfeccionándose más de 20 años tras la aparición de Google y que se ha hecho el suficiente espacio como para ser una de las grandes esperanzas de la economía. También una pesadilla. Las posibilidades de la ingeniería de datos combinadas con la manipulación política a gran escala de la privacidad de los usuarios de Facebook han dado lugar a un escándalo histórico.

En una jornada laboral estándar se dispone de aproximadamente 28.800 segundos para completar las tareas. Deberían ser suficientes, si no fuera porque alrededor pululan una serie de elementos perturbadores (empezando por el propio trabajador) que están empeñados en escatimarle buena parte de ese tesoro. Son ladrones de tiempo, personas, hábitos y distracciones que le hacen perder el foco y rompen su concentración, reduciendo, a veces dramáticamente, su rendimiento. Un estudio realizado en 2015 por OBS Business School asegura que el 55% de la jornada laboral de los españoles se dedica a tareas improductivas para la organización, lo que sitúa a España a la cola de la productividad en la Unión Europea.

Los responsables de Red Eléctrica de España (REE) se han reunido ya con sus proveedores vascos para explicarles el proyecto de interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Bizkaia y buscar fórmulas para que participen en la construcción de esta infraestructura. El coste aproximado es de 1.750 millones de euros, de los que algo más de un tercio corresponden al Estado. Se trata de una actuación de gran complejidad y los fabricantes vascos de componentes para el sector energético no pueden optar a la licitación. Sin embargo, cuando se adjudique el contrato REE organizará encuentros entre los ganadores del concurso y las compañías vascas para abrirles las puertas como suministradores.

«El colectivo de los pensionistas forma un grupo de personas tan numeroso y con tanta capacidad de influencia en la política que no solo ha ocupado las calles de las ciudades de manera masiva, sino que ha obligado a reposicionarse a todos los partidos políticos. El PP tiene una posición difícil. Por un lado es el receptor de la mayoría de los votos del colectivo y, por el otro, es el partido que gobierna y por lo tanto el destinatario de su ira y el que tiene capacidad de modular las propuestas dando más o menos dinero a sus demandas. Al resto, sobre todo a la izquierda, les basta con animar el cotarro, anatemizar al Gobierno y dar rienda suelta a su imaginación con unas exigencias que ellos no tienen que preocuparse por llevar a la práctica».