20180424

Euskadi será la comunidad autónoma que mayor crecimiento económico registrará en 2019. Al menos eso es lo que se desprende del observatorio regional actualizado por BBVA Research, que prevé una mejora del PIB vasco del 2,8% para el próximo curso, tres décimas más que la estimación realizada en su informe anterior debido a «un comportamiento más positivo de las exportaciones», un crecimiento global «más sólido» y la inversión en mayor actividad de la industria. Esos tres factores posibilitarán, según el estudio, que la economía vasca sostenga de una forma holgada su crecimiento en un año en el que se espera una leve desaceleración de la demanda interna, con un incremento más débil del consumo y un ligero parón del turismo nacional.

La patronal estatal de restauración colectiva Feadrs retiró ayer de forma oficial la demanda contra el acuerdo interprofesional vasco que blinda los convenios negociados en Euskadi. ELA ya había anticipado está decisión la semana pasada, tras pactar con una de las empresas de la federación, Eurest, que se comprometió, en nombre de las demás, a abandonar el litigio. Pero ayer a la mañana fue cuando el desistimiento se aprobó en junta consultiva, si bien se adoptó con reserva de acciones; quiere decir que la organización no renuncia a volver a los tribunales en el futuro por esta cuestión.

Ciudadanos ha añadido nuevas líneas rojas al apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Pese a que la formación ya alcanzó un acuerdo con el Gobierno, su secretario general, José Manuel Villegas, advirtió ayer de que no respaldarán las cuentas si el Ejecutivo consigue el respaldo del PNV con un pacto que incluya el acercamiento de los presos de ETA o ceder a Euskadi la gestión de la caja de la Seguridad Social. «Efectivamente. Si se dan nuevos privilegios [a los nacionalistas vascos y a los reclusos de la banda terrorista], nosotros vamos a votar en contra», sentenció el número dos del partido, tras una reunión de la ejecutiva nacional en Madrid.

España es el país de la Unión Europea con un mayor déficit público. Así lo reflejan los datos publicados ayer por Eurostat. El conjunto de la Administración cerró el año pasado con un desfase 36.233 millones, cifra que equivale a un 3,1% del PIB. España es el único Estado miembro que incumple así el Pacto de Estabilidad, que obliga a que los números rojos no superen el nivel del 3% del PIB. Hacienda quiere ver el vaso medio lleno y destaca que España también es el país que más ha reducido sus números rojos en los últimos años. La Administración llegó a registrar un déficit del 11% en 2009. Rebajar ese porcentaje hasta el 3,1% del PIB de 2017 se ha logrado a costa de notables ajustes, ya sea a través de recortes del gasto o de incremento de impuestos para elevar la recaudación fiscal.

La impresionante recuperación de la eurozona fue una de las sorpresas de 2017. Sin embargo a los economistas les preocupa que este año traiga noticias menos agradables. Los sondeos de confianza y los datos de producción indican que el crecimiento en el primer trimestre será inferior a las expectativas. Las previsiones ya han comenzado a revisarse a la baja ante los temores de que el repunte de la eurozona haya alcanzado su máximo y de que la tensiones comerciales afecten a la situación global. En conjunto, la región creció un 2,3% en 2017, el mayor ritmo en una década. La cuestión es si la ralentización es resultado de hechos aislados o es el principio de un cambio estructural más profundo. Mucho dependerá del rendimiento de Alemania, el motor de la economía de la eurozona, donde se concentra casi un tercio de la producción económica de la región

La prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales figura como una prioridad en las agendas de todos los agentes económicos y sociales, pero pese a ello, lo cierto es que el acto con el que se comemoró ayer el 25 aniversario del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan) quedó ensombrecido por las numerosas ausencias y la falta de mandatarios institucionales de primera línea. La representación del Gobierno vasco estuvo encabezada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, junto a sus consejeros de Trabajo, María Jesús San José, y de Salud, Jon Darpón. Esta alta representación institucional no estuvo correspondida por una equivalencia entre los agentes sociales, otra muestra más del pésimo momento que atraviesa el dialogo social en Euskadi, ya de por si herido de gravedad por la negativa de ELA y LAB, los dos sindicatos mayoritarios, a participar en los organismos multilaterales.

En 1993 Osalan fue el primer instituto autonómico que se puso en marcha en España y actualmente, según la consejera de Justicia y Trabajo, María Jesús San José, ha logrado convertirse en «una entidad de referencia a nivel internacional» y «un ejemplo para instituciones similares». Los datos del balance de Osalan en sus 25 años de existencia son resaltables: en Euskadi se han logrado reducir en un 50% los accidentes de trabajo mortales y los siniestros con baja, mientras la media de reducción para el conjunto de afecciones ronda el 22%.

La Formación Profesional deberá aportar 70.000 de los 100.000 profesionales que Euskadi precisará en el año 2020 para cubrir las necesidades de las empresas vascas. Así lo manifestó ayer el director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Gobierno vasco, Rikar Lamadrid, quien incidió en el alto grado de cualificación que ofrecen estos estudios para abordar con garantías el reto de la Industria 4.0. Lamadrid destacó el pleno empleo que ofrecen las ramas de FP industrial y animó a las chicas a romper con los estereotipos que aún persisten en torno a estas profesiones tan masculinizadas ya que, hoy por hoy, es un nicho de empleo seguro. «El principal reto es que las mujeres accedan a la formación industrial», dijo ayer Lamadrid, ya que la presencia femenina en estos ciclos representa sólo el 9%, mientras que en las ramas de servicios copan el 53% de las matrículas.

Mariano Rajoy pedía hace meses un presupuesto anticrisis del euro, un superministro europeo y eurobonos. Las dos últimas propuestas de España en Bruselas pasaban por modificar el mandato del BCE, crear un seguro de paro y mutualizar deuda. El Gobierno sacrificó ayer ese nivel de ambición y presentó una propuesta menos afilada. España se conforma por ahora con completar la unión bancaria y crear una capacidad fiscal anticrisis. Madrid se alinea a grandes rasgos con París, pero el documento del Ministerio de Economía adopta el lenguaje de Berlín en varios debates esenciales para el futuro del euro.

La compleja situación en la que se encuentra la Seguridad Social responde a varios motivos: los trabajos de mala calidad que aportan, en consecuencia, cotizaciones igualmente bajas; el fuerte incremento que en los últimos años ha registrado la cuantía media de las diferentes pensiones; y que el número de cotizantes sigue por debajo de los niveles previos a la crisis mientras la cifra de pensionistas no para de crecer. Y una buena muestra de esta última circunstancia se puede observar en los últimos datos de Empleo, que evidencian que el sistema soporta cerca de un millón más de jubilaciones más que hace diez años pero con 800.000 cotizantes menos.  Según las cifras que publicó ayer el ministerio dirigido Fátima Báñez, el número de pensiones por jubilación está ya en 5,9 millones, por los 4,9 millones que se registraban hace una década. Por su parte, los trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social a cierre del pasado mes de marzo ascendían a 18,5 millones. El dato está todavía lejos de los niveles máximos alcanzados, y si se compara con el mismo mes de 2008 se observa que el sistema contaba en aquel momento con 19,3 millones de cotizantes.

El Círculo de Empresarios pidió ayer al Gobierno una reforma «integral» del sistema fiscal, «para equiparar su diseño al de los países más competitivos» de la Unión Europea. En este sentido, los empresarios reclaman un tipo único y más reducido, de en torno al 20%, «con esquema de beneficios fiscales equiparable al de los países más competitivos de la UE», como Suecia, Reino Unido y Países Bajos. En España, el tipo está en el 25%. Así se recoge en el documento El impulso reformista se sigue haciendo esperar, sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que presentó ayer la institución que preside John de Zulueta.

La banca extranjera en Estados Unidos avisa de que la reforma fiscal de Trump le perjudica y alerta de que si el impuesto que les discrimina respecto a otras industrias, el Beat, no es enmendado, la «situación conducirá inevitablemente a decisiones empresariales de limitar o reestructurar» sus «operaciones en EEUU». Así lo advierte la patronal de bancos extranjeros en Estados Unidos, el Institute of International Bankers (IIB), en una carta entre cuyos firmantes están Santander, BBVA y CaixaBank. Forman parte de este lobby bancos de todo el mundo, aunque la mayoría son europeos. Estas quejas también las han planteado los ministros de Finanzas de la UE, que consideran que la reforma ataca el intento comunitario de gravar a las multinacionales tecnológicas  y subvenciona las exportaciones estadounidenses, con lo que amenazan con denunciar a EEUU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El mantra del sector turístico contra la oferta ilegal de alojamientos está tomando impulso tras el reciente blindaje del sector del taxi frente a las VTC mediante Real decreto ley. En boca del vicepresidente del lobby turístico Exceltur, «es un momento clave para que el Gobierno tome medidas».  Alrededor de 100.000 familias viven del sector del taxi que el Ministerio de Fomento ha protegido, en función de un interés para los usuarios, y con el fin de atajar los «desequilibrios locales» y favorecer su «coexistencia armónica» con los Vehículos de Transporte con Conductor.  El turismo excede esos datos con creces.