20180713

La Comisión Europea ha rebajado dos décimas la previsión de crecimiento económico de este año, del 2,3% que pronosticó en mayo al 2,1% actual, debido a la incertidumbre provocada por el riesgo de una guerra arancelaria con EEUU, el riesgo geopolítico en la UE y al incremento del precio del petróleo. Los economistas de Bruselas han advertido también de «riesgos significativos» en el horizonte, que podrían obligar a recortar de nuevo esas estimaciones en el futuro. Para 2019, la previsión se mantiene en el 2%. España no sale indemne: la Comisión resta una décima a sus perspectivas sobre el PIB de este año y lo deja en el 2,8%. Y mantiene en el 2,4% el pronóstico para 2019.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, comunicó ayer a Pierre Moscovici, comisario de Economía, dos cosas que en Bruselas ya daban prácticamente por descontadas: que España incumplirá los objetivos de déficit público de 2018 y 2019 y que el año que viene hará un esfuerzo fiscal estructural por debajo del requerido. Pero según explican fuentes de la Comisión Europea, todo esto podría acabar no siendo ningún problema para Bruselas. La ministra explicó que tras revisar la ejecución presupuestaria del año y hacer las previsiones para lo que queda de ejercicio, el Gobierno ha concluido que el déficit público para 2018 será del 2,7% del PIB, en lugar del 2,2% que exigía Bruselas y al que se comprometió el anterior Ejecutivo. Para 2019 la cifra será del 1,8% en lugar del 1,3%. La ministra atribuyó esa revisión a la «herencia que nos hemos encontrado» y a la necesidad de evitar daños para el crecimiento.

El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social en 2022, según afirmó ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que analiza la reforma de las pensiones. «Tenemos la obligación de equilibrar el sistema hacia 2022 o 2023 para tener un sistema saneado para el baby boom», aseguró Valerio, quien subrayó que para 2050 habrá más de 14 millones de pensionistas, cinco millones más que en la actualidad. Una aspiración que choca con un déficit de 18.800 millones que arrastra la Seguridad Social.

El Consejo Económico y Social (CES) vasco ha emitido un dictamen favorable sobre la tramitación del anteproyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi elaborado por el Gobierno autonómico, pero se muestra disconforme con la consideración de la Confederación de Cooperativas como «agente social», al estimar que el uso de ese término puede resultar «equívoco en la medida en que en el lenguaje coloquial evoca a otras entidades» como la patronal o los sindicatos. Por ello, el CES propone que la organización citada sea denominada «agente interlocutor» en lugar de «agente social».

El embajador británico en España, Simon Manley, se reunió ayer en Getxo con los miembros del Círculo de Empresarios Vascos, en un momento crítico de las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea. En la reunión participaron, entre otros, Javier Ormazabal, presidente del Círculo, Roberto Larrañaga, presidente de la patronal Confebask, Agustín Markaide, presidente de Eroski, y Carlos de Palacio, presidente de Talgo.

El informe de la OCDE ‘La mirada a largo plazo: escenarios para la economía mundial para 2060’ señala que los españoles serán los ciudadanos de esta organización que disfrutarán de una mejora más modesta de su nivel de vida a lo largo de los próximos cuarenta años. Según las proyecciones realizadas, la riqueza per cápita de los españoles crecerá entre 2018 y 2060 un 54,1%, hasta los 60.167 dólares, el menor incremento entre los 35 países de la OCDE, cuyo nivel de vida mejorará una media del 69% a lo largo del horizonte analizado, alcanzando una riqueza per cápita de 78.084 dólares, mientras que a nivel mundial se espera una mejora del 111,7%. En España se debe al impacto de la demografía, con una caída del 17,8% de la población activa, retroceso solo superado por el 22,5% de Corea del Sur, frente a un descenso medio del 3,2% a nivel mundial.

«La incertidumbre sólo puede provocar que perdamos oportunidades de nuevas adjudicaciones de modelos y, con ello, que nuestra industria se debilite gravemente». Con estas declaraciones, José Vicente de los Mozos, presidente de la patronal Anfac, alertó ayer de los efectos de la eventual restricción de los vehículos diésel en España. Hay una fuerte preocupación en el sector tras la afirmación, el miércoles, de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que el «diésel tiene los días contados». Con 2,85 millones de unidades, España fue en 2017 el octavo fabricante de coches del mundo y el segundo de Europa, por detrás de Alemania, con 5,64 millones de turismos. Anfac recuerda que 1,2 millones de vehículos al año que se fabrican en el país son diésel y reclama pactar la evolución que debe vivir el sector hacia las energías limpias. La patronal subraya «las graves consecuencias e implicaciones que las manifestaciones del nuevo Gobierno pueden tener» sobre el empleo –más de 40.000 trabajadores directos– y las propias plantas. Según sus datos, el 9% de la ocupación y el 10% del PIB de España dependen de esta industria

Euskadi tiene mejores niveles que la media de la UE-28 en cinco indicadores: población en riesgo de pobreza, educación superior, consumo de energía primaria, consumo final de energía, y tasa de abandono escolar prematuro, según datos sobre indicadores estructurales en Europa del instituto estadístico Eustat. Pero está por debajo de la media europea en otros índices, como tasa de ocupación, gasto interno bruto en I+D, emisiones de gases de efecto invernadero y cuota de renovables en el consumo energético. Respecto a España, sin embargo, todos los indicadores salvo cuota de renovables y consumo energético arrojan cifras mejores en Euskadi.

El Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) aprobó ayer el Plan Estratégico 2018-2021, que marca las líneas de actuación prioritarias para la institución académica. Entre esos objetivos figura el impulso a la formación dual, la enseñanza en euskera y en inglés, o apoyar a los jóvenes investigadores. Los responsables universitarios van a fortalecer la preparación de los alumnos en competencias y habilidades que mejoren su empleabilidad.

La propuesta de la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de que los trabajadores autónomos pasen a cotizar por sus ingresos reales, y lo hagan trimestralmente o con correcciones durante el año para compensar que no todos los meses cobran lo mismo, no cuenta con grandes defensores en el colectivo. Solo dos de cada diez autónomos es partidario de asimilar su base de cotización a la facturación real que logra, según el barómetro elaborado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) con una encuesta a 1.587 asociados. De hecho, seis de cada 10 autónomos consultados rechaza taxativamente la medida, mientras que otro 20,1% no expresó su opinión durante la encuesta. El porcentaje de detractores de esta medida crece del 59% registrado en diciembre al 62,1% de ahora, si bien los que la apoyan pasan de ser el 20,9% al 22%.

Frente al riesgo de deslocalización empresarial en Euskadi, una compañía acaba de cambiar Madrid por Bilbao con el valor añadido que supone su carácter tecnológico. La incubadora-aceleradora Startup Building Corporation (SBC) se instala en la capital vizcaína con el fin de rentabilizar su apuesta por el sector de las administraciones vascas y sobresalir en un territorio con menos competencia en esta industria.

Kutxabank aumentó en el primer semestre de 2018 un 11% la financiación a pymes, que alcanzó un total de 1.204 millones de euros, empujada por el tirón de los préstamos para inversiones, que mantuvieron el tono positivo de los últimos trimestres y crecieron hasta junio un 19%. Según el banco, durante la primera mitad del año destaca la intensa actividad exportadora de las pymes, a juzgar por el alza de la financiación de circulante, directamente vinculada con la evolución de las ventas, que creció un 13%, con mayor ritmo la destinada a comercio exterior. Kutxabank da por hecho que las pymes están inmersas de lleno en un proceso de actualización de su producción, lo que para el banco se traduce en un aumento del 23% de los créditos para mejorar capacidad productiva, en buena parte para procesos vinculados con la industria 4.0.

La multinacional danesa Danfoss, una de las mayores firmas de aquel país, ha adquirido el negocio de Telecontrol de Ikusi (que forma parte del grupo Velatia) por un importe que ninguna de la dos partes ha querido revelar. A falta de solventar algunos requerimientos habituales por parte de las autoridades de Competencia, está previsto que la operación se complete a lo largo del tercer trimestre de este año. Ikusi llevaba tiempo buscando la manera de potenciar esa actividad mediante una alianza y, sin buscarlo, surgió la oportunidad de la venta. El consejero delegado de Danfoss, Kim Fausing, y el presidente de Danfoss Power Solutions (la división en la que se integrará la firma guipuzcoana), Eric Alström, se felicitaron ayer –al hacer pública la compraventa–, y explicaron que la intención de la danesa es convertir las instalaciones donostiarras en «un centro de excelencia para telemandos».

«Yo te devuelvo de forma inmediata los 42 millones de euros que anticipaste a La Naval y que avalamos, y tú te comprometes a adquirir el casco del buque ‘Vox Alexia’, que ha pasado a ser de nuestra propiedad precisamente porque era una garantía de toda la operación». Esta es, de forma sintética, la propuesta que la banca parece dispuesta a realizar al armador holandés Van Oord para desatascar la crítica situación del astillero La Naval de Sestao. Si todo encaja, la factoría puede retomar en las próximas semanas la construcción del buque, cuyo casco se encuentra en la gradas en pleno proceso de ensamblaje de los bloques que lo componen.