20181011

Si el pequeño tamaño de las empresas vascas se ha visto siempre como una debilidad, ha llegado el momento de verlo como una fortaleza. «Existe una oportunidad de oro para las pymes que sean capaces de ofrecer una propuesta de valor concreta y ágil», dijo el nuevo presidente de la zona ibérica de Schneider Electric, Josu Ugarte. El directivo vasco, que hasta 2015 presidió la división internacional de Mondragon, participó en el encuentro organizado por Orkestra en Vitoria para presentar su informe de competitividad ante un conjunto de empresarios. Según Ugarte, es necesario ayudar a las pymes a visualizar las tendencias del futuro, ya que hay grandes empresas que no son capaces de generar nuevas ideas de primer nivel.

Pedro Sánchez dejó claro a su llegada al Gobierno que pretendía llevar a cabo un importante incremento en la recaudación a través de nuevos impuestos, subida de algunas figuras ya existentes y modificaciones fiscales. Y lo cierto es que, a tenor de los avances que se están produciendo en las negociaciones presupuestarias con Podemos, el Ejecutivo tiene la firme intención de, al menos en este ámbito, cumplir con su palabra. Así, el conjunto de medidas ya pactadas y sobre las que avanzan ambas partes suman 7.700 millones de euros, partiendo siempre de los cálculos ofrecidos tanto por la formación de Pablo Iglesias como por el PSOE.

Digipen, la universidad del videojuego, ha abierto sus puertas en Zorrozaurre, con 200 alumnos de 15 países. El proyecto nació hace tres décadas en Estados Unidos de la mano de Claude Comair, uno de los fundadores de Nintendo. Fue el primer centro del mundo que ofreció formación especializada en la creación de estos contenidos. Ahora, cuenta con sedes en Washington, Singapur y una tercera en la «isla del conocimiento» de Bilbao, después de trasladarse desde Zierbena, su único campus europeo en Bizkaia desde hace ocho años. Una apuesta arriesgada, que, con el tiempo, ha demostrado ser un acierto. Ayer, el propio Comair inauguró las nuevas instalaciones en Bilbao, un escenario que se quiere salpicar de factorías de futuro, de industrias estratégicas de la «nueva economía» que ofrezcan buenos trabajos a los jóvenes.

Santander, BBVA, Repsol y Mapfre, entre otras empresas, advierten a sus inversores del riesgo para sus negocios que supone la subida de impuestos que prepara el Gobierno. Estas entidades alertan del impacto del alza tributaria en los folletos de emisiones y OPV registrados en la CNMV. A las empresas les preocupa especialmente la tasa a las transacciones financieras, el golpe fiscal a los dividendos de filiales en el extranjero y la subida de la fiscalidad del diésel.

La fragilidad del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en una llamada a la incertidumbre. «Después de un breve descanso, el riesgo político vuelve a estar en el foco», alerta sobre España la compañía de seguro al crédito Coface, que avanza que «el equilibrismo del Gobierno español parece ser el comienzo de un otoño lleno de incertidumbres», algo peligroso, teniendo en cuenta «el contexto de desaceleración económica», añade.

El pesimismo está aumentando entre los empresarios españoles. El Índice de Confianza Empresarial Armonizada que elabora el INE ha registrado un descenso del 1,7% en el cuarto trimestre del año respecto al tercero, rompiendo así una racha de dos trimestres al alza. Pero lo más importante es que esta es la mayor bajada porcentual que se produce en este indicador en más de cinco años, desde inicios de 2013, cuando España todavía sufría la crisis económica. La fuerte caída de este último trimestre sitúa el Índice de Confianza Empresarial en 133,9 puntos, con lo que pasa de registrar el segundo mejor dato de la recuperación a retroceder hasta los niveles del primer trimestre de 2017.

El Gobierno y Unidos Podemos cerraron anoche, solo a falta de detalles técnicos, un acuerdo para los Presupuestos de 2019 cuyas líneas maestras llevará el lunes el Gobierno a Bruselas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron a última hora de la tarde en La Moncloa para resolver los flecos pendientes. Los principales escollos que los equipos negociadores afrontaron en las conversaciones que se mantuvieron hasta pasada la medianoche fueron los relativos a vivienda, el aumento del salario mínimo y la recuperación de las ayudas de la ley de dependencia.

El lehendakari Iñigo Urkullu subrayó ayer que el Gobierno vasco sigue abierto al acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de 2019 y aseguró que lograrlo es «posible», aunque pidió «realismo» y precisó que la negociación debe ser «estrictamente presupuestaria». Urkullu hizo esta reflexión durante su intervención en la Conferencia de Competitividad del País Vasco celebrada ayer en el museo Artium de Vitoria, a la que también acudieron varios consejeros de su Ejecutivo. El lehendakari se felicitó por el escenario de crecimiento y creación de empleo en el que se encuentra la economía vasca, que, a su juicio, refleja un «país competitivo que avanza y deja atrás la mayor recesión económica de las últimas décadas».

Los sueldos en convenios van ganando fuerza, pero todavía muy poco a poco. Todos los vigentes han subido una media del 1,67% hasta septiembre de este año, según los datos del registro del Ministerio de Trabajo difundidos ayer. Esto muestra un ligero avance de apenas dos centésimas respecto al mismo mes y de solo 27 centésimas sobre el mismo mes del año anterior. Este aumento es el más alto desde 2011, cuando el año completo se cerró con un incremento del 1,98%. Viendo la tendencia que mantiene la negociación colectiva y la inercia que arrastra de ejercicios precedentes, no parece probable que supere este porcentaje en este ejercicio.

Las medidas para paliar la subida de los precios de la luz incluidas en el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores se traducirá en un déficit de tarifa de 910 millones de euros en los años 2018 (300 millones) y 2019 (610 millones), según la memoria económica de esta ley.

La economía europea ha dejado de volar y ha arrancado una etapa de crecimientos más moderados. Y si bien todos los países entran en esa fase con unas cuentas más saneadas, no han sido capaces de aprovechar la bonanza para soltar lastre. El Consejo Fiscal Europeo, un organismo independiente de la Comisión Europea, lamenta en su informe anual que los países con mayores cargas «perdieron una oportunidad» para rebajar su elevado endeudamiento. El documento señala sobre todo a Italia y Bélgica, pero también a Francia y España por haber rebajado el déficit con los vientos de cola de estos años en lugar de hacer ajustes.

El sistema de pensiones español está sometido a un fuerte déficit que no llega a cerrarse, a pesar de la intensa creación de empleo de los últimos años, y este desequilibrio se debe, principalmente, a la generosidad del sistema, de acuerdo con el servicio de estudios de BBVA. Un informe de esta institución, publicado ayer, advierte de que la pensión media ha pasado de suponer poco más de un 50% del salario medio antes de la entrada en crisis, en el año 2007, a un 63,4% actualmente, lo que supone que «la generosidad del sistema» ha aumentado cerca de un 25%. De acuerdo con las cifras de BBVA Research, este fenómeno tiene lugar porque la pensión media ha crecido un 48,1% en la última década, mientras que los salarios sólo han aumentado un 18,8% en este mismo periodo.

El vuelco que se ha producido en las ventas de coches a raíz de la guerra desatada contra el diésel ha provocado un incremento de las emisiones medias de dióxido de carbono de los vehículos nuevos, según un estudio de la patronal de concesionarios Faconauto –con datos de la consultora MSI– difundido ayer. La razón es que casi toda la cuota que han perdido los motores de gasóleo la han ganado los de gasolina, que generan más CO2. En concreto, los diésel de última generación emiten un 20% menos que sus ‘rivales’. Como en Euskadi el rechazo al gasóleo es todavía más radical, la comunidad autónoma se ha situado como la peor de toda España en esta evolución.

Los 5,5 millones de euros comprometidos en los Presupuestos del Estado de este año para que el centro tecnológico donostiarra Cidetec levante un laboratorio de investigación sobre electromovilidad se encuentran en estos momentos en el congelador, a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez desbloquee el pago. La partida formaba parte de los acuerdos suscritos por el PNV con el anterior Ejecutivo del PP y que Sánchez asumió para garantizarse el apoyo jeltzale a la moción de censura. El polo empresarial sobre movilidad sostenible se ha convertido en una apuesta institucional para Gipuzkoa.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar unas nuevas proyecciones demográficas para los próximos 50 años, hasta 2068. Según estos cálculos, solo en los próximos 15 años España ganará 2,37 millones de habitantes, incrementando su población desde los actuales 46,65 millones de personas a algo más de 49 millones en 2033. Una buena parte de esta ganancia de población se deberá al comportamiento del saldo migratorio que según sus cálculos aportará 3,4 millones de personas, de los cuales 1,3 millones se ganarán en los primeros cinco años (hasta 2022). Según el INE, En 2033, uno de cada cuatro españoles tendrá 65 años o más. Serán más de 12 millones de personas en esas edades frente a los alrededor de nueve que hay ahora. Dentro de 50, la cifra se elevará a cerca de 15 millones. Para entonces, en 2068, casi siete millones (6,85) de personas habrán cumplido o superado los 80, una cifra que duplica los casi tres millones actuales.

«En 2033, el número de mayores de 64 años habrá crecido en 3,4 millones de personas, mientras que los menores de 24 años habrán menguado en medio millón. Esto ejercerá una presión constante sobre el gasto en pensiones, agravada por el aumento de la esperanza de vida».

Sin tesorería en la caja, que permitía complementar las prestaciones por desempleo, y sin un inversor para sacar adelante el barco encargado por Van Oord, el administrador concursal que supervisa la quiebra de La Naval ha decidido iniciar al proceso para despedir a sus 200 trabajadores. Eso sí, la mayoría de ellos puede exigir su reingreso en el grupo público Sepi (Navantia). La rescisión de contratos se producirá en el plazo de dos meses y comienza ya la búsqueda de un nuevo empresario

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, justifica su decisión de visitar en prisión al independentista catalán, Oriol Junqueras, porque «hay que tender puentes». Así se explica ante miembros de la cúpula de la patronal a los que ha confesado en las últimas horas su controvertida visita, realizada el pasado lunes. Rosell no se muestra arrepentido, pese a la indignación que ha suscitado en la cúpula de CEOE que su presidente visite a un prisionero acusado de graves delitos contra el orden constitucional. La actitud de Rosell contrasta fuertemente con las declaraciones públicas contra los independentistas proferidas en los últimos años por vicepresidentes de CEOE como Juan Pablo Lázaro o el propio Antonio Garamendi, que opta a suceder a Rosell en las elecciones del mes próximo.