20180604

El tejido empresarial de Álava atraviesa por un «momento de crecimiento» a pesar de que «todavía hay sectores cuya situación es delicada», consecuencia de la peor crisis económica que se recuerda en 90 años. Pero, a juicio del presidente de la patronal SEA, «hemos pasado el túnel y vemos la luz». Así lo trasladará a la asamblea de la organización el próximo viernes. Eso sí, en la ciudad y en el territorio, asegura Pascal Gómez, «sigue habiendo asuntos pendientes de resolver».

El PP aseguró ayer que no descarta presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en el trámite que ahora debe cumplimentarse en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Los populares deben decidir si destinan a otros proyectos los 70 millones que negociaron con el PNV a última hora en el Congreso y que se añadieron a los 470 pactados desde un principio para Euskadi. Pasarían así factura a los nacionalistas vascos por haberse sumado a la moción de censura y dejarían en evidencia la minoría con la que va a gobernar Pedro Sánchez.  

El PSOE ha llegado a La Moncloa envuelto en un clima de sorpresa y no pocas dudas. Los inversores internacionales y los empresarios no saben aún cuál será el programa económico que podrá llevar a cabo Pedro Sánchez. Para ellos, la incógnita es si se impondrá el perfil institucional y suavizado que ha venido mostrando el nuevo presidente del Gobierno en los últimos meses, o si las hipotecas que ha tenido que contraer para llegar a La Moncloa se traducirán en una política basada en un fuerte incremento del gasto. Hay incertidumbre, y la incertidumbre es enemiga de la inversión. Por eso los de Pedro Sánchez se han puesto ya manos a la obra –antes incluso de que se nombre a los ministros del ramo– para transmitir tranquilidad a los mercados.

El futuro Gobierno socialista tendrá que hacer un complicado juego de equilibrismo durante los próximos meses para lograr sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso. Sin embargo, una de las decisiones más espinosas tendrá que ver con la reforma laboral. Uno de los compromisos más importantes del PSOE y del propio Pedro Sánchez es derogar esta norma, algo que reclaman los sindicatos UGT y CC OO desde hace años al considerar que ha «precarizado» el mercado laboral y «debilitado» la negociación colectiva. Por contra, la patronal considera que esa ley ha sido clave para la recuperación de la economía y la creación de empleo. Por ese motivo nada más ganar Sánchez la moción de censura, la CEOE y Cepyme emitieron un comunicado conjunto en el que pedían al nuevo presidente «no revertir las reformas ya en marcha como la laboral». Por tanto, la decisión que tome el nuevo Ejecutivo sobre este punto pondrá a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar en su política de enmendar leyes aprobadas por el PP durante la legislatura de mayoría absoluta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en el Congreso a respetar los presupuestos acordados por el PP con otras fuerzas como PNV y Ciudadanos. Esta decisión garantiza que no se va a alterar el capítulo de inversiones del Estado que, en el caso del Ministerio de Fomento, asciende este año a unos 8.500 millones de euros. Pero el PSOE no se ha pronunciado sobre otras partidas relevantes que no están vinculadas a los presupuestos, de las que están muy pendientes constructores, fondos de inversión y fabricantes de material rodante. En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez debe decidir en las próximas semanas si sigue adelante con el Plan Extraordinario de Carreteras (PIC) que contempla inversiones a 30 años por 5.000 millones de euros, la relicitación de las autopistas radiales quebradas por hasta 1.000 millones de euros y la compra de trenes para Renfe por otros 1.500 millones, entre otras decisiones.

El Ministerio de Fomento traspasa al Gobierno de Pedro Sánchez el macrocontrato de Renfe que la empresa pública tenía previsto poner en marcha ya este mismo mes tras recibir luz verde en un inminente Consejo de Ministros. El colosal plan de compra de material rodante de Renfe incluye la adquisición en los próximos meses de 439 trenes por 3.130 millones. Una de las empresas que más se pueden beneficiar del ‘macrocontrato’ de adquisición de trenes es la vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que es un enorme proveedor de trenes de cercanías para el Estado. La dirección de Renfe cuenta con la influencia que CAF tiene en el PNV para sensibilizar al partido en la necesidad de acometer esta modernización del servicio de cercanías y regionales, aunque sólo fuera por su posibilidad de generar empleo en la industria vasca.

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el jueves en el su defensa de la moción de censura al Ejecutivo del PP a respetar los Presupuestos Generales aprobados para 2018. También aseguró que su Gobierno mantendría el compromiso de España con la estabilidad fiscal y cumpliría con el objetivo de déficit público del 2,2% fijado por Bruselas. En este escenario, a Sánchez le va a ser muy difícil llevar a cabo algunas medidas sociales que persiguen los socialistas, y que implican un claro incremento del gasto público, sin incumplir los compromisos con Bruselas. A esto hay que añadir la situación del PSOE en el tablero político de la Cámara Baja, donde solo tiene 84 diputados y, por lo tanto, necesita todos los apoyos que tuvo para la moción, de un variado abanico de partidos con ideologías económicas opuestas. En este escenario, el nuevo Ejecutivo se enfrenta a un dilema: subir impuestos de forma considerable –para lo que necesita apoyos– o incumplir los compromisos con Bruselas.

Los aumentos de sueldos que se están pactando en los nuevos convenios que se firman aún quedan lejos de alcanzar los crecimientos superiores al 3% anual que hasta ahora y de forma sostenida ha venido registrando el Producto Interior Bruto. Pero mes a mes se acercan unas décimas. Según figura en el último boletín del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi, la subida salarial media de los 106 convenios colectivos suscritos entre enero y abril –último mes con datos disponibles– de este año, tanto en el País Vasco (72) como de ámbito estatal pero con incidencia en la comunidad autónoma (34), se sitúa en el 2,09%. Este porcentaje es el mayor desde 2012, cuando las retribuciones acordadas en los pactos laborales aumentaron de media un 2,18%. El CRL de Euskadi también señala que durante los pasados meses de marzo y abril se ha constatado una reactivación de la negociación colectiva sectorial en la comunidad autónoma vasca, al haberse renovado cinco grandes convenios de sector que afectan a 26.596 trabajadores.

Si hay sanciones sobre la mesa, no hay trato. Ése es el claro mensaje lanzado ayer por el Gobierno de Pekín a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al que advirtió con cancelar todos los acuerdos comerciales alcanzados durante los últimos encuentros mantenidos entre las dos mayores economías del planeta, si Washington persiste en sus recientes amenazas. «Si EEUU introduce sanciones comerciales, incluyendo un aumento de aranceles, los resultados de las conversaciones comerciales y económicas negociadas por las dos partes no entrarán en vigor», aseguró la agencia oficial china Xinhua en un comunicado.

Extremadura es la comunidad autónoma en la que más bajos son los sueldos. El salario medio, por ejemplo, es de apenas 19.475 euros brutos al año, tal y como evidencia la Encuesta Anual de Estructural Salarial de 2016 que la pasada semana publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, y al igual que ocurre en el conjunto de las comunidades autónomas, el sueldo de las mujeres es sensiblemente inferior, y en el caso de las extremeñas se queda en 17.360 euros, con lo que son las únicas de todo el país que tienen un sueldo medio inferior a los 18.000 euros.

La factura de la luz del mes de mayo volverá a dar un susto a los consumidores cuando reciban el importe a pagar. Quienes tengan contratado el precio regulado (PVPC) tendrán que abonar, de media, un 10% más que en abril, aproximadamente unos cuatro euros. Mayo ha cerrado con un precio medio de generación de 55 euros por megavatio/hora (Mwh). Se trata de la referencia más elevada no solo de 2018, sino precisamente desde inicios del año pasado. Y ello a pesar de que ahora, al contrario de lo que ocurría entonces, los embalses se encuentran al 72% de su capacidad, frente al 57% registrado 12 meses antes.

Después de más de diez años de crisis, el sector inmobiliario parece que empieza a revivir y la razón se encuentra en el tirón de las compraventas de pisos de segunda mano. En el primer trimestre del año se han cerrado en Euskadi 5.305 operaciones de compraventa, un 36,27% más que en el mismo periodo del año anterior, un porcentaje que duplica el registrado en el resto de España. Los precios, sin embargo, parece que no llevan el mismo camino y las estadísticas oficiales consideran que no ha registrado variaciones significativas en los últimos meses. Las cifras oficiales de los Registradores de la Propiedad constatan que el año 2018 ha comenzado con una reanimación del mercado inmobiliario muy significativa ya que se han vendido 1.119 viviendas nuevas (un 63% más que en el primer trimestre de 2017) y 4.186 usadas (un 30,53% más)

El aumento de los salarios ha bloqueado la negociación colectiva en la hostelería. En la actualidad, las relaciones laborales del sector se estructuran en 51 convenios, que afectan a 1,25 millones de personas, de los que al menos 24 no se han renovado, bien porque se están negociando o por falta de acuerdo entre patronal y sindicatos. Dicho de otra forma, más de medio millón de trabajadores de la hostelería, el 42% del total, no han visto revisadas sus subidas salariales y no se han visto beneficiados por la recuperación económica. Y eso ha generado una profunda indignación entre los sindicatos, que prometen un verano caliente para tratar de arañar las subidas que no han conseguido en el periodo de negociación.