20190227

tro de los grandes compromisos que tenía por delante el Gobierno de Pedro Sánchez también puede quedarse sin cumplir: el cambio de los aspectos más lesivos de la reforma laboral promulgada por Rajoy. Aunque se había anunciado que se aprobarían por decreto en el Consejo de Ministros del próximo viernes, ayer se confirmó que, de momento, se quedarán en el tintero la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la prórroga indefinida de los convenios mientras no se apruebe uno nuevo, la implantación de un registro diario de jornada en las empresas y los límites a la subcontratación.

La primera ministra británica, Theresa May, aceptó ayer por primera vez la posibilidad de retrasar la fecha en la que Reino Unido tiene previsto salir de la Unión Europea. En un giro a la posición que mantenía hasta ahora, May anunció que si el 12 de marzo su plan de Brexit es rechazado por la Cámara de los Comunes, al día siguiente pedirá que el Parlamento decida si prefiere un divorcio sin acuerdo o la prórroga de la fecha de salida prevista (el 29 de marzo). La decisión de la primera ministra se interpreta como un intento de evitar tanto una crisis en su Gobierno, que exigía el retraso, como la pérdida de la poca autoridad que conserva.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, confirmó ayer que el Ejecutivo va a renunciar a aprobar las medidas estrella de su departamento en materia de pensiones: volver a vincular su revalorización con el IPC en la ley y derogar definitivamente el factor de sostenibilidad aprobado en 2013.  El Gobierno ya se resignó a estas dos medidas en la propuesta de real decreto ley en materia de Seguridad Social que entregó el viernes a los agentes sociales. Si bien debía confirmarlo ayer a los sindicatos. La respuesta de Valerio ante la pregunta de si existiría esa renuncia fue clara: «Como Gobierno lo tenemos que valorar» […] «pero no hay voluntad del Gobierno de hacer una reforma unilateral».

Tras dos décadas de vida del euro, la mitad de sus socios siguen adoleciendo de profundos desequilibrios. Entre ellos, España y las otras tres grandes economías de la moneda única: Francia, Alemania y sobre todo Italia. A pesar de haber experimentado cinco años de crecimiento «sólido», la Comisión Europea advierte a España en el llamado Paquete de invierno del Semestre Europeo sobre su elevada deuda, la elevada tasa de desempleo y temporalidad y la alta proporción de ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión social. El principal foco de Bruselas no está en España. Sigue estando en Chipre, en Grecia y, ahora, en Italia. Sin embargo, a España se le acumula la resolución de desequilibrios en el terreno económico, laboral y social. En parte, porque «la velocidad» de las reformas se ha ralentizado desde 2014 y, en concreto, por la situación «cambiante» que vive España con el cambio de gobierno en 2018 y la convocatoria de elecciones para abril.

El Gobierno está en plena ebullición para sacar adelante varios decretos de contenido económico y social antes de las elecciones. Ya tiene ultimada una oferta de empleo público cercana a los 30.000 puestos en marzo, actualizará la financiación autonómica para entregar 6.900 millones más a las comunidades, negocia contra el reloj un paquete laboral para aguar la reforma del PP —el viernes irá al Consejo la parte de igualdad salarial entre hombres y mujeres— y recupera el decreto de reforma de los alquileres, rechazado por Podemos en enero. El Ejecutivo y Podemos ultiman un pacto que incluiría la elaboración de un índice de precios, lo que abre la puerta a que las comunidades puedan limitar la subida de los arrendamientos.

El País Vasco es una de las autonomías en las que en 2018 aumentó el salario medio nominal. Lo hizo un 1,8%, hasta alcanzar los 1.965 euros brutos mensuales, excluyendo pagas extras y otros conceptos antes de computarse retenciones y deducciones, según destaca el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo dado a conocer ayer. De esta forma, la remuneración de los asalariados vascos vuelve a ser la más alta de España tras tres trimestres en los que había perdido su hegemonía en detrimento de Madrid, que al cierre del año pasado tenía un sueldo medio de 1.956 euros. El salario medio de Euskadi se sitúa así muy por encima de la media nacional, que en 2018 fue de 1.667 euros. Si se tiene en cuenta la inflación, los asalariados vascos acumulan respecto a 2016 una pérdida de poder de compra de 566 euros al año toda vez que la inflación comenzó a partir de 2017 una escalada alcista. Se trata de 99 euros más que la pérdida de poder adquisitivo que sufren de media el resto de trabajadores estatales.

La pensión de los nuevos jubilados que ingresan en el sistema alcanza ya los 1.446 euros, lo que supone un incremento de más del 6% respecto al año pasado y, mucho más importante, supera en 175 euros el sueldo medio de los trabajadores recién contratados cuando hace a finales de 2018 la diferencia era de apenas 32 euros. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017, que es el último año del que existen cifras, el salario medio bruto de los contratos que acumulan menos de un año de duración era de 1.271 euros. Este desequilibrio es un buen resumen de lo que ocurre en la Seguridad Social y, aunque es posible que durante el último año se haya reducido ligeramente el desfase, en ningún caso se habrá cerrado, que es precisamente lo que ocurría antes de la recesión económica y lo que permitía que la Seguridad Social gozase de tan buena salud.

El sector industrial mantuvo durante 2018 su carácter tractor de la economía guipuzcoana, al representar el 56% de las ventas totales que se registraron en el territorio y el 69,5% del conjunto de sus exportaciones. Del  mismo modo, las comarcas con un carácter industrial más marcado también presentaron mayores índices de ventas y exportaciones, como es el caso del Goierri y Debagoiena. El departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa publicó ayer el informe correspondiente a la evolución de ventas de las empresas guipuzcoanas obligadas a presentar declaraciones del IV A que, si bien no representan a la totalidad del tejido empresarial guipuzcoano, ofrecen una visión muy fidedigna de la evolución económica del territorio.

El anticiclón ha disparado la contaminación a lo largo y ancho de España. En al menos 26 municipios se han superado durante varios días consecutivos desde la semana pasada los límites legales para las partículas PM10 (entre 10 y 2,5 micras de diámetro) y de las más finas (las de menos de 2,5 micras). La página web que muestra la calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica arroja cifras preocupantes para toda la cornisa cantábrica en los últimos días. Las partículas respirables inferiores a diez micras llevan cinco días por encima de los valores máximos recomendados en Basauri y cuatro días en el resto de estaciones cercanas: Bilbao, Erandio, Sondika y Zierbena. La presencia de estas partículas en una proporción alta –que lleva también cuatro días por encima de lo recomendable en Vitoria, San Sebastián, Logroño o Pamplona– se debe a «las emisiones del tráfico rodado, así como de algunas industrias como las cementeras, pero también tiene que ver con la presencia de una gran masa de aire procedente del norte de África que trae polvo en suspensión».

La economía plateada, la suma de todas las actividades que atienden las necesidades de las personas mayores, se desarrollará en Bizkaia en un antiguo inmueble industrial de Zorrozaurre. El viejo pabellón servirá de sede al Nagusi Intelligence Center, el corazón de la estrategia que el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación llevan tiempo diseñando para hacer del envejecimiento de la población una oportunidad de negocio. Hace escasas fechas el Departamento vasco de Salud se sumó a este proyecto como aliado. Ayer se dieron a conocer dos nuevas incorporaciones: la Corporación Mondragón y Mondragon Unibertsitatea. Todo un ‘dream team’, en palabras del diputado general, Unai Rementeria, que sumará fuerzas para trabajar en tres ámbitos: la formación, la investigación y el impulso empresarial.

Iberdrola elevará sus inversiones en España hasta 2022 a 8.000 millones de euros, lo que supone una revisión al alza del 40% respecto a su previsión inicial de 5.700 millones, para cumplir sus objetivos para la transición energética. El presidente, Ignacio Sánchez Galán, subrayó ayer que «será necesario consolidar un marco normativo a largo plazo, que aporte certidumbre y estabilidad», en clara referencia al cierre de las plantas de carbón y, a más largo plazo, de las nucleares.