20180419

El presidente de la patronal vizcaína Cebek, Iñaki Garcinuño, se mostró ayer muy crítico con las «masivas convocatorias de OPEs» (ofertas públicas de empleo) de las Administraciones vascas, porque afirmó que desincentivan el espíritu emprendedor, especialmente entre los jóvenes, cuando lo que urge es recuperar las iniciativas emprendedoras que permitan restablecer el tejido empresarial previo a la crisis. «La desigual competencia de un puesto de trabajo en la Función Pública frente al esfuerzo y riesgo que representa iniciar un proyecto empresarial es excesiva para una juventud que mide, en ocasiones, en horas de ocio y libertad la calidad de su futuro profesional», lamentó. Igualmente, cuestionó la presión al alza que sobre los salarios privados ejerce el nivel retributivo medio de los funcionarios vascos.

«La intervención de ayer de Iñaki Garcinuño en el Foro Europa fue completa, no rehuyó ningún asunto y dio un repaso completo a la situación económica vasca, acertado en el diagnóstico de nuestros problemas y razonable en las soluciones propuestas. Además no fue complaciente ni con los sindicatos ni con la Administración, pero tampoco lo fue con sus propios socios. A los primeros les acusó de ser poco solidarios con los objetivos de la empresa que paga sus salarios y contribuye con sus impuestos al bienestar de todos. A la segunda le pidió más empatía y reconocimiento y que observe los entornos próximos con los que estamos obligados a competir para evitar situaciones de discriminación que luego pasan factura en la atracción de inversiones y en el desarrollo de la competitividad. A los terceros les preguntó por qué razón seguimos sin tener un tamaño empresarial más acorde con la globalización de la economía, cuando la necesidad es tan evidente y cuando disponemos de la financiación suficiente para crecer».

El PNV sigue deshojando la margarita sobre si presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado antes de que mañana finalice el plazo en el Congreso, aunque el presidente del EBB dejó ayer claro que su partido está dispuesto a volver a dar su apoyo a las Cuentas si el Gobierno de Rajoy cambia su actitud respecto a Cataluña. Andoni Ortuzar considera que, hasta el momento, desde el Ejecutivo central se han puesto «obstáculos» para la formación un Govern «legítimo» en Cataluña que permita levantar el artículo 155. Sin embargo, anunció que si Rajoy optara por «allanar el camino» para que las instituciones catalanas recuperen la normalidad, el PNV estaría dispuesto a negociar los Presupuestos. Eso sí, el tiempo apremia y Ortuzar advirtió al líder del PP de que la fecha límite para empezar a ver «gestos políticos» de distensión en Cataluña es dentro de una semana, el jueves 26, cuando se votarán las enmiendas a la totalidad en el Congreso.

El posible apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado también fue valorado ayer por el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, aunque de manera indirecta y sin citar en ningún momento a la formación liderada por Andoni Ortuzar. Durante un desayuno informativo celebrado en Bilbao y al que asistieron destacados dirigentes jeltzales, como la presidenta del Bizkai buru batzar, Itxaso Atutxa, Garcinuño reconoció que el apoyo a las Cuentas públicas es un asunto «político» que «queda en manos de los partidos». Pero añadió: «Si son buenas para Euskadi, ojalá vinieran». Aunque al ser preguntado por la cuestión recalcó que a él no le corresponde «opinar sobre ello» al ser un tema «político», el máximo responsable de Cebek insistió en que «la estabilidad es importante para las empresas, para la inversión, para un entorno de tranquilidad a la hora de pensar en el futuro».

Los buenos tiempos no van a durar para siempre. Es el mensaje que repite el Fondo Monetario Internacional (FMI) mirando a la vulnerabilidad más notable que tiene en este momento la economía y el sistema financiero: la deuda global, tanto pública como privada. Está a un nivel históricamente muy alto y un ajuste repentino en las condiciones financieras, advierte, pondrá en peligro el crecimiento hasta el punto de detonar una nueva recesión. La advertencia llega cuando los principales bancos centrales están normalizando su política monetaria y endureciendo las condiciones financieras.

España cerrará el año con un déficit público del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según consta en el informe fiscal que hizo público ayer el Fondo Monetario Fiscal (FMI) en el marco de su reunión de primavera que se celebra estos días en Washington. La cifra bajará hasta el 2,1% durante los próximos ejercicios, un punto porcentual menos que el 3,1% registrado el año pasado. Un déficit del 2,5% supone incumplir el objetivo del Gobierno español, fijado en el 2,2%. Pese a todo, con un déficit público por debajo del 3% del PIB, España saldrá del procedimiento de déficit excesivo abierto por la Unión Europea en 2009. España logrará, además, reducir su deuda al 96,7% del PIB este año, cumpliendo el objetivo del Gobierno. De esta manera, pasará de contar una deuda que absorbía el 98,4% de su riqueza en 2017, al 96,7% este año y al 93,9% en 2019. En cinco años, la previsión es que se sitúe en el 90,9%.

El Gobierno Vasco revisó recientemente al alza sus previsiones de crecimiento de la economía local para este 2017. La mejora en una décima de esas estimaciones –del 2,5% al 2,6%– se sustenta, en gran medida, en las buenas perspectivas que deja una consolidada recuperación económica que tiene como uno de sus principales acicates la demanda interna. El consumo de las familias sigue pujante, la inversión en las empresas se recupera y el terreno sigue abonado para que las compañías vascas vuelvan a ver al conjunto estatal como su principal mercado y con una incipiente proyección. Así lo demuestran también las estadísticas, que dejan claro que 2017 fue el mejor año desde 2012 para las ventas de las empresas vascas a otras comunidades autónomas. Concretamente, el crecimiento del comercio de bienes de Euskadi hacia otras regiones creció un 15,4% el pasado año, una tasa que no se recuerda desde los primeros años de este milenio. Las cifras que muestra el informe sobre comercio internacional e interregional de España realizado por C-intereg –iniciativa del Ceprede en el que participa también el Gobierno Vasco– sitúan a las empresas vascas en el segundo lugar, por detrás de las de Castilla-La Mancha, en lo que a crecimiento de ventas a otras comunidades autónomas se refiere.

Aunque todavía no está cerrado el capítulo, la industria europea lleva prácticamente un mes respirando aliviada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera a salvo a la UE de su intención de subir los aranceles a las importaciones de acero (25%) y aluminio (15%). Un informe del proyecto C-intereg de Ceprede calcula que Euskadi podría perder hasta 272 puestos de trabajo en caso de que la salvedad de Trump hacia Europa decayese. Así concluye el estudio realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Julián Pérez y Carlos Llano, que confirma que sería el País Vasco la comunidad autónoma que más sufriría el impacto de esos aranceles, ya que Euskadi concentra el 32% de las exportaciones estatales de ‘fundición, hierro y acero’ a EE UU, el 60% de las ventas al país norteamericano de manufacturas de hierro y acero, y el 49% de las ventas de aluminio y sus manufacturas.

La mesa sobre la brecha salarial ha entrado en un periodo de impasse después de que se haya anulado el encuentro previsto para hoy por problemas de «agenda». La tercera reunión de este foro –integrado por patronal, sindicatos y Gobierno vasco– partía ya con la negativa de ELA y LAB de acudir al encuentro, para quedar suspendida tras los problemas de «agenda» aducidos por CC OO, sin que por el momento se haya fijado una nueva fecha. Antes de la suspensión de hoy, Cebek acusó a ELA y LAB de «postureo» y de «escamotear su responsabilidad» en materia de brecha salarial, porque «si lo que les interesa es reducirla, la mesa es el foro para negociar».

Las tres agencias de calificación más importante elevaron su nota de la deuda española en solo una semana, y ese mejor posicionamiento del Estado empieza a trasladarse a las autonomías. De hecho, Moody’s mejoró ayer el ‘rating’ de la deuda a nueve comunidades: País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Estas mejoras están relacionadas con la reducción del déficit autonómico –en 2017 cumplieron por primera vez con el objetivo y las previsiones son que repetirán este curso– y el sostenido crecimiento. En la revisión de Moody’s, la mejora parada es el País Vasco, que pasa del aprobado alto (Baa1) a un notable bajo (A3), la calificación más alta de todas las comunidades y por encima de la nota estatal.

El Gobierno continúa con los parados de larga duración el giro social que está dando esta legislatura. Así, ha ofrecido a los sindicatos ampliar la protección de estas personas desde los dos años y medio hasta los seis años; desde los 30 a los 72 meses, en función de sus situaciones y responsabilidades familiares. Es decir, prorrogar la protección tres años y medio, con una ayuda adicional de 430 euros mensuales, a quienes han agotado todas las prestaciones, contributiva y subsidio, y continúan en el desempleo.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado mes de marzo «supondrá una auténtica revolución para los proveedores» de cualquier Administración, según explicó ayer la abogada Nerea Goiriena, del Bufete Barrilero y Asociados, en una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Bilbao. Entre los aspectos más destacables de la ley, según Goiriena, se encuentran los mecanismos establecidos «para favorecer el acceso de las pymes a la contratación pública y la apuesta decidida por los medios electrónicos», aunque también alertó de que el nuevo marco es «una norma mucho más compleja de interpretar», lo que llevará a que muchas empresas vayan tener que acudir al asesoramiento profesional.

Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación para la Innovación (Cotec), recibió ayer el premio Eurogap, en el foro de marketing organizado por esta compañía en el Kursaal. La ex ministra de Ciencia e Innovación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), señala que desde 2010 la inversión del Estado en I+D ha caído un 60%. Respecto a Euskadi, resalta que el gasto en este campo en relación al PIB es superior a la media europea.

«La industria ferroviaria es un referente en Euskadi» y su «alto nivel tecnológico» le permite exportar por «un valor global de 1.700 millones de euros» al año, según subrayó el lehendakari, lñigo Urkullu, con motivo de la inauguración en el BEC del certamen Rail Live, que incluye la XIV edición del congreso World Metro& LightRail. La feria llega en un momento favorable para el sector, según recordó el director del cluster ferroviario, Mafex. Pedro Fortea, con una demanda mundial en crecimiento, algo que ha permitido que «las cifras de 2017 de la industria ferroviaria española y vasca hayan sido mejores que las de 2016, aunque todavía no están cerradas, y las perspectivas de este año son positivas».

Laboral Kutxa, a través de su fundación para el autoempleo Gaztenpresa, destinó el pasado año 8,5 millones de euros que sirvieron para acompañar el nacimiento de 402 pequeños proyectos empresariales (335 en el País Vasco y 67 en Navarra), que supusieron la creación de 703 puestos de trabajo. Aunque la cifra de empresas es de 16 más que en 2016, la de empleos, sin embargo, se redujo en 14, lo que indica que en la mayoría de los casos se trató de firmas unipersonales. La presentación de la memoria de actividad de Gaztenpresa en 2017 corrió ayer a cargo del presidente de la fundación y director de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa, Xabier Egibar, junto a la directora del programa, Inma Ramos, y la consejera de Empleo del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal.

Los 25 millones de euros que Tubacex tenía previsto invertir en sus tres plantas de Llodio y Amurrio hasta el año 2020 han quedado en suspenso, según fuentes del grupo siderúrgico. La decisión de la compañía de realizar este desembolso formaba parte de una serie de medidas planteadas y acordadas con la mayoría del comité intercentros hace apenas un mes, el 16 de marzo, dentro de la negociación para alcanzar un convenio para los 900 trabajadores repartidos en las dos fábricas de Tubacex Tubos Inoxidables de ambas localidades alavesas, así como en Aceralava de Amurrio. Pero la situación ha cambiado de manera radical desde entonces. Porque una semana después de ese preacuerdo entre la dirección y los sindicatos ELA, CC OO e independientes –aglutinan casi el 60% de la representación social–, la asamblea decidía en votación rechazar esa propuesta.

La creciente automatización de la economía y la presencia, cada vez mayor, de la robótica supone una importante fuerza disruptiva para las empresas. Precisamente, en saber adaptarse a ello se encuentra su éxito o su fracaso. Pero este profundo cambio no debe verse como algo negativo, sino al contrario, como una oportunidad. Según defiende el informe presentado ayer por el Instituto Cuatrecasas, la implantación de robots en las empresas no conllevará necesariamente la pérdida de puestos de trabajo, sino una redistribución de las tareas, lo que permitirá a los trabajadores centrarse en actividades más cualificadas y menos mecánicas o peligrosas.

ELA, CC OO, LAB y UGT que representan a los trabajadores del sector hotelero, y las patronales Aspagi, integrada en Adegi, y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa compartirán mesa de negociación el próximo viernes día 27. Han transcurrido dos semanas desde que los sindicatos anunciaran movilizaciones para el 23, 24 y 25 de mayo por parte de los trabajadores del sector. Unas fechas que coincidían de pleno con una de las citas más importantes para el negocio turístico, la celebración del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que congregará en Donostia a unos 300 mandatarios de los 35 países más influyentes del mundo.

ETA tiene previsto confirmar su desaparición definitiva, casi seis décadas después de su fundación en 1959, a lo largo de la primera semana de mayo, según ha fuentes de total solvencia. El anuncio, que llegará una vez cerrado el debate interno sobre el futuro de la sigla terrorista, no incluirá el término ‘disolución’ que exige el Gobierno para darle credibilidad, pero sí será lo suficientemente «inequívoco» sobre que se trata del final. El cierre contará con un aval internacional. Se desconoce el término exacto que empleará la banda aunque será «claro y contundente», según fuentes conocedoras del proceso interno.