20180406

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que el martes presentó el Gobierno central, consigna, dentro de su apartado de las cuentas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 40 millones de euros para «compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje 6.1.b». Es decir, para llevar a término el acuerdo que el PP y el PNV sellaron en mayo del año pasado, en el marco de la negociación presupuestaria de 2017 y que atendía una reclamación histórica de Euskadi, la rebaja de los peajes eléctricos de buena parte de la industria de la comunidad autónoma.

La industria vasca ha iniciado este 2018 con brío y un buen ritmo de actividad, según se desprende de los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) correspondientes al mes de febrero, que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) hizo públicos ayer. Las cifras oficiales indican que la actividad manufacturera en Euskadi repuntó un 3,5% interanual en el segundo mes del año en términos homogéneos de calendario laboral. Por territorios, el IPI en Gipuzkoa avanzó un 5,4% interanual, mientras que en Bizkaia se quedó en el 3,8% y en Álava, sólo un 0,1%.

La economía vasca crecerá este año un 2,4%, según el Centro de Predicción Económica (Ceprede), que sitúa a Euskadi entre las comunidades con un crecimiento menor que la media nacional, que calcula en un 2,7 %. Este incremento del PIB está dos décimas por debajo de la estimación que hizo el Gobierno Vasco la semana pasada, que prevé una subida del 2,6 % de media en el conjunto de 2018, informa Efe. El análisis mensual de Ceprede mantiene sin embargo la predicción que hizo en marzo para el País Vasco (2,4 % de incremento del PIB),   mientras que en febrero era del 2,3 %.

La bajada del paro se produce en muchas ocasiones a costa de que los desempleados encuentren ocupaciones temporales y mal pagadas. Eso provoca que numerosas personas se encuentren insatisfechas con su entorno laboral, lo que según los expertos en la materia afecta a su productividad e incluso a su vida personal. Un buen indicador de esta realidad de personas descontentas con su trabajo es la cifra de vascos que, pese a estar ocupados, están apuntados en las listas de Lanbide, como demandantes de otro trabajo, que en Euskadi son nada menos que el 43,5% del total de los registrados en esas listas. Más de 118.900 demandantes de empleo en la comunidad autónoma se encuentran ocupados, una cifra que crece un 12,3% respecto al año anterior y se multiplica por cinco sobre la de hace una década, según un análisis elaborado por la empresa de trabajo temporal Randstad, a partir de datos oficiales publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes a los meses de enero entre 2008 y 2018.

Queda poco más de mes y medio para que San Sebastián se proyecte al mundo como capital del turismo al acoger la cumbre de la Organización Mundial del sector. Sin embargo, los más de 300 integrantes de las delegaciones de diferentes países de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que se darán cita en la capital guipuzcoana pueden encontrarse con los hoteles ‘cerrados por huelga’ si un acuerdo rápido no lo remedia. Todos los sindicatos presentes en el sector, -ELA, CCOO, LAB y UGT- unidos, cosa poco habitual, ratificaron ayer que mantendrán la convocatoria de huelga para los días 23, 24 y 25, coincidiendo con la cumbre de la OMT, si no se firma un convenio del sector que, por un lado, garantice una subida salarial «acorde con la situación actual» de recuperación económica y de crecimiento del sector; y, por otro, que regule las condiciones de los trabajadores externalizados, una práctica que denuncian ya como habitual en muchos hoteles de Gipuzkoa.

Las voz de las Kellys (acrónimo de «Las que limpian») se escuchó ayer en La Moncloa. El presidente del Gobierno recibió a cinco representantes de este colectivo de camareras de piso, que aprovecharon el encuentro para que se visibilice la realidad de estas profesionales que se encargan de limpiar las habitaciones de los hoteles a destajo por sueldos que no superan los 800 euros al mes pagas incluidas. Aunque en un principio la reunión iba a durar 50 minutos, finalmente se prolongó por espacio de dos horas. Algo que agradecieron las asistentes, que se mostraron muy satisfechas con el trato que recibieron de Rajoy.  De momento, las Kellys han conseguido que el presidente abra la puerta a la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para que se prohíba la subcontratación en el sector y a ampliar el catálogo de enfermedades profesionales a las musculo-esqueléticas y «no tanto» a las psicosociales, dos de las principales reivindicaciones de este colectivo.

La economía mundial ha arrancado 2018 en una situación general positiva que permite que las previsiones de crecimiento global sean inclusos superiores a las del año pasado. Sin embargo, esta aparente fortaleza se encuentra amenazada por el proteccionismo económico, la volatilidad en los mercados financieros, la normalización de la política monetaria y, paradójicamente, el tono expansivo que está adoptando la política fiscal de algunos países, encabezados por Estados Unidos. Éste es el principal mensaje del último informe del Banco de España, Situación y perspectivas de la economía mundial a principios de 2018, que analiza entre otros factores las consecuencias negativas en el medio plazo que podría tener la bajada impositiva y la elevación del techo de gasto público aprobados por el Gobierno de Donald Trump.

La creación de empleo en el sector servicios se dispara a su mayor ritmo desde enero de 2007, de acuerdo con los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés), que publicó ayer la consultora Markit. A pesar de que el crecimiento de la actividad del sector se moderó ligeramente en marzo respecto al mes anterior, «el empleo, que aumentó al ritmo más fuerte en más de 11 años», según destacó Andrew Harker, director asociado de IHS Markit. Además del crecimiento de los pedidos, «el desarrollo de nuevos productos fue un factor en las decisiones de contratación, lo que implica que las empresas están más dispuestas a invertir en sus negocios dada la confianza en las perspectivas económicas», añadió.

Nadie que opere en la construcción elude lo que al principio fue solo un grito de atención de los promotores inmobiliarios: falta mano de obra cualificada en el tajo. La Fundación Laboral de la Construcción presentó ayer dos estudios en los que pone cifras a esta realidad. El primero de ellos hace balance sobre cómo se comportaron los principales indicadores del sector en 2017 y el segundo analiza el grado de formación y cualificación de sus trabajadores. El estudio concluye que en los niveles formativos superiores, la construcción no presenta un déficit de profesionales. Ahora bien, la situación es radicalmente distinta cuando se analiza qué está pasando a pie de obra. El estudio llama la atención sobre cómo durante los últimos 10 años se ha producido un severo envejecimiento de las cuadrillas. Además, mientras las cifras de matriculados en todas las ramas de formación profesional (FP) no han dejado de crecer en los últimos años, en las áreas de edificación y obra civil no han parado de caer. Los últimos datos muestran un volumen total de estudiantes de esa rama de FP de solo 5.300.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha iniciado esta semana el envío de requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas. Los requerimientos afectan a tres tipos de entidades: financieras, intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos) y empresas que admiten pagos con criptomoneda. Con estos requerimientos, pretende obtener información adicional a la que ya cuenta a partir del análisis que viene realizando sobre el mercado de las criptomonedas, trasladan fuentes de la AEAT. Tras el análisis de esta nueva información, la Agencia valorará el inicio de posibles procedimientos de investigación y control en relación con el sector.

El presidente del comité de expertos creado por el Ministerio de Energía para abordar la transición energética, Jorge Sanz, tiene claro que los cambios en esta materia deben pasar por una reforma profunda de la fiscalidad medioambiental. En concreto, de aquella que grava los hidrocarburos. «España es un país dieselizado y eso es incompatible con la descarbonización. Está claro que hay que dejar de subvencionar este carburante», explica este experto, ex director general de Política Energética del ministerio. El Gobierno ha evitado hasta ahora aumentar la presión fiscal sobre los carburantes a pesar de los avisos de la Comisión Europea y la OCDE por la discriminación con respecto a otros países europeos. Sanz insiste: «Hay que decidir si importa más el medio ambiente o las elecciones, si son las elecciones pues no se hace nada y punto».

El PSOE está convencido de que hay margen para mejorar la recaudación fiscal y apuesta por retirar beneficios del IRPF y Sociedades y elevar impuestos a grandes corporaciones y tramos más altos de renta, todo ello sin elevar las cotizaciones sociales. Así lo asegura el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en esta entrevista, donde se desgranan los motivos del rechazo del PSOE a los Presupuestos del Estado, presentados por el Gobierno.

La reunión celebrada en la tarde del miércoles entre el presidente mundial de Siemens, Joe Kaeser, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha conseguido el principal objetivo que se había marcado la multinacional germana con esa iniciativa. Portavoces del Ejecutivo vasco reconocieron ayer que el Gobierno «se siente tranquilo» respecto a las intenciones de Siemens sobre el futuro de la compañía eólica de la que ahora es accionista mayoritario, Siemens Gamesa, cuya sede corporativa se encuentra ubicada en el Parque Tecnológico de Zamudio. Desde el Gabinete vasco se resalta como algo muy positivo el gesto de Kaeser de desplazarse a Euskadi para mantener el encuentro, al tiempo que destacan que «siempre ha existido una buena relación con Siemens, antes incluso de protagonizar la integración con Gamesa».

El enfrentamiento entre Siemens e Iberdrola por Gamesa está siendo seguido con lupa por los 770 proveedores vascos de la multinacional alemana. No es para menos. Estas empresas suministraban componentes para Gamesa y ahora lo hacen para la compañía resultante de la fusión, de ahí que cualquier conflicto que afecte a la nueva eólica les ponga en alerta. Resulta lógico, dado que el año pasado facturaron 420 millones a Siemens Gamesa. La ‘guerra’ entre los dos gigantes, si bien provoca interés en el sector, de momento no les preocupa en exceso. Como señala el CEO de una de las empresas guipuzcoanas proveedora en su día de Gamesa y ahora de la fusionada, «esta pelea la estamos viendo desde la barrera. Las luchas internas de poder son algo tangencial para nosotros. El verdadero problema se encuentra en la bajada de precios que nos exige Siemens Gamesa y que nos está dejando sin margen de beneficio».

Rosa García, máxima responsable de Siemens España y presidenta no ejecutiva de Siemens Gamesa, respondió ayer al órdago lanzado por Iberdrola, socio del grupo alemán en Gamesa, que ha pedido a Siemens su relevo, entre otros cambios. «Mi objetivo es seguir dirigiendo el consejo de administración de Siemens Gamesa con la misma profesionalidad con que lo he venido haciendo hasta ahora», afirmó la presidenta. García señaló que las condiciones sobre su nombramiento aparecen recogidas en el pacto parasocial de accionistas suscrito entre los socios en junio de 2016 y publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sobre el cargo de presidente, el pacto «dice que es un dominical de Siemens, que tiene que hablar castellano y fuertes raíces en España», añadió la presidenta de Siemens Gamesa.

El caso Puigdemont dio ayer un giro crucial después de que la justicia alemana decidiera dejar en libertad bajo fianza al expresidente catalán. La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein considera «inadmisible» el delito de rebelión, por el que Carles Puigdemont está procesado en España. Esa decisión no es recurrible. La justicia alemana sí tramitará la solicitud de extradición del Tribunal Supremo por el delito de malversación. Los jueces alemanes creen que no hay indicios de que Puigdemont «vaya a estar en riesgo de persecución política» cuando sea enviado a España, donde solo se le podría juzgar por el delito por el que se le extradite. La decisión pone en jaque la actuación de la justicia española contra el principal dirigente del procés.