20180628

Cuando todo parecía roto en torno al diálogo social en Euskadi y el divorcio estaba a punto de escenificarse en los tribunales, los protagonistas –el Gobierno vasco, Confebask, CC OO y UGT– han decidido rebajar su enfrentamiento y tratar de recomponer un foro que costó mucho poner en marcha y que saltó por los aires el pasado abril, tras el acuerdo por el Empleo y la Cualificación suscrito entre el Ejecutivo y la patronal. En las últimas tres semanas han cambiado las tornas y se han producido contactos entre las partes que han limado asperezas, hasta propiciar que llegaran a un acuerdo para que la vista por la demanda presentada por CC OO ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que se iba a celebrar el martes de la semana pasada, haya quedado aplazada.

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, afirmó ayer que la patronal «estará ahí para ayudar y mejorar» la reforma laboral y adaptarla a los nuevos tiempos «si esto está en línea con lo que quiere hacer el Gobierno». Por ahora el Ejecutivo del PSOE ha indicado que quiere incluir «retoques» en la regulación laboral, si bien no ha especificado qué puntos van a cambiarse. El presidente de la patronal hizo hincapié en que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene minoría parlamentaria, por lo cree que «es muy difícil que se cambie la legislación». Sobre el acuerdo de negociación colectiva alcanzado con las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, Rosell considera que «probablemente tenía que haber llegado antes» de que se efectuase el cambio de Gobierno, es más, cree que debería haberse alcanzado el año pasado.

El Banco de España estima que la economía mantiene el ritmo de crecimiento y que el PIB está avanzando un 0,7% en el segundo trimestre del año, la misma tasa que entre enero y marzo. Sin embargo, en su informe trimestral publicado ayer, el organismo divisa ya señales de una pequeña ralentización en los indicadores más recientes. Y pone sobre todo el foco en uno de los motores de la actividad durante los últimos años: el consumo de los hogares, que muestra «un cierto debilitamiento» debido al repunte de los precios provocado por el petróleo. Por el momento, las proyecciones son optimistas. En el medio plazo, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos prevé «una prolongación de la fase alcista del ciclo», en su Informe Trimestral sobre la Economía española. Este dinamismo está sustentado en la «fortaleza de la demanda interna», cuya contribución al PIB se elevó una décima, al 0,7%. La demanda externa, por el contrario, tuvo una evolución nula.

El País Vasco es, sólo por detrás de Madrid, la comunidad autónoma con mayor dependencia energética, ya que genera sólo el 34,9% de la electricidad que demanda, según el informe sobre el sistema eléctrico correspondiente a 2017 de Red Eléctrica. En concreto, Euskadi generó el pasado ejercicio 5.773 gigavatios hora, frente a los 16.543 que necesitó. Únicamente la Comunidad de Madrid es más dependiente que el País Vasco, con una generación propia que supone sólo el 4,3% de sus necesidades. En cambio, ocho autonomías generaron más energía eléctrica de la que consumieron, con Extremadura a la cabeza, al generar cuatro veces su demanda; seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, aseguró ayer que «la economía española se encamina hacia una coyuntura muy complicada y delicada en el año 2020». En su informe, titulado No perder la confianza que tanto costó recuperar, el instituto señala varias razones que le llevan al pesimismo: la primera es que en 2020 España tendrá que aumentar sus contribuciones al Presupuesto de la Unión Europea, a los gastos de defensa derivados de la salida del Reino Unido de la UE y de la reforma de la Política Agraria Común. En definitiva, son las consecuencias del Brexity de que España se va a convertir en un contribuyente neto de la UE.

Dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Iñigo Urkullu acordaran crear una comisión bilateral y permanente para estudiar el catálogo de traspasos pendientes a Euskadi, un paso inédito en cuatro décadas de pacto estatutario, el PNV defendió ayer en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, de la mano de EH Bildu, su vieja aspiración de contar con una Seguridad Social vasca, un modelo propio de protección pública que rompería la ‘caja única’ de las pensiones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está preparando un ambicioso plan tributario. El objetivo es aumentar la recaudación de forma sostenible para sufragar el incremento de las pensiones y atajar el déficit de la Seguridad Social. Hacienda quiere que las grandes empresas paguen más a través del impuesto de sociedades. La ministra estudia limitar las deducciones de los créditos fiscales que benefician sobre todo a los bancos y grandes corporaciones. Además, estudia elevar los impuestos sobre el diésel e impulsar la fiscalidad verde.

El PSOE quiere darle un vuelco a la política medioambiental, y para ello necesita nuevos recursos, así como medidas para descarbonizar la economía. Es algo a lo que se comprometieron los países industrializados en la cumbre del clima de París, en la que se acordó el objetivo de reducción de emisiones contaminantes para evitar que la temperatura global haya subido en más de dos grados cuando finalice el siglo. Además, la Comisión Europea ha demandado a España un mayor esfuerzo en fiscalidad ambiental. En este contexto, el PSOE quiere aprobar una equiparación del impuesto especial del gasóleo al de la gasolina y, además, crear cuatro nuevos impuestos verdes y reformar otras figuras tributarias sobre la energía, para potenciar la lucha contra el calentamiento global. La idea del PSOE, condicionado por su debilidad parlamentaria, es aprobar un gravamen sobre el CO2, otro sobre los óxidos nitrosos, un tercero sobre los residuos industriales tóxicos y, por último, un tributo sobre los residuos de bolsas y embalajes.

La eliminación del tope máximo de las cotizaciones sociales supondría incrementar aproximadamente un 25% los costes laborales de los trabajadores que ahora ganan más de 45.000 euros anuales, que es el nivel salarial en el que está fijada hoy la base máxima de cotización (3.751 euros al mes). Esta medida es una de las que quiere adoptar el Gobierno socialista para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y supondría que los tipos de cotización por contingencias comunes (del 28,3%) que pagan empresarios y trabajadores se aplicaran también a la parte del salario que superase los 45.000 euros anuales, ahora exento de cotización.

Euskadi no se da por aludida ante el severo reproche lanzado por Europa sobre la «ineficacia» de la red de alta velocidad en España, y reivindica la Y vasca como «prioritaria» y «estratégica» en la conexión transfronteriza, tanto para pasajeros como para mercancías, en el eje Atlántico. La consejera de Infraestructuras, Arantxa Tapia, salió al paso del duro informe del Tribunal de Cuentas de la UE sobre las líneas del TAV españolas, en el que refleja que su construcción «se basa habitualmente en consideraciones políticas» y no tanto en ratios económicos que tengan en cuenta el coste-beneficio de la inversión. El documento saca los colores a la infraestructura porque cuestiona la viabilidad de la millonaria inversión, los sobrecostes, el bajo potencial de pasajeros y los retrasos en los plazos.

Después de cinco años de tortuosa tramitación administrativa, el Gobierno vasco acaba de lograr el permiso para probar molinos eólicos mar adentro, frente a las costas de Armintza. El proyecto, pionero en España, prevé realizar ensayos con dos aerogeneradores flotantes al mismo tiempo. Los datos que se logren recabar (resistencia a los temporales, horas de funcionamiento, corrosión por la humedad, impacto sobre las aves...) serán de gran utilidad para la potente industria vasca del sector eléctrico, ilusionada ante las nuevas perspectivas que se abren.

El Consejo Confederal de CC OO designa hoy a la hasta ahora ‘número dos’ del sindicato en Euskadi, Mari Cruz Vicente, como nueva secretaria nacional de Acción Sindical, cargo en el que sustituye a Mercedes González, fallecida el pasado día 8 a los 55 años. Con este nombramiento, que le fue propuesto el pasado jueves por el propio secretario general de la organización, Unai Sordo, se intensifica la presencia vasca no sólo en la dirección de la central, sino incluso en el ‘núcleo duro’ de la misma, ya que la de Acción Sindical es una de las secretarías de mayor peso dentro de Comisiones.

Los comerciantes vizcaínos tirarán este año la casa por la ventana y contratarán a más de 4.000 personas para afrontar la temporada de rebajas. Pese a que Bizkaia ha sido el territorio más castigado por la apatía del consumo vivida desde enero, el sector absorberá el 58% de los puestos de trabajo que se crearán en Euskadi durante los dos próximos meses. Los comercios vascos prevén realizar unas «excelentes ventas» desde mañana, en que arrancarán las rebajas, hasta el próximo 31 de agosto. En total, se formalizarán más de 7.000 contratos en Euskadi. Un estudio elaborado por la agencia de recursos humanos Adecco, adelantado ayer por Pedro Campo, presidente de la Confederación Empresarial de Comercio (Cecobi), revela que 4.086 –un 2% más que en 2017– corresponderán a establecimientos vizcaínos.

El presidente del grupo vasco Tubos Reunidos, Guillermo Ulacia, mostró ayer ante los accionistas su preocupación por la compleja situación que se ha creado tras la imposición de los aranceles a la importación de acero en Estados Unidos. Ante la junta de accionistas celebrada en Bilbao, Ulacia recordó que la compañía lleva tres años de pérdidas acumuladas –el pasado año los números rojos ascendieron a 32,4 millones– y que las circunstancias previas a la implantación de los aranceles ya eran desfavorables. «El sector tiene un 40% de exceso de capacidad de producción en el mundo y el descenso de los precios del petróleo provocó la caída de precios de los tubos», matizó.

Los desencuentros entre la eléctrica y la multinacional germana de los últimos meses pueden ser cosa del pasado. Iberdrola ha adquirido 136 turbinas eólicas a Siemens Gamesa que instalará en Brasil y cuyo coste ronda los 400 millones. Este contrato millonario se interpreta como el primer paso hacia la reconciliación de las dos compañías. El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, insistió ayer en alejar cualquier duda sobre la hipotética deslocalización del cuartel general de la compañía, ubicado en la localidad vizcaína de Zamudio desde que se produjo la integración de la firma vasca con la multinacional germana. «La sede de Siemens Gamesa no está en discusión, estamos muy contentos aquí», aseguró el primer ejecutivo de la sociedad en el transcurso de una intervención en el Forum Nueva Economía, celebrado en Bilbao.

Repsol se marcó el objetivo de diversificar más su negocio y empieza con una inversión de 750 millones de euros. La petrolera irrumpe en el sector de la electricidad con la compra de cinco centrales eléctricas en España a los fondos propietarios de Viesgo, así como su comercializadora de gas y electricidad. Suman una capacidad instalada de 2.350 megavatios (MW). Se coloca así con una cuota de mercado del 2% y unos 750.000 clientes en el sector minorista. Su objetivo de cara a 2025 es seguir creciendo hasta llegar a los 2,5 millones de clientes minoristas, el 5% de cuota y una capacidad de generación de 4.500 MW.