20180925

Los agentes sociales de Euskadi y el Gobierno Vasco  coincidieron ayer en el encuentro sobre gobernanza celebrado en Bilbao, pero tampoco hubo acercamiento para resucitar la Mesa del Diálogo Social. Mientras se negocia la mejor manera de atraer a la mesa a las dos centrales, que se levantaron de la misma tras el pacto por el empleo firmado entre el Ejecutivo y la patronal, ésta última se desvió ligeramente de ese asunto para lamentar que Euskadi haya perdido la condición de «pionera» en la negociación colectiva al querer aplicarse «métodos del siglo XX y hasta del XIX para resolver problemas del XXI». Una clara referencia a LAB y ELA. De esta última criticó su actitud «hostil», según dijo el director de relaciones laborales de la organización, Jon Bilbao. Éste aseguró que «se están haciendo esfuerzos sinceros» para encender de nuevo el diálogo social.

Pese a la disposición de UGT a retornar a la Mesa de Diálogo Social, el secretario general de la central socialista en Euskadi, Raúl Arza, aseguró ayer que no contempla volver a este órgano sin la presencia de Comisiones Obreras. Este sindicato se niega a reincorporarse a un foro que abandonó tras la firma en abril de un acuerdo sobre formación y empleo suscrito por Gobierno vasco y Confebask que persigue la creación de 100.000 puestos de trabajo en tres años, pero que se rubricó sin la participación sindical. Arza hizo esta consideración al finalizar un acto en Bilbao donde los agentes sociales debatieron sobre la gobernanza de las relaciones laborales.

Gipuzkoa esgrime una fortaleza en el empleo que para sí quisieran otros territorios vascos y provincias del Estado. Así lo ponen en evidencia las estadísticas del Servicio Público de Empleo (Sepe) y Lanbide y también los datos de afiliación a la Seguridad Social. Pues bien, Adegi quiso sacar ayer pecho desmenuzando dichos registros en un análisis pormenorizado del mercado laboral. La conclusión es evidente: Gipuzkoa mantiene hasta agosto una fuerte creación de empleo llegando a niveles de afiliación que se aproximan ya a las cifras precrisis. Tan solo le separan 4.616 afiliados. Pero la patronal guipuzcoana ve dífícil recuperar los 320.482 cotizantes que había en agosto de 2008, debido al descenso de la población activa; es decir, de personas en edad y en disposición de trabajar.

La inmensa mayoría de las comunidades autónomas han iniciado una ofensiva para recortar el actual poder fiscal y financiero del País Vasco y Navarra en la negociación que se avecina. Así consta en el documento del Ministerio de Hacienda,  preparatorio del proceso negociador del nuevo modelo de financiación autonómica que arranca este miércoles. Las conversaciones de la Comisión de Financiación Autonómica que constituirá la ministra durarán un tiempo indefinido y en el capítulo en que existe más consenso es en el intento de rebajar el privilegio de las comunidades forales.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dibujó ayer en su comparecencia en la Eurocámara un panorama optimista de la economía del continente. Aunque la semana pasada había rebajado sus previsiones de crecimiento, Draghi pronosticó una recuperación «relativamente vigorosa» de la inflación subyacente por el crecimiento salarial en Europa. Y prevé que esta tónica seguirá a medio plazo. Las vulnerabilidades, afirmó, vendrán de fuera, de la ofensiva proteccionista en EE UU o de las turbulencias en los mercados emergentes.

En 2017 se superaron siete veces los límites de contaminación que fija la normativa internacional. La viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, presentó ayer el informe del Servicio de Calidad del Aire del Gobierno vasco, en el que se con­firma que Euskadi mantuvo la evolución positiva de la calidad del aire en el año 2017, aunque Bilbao es la ciudad que más preocupa debido a las emisio­nes del tráfico. Todos los valores referidos a los contaminantes contemplados para medir la calidad del aire -dióxido de azufre (Süi), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (N02), ozono, y benceno, entre los gases, y partículas en suspensión se han mantenido en niveles normales. 

La Mesa del Congreso bloqueó ayer la posibilidad de que el Gobierno apruebe los Presupuestos que quería para el próximo año, con 6.000 millones de gasto más de lo fijado por el Ejecutivo de Rajoy. El PP y Ciudadanos impusieron su mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara y rechazaron una enmienda que hubiera permitido cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. PSOE y Podemos protestaron ante lo que consideran una «arbitrariedad», mientras PP y Ciudadanos celebraban que, según ellos, se haya cumplido la ley.

El repunte del crédito al consumo, que empezó en 2013 para sustituir a las decaídas hipotecas, puede ser una solución peligrosa para las entidades financieras. El Banco de España reconoce que el crecimiento de los préstamos al consumo «ha contribuido a la recuperación económica», aunque alerta de que «la ausencia de garantías en este tipo de préstamos, salvo en el caso de los que financian la adquisición de automóviles, eleva el riesgo al que se enfrentan las entidades». Por eso, les pide que extremen la precaución antes de realizar más préstamos.

El precio del crudo alcanzó ayer máximos de cuatro años, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo rechazase la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abrir el grifo del suministro tras la escalada de la cotización en las últimas semanas. Este alza ha venido, además, espoleada por la inestabilidad política en Oriente Próximo, los temores a que el impacto del nuevo embargo a las exportaciones iraníes sea mayor de lo esperado o las expectativas alcistas de los analistas. Los precios del petróleo alcanzaron ayer los 81,3 dólares por barril, una cifra que no se veía desde noviembre de 2014, después de que el barril de Brent, de referencia en Europa, se llegase a elevar un 3,2%.

Ni la crisis del diésel ni los aranceles ni la incertidumbre en torno al Brexit empañarán un buen año para la producción de vehículos en España. Las 13 plantas nacionales fabricarán 2,93 millones de unidades en 2018, un 3,1% más que el año pasado, según las previsiones del sector. Será el mejor dato desde los 3,01 millones de unidades de 2004 y contrarrestará la caída de 2017. Supondrá, además, una cifra muy cercana al objetivo de tres millones de unidades al año planteado en 2012, en plena crisis.

Ignacio Sánchez Galán es un habitual de las reuniones de la ONU sobre cambio climático. Esta semana participa en Nueva York en varios actos con motivo de la Asamblea General. Dice sentirse satisfecho de que a una empresa española se le reconozca en la lucha contra el calentamiento global. Esa batalla es «una obligación moral» y una «oportunidad de negocio». Defiende que gracias a la transformación de su compañía hacia las renovables es cinco veces más grande que cuando llegó en 2001.

El Gobierno prevé modificar la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal para abordar, entre otros objetivos, el auge de las viviendas de uso turístico. Uno de los cambios más llamativos será el de dar voz a las comunidades de vecinos y que tengan capacidad de decisión sobre lo que se hace en sus propiedades. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, explicó ayer que el polémico desarrollo de estos alojamientos constituye uno de los retos del sector de cara al futuro. Y precisó que el Ejecutivo estudiará este debate desde distintas líneas; no sólo la de la participación de los vecinos en la toma de decisiones sino también mediante una modificación de la ley de arrendamientos urbanos con la idea de planificar lo que es el alquiler de corta duración para separarlo del turístico, que es competencia de las comunidades autónomas.

El consejo de administración de La Naval ha decidido la liquidación de la empresa por su inviabilidad. La decisión del armador holandés Van Oord de no continuar con la construcción del ‘Vox Alexia’, único buque en cartera, parece la puntilla definitiva para un astillero con más de un siglo de historia y 180 trabajadores en plantilla. Deberá ser ahora el juez quien formalice ese trámite, que daría paso a la búsqueda de potenciales interesados en hacerse con las instalaciones para retomar la construcción de buques. Un proceso que, en cualquier caso, se intuye largo y complicado.