20180813

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió ayer la puerta a retrasar más allá de septiembre la presentación de los Presupuestos de 2019, con el objetivo de aprobarlos una vez que estén “pactados” con otras formaciones políticas. «Si no da tiempo a que se pacte con los grupos políticos en el mes de septiembre, y evidentemente lo importante es llegar a un acuerdo, podemos presentarlos en noviembre e igualmente entrarían en vigor el 1 de enero», que es el principal objetivo del Gobierno, afirmó la ministra.

La recuperación del mercado laboral está llegando a todos los escalafones del mundo empresarial. 21.000 directivos encontraron un puesto de trabajo entre abril y junio, hasta alcanzar los 799.900 directores y gerentes de empresas en el segundo trimestre del año. De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población, publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, el empleo entre los ejecutivos y gestores alcanza su máximo desde hace cinco años, gracias al aumento de la ocupación entre los responsables de empresas dedicadas a alojamiento, restauración y comercio, pero también entre los directores de producción y operaciones de las compañías.

«Las empresas fotovoltaicas vascas se verán tremendamente favorecidas por la apuesta que ha realizado la Unión Europea por las renovables». Así lo afirma Fermín Ollora, delegado en Euskadi de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), entidad que agrupa a 290 compañías –quince de ellas vascas– dedicadas a convertir la radiación solar en energía. No es de extrañar su buen estado de ánimo. El sector de las energías renovables está que no se lo cree. En los últimos dos meses, todos los mensajes institucionales coinciden en apostar por la generación sostenible. La UE acaba de alcanzar el acuerdo para que en 2030 el 32% de la energía producida en Europa sea ‘verde’, es decir, que el sol, el viento y el agua sean sus actores principales. El objetivo se sitúa en el término medio entre las pretensiones de la Eurocámara, que apostaba por un 35%, y las de la mayoría de los países, que prefería quedarse en un 27%.

La posibilidad de que la Seguridad Social reduzca sus abultados números rojos empieza a enfriarse, a pesar de la buena marcha del empleo y de la recuperación de la economía. Este año el desequilibrio quedará en torno a los 19.500 millones de euros, y en 2019, según cálculos preliminares de los expertos, podría acercarse a los 22.000 millones de euros.

Las bajas tasas de natalidad unidas al aumento de la esperanza de vida harán que España se convierta, en un futuro cercano, en el segundo país más envejecido del mundo. Así lo evidencian las proyecciones demográficas de la OCDE y así lo señalan también otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en más de una ocasión ha advertido de los graves problemas que tendrá la Seguridad Social en este contexto. Por ello, la institución que dirige Christine Lagarde expone que una solución muy potente es la inmigración y, en concreto, estima que el sistema necesitará más de cinco millones de extranjeros hasta 2050.

Marcos Muro, viceconsejero de Empleo y Juventud del Gobierno Vasco, repasa cómo afectará a Euskadi la reforma que prepara el Gobierno español en el sistema de ayudas para parados de larga duración. Muro incide en que el nuevo programa que unificará los subsidios para parados de larga duración debe estar en manos de Lanblde.

Euskadi se encuentra entre las comunidades autónomas con menor peso del empleo público sobre el total de personas ocupadas al cierre del ejercicio 2017 y además su número descendió en el último semestre. En el conjunto de España la tasa media de funcionarios sobre el total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se eleva hasta el 13,8%, mientras que en Euskadi su peso se limita al 11,3%, aunque es Cataluña la que menor tasa presenta con sólo un 9,5%, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que edita periódicamente el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En cifras reales esto supone que el País Vasco cuenta con algo más de 106.500 empleados públicos –funcionarios, personal laboral y estatutario– adscritos a las distintas administraciones públicas que están presentes en la comunidad.

Jorge Gamiz, director de Desarrollo de Negocio de Innoprot, firma vizcaína de biotecnología con sede en el parque tecnológico de Zamudio, tuvo la oportunidad de madurar su proyecto y penetrar en un mercado estratégico para su sector en Cambridge Innovation Center, la comunidad de ‘startups’ más numerosa del mundo con la que Bizkaia mantiene una alianza desde 2016. La institución foral ha avanzado en esa filosofía desde entonces hasta tejer una red de apoyo a firmas punteras a la que antes que el CIC se sumó MassChallenge, que acaba de recibir a Tel Aviv y ya prepara la bienvenida para Helsinki, otro referente. Todo ello pensando en la apertura de su propio centro de emprendimiento con vocación de convertirse en referente internacional. El objetivo es «tener este triángulo montado el próximo año», avanza Ainara Basurko, directora de Beaz, sociedad foral encargada de apoyar a empresas y personas emprendedoras.

Se acabó el proyecto denominado Phoenix, una especie de banco malo creado hace tres años por las entidades financieras después de varios intentos y de los tiras y aflojas del sector, poco partidario inicialmente de dar vida a este vehículo constituido para salvar empresas de tamaño medio que podrían ser viables si se solucionaba sus problemas de deuda. La banca ha aprovechado la salida del Gobierno de Mariano Rajoy, y sobre todo de Luis de Guindos, exministro de Economía (que accedió a la vicepresidencia del Banco Central Europeo en abril), para clausurar este proyecto que al final espera salvar a apenas cinco compañías, la mitad de lo que preveían inicialmente.

La nueva realidad del mercado laboral son los chóferes de Uber o los ‘riders’ de Deliveroo. Mayoritariamente trabajan sin contrato, por un salario muy bajo y apenas tienen derechos laborales. Lo llaman el «feudalismo digital».

«La negociación colectiva en España es de eficacia general. Sobre la base de un sistema diseñado legalmente de representatividad sindical y empresarial los convenios colectivos sectoriales se aplican a todos los trabajadores y empresarios de su ámbito. No existe una participación directa o voluntaria, ni de los trabajadores ni de las empresas, en la aplicación de un convenio colectivo sectorial. Otros países tienen técnicas de extensión administrativa, o por vía judicial, de convenios colectivos, pero en el panorama europeo es singular una eficacia general tan automatizada. Este hecho diferencial es esencial para valorar las relaciones entre el sector y empresa en nuestra negociación colectiva».