20180712

La evolución del mercado laboral en Euskadi está plagada de luces y sombras, constató ayer el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en la presentación de su informe sobre 2017. Hay datos positivos, pero casi siempre están acompañados de un reverso negativo. Por ejemplo, el paro está bajando, pero no sólo porque aumenta la ocupación, sino también porque se reduce la población activa por el envejecimiento. Se percibe cierta reactivación de la negociación colectiva, pero repunta la conflictividad.  Aunque lo más preocupante sigue siendo un fenómeno que se evidencia en todos los análisis: se está creando empleo, sí, pero de peor calidad. Y este deterioro llega incluso al trabajo indefinido, según explicó ayer el presidente del organismo, Tomás Arrieta, que también alertó de la creciente desigualdad entre salarios altos y bajos.

La lucha contra la explotación laboral debe tener resultados este mismo año. Ese es el objetivo que se ha fijado el Ministerio de Trabajo en el primer borrador del plan director contra la explotación laboral 2018-2020. Sus primeros pasos consistirán en dos «planes de choque»: uno «contra el fraude en la contratación temporal», y el otro «contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial». Arrancarán en agosto y acabarán en diciembre de este año. Al mes siguiente se evaluarán ambas acciones, según el calendario contemplado en el documento. Además de estos planes contra dos de las formas de precariedad más extendidas en el mercado laboral en España, el programa anuncia un cambio significativo sobre la persecución de los abusos en la temporalidad: «Debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, la mayoría de las veces, a la conversión de los contratos temporales en indefinidos».

La Comisión Europea revisará hoy a la baja las previsiones de crecimiento de la economía española, desde el 2,9% que anticipó en mayo hasta el 2,8%, según han confirmado fuentes conocedoras del documento de previsiones macroeconómicas de verano que publicará hoy el Ejecutivo comunitario. Se trata de la primera vez que Bruselas recorta la previsión de crecimiento española de 2018, después de cuatro revisiones consecutivas al alza. La moderación refleja la cristalización de riesgos como el aumento del proteccionismo debido a la escalada arancelaria iniciada por EEUU o la subida del precio del petróleo. Según estas fuentes, el movimiento «va en línea con el resto» de países.

La primera batalla de la guerra comercial entre EEUU y China, calificada ya como la mayor de la historia, comenzó con aranceles del 25% a productos importados de China por valor de 34.000 millones de dólares (29.160 millones de euros), como parte de un paquete de 50.000 millones de dólares a los que el Gobierno de Pekín respondió en la misma medida contra importaciones estadounidenses como la soja, los coches y el whisky. Estas cifras apenas tendrían relevancia en el contexto de unas relaciones comerciales que superan los 600.000 millones de dólares anuales, pero el presidente americano, Donald Trump, está empezando a multiplicarlas exponencialmente. Airado por el contraataque el Gobierno de Pekín, Washington ha anunciado ahora que gravará con aranceles del 10%, equivalentes a 200.000 millones de dólares, a una batería de artículos chinos liderados por los componentes electrónicos, uno de los productos más estratégicos de China.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, la ministra María Jesús Montero quiso reiterar ayer la intención del Gobierno de establecer «de forma inminente» un nuevo impuesto a las tecnológicas y subir el tipo mínimo real del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades con el objetivo de «acercar el tipo teórico impositivo al tipo real». Eso sí, la ministra hizo especial hincapié en que esta subida de impuestos para grandes compañías «no afectará a las pymes ni a las empresas medianas» y estará orientada a «ajustar la contribución de las grandes al bien común».  La anunciada tasa a la banca, a la que el sector financiero se ha opuesto advirtiendo de que llevaría a encarecer el crédito, se hará esperar, sin embargo, a una segunda fase.

El impuesto a las tecnológicas será el primero en aprobarse dentro del paquete de nuevos tributos y de subidas fiscales que prepara el Gobierno. Así lo anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda en el Congreso, en la que concretó el hecho imponible de este nuevo impuesto: se gravará la venta de publicidad online, la intermediación de las plataformas digitales y la venta de datos de los usuarios. Estos eran los tres hechos imponibles que planeaba gravar su predecesor, Cristóbal Montoro, y Montero mantiene el proyecto de crear un impuesto indirecto. Sin embargo, la ministra no detalló ni el tipo que baraja –que podría ser de entre un 3% y un 5%, según fuentes conocedoras– ni el umbral de facturación de las empresas afectadas, que será más bajo que el del proyecto de la UE –de al menos 750 millones globales y 50 millones en la Unión Europea–

La economía española podría encadenar este año cuatro ejercicios de fuerte crecimiento, pero también está sujeta a fuertes riesgos. La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) alertó ayer de que el elevado endeudamiento público supone «una fuente de vulnerabilidad» para la economía española ante situaciones de subida de tipos de interés o ante un posible deterioro de la confianza de los inversores, además de limitar el margen de maniobra fiscal en momentos de crisis. La institución ve necesaria una estrategia de eliminación del déficit estructural y reducción progresiva del volumen de deuda, «a un ritmo suficiente y con un grado de compromiso creíble», según explican el director de Coyuntura del organismo, Raymond Torres, y la economista senior María Jesús Fernández en el último número de Cuadernos de Información Económica, que elabora la propia Funcas.

Cada vez más empresas reconocen tener dificultades para encontrar determinados perfiles, principalmente en el ámbito de la digitalización y las nuevas tecnologías. En concreto, y pese a que hay todavía más de 3,7 millones de parados, el 56,5% de las compañías españolas de tamaño medio –porcentaje que se eleva hasta el 60,8% en toda la UE– ve complicado encontrar a los profesionales con las capacidades que necesitan. Especialmente en los sectores de construcción e inmobiliario, industria, energía y servicios, según un informe difundido de la consultora PwC. Y esto se traduce en un problema económico: la escasez de talento lleva a las empresas medianas –aquellas que facturan entre diez y cien millones– a perder más de 14.500 millones de euros cada año en ingresos, lo que supone un 1,3% del PIB, según el mencionado estudio, realizado con la valoración de casi 2.500 firmas.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), ha subido un 0,8% en Euskadi para la estimación de lo que sucederá a lo largo del tercer trimestre de este año en comparación con los tres meses anteriores. Ese aumento del índice se sitúa tres décimas por encima de la media nacional, que aumentó un 0,5%. El 23,6% de las empresas consultadas cree que el comportamiento de negocio será favorable y el 61,8% lo ve estable.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va a crear un grupo de trabajo conjunto con los departamentos de Educación y Trabajo para retocar la Formación Profesional, de modo que los alumnos accedan con más facilidad a un entorno empresarial que está sufriendo grandes cambios de la mano de la tecnología. Así lo anunció ayer la titular de la cartera de Industria, Reyes Maroto.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, aprovechó ayer el inicio de su viaje oficial de dos días a Gales para lanzar un mensaje conciliador con Reino Unido, ahora que ya se siente como próxima su salida de la Unión Europea. «Nuestro Gobierno va a seguir promoviendo los intereses vascos en Reino Unido más allá del Brexit», aseguró en el discurso que pronunció durante su visita a la nueva factoría de la compañía guipuzcoana CAF, en la localidad galesa de Newport. CAF ha invertido 40 millones de euros en esta planta, que quiere convertir en su base de operaciones para incrementar su presencia en el mercado ferroviario británico, donde incluso aspira a ser proveedor de trenes de alta velocidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que llevará al Congreso un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que modificará la Ley General Tributaria para que en la lista de morosos se publique el nombre de los responsables solidarios, es decir, de los directivos de las empresas deudoras. La Agencia Tributaria (AEAT) publica desde diciembre 2015 la lista de morosos, personas físicas y jurídicas con deudas con Hacienda de más de un millón de euros que no estén aplazadas ni suspendidas. La publicación de los nombres de los responsables solidarios y subsidiarios, esto es, directivos y administradores de empresas morosas, es una medida que anunció Cristóbal Montoro en diciembre de 2016 y planteó a Bruselas que podría recaudar unos 150 millones de euros por su efecto disuasorio e incentivo a que se paguen las deudas, aunque finalmente no se tramitó.

La preocupación de los supervisores por el intenso aumento del crédito al consumo en España tiene doble justificación. Los nuevos préstamos de este jugoso segmento de negocio crecen el doble que la media de la zona euro y aplica tipos más caros. Según datos del Banco Central Europeo (BCE), el crédito destinado a los hogares para financiar los gastos diarios sube a una media acumulada del 14,7% en mayo, frente al 7,2% de los países que comparten el euro. De hecho, casi triplican el ritmo de subida del préstamo al consumo en Alemania (+5,3%). Otros países como Italia y Francia también superan la media de la zona euro. El saldo vivo, que tiene en cuenta la financiación pendiente de devolver, refrenda esta disparidad: en España crece al 5,8% y en la zona euro a ritmos del 2%.

El Ministerio de Fomento prepara un ambicioso abanico de medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso de jóvenes y familias de bajos recursos. Su propuesta incluye un plan para que se construyan 20.000 viviendas que se destinarán al alquiler a precios limitados en ciudades donde se hayan disparado. Además, quiere ampliar la duración de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, limitar las fianzas y moderar los precios de los alquileres a través de incentivos fiscales.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló ayer que «el diésel tiene los días contados», debido a su elevado impacto medioambiental. Apenas dos semanas después de que el Gobierno advirtiese de que elevará los impuestos al gasóleo para financiar el aumento del gasto público que ha anunciado desde su formación. Además, Ribera defendió el cierre de siete centrales térmicas en 2020, confirmó la clausura de todas las centrales nucleares para 2028 y abogó por acelerar la disminución de las emisiones de efecto invernadero.

Sabin Azua, socio director de la consultora bilbaína B+I Strategy, especializada en asesoría de negocio, internacionalización e innovación, protagoniza hoy el Aula DV de los Cursos de Verano de la UPV-EHU con una charla sobre la empresa y los fines sociales. El experto, conocedor de primera mano de muchos de los planes y estrategias del Gobierno Vasco en materia económica e industrial, alerta de la necesidad de captar talento y de fortalecer el ecosistema vasco para hacer el país aún más atractivo.