20180812

El Gobierno Vasco considera que los trabajadores tienen que dedicar cada mes un 6% de su salario a un plan de pensiones complementario durante toda su vida laboral para garantizarse, cuando se jubilen, unos ingresos cercanos a su último sueldo. Si se coge como referencia el salario medio en Euskadi, unos 1.700 euros netos mensuales, la aportación media rondaría los 100 euros. Para los que no lleguen a los 1.000 euros de nómina, la cifra bajaría a los 55 euros de media. De cara a evitar que ese esfuerzo de ahorro merme el poder adquisitivo de los trabajadores, el planteamiento pasa por que empresarios y trabajadores realicen la aportación de forma compartida. Esa cuota mensual del 6% del salario es la clave de bóveda del plan con el que las administraciones vascas pretenden generalizar el uso de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en Euskadi.

El vehículo eléctrico no es cosa del futuro. Para la industria vasca, se trata de un empeño tecnológico por el que se apostó hace ya bastantes años, antes incluso de que vislumbrara su despegue como una realidad. Es más, hablamos de diez años atrás, del nacimiento de nuevas iniciativas empresariales y de la diversificación de grupos industriales ya existentes. Sacando la calculadora y haciendo un planteamiento conservador, las cifras que salen son sorprendentes: la apuesta de la industria vasca por el vehículo eléctrico ha supuesto ya más de 500 millones de inversión.

A finales de la década de los 90 del siglo pasado, el profesor de la London School of Economics, Richard Hyman, ya advertía de que no era tanto el sindicalismo lo que estaba en crisis sino la forma de hacer sindicalismo. Y el tiempo le ha terminado dando la razón. La globalización y el impacto de la revolución tecnológica con el rápido crecimiento de formas de empleo atípico han sacudido los cimientos del sindicalismo clásico en un momento, además, en el que no atravesaba sus mejores horas, como consecuencia de la pérdida de confianza social en la acción sindical. Un reciente documento de la Confederación Europea de Sindicatos planteaba un interesante debate sobre si el futuro de los sindicatos estaba en peligro, y advertía de que podía estarlo si no conseguían aumentar la afiliación y atraer a los jóvenes.

La flexibilidad que ha llegado al mercado laboral también podría alcanzar a los salarios. ¿Por qué esperar a final de mes para recibir la nómina completa si puede hoy mismo acceder al dinero generado el día anterior? En esta idea de hacer olvidar el tiempo de espera entre el cobro de una nómina y otra, trabajan ya diferentes startup financieras en Estados Unidos. En el último año han ganado popularidad aplicaciones móviles gracias a las que el empleado puede tener acceso a su nómina con la frecuencia que desee a lo largo del mes

Las relaciones entre el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no atraviesan su mejor momento. No lo hicieron durante el mandato de Iñigo de la Serna –la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) es un buen ejemplo– y no parece que vayan a cambiar con José Luis Ábalos. La mejor prueba para comprobarlo es el proyecto de ley para modificar la última regulación que se hizo en 2015 del sector ferroviario, dirigida a poner las bases de su liberalización en el transporte de viajeros antes del 14 de diciembre de 2020. Para entonces el acceso libre a la infraestructura debería estar listo. La CNMC afirma que su última reforma «confiere» a Renfe una «ventaja injustificada»

El emblemático rascacielos que durante 40 años fue el techo de Euskadi vuelve a la vida tras una década inerte. Junto al desembarco del gigante comercial Primark, la torre del BBVA en Bilbao albergará el mayor centro de emprendimiento del sur de Europa. Promovido por la Diputación, que ahora busca un gestor internacional «de primer orden» para liderar el proyecto, echará a andar en 2019 y ocupará inicialmente ocho plantas del edificio. Energía, automoción y ‘startups’ tecnológicas serán sus ejes.

Las viviendas de uso turístico han dado respuesta a una demanda creciente, pero su desarrollo también ha conllevado polémica allá donde se han implantado, principalmente por la masificación en ciertas zonas. En San Sebastián, la ordenanza que regula este tipo de alojamientos vacacionales, ahora recurrida por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, entró en vigor en marzo y el pasado julio el Gobierno Vasco aprobó un decreto que completa la Ley de Turismo de 2016. La Autoridad Vasca de la Competencia ha elaborado un informe en el que incluye la respuesta que diversas ciudades del mundo han dado a este fenómeno en materia regulatoria. La conclusión es que cada una de estas capitales tiene una legislatura según su propia idiosincrasia.

Los servicios de Competencia dieron el martes un serio toque de atención a los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián por limitar el alquiler de viviendas turísticas. Pero no solo los municipios españoles tratan de poner coto a Airbnb, Homeaway y plataformas similares. Hace tiempo que las grandes capitales del turismo se esfuerzan por controlar un fenómeno que sube precios y expulsa vecinos. Las diversas iniciativas legislativas han tenido, por ahora, un resultado desigual.