20180525

Con motivo del proceso de modificación de la normativa sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), DEIA abre un espacio de análisis y opinión en colaboración con 'Begirada Elkartea' para acoger diferentes puntos de vista sobre el asunto. Hoy publica un artículo del presidente de Confebask Roberto Larrañaga bajo el título "RGI: la importancia de un diagnóstico compartido". 

En él, el presidente de Confebask defiende un "sí rotundo a la RGI. Cosa diferente es cómo la gestionamos y con qué finalidad...Lo único que pedimos es sentido común: que el enorme esfuerzo que nos supone mantenerlo...no se malogre porque seamos incapaces de llegar a un diagnóstico compartido sobre cómo hacerlo viable sin renunciar a él. Ahí el reto". 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a desestabilizar a los mercados con una nueva amenaza que demuestra lo lejos que está de descartar una guerra comercial que mantiene amedrentados a sus socios de todo el mundo. Apenas unos días después de pactar una tregua temporal con China, Trump ha lanzado un dardo mucho más dañino. Según adelantó The Wall Street Journaly confirmó luego del Departamento de Comercio, el mandatario republicano estudia nuevas tarifas a las importaciones de coches y componentes automovilísticos que podrían alcanzar el 25%. Su decisión supone un duro golpe para empresas alemanas como Daimler, Volkswagen y BMW; japonesas como Toyota, Honda y Nissan; y surcoreanas como Hyundai, Kia y Daewoo.

La Mesa de Diálogo Social sigue empantanada en las irreconciliables posturas del Gobierno vasco y las centrales que la componían –CC OO y UGT–. Lakua quiere mantener el acuerdo sobre formación y empleo suscrito con Confebask a espaldas de los sindicatos, y estos se niegan a trabajar sobre un documento diseñado sin su impronta. El último desencuentro acaeció ayer tras el emplazamiento de la consejera de Trabajo, la socialista María Jesús San José, a ambas centrales a volver a la Mesa. «Su fórmula tripartita es ideal, y queremos que sea una realidad en Euskadi», adujo San José, que se vio salpicada por la firma del acuerdo Gobierno-Confebask, al quedar al margen pese a ser la titular de Trabajo. Sin embargo, su llamamiento cayó en saco roto. Comisiones y UGT aprovecharon para reiterar su frontal oposición a reactivar el diálogo a tres bandas. Solo lo harán si decae el pacto suscrito por Lakua y la patronal, una posibilidad que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu descarta por ahora.

El año pasado el salario medio bruto de Euskadi se redujo un 0,6%, mientras que el de la media de la UE-28 creció un 3,3% interanual. Un evolución dispar que hizo que los sueldos vascos pasaran de ser superiores un año antes (0,4%, lo que se traducía en siete euros mensuales más) a situarse por debajo (-3,5% y 70 euros de diferencia). Así, lo pone en evidencia el monitor anual de Adecco sobre salarios dado a conocer ayer y basado en datos del INE y del Eustat. Se trata de una ampliación de la brecha (3,9%) superior a la que ha sufrido el salario medio español respecto del europeo (2,6%puntos), que ha pasado de ser un 15,4% inferior a un 18% hasta alcanzar los 361 euros, 63 más que un año antes.

El Ministerio de Hacienda confirma en un informe oficial que existe un clamor de las comunidades autónomas contra los privilegios financieros del País Vasco en el Estado y la necesidad de corregirlos. Sin embargo, no plantea medidas, por ahora tras el voto a favor del PNV a los Presupuestos del Estado.  En su primer documento para la reforma del sistema de financiación autonómica, de 55 páginas, el Comité Técnico Permanente para la reforma que preside el Ministerio, constata que, en sus reuniones, «se ha destacado por las CCAA la necesidad de que el cálculo de los flujos entre la Administración General del Estado y las Comunidades forales revista una mayor transparencia, especialmente en lo que al cálculo de las cargas asumidas y no asumidas se refiere».

La facturación de las firmas industriales en Euskadi aumentó un 6% en el primer trimestre de este año en comparación con el ejercicio precedente, según los datos publicados ayer por el INE. Aunque en marzo el crecimiento se quedó tan solo en el 0,3%, el incremento en los primeros tres meses de 2018 resulta relevante y duplica el estatal, que se sitúa en el 2,7%. También es mayor el crecimiento en lo que a entrada de pedidos se refiere en el sector manufacturero vasco que en el conjunto de España. Aunque la caída en marzo fue del 4,8%, el primer trimestre se cerró con un aumento del 7,4%, má del doble que en el Estado (3,1%).

La Comisión Europea, además de poner en duda el compromiso del Gobierno para aplicar las reformas necesarias en el sistema de pensiones, considera también que en el mercado laboral español se realiza un uso excesivo e innecesario de los contratos temporales. Y esta situación, advierte, dificulta el crecimiento económico, resta derechos a los trabajadores y eleva el riesgo de pobreza entre la población. «La proporción de trabajadores con contratos temporales se encuentra entre las más altas de la UE, y se compone principalmente de jóvenes y de trabajadores poco cualificados», explica Bruselas en las recomendaciones de 2018 que el Consejo hace a España. «Son a menudo cortos y rara vez sirven de trampolín para un contrato permanente», y el uso generalizado de esta temporalidad, añaden fuentes de la Comisión, «obstaculiza el crecimiento, supone tener unos sueldos más bajos y un mayor riesgo de pobreza».

Enésimo desencuentro entre Bruselas y Madrid sobre la necesidad de hacer recortes. La Comisión Europea insistió ayer en que el Gobierno español «debe hacer esfuerzos considerables» para cuadrar el déficit, aseguró el comisario Pierre Moscovici tras el Eurogrupo. El ministro Román Escolano no se dio por aludido. «Hay que continuar con la consolidación fiscal, pero de forma gradual para no estropear el crecimiento y el empleo», dijo. Bruselas quiere un ajuste de 7.500 millones en 2019, y recortes este mismo año si España se desvía de las metas de déficit.

El PP y el Gobierno de Mariano Rajoy sufrieron ayer un mazazo con la sentencia del juicio central del caso Gürtel. Las condenas dictadas por la Audiencia Nacional contra 29 procesados fueron contundentes y sumaron 351 años de cárcel. El empresario Francisco Correa, cabecilla de la red, fue sentenciado a 51 años; Luis Bárcenas, extesorero del PP, a 33, y su esposa, a 15. Los jueces ven probado además que el PP se financió con una caja b y que se benefició con la actividad de la trama. Y cuestionan la credibilidad del testimonio que Rajoy prestó durante el juicio. Tras conocerse la sentencia, el PSOE convocó de forma urgente para hoy a su ejecutiva federal que analizará si presenta una moción de censura. El fallo ahonda la crisis del PP a un año de las elecciones locales y cuando las encuestas constatan una creciente fuga de votos a Ciudadanos.

La reunión mantenida ayer en la mesa negociadora de la Construcción de Gipuzkoa dejó una visión contrapuesta en los dos principales sindicatos. Así, mientras ELA observa una «mejora sustancial» en la última propuesta realizada por Adegi-Ascongi, LAB entiende que «ha llegado la hora de la huelga» al considerar «insuficiente» el planteamiento de la patronal y ver «agotado el papel de la mesa negociadora». Ambos sindicatos habían anunciado que tenían todo preparado para convocar una huelga a finales de este mes o principios de junio si no se producía un movimiento sustancial de Adegi-Ascongi que permitiera un acuerdo.

Todos los partidos del Parlamento vasco coincidieron ayer en que las comarcas de la Margen Izquierda y Zona Minera soportan una degradación social y económica insostenible, que requiere un plan de emergencia inmediato. La Cámara vasca se ha comprometido a diseñar un programa integral para reactivar estos municipios en un año. La ponencia aprobada en la Cámara no escatima calificativos sobre el deterioro de dos comarcas donde residen 245.000 personas: tasas de desempleo juvenil desorbitadas (40%), un fracaso escolar del 30%, una clara tendencia al envejecimiento (el 22% son mayores de 65 años, pero lo peor es el descenso de la juventud), un parque de viviendas por encima de los 41 años de antigüedad y el desplome de la renta personal media, que está 15 puntos por debajo del promedio provincial.

ELA aseguró ayer que en las últimas semanas ha logrado pactar convenios con subidas salariales superiores al IPC y medidas «para frenar las reformas laborales» en veinte empresas del sector industrial, desde pymes a grandes compañías, en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. El sindicato señaló que las mejoras en estas empresas, que dan trabajo a más de 1.500 personas, «vienen de la mano de plantillas que han optado por organizarse. Estamos observando un aumento de la producción y de los beneficios empresariales, lo que supone un nuevo ciclo que estamos llevando a la negociación colectiva».

El eje de la presión, de la incertidumbre, del miedo, se ha desplazado en Europa hacia el oeste. En la jornada de ayer, que tendría que haber servido para el Eurogrupo declarara un punto y final (más o menos) a casi tres años de tiras y aflojas constantes con Grecia, con el cierre casi formal de su tercer programa de rescate, toda la atención se ha concentrado sin embargo en lo que ocurre estos días en Roma y Milán.  La UE está cada vez más preocupada. Las capitales auguran tiempos muy difíciles con el Gobierno pactado entre Cinque Stelle y Lega Nord, con un primer ministro sin ninguna experiencia política y nombres en las quinielas que anticipan responsables económicos como mínimo euroescépticos.  

«Queremos que se persiga a los responsables», espetaban ya en julio los trabajadores de Muebles Xey, apoyados por los sindicatos ELA y LAB que pedían que el concurso fuese declarado culpable porque la «mala gestión» de la dirección había llevado al desastre a una firma con 60 años de historia. Casi un año después, el administrador concursal ha solicitado al juez que responsabilice a los mandos de la fábrica del cierre de la misma, tras calificar como culpable el concurso del Grupo Xey. Esa decisión por parte del administrador concursal fue dada a conocer ayer por ELA. El sindicato argumentó que el administrador –Norgestión & Audyge– «comparte los argumentos que presentó ELA para que la calificación del concurso fuese culpable».