20180421

Comisiones Obreras de Euskadi anunció ayer su decisión de abandonar la Mesa de Diálogo Social, además de la que trata la brecha salarial de género, tras acusar de «deslealtad» al Gobierno vasco y Confebask por sellar un acuerdo en materia de empleo y formación de los trabajadores «a espaldas» de la parte sindical. A pesar de que el acuerdo persigue un fin ‘noble’, Comisiones lo considera un «hecho gravísimo», tanto en el fondo como en la forma. El argumento básico es que el pacto en cuestión «deja en manos de la patronal» todo lo relativo a la formación de los trabajadores y parados, cuando esa es un área clave del foro tripartito. UGT comparte el «malestar» y el lunes resolverá qué hace al respecto. Confebask se mostró «sorprendida» por la decisión de CC OO. Apuntó que «no entiende ni comparte» la acusación de «deslealtad cuando el acuerdo no establece ningún veto a la participación de todos los agentes sociales y además está abierto a ello». Para la patronal, se trata de un pacto perfectamente compatible con el diálogo social.

La Encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) del primer trimestre de este año, elaborada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), ofrece arena y cal casi a partes iguales. Por el lado negativo y respecto al trimestre anterior –el último de 2017–, refleja una caída de la población ocupada, el aumento de la parada, un repunte del desempleo juvenil, una disminución de autónomos y un retroceso en los asalariados con contrato indefinido. Y por el positivo, revela una ligera subida de la población activa, una bajada de los hogares con todos sus miembros en paro y un incremento de los que tienen a todos sus moradores trabajando. Pero lo más destacable, un apreciable aumento de la ocupación en el sector industrial (2.900 empleados más) y en la construcción (1.400), aunque entre ambos no logran compensar la pérdida registrada en los servicios (5.800 ocupados menos) por la finalización de los contratos firmados para las campañas navideña y de rebajas .

El comercio exterior mostró un desigual comportamiento en el País Vasco en el mes de febrero, porque mientras las exportaciones crecieron con mucha fuerza, hasta un 15,8% sobre lo registrado el año anterior, con lo que suman 2.022 millones de euros, las importaciones registraron un descenso del 0,8%, al colocarse en sólo 1.501 millones. Las fluctuaciones, según los datos del Eustat, se deben principalmente a los ‘productos energéticos’ que en el segundo mes del año triplicaron ventas hacia otros países, mientras que en importaciones las cifras descienden en un 25,3%.

El déficit comercial alcanzó los 6.103 millones de euros hasta febrero, un 6,3% superior al registrado en el mismo periodo de 2017, pese a las exportaciones récord registradas en el periodo en los dos primeros meses del año. En concreto, las exportaciones españolas de mercancías ascendieron un 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 45.419 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en esos dos meses. No obstante, las importaciones subieron aún más (un 4,6%), hasta los 51.522 millones de euros, también nuevo récord histórico. En este brusco crecimiento de las compras de bienes han contribuido dos factores: el fuerte avance del PIB, que obliga a una mayor compra de bienes y servicios, y el encarecimiento del precio del petróleo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró ayer que España tiene el ritmo «adecuado» de ajuste fiscal «gradual» para mantener el crecimiento, aunque le exigió «más esfuerzos» para rebajar su elevada deuda, situada en el 98% del PIB. El FMI resaltó también que en los últimos años «ha habido una ralentización en las reformas estructurales». Poul Thomsen, director del Departamento de Europa del Fondo, dijo que «España lo está haciendo bien». Sin embargo, añadió que, «claramente, ha habido algo de ralentización en las reformas, por lo que esperamos que haya una revitalización, aunque no ha habido marcha atrás».

La CEOE criticó ayer la decisión del Gobierno de aumentar el gasto en detrimento de la «inversión productiva, generadora de actividad, el crecimiento y el empleo». Los empresarios consideran que, en la elaboración de los Presupuestos de 2018, «el momento político actual ha pesado más que el diagnóstico objetivo de nuestro sector público y la necesidad de [tener] unas finanzas sostenibles en el medio y largo plazo». La patronal critica así algunas de las políticas sociales que el Gobierno ha tomado en los presupuestos, en un contexto político muy complicado para el Ejecutivo: la creciente protesta de los pensionistas en toda España contra la subida anual del 0,25% en sus rentas; las movilizaciones de los funcionarios por su situación salarial y, como consecuencia de todo ello, el temor del Ejecutivo al avance de Ciudadanos.

La batalla por el precio del petróleo parece estar librándose entre Estados Unidos y Arabia Saudí. El presidente estadounidense, Donald Trump, puso ayer el grito en el cielo contra los países de la OPEP, acusándoles de inflar artificialmente el precio del petróleo. Un día antes, el barril de Brent tocó máximos desde 2014, después de que Arabia Saudí señalara que aspiraba a un barril por encima de los 80 dólares o, incluso, superando los 100 dólares. «Parece que la OPEP ha vuelto a las andadas, con cantidades récord de petróleo por todas partes, incluyendo buques llenos en el mar. ¡Los precios están artificialmente altos! ¡Esto no es bueno y no lo voy a aceptar!>>, criticó el líder de la Casa Blanca en un tuit publicado ayer por la mañana. Poco después, el precio del Brent caía un 0,4%, hasta los 73,5 dólares por barril, aunque al final cerró con un ligero repunte.

ELA anunció ayer que ha alcanzado también acuerdos con las empresas de restauración Sodexo y Serunión, además de con Eurest, para la retirada de la demanda contra el acuerdo interprofesional de negociación colectiva del País Vasco, interpuesta por la patronal estatal de dicho sector, Feadrs. En una nota, la central puntualizó ayer que ha suscrito con la empresa de restauración Eurest un acuerdo, para proceder a la retirada de la demanda interpuesta por la patronal estatal sectorial, y que ha alcanzado también acuerdos «en términos similares» con las empresas Sodexo y Serunión, que operan en el mismo sector.

El Gobierno se prepara para asestar un nuevo golpe fiscal a las compañías de telecomunicaciones, a las que va a multiplicar prácticamente por 13 la tasa que les cobrará por las frecuencias que albergarán el 5G o quinta generación de la telefonía móvil. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 recoge un incremento espectacular de la tasa anual que deben abonar las operadoras por el uso del espectro de la banda de 3,4 a 3,8 gigahercios (GHz), destinada a los servicios llamados a revolucionar la telefonía móvil. Además, tiene intención de rentabilizar al máximo también la subasta de frecuencias.

La tasa de paro juvenil en Alemania ronda el 7%, índice que en España supera el 30%. Para la  directora de la Fundación Bertelsmann, Clara Bassols, una de las claves para comprender esta diferencia es el amplío desarrollo de la formación profesional (FP) dual en el país germano. La baja tasa de paro juvenil en Alemania no es un caso aislado, sino una tendencia que también se cumple en otros países que cuentan con este sistema de formación. Es el caso de Suiza, Dinamarca o Austria. En España, la FP dual se implantó en el año 2012, pero aún sigue siendo algo minoritario. Solo el 3% de los estudiantes de FP elige la modalidad dual, a pesar de que estos últimos se incorporan en un 70% de los casos a la plantilla de la empresa en la que realizaron la formación, 20 puntos  por encima de los alumnos que optaron por la FP tradicional.

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, está sumergido en una cruzada con la que pretende despejar cualquier duda sobre el arraigo de la compañía en Euskadi, la vinculación con los proveedores locales y también con las instituciones del territorio. El primer ejecutivo de la compañía agradeció el pasado jueves y de forma pública «el apoyo que hemos recibido del Gobierno vasco y que ha sido una de las claves para que ubiquemos nuestra sede aquí». Tacke realizó estas manifestaciones en el transcurso de un encuentro celebrado en Bilbao por Wind Europe, la asociación europea que agrupa a más de 400 empresas del sector eólico, al que asistió la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Decreto Ley por el que mantiene la proporción de una licencia VTC (vehículo de transporte concertado) por cada 30 de taxi. Además, para operar continúa siendo necesaria una autorización administrativa y el ámbito de actuación seguirá siendo mayoritariamente el de la Comunidad Autónoma donde se obtuvo la licencia. Con lo que el Gobierno escucha las peticiones del sector del taxi. El Ejecutivo respalda también a Fomento que lucha por mantener esta regulación contra la acusación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que junto a Uber y Cabify han llevado el caso al Tribunal Supremo. El regulador y las dos compañías basan su argumentación en la Ley de garantía de unidad de mercado.

ETA reconoció ayer el «daño causado en el transcurso de su trayectoria armada» y admitió «la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor». Lo hizo a través de un comunicado que sirve de preludio a su anunciada desaparición prevista para el primer fin de semana de mayo y que fue calificado de «insuficiente» por los gobiernos vasco y central y por la mayoría de los partidos, a excepción de EH Bildu, así como por quienes sufrieron su violencia. A pesar de que la organización realiza una autocrítica de sus acciones, en ningún momento las califica de «injustas», las enmarca en un «conflicto histórico» que, a su juicio, se remonta hasta el bombardeo de Gernika y solo pide «perdón» a aquellas víctimas que «no tenían una participación directa en el conflicto». Confebask  se limitó a señalar, como reacción al comunicado de ETA que espera la disolución y que, a partir de ahí, se debe producir la reparación a las víctimas y justicia.

«La permanente reivindicación tarifaria de parte del sector industrial vasco de discriminación en cuanto a sus tarifas eléctricas de acceso con respecto a sus homólogos de otros territorios, por implicar merma de competitividad y daño al tejido industrial, está suscitando una gran polémica política. En esta tribuna se intentará explicar el fundamento de esa reivindicación. […] la modificación que se revindica por la industria vasca trata de revertir una histórica discriminación y situarles en igualdad de condiciones con sus homólogos de otros territorios, y su defensa por el PNV y el Gobierno vasco está justificada».