20180402

Con Eduard Pujol, hombre de Puigdemont, y la alcaldesa de Calella en primera fila, el PNV convirtió ayer el Aberri Eguna en un acto de solidaridad con el soberanismo catalán, que le ha metido en una encrucijada diabólica. Los jeltzales se han atado de pies y manos al prometer, como ayer reiteró Ortuzar, que no negociarán los Presupuestos con el PP mientras siga en vigor el artículo 155, aunque eso conduzca a un posible adelanto electoral en España que dará alas a los «pescadores de ribera revuelta» –dijo en referencia a Ciudadanos– para «trepar al poder». Convencido de que impera un auge «del nacionalismo español rancio», el líder del PNV hizo un llamamiento a «defender lo conseguido hasta ahora y vigilar para que el autogobierno perdure ante posibles amenazas».

Mariano Rajoy toma las riendas de la negociación de los Presupuestos desde esta semana. El líder del PP tiene hasta finales de abril para convencer a la dirección del PNV de que se una a PP, Ciudadanos, Foro, UPN y Coalición Canaria para tumbar las enmiendas a la totalidad del proyecto. Para atraer al líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, tiene hasta mayo, cuando necesitará 176 votos contra las enmiendas parciales. Culminar la operación aseguraría la legislatura e impulsaría al PP en las elecciones de 2019. Pero no todo está en manos de Rajoy: si no hay Gobierno en Cataluña se mantendrán el 155 y el veto del PNV a negociar.

Las patronales CEOE y Cepyme han fijado el final de abril como plazo para cerrar un acuerdo sobre la negociación colectiva de este año y del próximo con los sindicatos CCOO y UGT. Así lo decidieron los empresarios en la Junta Directiva del pasado día 14. Acordaron darse un poco más de tiempo para intentar cerrar un pacto con los sindicatos, teniendo en cuenta la Semana Santa. Y, considerando, además, el Consejo de Ministros extraordinario del martes, en el que el Gobierno aprobó su proyecto de Presupuestos para este año, que quiere presentar mañana, 3 de abril, en el Congreso de los Diputados. Todo ello, independientemente de que, finalmente, puedan ser aprobados. De momento, el Ejecutivo no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para ello.

La Unión Europea tiene apenas un mes para tratar de convencer a Donald Trump de que hay alternativas a la guerra comercial. Europeos y estadounidenses negocian ya posibles ámbitos de mejora para importar y exportar en son de paz. Washington tiene fijación con uno: abrir camino en Europa a los coches norteamericanos, poco competitivos respecto a los comunitarios. Bruselas contraataca con la licitación pública estadounidense, casi cerrada para las firmas europeas. La UE aboga por rechazar cualquier medida unilateral y se prepara para aplicar represalias en caso de que este intento de entendimiento fracase.

Se esperaba que este año continuase la recuperación del sector que se inició en 2017, cuando las acerías vascas incrementaron su producción un 9%. Pero Trump ha puesto en jaque estas previsiones. Aunque la UE se libre de los aranceles, hay miedo a una inundación de importaciones de terceros países. «Ha estropeado el momento dulce que vivíamos», advierte Asier San Millán, director del clúster siderúrgico vasco Siderex, que no entra a valorar situaciones de empresas concretas como Tubos Reunidos.

El planteamiento de partida de los expertos nombrados por el Ministerio de Energía para asesorarle en la futura ley de cambio climático dibuja un escenario base en el que en 2030 «el carbón desaparece casi por completo» y «las centrales nucleares se mantienen», lo que supondría alargar su vida útil. Ese escenario apunta a un aumento de las renovables —«especialmente la fotovoltaica»— y del gas. Partiendo de esa base, elaboran varios escenarios para que España cumpla con sus objetivos climáticos. Pero dejan en manos de los partidos la ruta a seguir; por ejemplo, decidir si se sigue usando la nuclear.

La llamada economía colaborativa sigue generando tantos adeptos como controversia, sobre todo mirando a las grandes multinacionales que operan en ella.  A los  expertos les «llama la atención» que, pese a la creciente importancia de la economía colaborativa, «genere tan poco empleo directo», al menos en relación a las cuantiosas inversiones que recibe. El ejemplo más claro se ve en sus grandes firmas cotizadas, que tienen en plantilla a 1,31 millones de personas. Si consideramos que su capitalización de mercado global llega a 4,3 billones de dólares (3,5 billones de euros), en promedio solo crean un puesto de trabajo por cada 3,3 millones de dólares (2,7 millones de euros) en valor para sus accionistas.

El área de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia estima que este 2018 será el «quinto año de recuperación» para la economía del territorio histórico, aunque a mediados de año se podría producir una «cierta desaceleración» y se podría cerrar el ejercicio finalmente con un crecimiento del PIB cercano al 2,5%. En su boletín Coyuntura Económica y Fiscal, la institución foral destaca que Bizkaia ha cerrado el ejercicio 2017 con un crecimiento similar al del conjunto de la economía vasca, que avanzó casi el 3%, y apunta que la positiva evolución de la actividad productiva del territorio se debe al «favorable» comportamiento de los servicios y la recuperación de la industria y el sector exterior.

La mitad de los jóvenes españoles no consigue encontrar trabajo con la formación de la que dispone. Además, en torno al 20% de los alumnos en España abandona los estudios tras la enseñanza obligatoria, una cantidad que dobla la media europea. Son cifras de un estudio elaborado por el Círculo de Empresarios a partir de datos de la OCDE, que invitan a reflexionar sobre el sistema educativo español, como se señaló en el encuentro FP Dual: Reflexiones sobre su implantación, organizado por Expansión. Ante esta situación, los expertos indican que la formación profesional es una alternativa en firme, tanto dentro como fuera del sistema educativo. Sin embargo y a pesar del paro estructural existente en España, sus índices de implantación y su prestigio social aún se encuentran muy por debajo de la media de la Unión Europea.

Las pensiones están sometidas a un recorte en el poder adquisitivo, como consecuencia de las reformas realizadas en la Seguridad Social entre 2011 y 2013. Es decir, por cambios como el retraso en la edad de jubilación; la ampliación del periodo de cómputo para calcular la prestación; el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y, a partir del próximo año, la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. Con este último cambio, se trata de incluir la esperanza de vida de la cohorte del nuevo jubilado entre los factores que influyen en la fijación de la primera pensión. Así, en un periodo comprendido entre 2013 y 2030 el recorte de la pensión de entrada puede llegar al 17%. De este modo se recoge en el informe sobre la Situación macroeconómica y evolución de las cuentas públicas, que ha publicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El pasado 16 de marzo, la CNMC abrió un procedimiento «jurídicamente vinculante» sobre la obligación de los grupos energéticos verticalmente integrados «de no crear confusión a los consumidores en la información y la presentación de su marca e imagen de marca». Una medida que cambiará radicalmente el actual mapa del mercado eléctrico y del gas si se traduce en la obligación de que las distintas filiales de las grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) cambien sus actuales nombres (marcas e imagen) y no solo el apellido, como ocurre ahora.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigila de cerca el plan del Gobierno para extender la conexión de banda ancha a todos los rincones del país antes del año 2021. No por el fondo de la cuestión –que valora «positivamente» al tratar de eliminar la enorme brecha digital que existe entre la conectividad de las grandes ciudades y el ámbito rural– sino por las medidas puestas sobre la mesa para lograrlo. El regulador advierte de que algunas de las medidas establecidas en el Plan de Despliegue Tecnológico pueden «tener efectos restrictivos sobre la competencia» y, por tanto, «vulnerar el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007».

Empresarias, altas ejecutivas y emprendedoras en un mundo de innovación tecnológico abrumadoramente masculino, que consideran que para alcanzar su nivel de dedicación profesional lo más duro ha sido, y sigue siendo, lograr la conciliación. Con esta experiencia como referente pasional,  profesional e incluso familiar, abogan por impulsar a las jóvenes hacia estudios de carreras técnicas, donde hoy hay poquísimas mujeres, pero sí mucha demanda y grandes expectativas de futuro. La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED), liderada por Carolina Pérez Toledo, ha distinguido a lratxe Zuluaga, Lourdes Moreno y Elvira Gallego con su Premio Empresarial 2018. En su XII Edición quiere poner en valor el papel que las mujeres empresarias y directivas vascas juegan en la sociedad, al tiempo que sensibilizar al tejido empresarial y a la opinión pública sobre la necesidad de alcanzar la integración de las féminas en las empresas como condición básica para un entorno económico y social sostenible.

Los jóvenes españoles no se imaginan envejeciendo como sus padres o sus abuelos, con la garantía de que tras haber trabajado toda su vida llegarán a cobrar una jubilación. Ese horizonte, para ellos, no existirá. En el camino, ese final feliz habrá desaparecido. Porque el sistema ya es insostenible o porque no se ha querido arreglar. Las enormes dificultades que los jóvenes españoles encuentran para iniciar una vida independiente, cobrar un salario digno y poder tener hijos proyectan en ellos un futuro muy desalentador. El 60,7% de quienes cuentan con entre 30 y 44 años y el 55,6% de la franja de 18 a 29 no se ven a sí mismos cobrando una pensión al alcanzar la jubilación. De hecho, según la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, hasta el 43,4% de los españoles piensa que, efectivamente, no llegará a percibir esta retribución.

Lo mejor es crear empleo y de calidad. Luego habría que estudiar si incrementar la base mínima de cotización, incorporar ingresos de los Presupuestos del Estado o financiar parte vía impuestos