20181013

Si las comparaciones sirven para medir la gravedad de un problema, las estadísticas sobre accidentes laborales en lo que va de año en Euskadi muestran una inquietante realidad: la cifra de fallecidos en el tajo –40– supera las 34 víctimas mortales contabilizadas en carretera. Los estudios constatan la notable incidencia que tiene la precariedad en esta sangría de vidas, dado que una de cada cinco muertes se registra en el primer mes de trabajo. Expertos de ELA, Confebask, Osalan y Grupo Preving diagnostican los déficits y las posibles soluciones. El responsable de Negociación Colectiva y Seguridad Laboral de Confebask, Jon Bilbao, destaca que desde la patronal vasca se realiza un seguimiento on-line de los accidentes laborales, sobre todo de los mortales, lo que les da una visión inmediata y muy cercana. Bilbao esgrime que desde el año 2000 se ha reducido la cifra de accidentes mortales de una media de cien a una treintena, «algo que no es casual», resalta. Subraya que la línea es descendente, aunque admite que son conscientes de que «detrás de cada siniestro mortal hay una desgracia humana».

El Fondo Monetario Internacional reclamó ayer al Gobierno español que sea «cuidadoso» a la hora de implementar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que PSOE y Podemos acordaron este jueves. «Hay que ser cuidadoso con los salarios mínimos, por un lado para no excluir a gente del mercado laboral. Pero, por otro lado, también hay justificación por cuestiones sociales», explicó Poul Thomsen, director del Departamento de Europa del FMI en rueda de prensa en la asamblea anual que tiene lugar en Indonesia.

La carta llegó a la sede de la Comisión Europea el 27 de julio de 2017, en pleno idilio del PNV con Mariano Rajoy. Llevaba la firma del Síndic de Greuges y en ella, el Defensor del Pueblo catalán denunciaba el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y el vasco para modificar la tarifa eléctrica vigente y que provocaba, ‘de facto’, una «discriminación histórica» para un millar de empresas radicadas en Euskadi. La queja formal advertía de que el acuerdo alcanzado entre bambalinas podría suponer una ayuda de Estado ilegal. El Gobierno vasco y el PNV montaron en cólera porque este movimiento paralizaba la ayuda de 40 millones contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Pero, según fuentes de toda solvencia, los temidos servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario, liderados por Margrethe Vestager, han desestimado la denuncia del Defensor del Pueblo catalán al considerar que no hay una ayuda selectiva y que, por tanto, no se vulnera la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado.

La Comisión Europea espera recibir el próximo lunes el borrador del proyecto de Presupuestos para 2019. A falta de conocer su contenido, Bruselas se reserva su veredicto, pero fuentes comunitarias advierten de que la línea roja pasa por que las cuentas contengan una cierta reducción del déficit estructural —el que se calcula con independencia del crecimiento económico—. España tiene margen de maniobra para pasar el examen, siempre que no entre en terreno expansivo. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) pidieron a España un ajuste estructural equivalente al 0,65% del Producto Interior Bruto. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un margen de 0,5 puntos que puede repartir este año. Fuentes comunitarias reconocen que bastaría con un ajuste del 0,3% para superar el examen con buena nota.

El PNV no va a prestar gratis sus cinco escaños al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero enfocará la negociación de los Presupuestos para 2019 con el objetivo de garantizar la estabilidad al Ejecutivo socialista. Los nacionalistas pedirán a cambio inversiones y transferencias a Sánchez, que el jueves cerró un pacto con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que entierra la política de la austeridad del Gobierno del PP. Tanto este partido como Ciudadanos mostraron ayer su rechazo a las cuentas del Ejecutivo de Sánchez.

La coincidencia es total: los dirigentes empresariales coinciden en que, si finalmente se aplican las medidas del pacto, las compañías sufrirán un elevado coste, perjudicará su competitividad y dañará a la creación de empleo. Primero, por la batería de subidas de impuestos sobre las grandes empresas y patrimonios. Y, en segundo lugar, porque multiplica los costes salariales y de Seguridad Social.

«Sánchez-Iglesias pactan subir impuestos a la clase media trabajadora y disparar otra vez el gasto». Así reaccionó en Twitter el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ante las medidas fiscales pactadas por el PSOE y Unidos Podemos. ¿Afectan a la clase media las subidas? En realidad, sobre lo que existen serias dudas es si las subidas fiscales recaudarán suficiente para financiar el aumento de gasto de más de 5.200 millones de euros planteado en el pacto presupuestario presentado el pasado jueves. Porque las subidas tributarias de Sánchez, calificadas como «hachazo fiscal» por algunos sectores conservadores, se han quedado en un rasguño para el 0,5% de los contribuyentes más acaudalados y para el 1% de las empresas.

El sindicato ELA anunció ayer que defenderá en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en cuyos órganos rectores participa –Elkarkidetza, Itzarri y Geroa– que no se dan las condiciones para que estas integren los fondos de inversión promovidos por el Ejecutivo vasco para la toma de participaciones en grandes firmas. El sindicato aludió a su vez al anuncio del Gobierno y las diputaciones de una mejor fiscalidad para las EPSV, y agregó que aún «no tenemos conocimiento de ninguna propuesta». Así, la central considera ambos planes como un «ejercicio de propaganda, habitual de las administraciones vascas».

El Gobierno creó en 2010 el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), con el que pretendía financiar a las compañías que no hallaban en el mercado créditos para sus exportaciones o inversiones en filiales en el exterior. Ocho años después, ese fondo aún no ha levantado el vuelo. El 63% de los 500 millones disponibles el año pasado no se tocó pese a las dificultades de las pymes para obtener crédito de la banca comercial para ese tipo de operaciones.

Este año se han cumplido dos décadas desde que, a finales de 1997, se aprobara la ley del sector eléctrico y del arranque oficial, meses después, del ambicioso proceso de liberalización en el que el protagonista siempre ha sido el denominado pool eléctrico. Este mercado mayorista es donde las empresas que generan electricidad venden su producción a las distribuidoras a un precio que oscila en función de la oferta y la demanda a cada hora, como si fuera la Bolsa, y que, después de dos décadas, no deja de dar sobresaltos y quebraderos de cabeza.El pasado verano se desbocó. Entre agosto y septiembre empezó a batir récords, del año primero, y desde 2017, con precios que puntualmente se colocaron por encima de los 80 euros.

Tener un segundo par de zapatos es un indicador de bienestar económico. Estos gestos de consumo cotidiano deberían ser la letra pequeña de las grandes cifras macroeconómicas. Pero, en España, esa correspondencia no se da. Así lo revela el informe sobre el Bienestar Económico y Material de la Fundación La Caixa, que ha cruzado datos de fuentes como el Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y varios ministerios y ha arrojado unas conclusiones demoledoras: a diferencia de los países de su entorno, la recuperación económica en España no ha venido acompañada de una mejora social equivalente.

El Gobierno vasco ha convocado un concurso para contratar el suministro eléctrico en todas sus instalaciones –un total de 854 edificios y oficinas repartidas por la comunidad autónoma–, sumándose así a la práctica ya generalizada en las instituciones públicas de someter a un contraste de mercado la totalidad de sus compras. En este caso, sin embargo, junto a la apertura de ofertas se ha abierto también la caja de los truenos. El Ejecutivo vasco ha optado por la fórmula más radical de cuantas caben en la licitación pública, para valorar únicamente el precio sin tener en cuenta el servicio que se propone o factores adicionales como el de tener plantilla fija en Euskadi, delegaciones comerciales o servicios de asesoramiento. El efecto generado es que se ha marginado a las grandes compañías, Iberdrola y EDP Comercializadora, para favorecer a las más pequeñas y sin estructura de personal en la comunidad autónoma vasca.

El Gobierno ultima el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, con el que pretende que tributen más en España las corporaciones tecnológicas como Amazon, Facebook y Google o las plataformas nacidas al calor de la nueva economía colaborativa como Uber o Airbnb. Este impuesto, impulsado por Bruselas, dejará sin gravar las actividades del comercio tradicional en plataformas digitales. El negocio principal de grupos con gran presencia en el comercio electrónico, como El Corte Inglés, Inditex o los bancos, no tendrán que pagar el nuevo tributo.

Arnaldo Otegi y José Luis Rodríguez Zapatero se reunieron el pasado 8 de septiembre en el caserío Txillarre de Elgoibar, donde se fraguó la tregua de ETA de 2006 y en el que la izquierda abertzale y destacados dirigentes socialistas mantuvieron durante varios años conversaciones para lograr que la banda dejara las armas. La cita, según las fuentes consultadas, se produjo a petición del líder de EH Bildu y no ocultaba un trasfondo, sino que tenía un componente más privado, para «conocerse personalmente». Este periódico se ha puesto en contacto tanto con la coalición abertzale como con el entorno oficial del expresidente del Gobierno y no han querido hablar del asunto. El proceso de paz que ETA reventó al volar la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006 abrió una relación singular entre Zapatero y Otegi. Nunca se habían visto en público hasta la fecha, pero los guiños entre ambos han sido diversos a lo largo de los últimos años. El expresidente del Gobierno llegó a decir que el principal referente de la izquierda abertzale lanzaba un «discurso de paz», en alusión a su apuesta por las vías políticas.