20180418

El director general de Confebask, Eduardo Aréchaga, cree que «no sería raro» que Euskadi alcanzara a finales de este año una tasa de desempleo del 8% y que para 2020 se esté en «unas cifras de paro técnico». En una entrevista concedida a la radio pública vasca, Aréchaga calificó de «histórico» el acuerdo firmado el pasado lunes por el Gobierno vasco y Confebask para responder a la necesidad de las empresas vascas de cubrir 100.000 puestos de trabajo en los tres próximos años, porque «alineamos por primera vez las políticas educativa, activas y de reactivación, con las demandas empresariales para que no quede ni un puesto sin cubrir». Por otro lado, aseguró que «los salarios están subiendo y cada vez más», de manera que «hoy estamos en torno al 1,8% en los convenios que se revisan». En cualquier caso, insistió en que «aplicar incrementos salariales generales no es realista» porque «todavía no todas las empresas están saliendo en las mismas condiciones».

Confebask irá a los tribunales para defender el «pleno encaje legal» del acuerdo interprofesional sellado entre empresarios y sindicatos vascos para dar prioridad de aplicación a los convenios de Euskadi sobre los de ámbito estatal. Así lo explicó la patronal vasca tras la reunión, ayer, de la comisión paritaria de ese pacto, en la que estuvieron presentes todos los firmantes. Este acuerdo ha sido impugnado por la patronal madrileña de colectividades (que integra a empresas que prestan servicios en comedores colectivos).

A falta de una semana para que se celebre la vista en el Tribunal Superior del País Vasco por la demanda de la patronal estatal de restauración (FEADRS) contra el Acuerdo Interprofesional vasco, las cuatro centrales que lo firmaron –ELA, LAB, CC OO y UGT– junto con Confebask coinciden en la defensa a ultranza de un pacto que da prioridad aplicativa a los convenios vascos respecto de los estatales, pero son incapaces de consensuar una defensa conjunta por sus fuertes divergencias. El encuentro que mantuvieron ayer a petición de ELA en la comisión paritaria del acuerdo para tratar dicha impugnación puso en evidencia algunas diferencias irreconciliables. Así, la central nacionalista y LAB pretendían que se reconociera el derecho a negociar en Euskadi sin injerencias de las patronales estatales, una cuestión que no salió adelante y que hizo aún más difícil la posibilidad de pactar una defensa conjunta.

Las organizaciones patronales de Euskadi (Confebask, Adegi, Cebek y SEA) llevaban ya tiempo alertando del enorme hándicap al que se enfrentan sus asociados a la hora de encontrar candidatos cualificados para incorporar a sus empresas y, por ende, del peligro de que esta salida de la crisis que vive Euskadi no sea tan vigorosa, firme y sostenida como pudiera ser de existir esa cantera. Pero no fue hasta este lunes –en la firma de un histórico acuerdo entre ambas partes para, juntos, favorecer el acceso al empleo y la formación en Euskadi– cuando las propias empresas pusieron negro sobre blanco sus necesidades o, lo que es lo mismo, las oportunidades que los jóvenes del país tienen frente a sí. En los próximos tres años, el tejido productivo vasco necesitará 100.000 profesionales, de los cuales más del 60% serán profesionales técnicos o perfiles científico-técnicos, procedentes tanto de la Formación Profesional (FP) como de la Universidad.

España vuelve a consolidar su papel como motor del crecimiento económico de los mercados avanzados, según consta en el informe que presentó ayer el FMI como antesala de la reunión de primavera que el organismo y el Banco Mundial celebran estos días en Washington DC. El Fondo pronostica ahora para España un crecimiento del PIB del 2,8% este año, cuatro décimas más que en sus estimaciones de enero y ligeramente por debajo del crecimiento del 3,1% en 2017. Para 2019, el Fondo también ha elevado la previsión y calcula ahora una subida de la riqueza española del 2,2%, frente al 2% previsto hace tres meses. De esta manera, España seguirá siendo tanto este ejercicio como el que viene el país que más crezca de Europa y el segundo de los mercados avanzados, después de Estados Unidos. No obstante, al FMI le preocupa el futuro de la deuda pública y el débil mercado de trabajo.

«Difícil», «ajustado», pero «factible». Estos son los adjetivos que aplicó ayer José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al objetivo de déficit público del Gobierno para este año, que es del 2,2% del Producto Interior Bruto (PIB). En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Escrivá, incluso, advirtió al Gobierno de que reducir el déficit al 2,2% del PIB «requiere de un ajuste de casi un punto entre la Administración Central –el Gobierno– y la Seguridad Social». Esto es así porque la Autoridad Fiscal considera «muy improbable y prácticamente imposible» que la Administración Central cumpla con la reducción del desequilibrio al 0,7% del PIB, y la Seguridad Social, al 1,1%. Más bien, Escrivá explicó que, en el primer caso, el déficit será del 1,3% y, en el segundo caso, del 1,5%, igual que este año.

«Me preocupa mucho la sensación de que hay un problema agudo con las pensiones. No es verdad y no es razonable». Con esta afirmación, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, criticó con dureza ayer en su intervención en la comisión de Presupuestos del Congreso los estudios y análisis que cuestionan la viabilidad del modelo actual y muestran una merma de las prestaciones basándose en «proyecciones a largo plazo con un alto grado de incertidumbres». Unos cálculos que, en su opinión, no ponderan bien los parámetros de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. Escrivá reconoció que el envejecimiento de la población va a someter el gasto en pensiones a una «presión» en los próximos años. Algo que ocurrirá también con los recursos destinados a la sanidad y a la dependencia. Sin embargo, defendió que esos incrementos del gasto serán «manejables y razonables» y consideró innecesario «crear una angustia» con esta materia.

El coste laboral por hora trabajada en el sector industrial se situó en 23,3 euros en España en 2017, cifra un 15% inferior a los 27,4 euros del promedio de la UE-28 y un 30% más baja que la media de la Eurozona (33,4 euros), según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de Eurostat. Los mayores costes por hora trabajada en la industria corresponden a Bélgica y Dinamarca, con casi 45 euros. Le siguen Alemania (40,2 euros), Francia (38,8 euros), Suecia (38,5 euros), Austria (37,2 euros), Países Bajos (36,8 euros), Finlandia (36,3 euros), Irlanda (32,9 euros), Luxemburgo (32,5 euros), Italia (27,8 euros) y Reino Unido (24,2 euros). España se sitúa aproximadamente a mitad de la tabla. En la cola están Bulgaria (no llega a 5 euros), Rumanía (5,8 euros), Lituania (8 euros), Letonia (8,1 euros) y Hungría (9,2 euros).

Siguen las buenas noticias para las haciendas vascas, que han completado un trimestre muy positivo en pleno arranque de la declaración de la Renta. La semana pasada la Diputación guipuzcoana dio cuenta de que su recaudación en los tres primeros meses se había incrementado un 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Y ayer las otras dos haciendas certificaron el optimismo. En Bizkaia ha crecido un 9,5% y en Álava, un 7,1%. En conjunto, las tres haciendas forales han registrado un 9,6% más al haberse ido hasta los 3.148 millones de euros, 276 millones más que en los tres primeros meses de 2017. Son datos mejores que las previsiones fijadas por el Consejo Vasco de Finanzas, que en octubre del año pasado estimó que en 2018 se ingresará un 4,5% más que en 2017, un ejercicio que ya se cerró con récord de ingresos, en parte debido al acuerdo alcanzado unos meses antes con la Administración central en torno al litigio del Cupo.

Dos de los grandes signos distintivos en los que ha cristalizado la política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son la gran rebaja de impuestos y el giro proteccionista en comercio. Ambos han encendido las alarmas del Fondo Monetario Internacional (FMI). La economía global crece con paso firme, con una previsión del 3,9% tanto para 2018 como para 2019, según las previsiones recién publicadas. Y los grandes motores —EE UU, China, la zona euro y Japón— están a la cabeza de la recuperación. Pero la pugna económica entre los dos primeros es uno de los grandes riesgos a la vista, según subraya el organismo que dirige Christine Lagarde.

La economía china avanzó a un ritmo interanual del 6,8% en el primer trimestre del año, batiendo las expectativas de los analistas y reeditando el último dato del año pasado. De esta forma, el gigante asiático vuelve a sortear la temida desaceleración que anticipan la mayor parte de los analistas, apoyada sobre el crecimiento del sector servicios y la inversión. De acuerdo con los datos difundidos ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas china, el sector servicios avanzó un 7,5% en el primer trimestre, con respecto al mismo periodo del año anterior, seguido de la industria (6,3%) y la agricultura (3,2%). Con ello, «La economía ha mantenido su momento de desarrollo estable y sólido y se ha avanzado en la transformación [de una economía industrial a otra basada en los servicios] y optimización con contundencia», destacó Xing Zhihong, portavoz de la oficina estadística.

China presentó ayer un calendario para levantar todas las restricciones de propiedad que afectan a los fabricantes de automóviles extranjeros que operan en China. En un máximo de cinco años se eliminarán los límites actuales y fabricantes como Volkswagen Ford o Toyota podrán producir en China sin tener que compartir la tecnología y los beneficios con socios locales. La decisión se produce en plena escalada tarifaría con Estados Unidos, lo que amenaza con desatar una guerra comercial. Alemania, uno de los mayores beneficiados, se felicitó por una medida que «va en la buena dirección».

El Ministerio de Empleo conoció ayer oficialmente el rechazo mayoritario de las administraciones autonómicas a su oferta de reestructuración de las ayudas de último recurso a parados de larga duración. Y no fueron nueve, como le habían anticipado en la reunión preparatoria del lunes, sino 11, según se evidenció ayer en la conferencia sectorial de Empleo. Lo previsto era que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Baleares y Navarra —un colectivo mayoritariamente con gobiernos del PSOE— rechazaran la oferta que hace Empleo para reestructurar el plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI). En la reunión se sumaron País Vasco y Canarias. Tres fuentes presentes en el encuentro apuntan que en el caso vasco, el rechazo se debe a que reclama la gestión de la nueva ayuda (Renta Complementaria de Desempleo, RED).

La tasa de paro juvenil duplica a la general en la mayoría de los países europeos. En España, el desempleo juvenil multiplica por 2,3 la tasa de paro general de la población (37,9% de los jóvenes están en paro frente al 16,5% de la media nacional) frente al 2,2 en que se multiplica de media en Europa. Incluso en los países con alta inserción laboral de los jóvenes como Alemania, su paro juvenil multiplica por 1,7 el desempleo medio de su economía. En los últimos años en el seno de la UE se han tomado distintas medidas para combatir el desempleo de los más jóvenes. La más conocida es el programa de Garantía Juvenil, que desde 2013 cada país ha debido adecuar para que cualquier joven en los cuatro meses siguientes a terminar sus estudios o quedarse en paro reciba una oferta de trabajo, prácticas o formación. En España la traslación de este programa está siendo lenta.

Mariano Rajoy recoge el guante lanzado por Anged, la patronal de la gran distribución, y en especial por uno de sus principales socios: El Corte Inglés. El presidente del Gobierno señaló ayer que España está comprometida en trabajar en el seno de la Unión Europea y de la OCDE para generar «un marco regulatorio eficaz y justo que permita a todas las empresas de comercio, tanto online como físicas, competir en igualdad de condiciones». Rajoy realizó esta afirmación durante su participación en la inauguración del World Retail Congress, el encuentro que reune a varios de los principales grupos del sector. No obstante, la primera jornada ya sirvió para mostrar la distancia que separa a la distribución tradicional de los grupos digitales.

La dirección de Tubos Reunidos anunció ayer oficialmente su decisión de retirar la propuesta de medidas de ajuste para la filial Productos Tubulares, ubicada en la localidad vizcaína de Trapagaran, que incluía el cierre de su acería y el despido de 157 de los 415 empleados de la planta, así como una rebaja salarial generalizada del 25% y 24 horas de trabajo más al año. La compañía, presidida por Guillermo Ulacia, mostró también su deseo de abrir un nuevo proceso de negociación con los sindicatos para buscar vías con el fin de reconducir la viabilidad de la empresa, ahora ya sin el condicionante de un proceso que había generado una enorme tensión desde los primeros compases y en el que ya estaba claro que no había margen para el acuerdo.