20180412

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el País Vasco alcanzó las 58.993 al concluir el pasado mes, 192 más que hace un año después del mejor marzo registrado desde 2007 –justo antes de iniciarse la última gran y larga crisis económica–, según el último informe sobre ‘Evolución del tejido empresarial en la CAV’ elaborado por la patronal Confebask. No obstante, en el estudio se observan importantes diferencias por sectores, ya que mientras aumenta el número de las empresas en el sector Servicios en un 0,5% y en Construcción (+0,2%), descienden las compañías industriales un 0,8%. Para Confebask, marzo ha sido «un buen mes» porque ha crecido tanto el número de compañías como de autónomos. Sin embargo, ambas variables «siguen prácticamente estancadas y creciendo a menor ritmo» que lo que lo está haciendo en el conjunto de España, con el dato negativo añadido de la reducción de firmas industriales.

La directora general del FMI, Christine Lagarde, lanzó ayer una advertencia sobre los riesgos que acechan al comercio mundial y su regulación ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China. «Este sistema ahora corre el peligro de ser desgarrado sería un fallo colectivo inexcusable», apuntó Lagarde, quien también sugirió que la mejora de la economía mundial hará que el organismo que dirige mejore sus previsiones pronto. La última advertencia de la dirigente llegó sobre el peligro que suponen los altos niveles de deuda actuales.

 En pleno distanciamiento entre los dos grandes sindicatos vascos, LAB ha propuesto a ELA realizar un paro de cuatro horas en mayo para responder a la impugnación, por parte de la patronal de restauración estatal (FEADRS), del acuerdo interprofesional de negociación colectiva firmado el pasado año por las cuatro centrales mayoritarias de Euskadi y Confebask. LAB ha trasladado a la organización que lidera Adolfo ‘Txiki’ Muñoz que «el debate no es hacer huelga o no, ni cuándo», ya que «la impugnación es un asunto muy grave, porque vulnera el derecho a decidir de todos los trabajadores de nuestro país e impone la estatalización con objeto de precarizar las condiciones laborales».

El precio del petróleo encadena una subida de cinco dólares en los últimos tres días por la escalada de la guerra en Siria y la depreciación del dólar, lo que ha llevado a la cotización a alcanzar los 72 dólares, su valor más elevado desde noviembre de 2014. Además, la disminución de las reservas en Estados Unidos y el anuncio de medidas aperturistas en China también ha presionado los precios al alza. Ayer, en concreto, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzó un 1,3%, hasta los 72 dólares por barril.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cree que aplicar una tarifa de potencia estacional para la gran industria no sería una medida justa, porque la merma de ingresos que supondría tendría que ser sufragada con subidas de impuestos, de peajes energéticos o bien aumentando el déficit en el sistema eléctrico. Preguntado en la sesión de control al Gobierno por el portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, por el mandato parlamentario para impulsar una tarifa de potencia estacional para algunos grandes consumidores, el ministro pidió ayer «aprender un poco del grupo de expertos» nombrado para explorar escenarios de transición energética.

Las perspectivas de la industria para el año en curso mantienen los niveles positivos de 2017 con lo que, en general, los sectores industriales esperan una mejora de la actividad y un «sólido crecimiento» para 2018, según el indicador predictivo de la actividad industrial realizado por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española en colaboración con el centro de Estudios Predictivos Ceprede. El indicador «se sostiene en los niveles más elevados desde que se iniciara el ciclo positivo durante el primer trimestre de 2014 y refleja una situación excepcionalmente positiva en la percepción de las expectativas, tanto de productores como de consumidores», explican. El indicador, al alza desde 2014, «no ha dado aún síntomas claros de deterioro», afirman. De hecho, si bien en el último cuatrimestre, se rebajaron ampliamente las perspectivas respecto a las exportaciones y a la cartera de pedidos con clientes extranjeros, esta caída ya se ha compensado «con creces» en el primer trimestre de 2018.

La Diputación de Bizkaia puso ayer en marcha un observatorio digital del mercado laboral de personal vasco de alta cualificación. La plataforma detecta las vacantes de empleo con perfiles de formación exigentes y sus características. y, aunque no es una herramienta de colocación, permite a los estudiantes y trabajadores conocer las tendencias de la economía de modo que pueden orientar su formación o reciclaje profesional en función de las exigencias de las empresas. Además, será una guía para las instituciones y universidades a la hora de definir políticas de inserción laboral y modelos formativos. Pese a que Bizkaia lidera la iniciativa en colaboración con la Universidad de Milano- Biccoca, la herramienta analiza el mercado laboral vasco y está abierta a todos los agentes.

El proyecto de Presupuestos que plantea el PSOE propone una solución para el déficit de la Seguridad Social. Derogar la reforma laboral del PP permitiría subidas de salarios y cotizaciones más altas que aportarían 4.650 millones más a la Seguridad Social. Sus cuentas suman otros 3.500 millones por la creación anual de medio millón de empleos; la financiación de tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones ahorraría 4.300 millones; otros 1.145 millones por el destope de cotizaciones, y 2.000 millones más por dos nuevos impuestos, a la banca y a las transacciones financieras. En total, 15.595 millones.

La Comisión Europea ha propuesto un paquete de medidas para reforzar los derechos de los consumidores en casos como el ‘dieselgate’ o las cláusulas suelo de las hipotecas. Por un lado, el Ejecutivo comunitario plantea endurecer el sistema de sanciones por incumplir las normativas de protección al consumidor y, por el otro, facilitar el uso de las reclamaciones colectivas por parte de entidades como las asociaciones de consumidores. El objetivo, según explican fuentes de la Comisión, es «fortalecer la posición negociadora» de los consumidores frente a las empresas, tanto para que puedan obtener compensación a través de la justicia o bien llegando a acuerdos con las compañías.

El empleo femenino presenta una mejor evolución en el País Vasco que en el resto de España, ya que la tasa de desempleo entre las mujeres está diez puntos porcentuales por debajo de la media española, hasta quedar limitada al 10,63%; lo que, a su vez, coloca a la comunidad vasca como la autonomía con menor tasa de paro. Por contra, en el ranking de desempleo femenino la peor situación se vive en Extremadura, con una tasa que supera el 30,10%, seguida por Andalucía con un 27,85%. También son las comunidades en que el diferencial entre el paro masculino y el femenino resulta de los más elevados, como pone en evidencia que la tasa de mujeres andaluzas sin trabajo es nueve puntos superior a la de los hombres. En Euskadi el diferencial de tasa de paro masculino y femenino es sólo de una décima. Estas son las principales conclusiones del informe realizado por la consultora Ais Group, que se apoya en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cierre del ejercicio 2017.

Un grupo de 32 corporaciones españolas ha instado al Gobierno y la oposición a «abordar de forma ambiciosa» el proceso de descarbonización de la economía para alcanzar los primeros objetivos fijados en 2030 con el desarrollo de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Entre otras medidas, estas compañías –integradas en el Grupo Español por el Crecimiento Verde– proponen una «revisión de la fiscalidad» para cumplir el principio de que ‘quien contamina, paga’. En esta organización se encuentran energéticas como Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica y Siemens Gamesa, bancos –Bankia, BBVA– o tecnológicas como Telefónica, así como Abertis, Acciona, Ferrovial o Mapfre.

El Gobierno vasco presentó ayer su plan de vivienda para los próximos años que incluye como principal novedad el pago de la mitad del alquiler a los jóvenes que quieran emanciparse. Los beneficiarios de esta medida deben tener entre 23 y 35 años, y en el caso de que se comparta piso la subvención puede alcanzar hasta el 70% de la renta. Eso sí, el alquiler tipo debe ser de 600 euros o puede llegar a los 750 si se trata de una vivienda en cualquiera de las tres capitales vascas. El consejero socialista Iñaki Arriola defendió la propuesta, la más generosa de las que se pueden beneficiar los jóvenes en España, y aseguró que se hará efectiva el año que viene.

El Insituto de Empresa Familiar (IEF) y la Fundación Bankia presentaron ayer un estudio en el que piden una reforma en profundidad de la Formación Profesional, incorporando la FP Dual como uno de los pilares en el pacto de Estado por la Educación. Durante el acto, Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, destacó la importancia de este sistema como «la mejor forma de luchar contra el desempleo y mejorar la competitividad de las empresas». Un mensaje similar lanzó Ignacio Osborne, presidente del IEF, quien puso de manifiesto la paradoja que existe en España, donde hay un elevado nivel de paro juvenil pero a la vez las empresas tienen dificultades para encontrar candidatos adecuados para los puestos de trabajo que se crean.

La compraventa de viviendas modera el entusiasmo con el que arrancó en enero, pero sigue avanzando a pasos agigantados. El pasado mes de febrero registró un incremento anual del 16,2%, hasta el cierre de 41.480 transacciones de viviendas, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2011, aunque se ralentiza con respecto al registrado tan solo 30 días antes, cuando aumentó un 23,1% y 47.289 casas cambiaron de manos. En Euskadi, la compraventa de viviendas subió un 20,3% en febrero respecto al mismo mes del año pasado, con 1.757 operaciones inscritas en los registros de la propiedad, con lo que prácticamente se mantiene el importante ascenso registrado en enero, cuando se produjo una subida interanual del 21,2%.

El problema del cierre de las nucleares en España no es energético. Es económico. Si se cierran, el desmantelamiento costaría unos 6.000 millones de euros extra, que ahora nadie tiene. Si no se cierran, se necesitaría esa misma cantidad en inversiones en seguridad, que pocos quieren poner. España se enfrenta con las nucleares a un problema histórico que, en esencia, es muy similar al del sistema de pensiones público. Los siete reactores atómicos actualmente en activo llevan trabajando desde los años ochenta. Entre 2023 y 2028 todos cumplen 40 años de vida útil. No hay dinero suficiente para jubilarlos a todos de golpe.

El Círculo de Empresarios Vascos aprobó ayer el nombramiento de Javier Ormazabal Echevarría como nuevo presidente de la institución, tras haber cumplido su mandato de dos años su antecesor, el presidente del grupo Sener, Jorge Sendagorta. Javier Ormazabal es en la actualidad presidente de Velatia, un grupo familiar fundado por su padre, que tiene entre sus principales empresas a Ormazabal, dedicada a la producción de equipamiento para redes eléctricas, e Ikusi, en el campo de las telecomunicaciones. Ha sido igualmente presidente de la corporación tecnológica Tecnalia y actualmente preside también Aefame, la asociación que representa a las empresas familiares del País Vasco.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, mantuvo ayer un encuentro con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en vísperas de la junta anual de accionistas que la compañía eléctrica vasca celebrará mañana en Bilbao. La empresa es la principal firma industrial del País Vasco y la reunión se produjo en un momento marcado por las tensiones entre Iberdrola y Siemens en el seno de Siemens Gamesa y la polémica sobre los riesgos de una hipotética deslocalización de la firma eólica. En el encuentro con el lehendakari, Galán puso de nuevo en valor la trascendencia económica que tiene Iberdrola para el conjunto de la economía vasca, a la que, según sus propias estimaciones, aportará 10.000 millones de euros en los próximos cinco años. De esa cantidad total, 4.000 millones de euros es el valor de las compras que la empresa tiene previsto realizar a proveedores vascos en ese periodo de cinco años